Comentario a Artículo 301 del Código Penal

AutorRaquel Lobo González; Mabel Álvarez Rodríguez
Cargo del AutorAbogados

Estamos ante el tipo doloso del delito previsto en el Código Penal como una conducta afín a la receptación, que por la doctrina se ha denominado «blanqueo de capitales». En este sentido, la doctrina señala que el Código Penal refunde en un solo artículo, el 301, toda una pluralidad de comportamientos delictivos que en el texto punitivo anterior eran descritos y sancionados de forma separada y en diversos preceptos (artículos 344 bis h), 344 bis i), 344 bis j), y 546 bis f)), ampliando considerablemente el ámbito de los actos punibles. Los términos «blanqueo de dinero» o «blanqueo de capitales» sirven para designar aquellas conductas orientadas a la incorporación al tráfico económico legal de los bienes o dinero igualmente obtenidos, o si se prefiere a dar apariencia de licitud al producto o beneficio procedente del delito. Más concretamente, un sector de esta doctrina lo define como «el procedimiento subrepticio, clandestino y espurio mediante el cual los fondos o ganancias procedentes de actividades ilícitas, son reciclados al circuito normal de capitales o bienes y luego usufructuados mediante ardides tan heterogéneos como tácticamente hábiles»; otro sector lo conceptúa como «la reconducción de ese capital obtenido como consecuencia de delitos, al sistema económico financiero oficial, de tal forma que pueda incorporarse a cualquier tipo de negocio como si se hubiera obtenido de forma lícita y tributariamente correcta», o más sencillamente, para otros, «al hablar de lavado de dinero se hace referencia a la actividad por la cual se invierte el dinero proveniente de una actividad ilícita en una lícita, para tratar de ocultar el origen de ese dinero». La Real Academia de la Lengua viene definiendo el término «blanquear» como «ajustar a la legalidad fiscal el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables». Definiciones todas ellas que podrían llevarnos a concluir que el «blanqueo», «lavado» o «reciclaje» (término este último utilizado por la doctrina italiana), supone un proceso, es decir la práctica de una sucesión de operaciones puntuales (cambios de divisas, transferencias bancarias, adquisición de inmuebles, constitución o utilización de sociedades, etc. ...) a través de las cuales se oculta la existencia de ingresos o la ilegalidad de su procedencia o de su destino, con el fin de simular su auténtica naturaleza y así conseguir que parezcan legítimos; de tal forma que, algunos autores llegan a distinguir tres fases o etapas bien diferenciadas dentro de este proceso: la primera, fase de colocación, estaría destinada a hacer desaparecer la enorme cantidad de dinero en metálico derivado de actividades ilegales mediante el depósito del mismo en manos de intermediarios financieros, adquisición de títulos al portador, etc. ... una segunda etapa, fase de conversión, constituida por aquellas operaciones tendentes a asegurar en lo posible el distanciamiento de esos bienes respecto de su origen ilícito; y finalmente, la tercera fase, fase de integración, en la que la riqueza obtendría la máscara de licitud mediante la introducción en los cauces económicos regulares. Desde el punto de vista legislativo, la Ley 19/1993, en su artículo 1.2 y el Reglamento que lo desarrolla aprobado por RD 925/1995 nos dice qué se entiende por blanqueo de capitales «la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que procedan de alguna de las actividades delictivas enumeradas en el apartado anterior o de participación en las mismas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aun cuando las actividades que las generen se desarrollen en el territorio de otro Estado», definición que coincide con las Directrices de la Comunidad Económica Europea en esta materia. Así pues, se puede decir que las líneas fundamentales que inspiran la regulación del Código Penal en esta concreta materia son, por un lado, en cuanto al bien jurídico protegido, no es otro que el orden socio económico; en segundo lugar, se amplía el tipo para incluir cualquier conducta de blanqueo de bienes que tengan su origen en un delito grave; en tercer lugar, se mantiene la figura culposa o imprudencia; y por último la sujeción de tales conductas al principio de universalidad en su persecución y castigo. En cuanto a las formas comisivas del delito que estamos analizando, hemos de decir que el artículo 301 admite el dolo directo así como la comisión del mismo por imprudencia, lo cual resulta ciertamente sorprendente, pues no cabe duda que para la existencia del delito previsto en el número 1 es necesario un dolo especial y directo, cuyo objeto específico es la realización de las actividades o conductas que allí se describen con conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes que se trata de adquirir, convertir o