Conclusiones
| Autor | María Belén Linares |
| Cargo del Autor | Abogada y Especialista en Derecho Penal por la Universidad de Belgrano (Argentina) |
| Páginas | 543-557 |
543
Conclusiones
1. El más remoto antecedente legislativo del moderno delito scal se halla en el
art. 35 de la Ley de Medidas urgentes de Reforma scal de 14 de noviembre
en verdad existen precedentes anteriores a la codicación e incluso a la Ley se-
ñalada. Desde las Siete Partidas, como antecedente previo a la codicación, los
vaivenes legislativos que le sucedieron evidencian una secuencia histórica que
comienza en 1822, con el art. 574 CP. Los siglos XIX, XX y XXI fueron testigo
de numerosas reformas que afectaron, en menor o mayor medida, a la regulación
en España: en 1830, 1852, 1870, 1904, 1922, 1924, 1928, 1932 y en 1944. Así
llegamos a la ya señalada Ley de Medidas urgentes, que incorporó la descrip-
ción de un nuevo tipo legal de «delito scal», ulteriormente modicado –en su
texto directamente o en disposiciones concordantes– por las Leyes Orgánicas
de reforma del CP 2/1985, 6/1995, 10/1995, 5/2010, 7/2012 y 1/2015.
2. Sin perjuicio de la existencia de numerosas formulaciones dogmáticas en tor-
no a la tan controvertida cuestión de determinación del bien jurídico prote-
gido en el delito scal, entendemos superadas las posiciones que niegan su
existencia y las que arman que la defraudación tributaria se congura como
un auténtico delito pluriofensivo.
No compartimos las posturas que identican el objeto de tutela en el delito
scal con la fe pública, el orden socioeconómico, el poder tributario del Esta-
do o un singular deber de lealtad del contribuyente.
Si prescindimos de las señaladas construcciones, es cierto que nos enfrenta-
mos a dos líneas de pensamiento: por un lado, las teorías patrimoniales, que
ven el objeto de tutela en el patrimonio del Estado (Erario público); y, por
otro lado, las teorías funcionales, que niegan cualquier componente patrimo-
nialista y orientan la protección a las funciones del tributo.
El bien jurídico protegido en el delito scal puede apreciarse en dos vertien-
tes: el patrimonio de la Hacienda pública y su referencia a las funciones que
el tributo está llamado a cumplir.
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