STS 286/1993, 23 de Marzo de 1993

Con apoyo en el ordinal 5º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (redacción legal precedente) afirma el recurrente, en el primer motivo de casación, que la sentencia impugnada ha infringido los artículos 1281 y 1285 del Código civil. La parte recurrente jugando con las conclusiones fácticas de la sentencia de primera instancia y con determinadas afirmaciones probatorias de la sentencia de segunda instancia, que, en tal concepto de pruebas, deben ser tenidas, con prevalencia sobre cualesquieras otras, trata de señalar unos errores que dice padecidos por la Sala en la interpretación del contrato privado de compraventa por vía que, en realidad, resulta inidónea pues no puede hacerse supuesto de la cuestión, ni contraponer la interpretación del contrato realizado, en primera instancia, con la efectuada por la sentencia impugnada, objeto directo del recurso, a cuyo ámbito debe ceñirse la crítica de la interpretación, en justificación de su carácter manifiestamente irrazonable o arbitrario, desde las propias conclusiones hermeneuticas de la sentencia ya que atendiendo a doctrina consolidada de esta Sala, declarada en función del artículo 1281 del Código civil, la interpretación de los contratos es facultad privativa del órgano jurisdiccional a menos que se demuestre que sea ilógica o absurda (Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1992, entre otras muchas), sin, que, por tanto, sea método idóneo de razonamiento el de comparar las interpretaciones que ofrece cada una de las sentencias (1ª y 2ª instancia) para establecer cual sea la mas razonable, en opinión, claro está, del interesado criterio de parte. Pero, además, ha de señalarse que la acumulación de preceptos, en relación con la denuncia de la interpretación contractual, debe también ponderarse conforme a la doctrina de esta Sala que mantiene que la interpretación de los contratos viene regulada en un plano de jerarquización, de manera que la observancia de la regla contenida en el artículo 1281.1 del Código civil, impide la aplicación subsidiaria de las previstas en su segundo apartado y en el posterior artículo 1285, (Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 1991), lo que expresa la necesidad de realizar un razonamiento pormenorizado en la argumentación del motivo, reñido con una alegación indiscriminada de normas aplicables. Estimando, por tanto, que la sentencia impugnada no ha incurrido en vicio de razonamiento denunciable en casación, el motivo examinado claudica.

Aduce el recurrente, señalando como cauce impugnatorio del segundo motivo, igual ordinal que el anterior, la infracción de los artículos 1502 en relación con el artículo 1473 del Código civil. Sostiene que estaba facultado para suspender el pago del precio (artículo 1502), atribución legal en favor del comprador que debe respetarse en correlato con la estatuida a favor del vendedor para el caso de que por insolvencia del comprador, corra aquel inminente peligro de perder el precio (artículo 1467). Frente al criterio defendido ha de mantenerse con la sentencia impugnada que el derecho reconocido por el artículo 1502 exige para su válido ejercicio no solo las circunstancias de acreditar en debida forma y por cualquiera de los medios admitidos en derecho los hechos en que se fundan los temores e inquietudes del comprador de ser perturbado en la posesión o dominio de la cosa adquirida, o que tuviera fundado temor de serlo, sino además que provenga del ejercicio de una acción reivindicatoria o hipotecaria que conduzcan a semejante resultado, porque el artículo 1502 no puede aplicarse a causas distintas de las que comprende (sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1986), teniendo declarada la jurisprudencia reiteradamente que el repetido artículo ha de interpretarse restrictivamente (sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 1989), requisitos o exigencias que no se infieren, como resalta la sentencia recurrida, de las causas que detalló la parte en el acta notarial de 19 de noviembre de 1984, razones por las que ha de desestimarse el motivo a tenor de la línea jurisprudencial que interpreta el precepto según se ha dicho, con criterio continuado que confirma, entre otras, la sentencia de 16 de julio de 1992.

Pareja suerte desestimatoria ha de correr el motivo tercero que se basa, al amparo del mismo ordinal 5º, en la infracción del artículo 1504 del Código civil. Acreditado el impago del precio, pues las protestas de abonarlo, como establece la sentencia recurrida no resultaron acompañadas de actos concretos que demostrasen "una disposición efectiva de numerario en favor de la entidad demandada" y justificado que se practicó en forma el requisito de resolución del contrato, no cabe mas que proceder al reconocimiento declarativo de referida resolución, toda vez que ni los incumplimientos previos que se achacan al vendedor, carecían de causa justificada, ni tenían entidad suficiente para suspender legítimamente el pago del precio, según juicio de hecho establecido por la sentencia de instancia, plenamente aceptable, lo que obliga a mantener la jurisprudencia de esta Sala en cuanto proclama que para la resolución del contrato no se requiere una voluntad dolosa del incumplidor que es a lo que apunta la frase "voluntad rebelde al cumplimiento", sino que es suficiente que se frustre el fin del contrato, por lo que, consecuentemente, no se precisa una tenaz y persistente resistencia obstativa al cumplimiento sino que basta con la pasividad morosa a cumplir con la obligación de pago (Sentencias de 5 de junio de 1989 y 11 de febrero de 1991, entre otras).

Finalmente, por el cuarto motivo, planteado al amparo del nº 3º del artículo 1692, por incongruencia de la sentencia, con infracción del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acerca de la falta de pronunciamiento sobre una reclamación de determinada cantidad correspondiente a materiales de lujo aportados, para la construcción de la vivienda, debe recordarse que desestimándose como se desestima la demanda y estimándose como se estima la reconvención, no puede hablarse de ninguna incongruencia omisiva, puesto que los aspectos del litigio están comprendidos y decididos en las expresadas resoluciones. Por ello, el motivo perece.

El rechazo de todos los motivos lleva a la declaración de no haber lugar al recurso, con imposición de costas al recurrente (artículo 1715).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Doña Luzcontra la sentencia de doce de mayo de mil novecientos noventa de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Sección Cuarta, dictada en recurso de apelación dimanante del juicio de menor cuantía (nº 159/86) seguido ante el Juzgado de primera instancia número uno de Las Palmas de Gran Canaria, instados por la recurrente contra Promociones y Fabricaciones S.A. sobre declaración de derechos, condenando a la citada recurrente al pago de las costas de este recurso; y líbrese a la mencionada Audiencia, la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Marina y Martínez-Pardo, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.