Estado y comunidades autónomas ante la investigación

AutorMiriam Cueto Pérez

1. Distribución competencial en materia de investigación

Lo primero que hay que señalar a la hora de abordar el reparto competencial en materia de investigación científica y técnica es que no podemos limitarnos a exponer las competencias que en virtud del texto constitucional corresponden al Estado y a las Comunidades Autónomas. En la materia que ahora nos ocupa entran en juego otro tipo de Administraciones de carácter no territorial, como son las Universidades, que han de jugar un papel muy importante a la hora de dibujar el esquema correspondiente al reparto competencial, ya que éstas actuarán como límite, de acuerdo con el grado de autonomía que en cada momento se les reconozca, a las competencias de la Administración territorial a la que se hallen vinculadas. Por otro lado, hay que señalar que en esta materia influyen también otros títulos competenciales como puede ser educación (art. 149.1.30), las condiciones de igualdad para el ejercicio de derechos (art. 149.1.1) o la función pública (art. 149.1.18), ya que los mismos también habrán de influir, aunque sea de una forma indirecta, en las competencias en materia de investigación científica y técnica.

El artículo 148.1.17 de la Constitución prevé la posibilidad de que las Comunidades Autónomas ostenten competencias en materia de fomento de la investigación y el artículo 149.1.15 afirma la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. A este reparto habría que añadir lo contemplado en el artículo 151, que permitía a las Comunidades Autónomas que accediesen por esta vía a la autonomía asumir todas aquellas competencias que no hubiesen sido atribuidas al Estadode forma expresa en el artículo 149 CE, por lo que, ciertas Comunidades Autónomas en materia de investigación científica pudieron ir más allá de lo preceptuado en el artículo 148.1.17 y, respetando lo dispuesto en el artículo 149.1.15, asumir mayores competencias en materia de investigación científica y técnica a través de sus Estatutos. Comparando los artículos 148.1.17 y 149.1.15 lo primero que salta a la vista es que ambos recogen competencias similares, por no decir idénticas, en lo que se refiere a fomento de la investigación, y que además dentro de estas competencias no se han delimitado las funciones que corresponden a cada Administración territorial, por lo que tenemos que entender que tanto la función normativa (sin distinguir entre bases y desarrollo) como la función ejecutiva, corresponden tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas, y que por ello, es necesario diferenciar una política científica de carácter estatal (nacional) y una política científica propia de cada Comunidad Autónoma. En materia de investigación científica se produce una concurrencia total o paralelismo pleno en el reparto de competencias que la Constitución ha diseñado178. Esta realidad exige que el Estado tenga un plus de competencia, plus que viene dado por el hecho de que la coordinación sobre la materia le corresponde en exclusiva a él179, lo que lleva a que los instrumentos de coordinación deban ser establecidos por el Estado y asumidos por las Comunidades Autónomas, de forma que la política científica estatal y la política científica de las Comunidades Autónomas no se interfiera ni se contradiga o entorpezca.

Esta distribución competencial no ha sido del todo pacífica y el TC ha tenido que entrar en varias ocasiones a delimitar las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en esta materia. En la STC 53/88, de 24 de marzo, se resuelve un conflicto positivo de competencias suscitado por el Gobierno Vasco contra la Orden del Ministro de Sanidad y Consumo de 19 de junio de 1984, por la que se regulaba el reconocimiento de interés sanitario para actos de carácter científico. La cuestión pasaba por resolver si la materia correspondía al título competencial establecido en el artículo 149.1.15 de la CE (fomento y coordinación de la investigación) o en el artículo 148.1.21 (competencias de las Comunidades Autónomas en materia de sanidad). En esta sentencia el TC apunta ya algunos de los contenidos fundamentales que incluye el título competencial recogido en el artículo 149.1.15 de la CE. Así señala que:

“Uno de los títulos en presencia (el de fomento de la investigación científica y técnica) es, como determinado en razón de un fin, susceptible de ser utilizado respecto de cualquier género de materias con independencia de cuál sea el titular de la competencia para la ordenación de éstas. De otro modo, en efecto, por la simple sustracción de las materias sobre las que las Comunidades Autónomas han adquirido competencia el título competencial que reserva al Estado, como competencia exclusiva, el fomento de la investigación científica y técnica quedaría, como dice el Abogado del Estado, vaciado de todo contenido propio, sin que quepa tampoco restringir en modo alguno el concepto de “fomento de la investigación” al apoyo de actividades directamente conducentes a descubrimientos científicos o a avances técnicos, pues también la divulgación de los resultados obtenidos es, sin duda, un medio de fomentar y coordinar la investigación”.

