Concesiones administrativas
| Autor | Alberto Palomar (Magistrado de lo contencioso-administrativo) y Javier Fuertes (Magistrado) |
Nota aclaratoria: La nomenclatura de órganos judiciales se efectúa en consideración a la regla general establecida en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la previsión de la Disposición transitoria primera de la misma ley sobre la “Constitución de los Tribunales de Instancia”, en la que se programan tres fases sucesivas de constitución: la primera a fecha 1 de julio de 2025: solo se transforman los partidos judiciales en juzgados mixtos y VIDO, la segunda a 1 de octubre de 2025: se transforman los partidos con jurisdicción separada –primera instancia, instrucción más VIDO- y que no tengan jurisdicciones especiales- y a 31 de diciembre de 2025: el resto, incluidos los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional, en función de la dimensión de los respectivos partidos judiciales no se convierten en Tribunales de Instancia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Las concesiones administrativas son la transferencia de facultades (cesión) a un particular sobre recursos o actividades que previamente se ha reservado el sector público.
Tal como establece el art. 128.2 de la Constitución Española , se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica y mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales.
La jurisprudencia las define como "la transferencia de facultades de la Administración al administrado de una previa retención de poder en el sector público" (STS de 11 de diciembre de 1998[j 1] y STS de 30 de noviembre de 1999[j 2]).
Contenido
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Se trata de una técnica que, aunque próxima a las autorizaciones , difiere de ellas, puesto que mientras que la autorización implica meramente la remoción de límites al ejercicio de una actividad privada para la que existe un derecho subjetivo, en la concesión hay una transferencia de facultades de la Administración al administrado (STS de 30 de enero de 1999[j 3], STS de 20 de junio de 2007[j 4]).
La concesión administrativa requiere, como presupuesto y punto de partida, de una retención de poder en el sector público, es decir, de una decisión previa de reservar a la Administración la afectación de determinados bienes o el ejercicio de una específica actividad sobre los que posteriormente se transmiten facultades a un particular, previsión con cobertura constitucional ya que el art. 128.2 CE establece que se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica y que mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales.
Concesiones administrativas sobre bienesLa determinación de un bien como de dominio público por las funciones que cumple en la sociedad supone que su uso queda sometido a la obtención de la correspondiente concesión administrativa.
Ello supone que la identificación de los tipos de bienes que forman parte (o pueden formar parte) del dominio público, cuestión sobre la que hemos de tener presente que la Constitución ha dispuesto así que algunos de los tipos de bienes que doctrinalmente se han definido como pertenecientes al demanio “natural” formen parte del dominio público del Estado y, sin embargo, con un criterio flexible, no ha pretendido agotar la lista o enumeración de los géneros de bienes que, asimismo, en virtud de sus caracteres naturales, pueden integrarse en el demanio estatal (los términos “en todo caso”, empleados por el art. 132.2 CE ), pero sí ha querido explícitamente reservar a la ley, y precisamente a la ley estatal, la potestad de completar esa enumeración.
Así se...
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