Comentario sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional 208/2013, de 16 de diciembre (Asunto «Crónicas Marcianas»: entrevista a una persona con discapacidad psíquica para ridiculizarla, emitida por televisión e internet)

AutorAlfredo Romero Gallardo
CargoSecretario Judicial Sustituto de la provincia de A Coruña
Páginas6-45

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Abreviaturas

AA.VV. Autores varios..

BOE Boletín Oficial del Estado.

CC Código Civil Español de 1889.

CE Constitución Española de 1978.

FJ/FF.JJ. Fundamento(s) Jurídico(s).

LIONDAU Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad.

LISMI Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos.

LO Ley Orgánica.

LO 1/1982 Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

mass media medios de comunicación social.

ONU Organización de las Naciones Unidas.

vid. (videatur) véase.

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1. Introducción: bases constitucionales y legales de la protección jurídica del honor y de la propia imagen

Dentro del conjunto básico de derechos y libertades individuales que la vigente Constitución Española de 1978 (en adelante, CE) reconoce como «derechos fundamentales» frente a los poderes públicos (en la Sección 1.ª del Capítulo 2.º de su Título I: artículos 15 a 29), hay tres particularmente entrelazados bajo el denominador común de su estrecha vinculación con la dignidad y la personalidad humanas: son los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que nuestra Carta Magna garantiza de forma solemne en su art. 18.1.

El respeto a este trío de derechos constitucionales (que forman y protegen el ámbito de la vida privada de toda persona) se erige en un límite infranqueable para ejercer otros de idéntico rango fundamental, como la libertad de expresión o el derecho a la información, según advierte el art. 20.4 CE. De igual modo, el art. 18.4 de la misma Norma Suprema señala que la ley limitará el uso de la informática para asegurar tanto el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos como el pleno ejercicio de sus derechos.

La importancia de tales derechos de carácter personalísimo (cada uno de los cuales posee su propio contenido específico y distintivo de los demás) también queda reflejada, de manera indirecta, en otros pasajes de nuestra Ley Funda-mental.

Así, como derechos inviolables que son inherentes a la dignidad de la persona, constituyen el fundamento del orden político y de la paz social (art. 10.1 CE), y las normas relativas a ellos deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 (en particular, el art. 12 de ésta proclama que «nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación», añadiendo seguidamente que «toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques»), y con los acuerdos y convenios internacionales sobre las mismas materias ratificados por España (art. 10.2 CE).

Además, al tratarse de derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos (art. 53.1), y su desarrollo normativo está reservado a la Ley Orgánica

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(art. 81.1). En cuanto a su tutela, podrá ser recabada por cualquier ciudadano ante los Tribunales ordinarios de Justicia (mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad) y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2). Su vigencia no podrá suspenderse cuando sea declarado el estado de excepción o el de sitio (art. 55.1 «a contrario sensu») y, respecto a su hipotética modificación, tendrá que someterse siempre al mecanismo más reforzado y rígido que prevé nuestra Constitución para la reforma de sus elementos esenciales (en su art. 168).

Por otra parte, el art. 49 CE, que se ubica entre los principios rectores de la política social y económica (en el Capítulo 3.º del indicado Título I), asevera que «los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».

En desarrollo del art. 18.1 CE fue promulgada la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen (Boletín Oficial del Estado/BOE número 115, de 14 de mayo de 1982; ha sufrido varias modificaciones; desde ahora, LO 1/1982), que actualmente sigue en vigor y resulta oponible frente a todo género de injerencias o intromisiones ilegítimas, incluidas aquellas constitutivas de delito (con arreglo a su art. 1.2, el carácter delictivo de la intrusión no impedirá el recurso al procedimiento de tutela judicial de su art. 9) y aunque entre en juego la protección dispensada por el Código Penal, de aplicación preferente, si bien los criterios de la LO 1/1982 serán empleados, en todo caso, para determinar la responsabilidad civil surgida del ilícito criminal.

Conforme al art. 2, apartado 2 de este último Cuerpo legal, no se apreciará intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando estuviere expresamente autorizada por Ley o «cuando el titular del derecho hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso». En su apartado 3, el aludido precepto agrega que ese consentimiento «será revocable en cualquier momento, pero habrán de indemnizarse, en su caso, los daños y perjuicios causados, incluyendo en ellos las expectativas justificadas».

En el supuesto de menores de edad e incapaces declarados por sentencia judicial, el art. 3.1 previene que su consentimiento «deberá prestarse por ellos mismos si sus condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la legislación civil» (respecto de los hijos menores no emancipados y mayores incapacitados, se exceptúan de la representación legal de los padres que ostenten la patria potestad «los actos relativos a derechos de la personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con las Leyes y con sus condiciones de madurez, pueda realizar por sí mismo»: art. 162.1.º de nuestro actual Código Civil de 1889/CC;

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vid. también su art. 267: el tutor es el representante del menor o del incapaz, «salvo para aquellos actos que pueda realizar por sí solo, ya sea por disposición expresa de la Ley o de la sentencia de incapacitación»).

Para los restantes casos, el consentimiento no será prestado por el menor de edad o por el incapacitado judicialmente, sino que «habrá de otorgarse mediante escrito por su representante legal, quien estará obligado a poner en conocimiento previo del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado», y «si en el plazo de ocho días el Ministerio Fiscal se opusiere, resolverá el Juez» (art. 3.2 LO 1/1982).

Asimismo, tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el art. 2 LO 1/1982, entre otras injerencias, «la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos» (art. 7.5; por tanto, se excluyen de tal consideración: 1) este último supuesto, pero referido a quienes ejerzan cargo público o profesión de notoriedad pública, cuya imagen se capte en acto público o lugar abierto al público; 2) el empleo de la caricatura de dichas personas con proyección pública, según el uso social; y 3) la información gráfica de un suceso o acaecimiento público, cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria).

De idéntica forma, la mentada Ley Orgánica califica como intromisión no legítima «la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga» (art. 7.6).

A principios del año 2014, el BOE publicó una relevante Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, la núm. 208/2013, de 16 de diciembre (BOE núm. 15, de 17 de enero de 2014, Suplemento [del Tribunal Constitucional], páginas 1 a 15; ponente: D.ª Adela Asua Batarrita, entonces presidenta de aquella sala), por la que se estimó un recurso de amparo promovido por el Ministerio Fiscal y se reconocieron los derechos fundamentales al honor y a la propia imagen de una persona con discapacidad física y mental, los cuales habían sido vulnerados en una entrevista de tinte burlón, filmada para un programa de televisión de gran audiencia y que poco después fue también difundida en Internet.

La sentencia, que tuvo un sonoro eco en los principales medios de prensa, propugna una interesante...

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