Comentario: 'La declaración de emergencia climática: un impulso político a un profundo proceso de transformación social y económica con indudables connotaciones jurídico-normativas
| Autor | Eduardo Orteu Berrocal |
| Cargo | Gómez Acebo & Pombo Abogados |
| Páginas | 92-99 |
Recopilación mensual – n. 99, marzo 2020
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Publicado en Actualidad Jurídica Ambiental el 16 de marzo de 2020
COMENTARIO: “LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA
CLIMÁTICA: UN IMPULSO POLÍTICO A UN PROFUNDO
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
CON INDUDABLES CONNOTACIONES JURÍDICO-
NORMATIVAS”
Autor: Eduardo Orteu Berrocal. Gómez Acebo & Pombo Abogados
Fecha de recepción: 02/03/2020
Fecha de aceptación: 02/03/2020
El pasado 21 de enero el Consejo de Ministros adoptaba por Acuerdo la
―Declaración del Gobierno ante la Emergencia Climática y Ambiental‖ con la
que se da respuesta a la moción de urgencia adoptada en septiembre de 2019,
a finales de la pasada legislatura, por el Congreso de los Diputados instando al
Gobierno a adoptar tal declaración con el objetivo de asegurar la neutralidad
climática a más tardar en 2050.
La Declaración se alinea con el compromiso internacional asumido por el
Acuerdo de París de reducir las emisiones globales de gases de efecto
invernadero a niveles compatibles con la seguridad climática, limitando el
aumento de la temperatura media mundial a 1.5 grados centígrados con
respecto a los niveles preindustriales. Y se alinea igualmente con los
compromisos adquiridos por España en la Agenda 2030 de NNUU sobre los
Objetivos del Desarrollo Sostenible y con las líneas maestras marcadas por el
―Green New Deal‖ lanzado por la Comisión Europea para descarbonizar la
economía de la UE e implantar un modelo de producción y consumo
sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
La estrategia de actuación que plantea el Gobierno toma como punto de
partida los trabajos acometidos en el marco del Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y su objetivo de que la generación
eléctrica sea 100% renovable en 2050 (lo que exigirá, según las estimaciones
del Gobierno, inversiones en la próxima década superiores a los 200.000
millones de euros que hagan posible que en 2030 el sistema eléctrico cuente
con un 42% de energía renovable sobre el uso final de la energía y un 74% en
la generación eléctrica).
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