El escenario laboral centroamericano y sus movimientos sindicales

El istmo centroamericano sigue siendo una de las regiones más convulsionadas del mundo y sus relaciones laborales no son ajenas a ese proceso de violencia. En el último tercio del siglo XX fue azotado por conflictos armados internos que lo desolaron, especialmente Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Las dictaduras militares reprimieron duramente a las organizaciones sindicales, produciéndose sistemáticamente asesinatos o desapariciones de dirigentes sindicales, trabajadores y abogados laboralistas, con la finalidad de descabezar cualquier movimiento sindical opositor. Los sindicatos y sus dirigentes tuvieron que desarrollar, en muchos casos, sus actividades de manera clandestina para evitar la represión militar.

Con el decidido apoyo de los sindicatos centroamericanos se realizaron elecciones democráticas y se suscribieron acuerdos de paz en El Salvador y Guatemala, que significaron una apertura al sistema político, permitiendo que las organizaciones sindicales pudiesen desenvolver sus actividades gremiales en un marco de legalidad¹.

Sin embargo, la violencia política se transformó en violencia social con altos índices de impunidad. En la actualidad, ya no son los cuerpos de seguridad del Estado quienes asesinan dirigentes o trabajadores, sino sicarios o delincuentes contratados para cometer estos delitos, pero contando con la pasividad o ineptitud de las autoridades del Estado para sancionar o prevenir estos hechos. Así, la actividad sindical sigue siendo muy peligrosa en la región, con las excepciones de Costa Rica y Nicaragua. Muestra de ello, es que Centroamérica es la región del mundo que concentra la mayor cantidad de quejas ventiladas ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo por violaciones a la Libertad Sindical (Sepúlveda y Frías 2007: 14). Asimismo, sus Estados reciben permanentemente pronuncia-Page 146mientos condenatorios de los órganos de control sobre derechos humanos de Naciones Unidas. A esto debemos agregar los que provienen del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (la Comisión y la Corte Interamericana, respectivamente), retratando un invariable escenario regional de violaciones a los derechos humanos laborales.

Otro de los graves problemas estructurales que sufren los países centroamericanos es la falta de generación de puestos de trabajos decentes en sus mercados laborales. Un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante, OIT) señala que alrededor de 1,5 millones de centroamericanos se ubican en el desempleo visible y se considera que dos de cada tres trabajadores ocupados se encuentran dentro del sector informal, por lo que el número asciende a doce millones de personas en el istmo. Además, hay 2,3 millones de niños centroamericanos que laboran en la región y el 80% de los trabajadores centroamericanos carecen de cualquier tipo de protección social adecuado (Sepúlveda y Frías 2007: 14). Estas cifras resaltan la precariedad en que se desenvuelven los trabajadores dentro del mercado laboral, marginados de la regulación legal diseñada bajo el parámetro de un trabajador subordinado que labora en una empresa de economía formal.

Con esta breve descripción pretendo justificar el presente estudio sobre las relaciones laborales centroamericanas, poniendo el acento en el movimiento sindical regional. Para ello he dividido la investigación en cuatro partes. En primer lugar, mostrar el panorama sociolaboral de la región, resaltando las debilidades estructurales del escenario laboral centroamericano. En segundo lugar, estudiar el permanente intervencionismo estatal en las relaciones laborales, especialmente sobre los sindicatos. Al lado de ello, analizar los procesos de integración regional que se vienen implementando, así como el impacto en el mundo laboral de la reciente entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (en adelante, CAFTA). En tercer lugar, examinar la fuerte tendencia antisindical del empresariado centroamericano, ya sea para impedir o debilitar la existencia de sindicatos en sus centros de labores. Finalmente, en cuarto lugar y como punto central del estudio, abordar las fortalezas y debilidades de los sindicatos centroamericanos, explorando su impacto en las relaciones laborales de la región –tasa de sindicalización, pactos o convenios colectivos, huelgas, etc.,con vista a plantear los retos que enfrentan en el siglo XXI.

La investigación marca algunos límites. En primer lugar, los países de la región estudiados son sólo cinco: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, quienes conformaron originalmente la Capitanía General del Reino de Guatemala y alcanzaron de manera conjunta la independencia en 1821, conservando fuertes lazos entre ellos que se evidencia con los procesos de integración regional o la suscripción conjunta del CAFTA. Por ello, se excluye a Belice y Panamá del estudio. En segundo lugar, las estadísticas sociolaborales existentes son pocas y pobres, en muchos casos difíciles de comparar entre los países del istmo debido al uso de criterios de medición diferentes, pero a pesar de ello es una herramienta valiosa para dimensionar el escenario laboral regional. Al lado de estos límites, es un interés personal no discriminar ni marca diferencia entre hombres y mujeres dentro del estudio. Por eso el uso del clásico masculino genérico en la presente investigación se refiere siempre a todos y todas, hombres y mujeres, abarcando claramente ambos sexos.