De estas afirmaciones se deduce, en primer lugar, que la competencia que se atribuye al Estado para el fomento de la investigación científica lo es sobre cualquier género de materias con independencia de quien sea titular de las mismas; en segundo lugar, que el fomento de la investigación incluye el apoyo de actividades directamente conducentes a descubrimientos científicos o a avances técnicos, así como la divulgación de los resultados obtenidos.

Por otro lado, el TC en la sentencia 13/92, de 6 de febrero, en la que conoció de sendos recursos de inconstitucionalidad presentados por la Generalidad de Cataluña contra las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 1988 y 1989, afirmó la posibilidad del Estado en virtud del artículo 149.1.15 de establecer partidas presupuestarias con destino a transferencias corrientes a las Universidades para preparación de proyectos de formación de nuevas tecnologías dentro del Programa comunitario COMMETT, de llevar a cabo transferencias a Universidades para la realización de proyectos de investigación educativa, transferencias de capital a empresas privadas para inversiones sobre conservación de la energía y para el desarrollo de energías renovables dentro del Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico, transferencias de capital a familias e instituciones sin ánimo de lucro para investigación y desarrollo tecnológico de la minería y transferencias de capital a empresas privadas para subvenciones en relación con las directrices del PEIN II (Plan Nacional Electrónico e Informático II), todo ello como parte de las medidas que puede establecer para el fomento de la investigación.

Pero sin duda el pronunciamiento más importante hasta la fecha ha sido el contenido en la sentencia 90/92, de 11 de junio, por la que se conoció de dos recursos de inconstitucionalidad presentados por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña y por el Parlamento de Cataluña contra la Ley 13/86, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación científica y técnica. El TC rechaza ambos recursos y declara la constitucionalidad de la Ley 13/86, negando que con ella el Estado haya entrado a violar las competencias atribuidas por el texto constitucional a las Comunidades Autónomas, previo estudio del contenido y alcance de dichas competencias. En primer lugar, el TC señala que “existe un pleno paralelismo entre el artículo 149.1.15 de la CE y el art. 148.1.17 de la CE, que reconoce a las Comunidades Autónomas la posibilidad de asumir estatutariamente competencias en la materia fomento de la investigación, lo que evidencia que, constitucionalmente la misma materia queda o puede quedar, en principio, a la plena disponibilidad de una pluralidad de centros deci- sores, es decir a la disponibilidad del Estado y a la de todas las Comunidades Autónomas”. En segundo lugar, la competencia sobre el fomento de la investigación implica, tanto para el Estado como para las Comunidades Autónomas, el apoyo e incentivo de las actividades investigadoras privadas mediante ayudas económicas, pero también acciones directas de intervención entre las que hay que incluir la creación y dotación de centros y organismos públicos en los que se realicen actividades investigadoras y en general todas las medidas encauzadas a la promoción y avance de la investigación, entre las que se incluyen las de carácter organizativo y de prestación directa. Es decir el fomento de la investigación no se limita al apoyo de la investigación que se desarrolla en empresas o centros privados de investigación y en las Universidades, sino que la Administración del Estado (y la de las Comunidades Autónomas) también puede (y a nuestro juicio debe) contar con una estructura organizativa propia cuya labor sea la investigación, pues la propia Constitución ha convertido esta tarea en una tarea a desarrollar por los poderes públicos, los cuales podrán hacerlo de una forma indirecta pero también de una forma directa, según los casos y las necesidades. En tercer lugar, el TC afirma que el titular de la competencia “asume potestades, tanto de orden normativo como ejecutivo, para el pleno desarrollo de la actividad de fomento y promoción”180. En cuarto lugar, reitera lo ya apuntado en la STC 53/88, al señalar que la competencia relativa al fomento de la investigación científica y técnica es proyectable sobre cualquier sector material (idea sobre la que han incidido de nuevo las sentencias del TC 186/99, de 10 de octubre y 242/99, de 21 de diciembre), finalmente, señala que al Estado le corresponde la competencia de coordinación general, con carácter genérico, que vendría justificada y exigida por la plena concurrencia de competencias en torno a la investigación científica entre Estado y Comunidades Autónomas, reiterando...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR