STSJ Castilla y León 87/2006, 17 de Febrero de 2006

PonenteMARIA CONCEPCION GARCIA VICARIO
ECLIES:TSJCL:2006:591
Número de Recurso201/2004
Número de Resolución87/2006
Fecha de Resolución17 de Febrero de 2006
EmisorSala de lo Contencioso

SENTENCIA

En la Ciudad de Burgos a diecisiete de febrero de dos mil seis.

En el recurso contencioso administrativo numero 201/04 interpuesto DON Bruno Y DOÑA

Camila representados por la Procuradora Doña Elena Cobo de Guzmán Pisón y defendidos por el Letrado Don Jesús Tovar de la Cruz, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos, de 26 de febrero de 2004, desestimando la reclamación económico-administrativa Número 40/273/03 formulada por los recurrentes, contra las Resoluciones del Servicio Territorial de Economía y Hacienda de la Delegación Territorial de Segovia de la Junta de Castilla y León de 26-6-03 comprensivas del resultado del expediente de comprobación de valores relativo a la herencia causada por Doña Eugenia y de las liquidaciones provisionales que como consecuencia del mismo se han practicado por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con unos importes ingresar de 449,27 € la primera y 9.869,25 € cada una de las restantes; habiendo comparecido como parte demandada la Comunidad Autónoma de Castilla y León representada y defendida por el Letrado de dicha Comunidad Don Mariano Nieto Echevarría en virtud de la representación que por ley ostenta.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Por la parte demandante se interpuso recurso contencioso administrativo ante esta Sala el día 26 de abril de 2004.

Admitido a trámite el recurso se dio al mismo la publicidad legal, se reclamó el expediente administrativo; recibido, se confirió traslado al recurrente para que formalizara la demanda, lo que efectuó en legal forma por medio de escrito de fecha 2-9-04 que en lo sustancial se da por reproducido y en el que terminaba suplicando se dicte sentencia por la que "... deje sin efecto dicha resolución y declare la nulidad o anule y deje sin efecto igualmente las liquidaciones referencias NUM000 , NUM001 y NUM002 , impuesto sucesiones, expedientes de presentación 40-dir6-pre-pre-99-000865, objeto de la reclamación económico-administrativa dicha".

SEGUNDO

Se confirió traslado de la demanda por termino legal a la parte demandada quien contestó a la demanda a medio de escrito de 25 de noviembre de 2004 oponiéndose al recurso solicitando la desestimación del mismo en base a los fundamentos jurídicos que aduce.

TERCERO

Una vez dictado Auto de fijación de cuantía, y recibido el recurso prueba, se practicó con el resultado que obra en autos, evacuando las partes sus respectivos escritos de conclusiones quedando los autos conclusos para sentencia, y no pudiéndose dictar ésta en el plazo de diez días previsto en el art. 67.1 de la Ley 29/98 , al existir recursos pendientes de señalamiento para Votación y Fallo con preferencia, y puesto que el art. 64.3 de la misma Ley , establece que tal señalamiento se ajustará al orden expresado en el apartado 1 del artículo anterior y existiendo en la Sala recursos conclusos de fecha anterior, y por tanto con preferencia para efectuar su señalamiento al de este recurso, quedaron los autos pendientes deseñalamiento de día para Votación y Fallo, para cuando por orden de declaración de conclusos correspondiese, habiéndose señalado el día 16 de febrero de 2006 para votación y fallo, lo que se efectuó. Se han observado las prescripciones legales en la tramitación de este recurso.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO

Es objeto del presente recurso jurisdiccional la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos, de 26 de febrero de 2004, desestimando la reclamación económico-administrativa Número 40/273/03 formulada por los recurrentes, contra las Resoluciones del Servicio Territorial de Economía y Hacienda de la Delegación Territorial de Segovia de la Junta de Castilla y León de 26-6-03 comprensivas del resultado del expediente de comprobación de valores relativo a la herencia causada por Doña Eugenia y de las liquidaciones provisionales que como consecuencia del mismo se han practicado por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con unos importes ingresar de 449,27 € la primera y 9.869,25 € cada una de las restantes.

Interesan los recurrentes la revocación de las resoluciones recurridas invocando sentencias de este Tribunal en las que se ha declarado la nulidad de la comprobación de valores por falta de motivación adecuada de la misma, al no tratarse de valoraciones individualizadas, sin que se hayan visitado los bienes, por lo que no se puede evaluar adecuadamente la tipología constructiva propia del bien, su estado de conservación, sus calidades e instalaciones, al no indicarse cuáles han sido los valores unitarios los estudios de mercado que toman como base, no señalándose los criterios de actualización y ponderación que se han aplicado y como han influido en los mismos, desconociéndose en las valoraciones que influencia tienen esas características en la determinación de los valores aplicados.

La Administración demandada defiende la plena conformidad a derecho de la resolución impugnada rechazando cumplidamente la argumentación de los recurrentes.

SEGUNDO

El análisis de las pretensiones de la parte recurrente exige concretar los hechos de los que trae causa la resolución recurrida. Así tenemos que como consecuencia de la muerte de Doña Eugenia el 17 de marzo de 1999, se procedió con fecha 17 de septiembre de ese año a presentar ante la Oficina Liquidadora de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones declaración comprensiva de la relación de bienes o caudal relicto existente al fallecimiento de su madre.

Tras llevarse a cabo la comprobación de valores de los bienes relictos, se confeccionaron por el Servicio Territorial de Hacienda de Segovia los oportunos proyectos de liquidación complementaria, que fueron notificados a los interesados poniéndose a la vez de manifiesto el expediente en las oficinas del Servicio para que pudieran hacer alegaciones.

Con fecha 14-3-03 los recurrentes presentaron escrito de alegaciones interesando la declaración de nulidad de la comprobación de valores efectuada por ser contraria a derecho.

Tras esta petición, con fecha 25 de junio de 2003, se emitieron las liquidaciones correspondientes que fueron notificadas, interponiéndose reclamación económico administrativa, que fue desestimada por resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos de 26 de febrero de 2004, que es objeto del presente recurso contencioso administrativo.

TERCERO

Entrando con estas premisas en el análisis de los motivos de impugnación que formulan los recurrentes, resulta meridiano que la Administración puede proceder a comprobar el valor de los bienes y demás elementos constitutivos del hecho imponible, tal y como le faculta, entre otros, el art. 52 de la Ley General Tributaria . De entre los medios de comprobación que establece el mencionado precepto, en lo que aquí interesa se citan tanto el dictamen de peritos de la administración (apartado d) como los precios medios en el mercado (apartado b). Estos mismos mecanismos de comprobación son asumidos por el art. 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , también General Tributaria. La única diferencia es la sustitución de la tasación pericial contradictoria que la anterior Ley General Tributaria incluía el precepto por la "b) estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal", recogida en la nueva Ley. En concreto esta posibilidad comprobadora es recordada por el art. 46 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre , o más recientemente por el artículo 13.2 de la Ley 1/98, de 26 de febrero reguladora de los Derechos y Garantías de los Contribuyentes , cuando advierte que "2. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que resuelvan recursos y reclamaciones, los que deniega la suspensión de la ejecución de actos de gestión tributaria, así como cuantos otros se establezcan en la normativa vigente, serán motivados con referencia a los hechos y fundamentos de derecho".La metodología empleada por la administración demandada en este caso es la utilización del medio previsto por el art. 52. d) de la LGT´63 (Dictamen de peritos de la Administración) con reminiscencias o hibridación con el método del art. 52.b) (Precios medios en el mercado), pues al tiempo de notificar la comprobación de valores al administrado advierte que se ha utilizado como medio de comprobación el previsto en el apartado 52.1.d) de la Ley General Tributaria consistente dictamen de un perito de la administración, pero al revisar la metodología empleada en la valoración por el perito se hace mención a "los valores unitarios obtenidos de los estudios de mercado efectuados por la Junta de Castilla y León", y por otro lado se menciona la "actualización y ponderación" de aquellos valores "por el técnico que suscribe, en ejercicio de sus competencias y atribuciones, y según su criterio basado en su capacitación y en su conocimiento del mercado local".

Si la administración tributaria hubiese empleado como medio de comprobación los "precios medios en el mercado", lógicamente la Sala verificaría la concurrencia de los requisitos que este medio de comprobación exige. Si se utiliza como método de comprobación el "dictamen de peritos de la administración" es obligación de la Sala verificar los requisitos pergeñados por la jurisprudencia y la legislación aplicable para este método de comprobación. Si finalmente la administración tributaria lo que ha utilizado es el dictamen de sus peritos, con apoyo en unos estudios de mercado, que son sustancialmente iguales a esos precios medios válidos como otro mecanismo de...

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