Conclusiones
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CONCLUSIONES
El presente estudio cualitativo de sentencias judiciales (de 2019 a 2023) en materia de vic-
timización sexual ofrece una visión crítica y detallada de la actividad sentenciadoras de las Au-
diencias Provinciales. A través de los casos analizados en las APs de las Comunidades Autóno-
mas, se ponen de relieve aspectos clave en la respuesta del sistema de justicia ante la violencia
sexual, identicándose patrones comunes, así como desafíos persistentes en la protección de los
derechos de las víctimas de violencia sexual, lo que revela la compleja interacción entre norma-
tiva, práctica judicial y factores socioculturales.
El análisis de sentencias demuestra que existe una variabilidad signicativa en la forma en
la que los tribunales abordan los casos de violencia sexual en las distintas regiones e, incluso,
dentro de cada Comunidad Autónoma. Factores como la subjetividad en la interpretación de la
prueba y la posible inuencia de los mitos de género afectan a la consistencia de las resoluciones
cara a la sociedad.
Así, en algunas sentencias, los tribunales tienen en consideración mitos y estereotipos de
género como la tardía denuncia de la víctima, el mito de la nocturnidad o el alcohol, la relación
previa con el agresor, la denominada víctima “no ideal” o la ausencia de resistencia física como
factores que afectan a su credibilidad, generando situaciones de revictimización. Por ello, es
necesario seguir sensibilizando y formando en perspectiva de género a los operadores jurídicos
sobre la realidad de la violencia sexual y cómo los estereotipos afectan a la interpretación de los
hechos, a n de asegurar un trato más justo para las víctimas.
Las modicaciones introducidas a partir de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la
Libertad Sexual (LOGILS) han tenido un claro impacto en la tipicación de los delitos y la
imposición de penas. Este estudio revela la realidad detrás esta ley: la interpretación que han
adoptado los tribunales y que ha producido rebajas en algunas condenas ha eclipsado la gran
parte de la ley que resta por aplicar.
El análisis evidencia una disparidad signicativa en la aplicación de la justicia en las APs de
las Comunidades Autónomas, siendo relevantes factores como la disponibilidad de recursos
especializados, la formación de operadores jurídicos y las sensibilidades institucionales hacia
las víctimas. Por ejemplo, en algunas CCAA, como se ha puesto de relieve a lo largo del estudio,
las víctimas son atendidas inmediatamente por los Servicios de Atención a las Víctimas tras
ser derivadas por las autoridades policiales una vez interpuesta la denuncia. Sin embargo, en
otras CCAA se evidencian carencias de recursos y servicios especializados —ya sea por falta de
personal o por su inexistencia—, lo que hace esencial establecer protocolos ágiles y ecaces en
la atención a las víctimas de violencia sexual, así como dotar de nanciación pública suciente
para garantizar la disponibilidad de estos servicios.
En lo que respecta a la protección de la víctima, se han observado factores. En primer lu-
gar, respecto al anonimato, todas las sentencias han eliminado los datos personales directos
de las víctimas, sustituyéndolos por nombres cticios, cumpliendo, así, con lo dispuesto en las
normativas relativas a la protección de datos personales. No obstante, algunas resoluciones in-
cluyen datos indirectos reales, como direcciones de calles o establecimientos donde ocurrieron
los hechos, años de nacimiento de las víctimas o familiares, o detalles migratorios en casos de
víctimas extranjeras, como, por ejemplo, sería el año de su llegada a España.
Asimismo, en la mayoría de las sentencias no se especica si las víctimas fueron informa-
das —ni durante la denuncia ni en el procedimiento— sobre los derechos que les asisten en el
proceso penal.
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