Las claves para resolver los intentos de vulneración de la predeterminación legal del juez

AutorJosé Manuel Chozas Alonso
Cargo del AutorCatedrático de Derecho Procesal UCM
Páginas131-147
CAPÍTULO IV
LAS CLAVES PARA RESOLVER LOS
INTENTOS DE VULNERACIÓN DE LA
PREDETERMINACIÓN LEGAL DEL JUEZ
1. EL CARÁCTER IMPERATIVO DE LAS NORMAS SOBRE
COMPETENCIA PENAL Y LAS CONSECUENCIAS DE LA
VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA DEL JUEZ PREDETERMI
NADO POR LA LEY
Como es sabido, las normas para la determinación de la competen-
cia objetiva y funcional, incluso la territorial, son todas improrrogables
en el ámbito penal. Se trata de «derecho imperativo» («ius cogens»), en
el que está vedada cualquier intervención de las partes conducentes a
alterar el designio legislativo. De esta improrrogabilidad de la compe-
tencia de los tribunales penales (art. 8LECRIM) se derivan dos impor-
tantes consecuencias:
1ª) La falta de competencia debe provocar la nulidad de todo el pro-
ceso (art. 238.1LOPJ), pues se trata de una cuestión de orden público y,
además, es una consecuencia de la vulneración del derecho fundamen-
tal al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24. 2 CE).
2ª) El juez o tribunal puede apreciar de oficio su propia falta de
competencia y las partes actuantes también podrán denunciar esta im-
132José Manuel Chozas Alonso
portante carencia. En este último caso, las partes pueden utilizar un do-
ble mecanismo: o bien interponer inhibitoria (ante el tribunal que se
cree competente, pero que no está conociendo del proceso), o bien a
través de la declinatoria (que se interpone ante el tribunal que está cono-
ciendo indebidamente del proceso) –art. 26LECRIM–.
Pues bien, en el caso de los aforados la determinación de la compe-
tencia objetiva y, por ende, de la funcional, viene mediatizada la aplica-
ción de un criterio «ratione personae» (por tener el sujeto investigado la
cualidad de parlamentario nacional), lo que desemboca en la atribución
del enjuiciamiento en favor de un fuero distinto y superior jerárquico
del que se adjudica a la generalidad de los justiciables, en este caso el
TS. Por lo demás, el tipo de procedimiento aplicable a los aforados no
reviste ninguna especialidad: se sigue el cauce del proceso ordinario que
corresponda a la gravedad de la infracción, o el proceso especial apli-
cable por razón de la materia (aunque en la jerga forense los procesos
seguidos contra los aforados se califiquen habitualmente como «causas
especiales») 113.
Todo lo anterior permite concluir, por una parte, que los afora-
mientos suponen excepciones al principio de igualdad, por lo que deben
tener siempre una interpretación restrictiva; y por otra, que aquéllos
constituyen un criterio irrenunciable de atribución de la competencia
objetiva, y que ésta a su vez es imperativa, por lo que es absolutamente
indisponible: ni siquiera el sujeto aforado puede decidir sobre la apli-
cación de la norma competencial. En consecuencia, cualquier procedi-
miento penal que fuera instruido y/o enjuiciado por un fuero distinto
del previsto inicialmente para el investigado-aforado, en buena técnica
jurídica, sería nulo de pleno de derecho.
Sentadas estas bases, que se nos antojan indiscutibles, es el momen-
to de plantearse definitivamente cuáles debieran ser las consecuencias
jurídicas de la acción combinada de esta inderogabilidad de las normas
113Ya hemos visto la posición del TS contraria a que las causas contra aforados
se sustancien por el procedimiento de los delitos leves, de los juicios rápidos o del juico
por Jurado (ut supra, Capítulo III, epígrafe 3, «otras “invenciones” jurisprudenciales»).

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