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Conexión de la línea eléctrica aérea «Aragón-Frontera Francesa con la línea Sentmenat-Sallente», desde Graus (Huesca) a Isona (Lleida)

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Vincent
AutorAntonio Ramos Medrano, Jose - Ramos Díez, Francisco Javier
Cargo del AutorLicenciado en Ciencias Ambientales
Páginas60-61

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ASUNTO: Conexión de la línea eléctrica aérea «Aragón-Frontera France-sa con la línea Sentmenat-Sallente», desde Graus (Huesca) a Isona (Lleida)

SENTENCIA: STS de 19 de octubre de 2005

RECURRENTES: Asociación de Amigos, Residentes y Vecinos de Torres del Obispo (Huesca) y Asociación Institució de Ponent per la Conservació i L´estudio de L´entorn Natural -IPCENA- (Lleida)

La distribución eléctrica por la zona pirenaica de Aragón y Cataluña es uno de los conflictos ambientales más complicados de los últimos años, motivado por la necesidad de la empresa Red Eléctrica Española, s.a, de ir ampliando estas líneas de distribución eléctrica, con la idea ya antigua para conectar las redes española y francesa y recoger la producción energéticas de los parques eólicos y el indudable valor ambiental de estos territorios.

Este conflicto tiene tres puntos básicos, dos de ellos fueron rechazados por el Tribunal Supremo pero en la actualidad REE está desarrollando un tercer proyecto, todavía en fase de valoración ambiental, pero ya en marcha, con el consiguiente rechazo de las asociaciones ecologistas y municipios afectados1.

El primer proyecto (línea de alta tensión Aragón-Cazaril) se inicia en el año 1986 para la conexión eléctrica entre España y Francia que se paralizó en una fase avanzada de ejecución por la negativa del gobierno francés a continuar con el proyecto por los daños ambientales que causaba en su territorio, lo que dio lugar a la correspondiente indemnización a la empresa REE y a que el Tribunal Supremo declarase la nulidad de la actuación al haber perdido su finalidad inicial2.

El segundo proyecto puesto en marcha es la Unión de la línea eléctrica aérea «Aragón-Frontera Francesa con la línea Sentmenat-Sallente», que también ha sido anulado por el Supremo, pero hay que señalar que la culpa de esta anulación no ha sido precisamente de la compañía de distribución eléc-

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trica sino del gobierno de la nación por los errores en la transposición de las directivas comunitarias sobre evaluación de impacto ambiental, error en la transposición que ha supuesto el rechazo de más de un proyecto de obras por culpa no imputable a sus promotores. En la actualidad podemos decir que ya se ha adecuado la normativa interna al derecho comunitario, pero los tribunales han rechazado varios proyectos, entre ellos este, por el hecho de que, a pesar de que la normativa española no exigía la EIA sí resultaba necesaria por exigencia del derecho...

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