transmitir; pero lo cierto es que legalmente se admite esa forma culposa, entendemos que cuando el sujeto no ha puesto los medios suficientes o la diligencia necesaria para cerciorarse acerca de la ilicitud o no de los bienes que han estado en su poder. Sea como fuere, dentro de lo que podríamos denominar la acción típica, y siguiendo a un sector de la doctrina, podemos distinguir dos modalidades de actos: aquellos actos de favorecimiento real y aquellos actos de favorecimiento personal. Y así, el precepto describe los siguientes: a) adquirir, convertir o transmitir bienes procedentes de un delito grave para ocultar o encubrir su origen ilícito; b) ocultar o encubrir bienes procedentes de un delito grave; c) realizar cualquier acto con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito de tales bienes; d) realizar cualquier acto con el fin de ayudar a eludir las consecuencias legales de sus actos a los partícipes en los delitos graves. Se puede decir, con parte de la doctrina científica, que la criminalización de los actos de «reciclaje» convierte a éstos, como ya ocurre respecto del encubrimiento y la receptación, en formas delictivas de segundo grado, en una delincuencia inducida, desde el mismo momento en que su existencia está condicionada a la previa realización de otra conducta tipificada en la legislación penal -un delito de referencia o principal-, cuya comisión se oculta. El segundo de los elementos fundamentales y esenciales del tipo que estamos analizando, previsto en el artículo 301 del vigente Código Penal, es la realización de alguna de las conductas descritas en el mismo. Debemos concluir, pues, como señala la doctrina, que el simple hecho de la adquisición, conversión o transmisión, conceptos éstos que abarcan, sin necesidad de grandes esfuerzos, acciones como la recepción, la posesión o la utilización con el fin de ocultar o encubrir los bienes satisface plenamente las exigencias típicas del precepto. En cuanto al objeto de la acción típica son los bienes, cuya definición se encuentra en el artículo 1.q) de la Convención de Viena de 1988, cuando afirma que son «los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o raíces, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre otros activos». Algún autor afirma que el concepto es tan amplio que no existe obstáculo alguno para incluir el producto directo del delito y las sucesivas transformaciones o mutaciones que aquél experimente en el tráfico jurídico. Entramos en el elemento más conflictivo: el conocimiento del sujeto activo del origen ilícito de los bienes, conocimiento que se identifica en el precepto con la expresión «sabiendo» o «a sabiendas», utilizada en el número 2 del artículo 301 del Código Penal. Los autores son unánimes en destacar que en la práctica procesal será habitual que no exista prueba directa de este conocimiento acerca del origen delictivo de los bienes, y en consecuencia deberá ser inferido de los datos externos y objetivos acreditados conforme a lo dispuesto en los artículos 1249 y 1253 CC, que regulan la prueba de presunciones o prueba indiciaria. Así se pronuncia también el artículo 3.3 de la Convención de Viena de 1988, que recuerda que «el conocimiento, la intención o la finalidad requeridas como elementos de los delitos enumerados en el párrafo 1 del presente artículo, podrán inferirse de las circunstancias objetivas de caso». La STS 10/01/2000, que analiza un supuesto de blanqueo de capitales, procedente del narcotráfico, señala a propósito del dolo del autor, que «...por lo que el único dolo exigible al autor es precisamente la existencia de datos o indicios bastantes para poder afirmar tal conocimiento y ello se puede obtener mediante prueba directa, que prácticamente será de imposible existencia, como por prueba indirecta, que será la más usual...» recordando el Tribunal Supremo en esta sentencia que «...según reiterada y constante doctrina jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como de la Sala de casación el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal puede formarse sobre la base de una prueba indiciaria (SSTC 174/1985; 175/1985; 01/12/1988 y 21/12/1988), siempre que existan varios indicios plenamente acreditados, relacionados entre sí y no desvirtuados por otras pruebas o contraindicios y se haya explicitado el juicio de inferencia, el que tiene que aparecer como razonable (SSTS 21/11/1990; 21/05/1992; 18/06/1993; 05/03/1998; 18/06/1993 y 26/10/1999)». En idéntica dirección se pronuncia la STS 15/04/1998, que cita igualmente abundante doctrina del Tribunal Constitucional acerca de la prueba indiciaria, la cual debe satisfacer dos exigencias básicas: a) los hechos base o indicios deben estar plenamente acreditados, no pudiendo tratarse de meras sospechas; y b) el órgano jurisdiccional debe explicitar el razonamiento a...

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