Considero que la mejor manera de introducirnos en las relaciones laborales centroamericanas es analizar algunos cuadros estadísticos sociolaborales que nos permitan ubicar el contexto sobre el que se desenvuelven.

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En el escenario laboral centroamericano vienen ocurriendo una serie de transformaciones en las últimas décadas, especialmente el permanente crecimiento de la población, lo que provoca una inalterable incorporación de personas al mercado laboral en el istmo.

La tasa de crecimiento poblacional entre 1990 al 2005 representó un ascenso en casi un tercio de habitantes para la región, crecimiento que continuará de manera constante en los próximos años. Este crecimiento está generando una fuerte presión sobre el empleo conforme se vienen incorporando al mercado laboral, por lo que los Estados centroamericanos están enfrentando el desafío de incrementar significativamente la generación de nuevos puestos de trabajo para dicha población, o las tasas de desempleo o subempleo tenderán a crecer, especialmente dentro del sector informal de la economía quien ha venido absorbiendo a la población ocupada, como se muestra posteriormente. En realidad, se trata de un problema estructural en la región centroamericana que se viene presentando a lo largo del siglo XX y se ha mantenido casi inalterado hasta la actualidad, es decir, la PEA tiene un crecimiento mayor respecto a la generación de empleo en el mercado laboral regional.

Otro rasgo importante es que las sociedades centroamericanas siguen conservando un significativo número de su población en las áreas rurales, aunque existe una clara tendencia al aumento de la población urbana. Esto marca una sustancial diferencia respecto al resto de los países del hemisferio, en donde predominan las sociedades urbanas. Centroamérica estaría en un período de transición donde paulatinamente migra la población de las zonas rurales hacia las zonas urbanas, pero sin que el peso del campo haya perdido su centralidad.

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Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico 2006.

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Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico 2006.

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Esa importante concentración de población en las zonas rurales revela que las actividades agropecuarias siguen siendo relevantes para el empleo de la región. La amplia presencia de trabajadores en el campo es una seña para el mundo laboral del istmo.

Al lado de esto, también es importante resaltar que la población urbana centroamericana se concentra masivamente en las ciudades capitales, guardando una gran distancia entre éstas y las restantes ciudades, con la excepción de Honduras por la importancia de San Pedro Sula.

En términos poblacionales, las sociedades centroamericanas se estructuran bajo una dualidad. Por un lado, una gran concentración poblacional en la ciudad capital y sus alrededores y, por otro lado, una amplia distribución de la población en las áreas rurales. De este modo, la migración del campo a la ciudad que viene produciéndose en Centroamérica, en realidad se trata de la migración del campo hacia la capital. Casi la mitad de la población urbana reside en las ciudades capitales, con lo que las ciudades intermedias tienen un menor peso dentro del mercado laboral. Esto ha significado que la mayoría de las actividades económicas urbanas (manufactura, actividades financieras, servicios, etc.,) se concentren masivamente en las áreas metropolitanas de la capital; mientras que el comercio se convierta en la actividad principal de las ciudades intermedias.

Una comparación entre la población total y la población económicamente activa (en adelante, PEA)² nos muestra que durante este período, la PEA viene creciendo sostenidamente confirmando la presión que ejerce sobre el empleo dentro de la región. Asimismo, este último Cuadro revela el crecimiento en la tasa de participación de las mujeres durante los últimos años. Esa masiva incorporación de la mujer al mercado laboral es una tendencia que seguirá incrementándose en el istmo centroamericano, modificando sustancialmente el tradicional perfil del trabajador enfocado en el empleo masculino. Este nuevo fenómeno viene repercutiendo en las relaciones laborales, particularmente sobre los sindicatos, porque el empleo femenino ha sido poco propenso a la sindicalización (De la Garza 2001: 16). Los sindicatos centroamericanos tienen la tarea de incorporarlas a sus organizaciones como una forma de evitar su propio debilitamiento.

La estructura de la población ocupada centroamericana por sector de actividad económica no es uniforme en los cinco países de la región. Si bien el empleo en la agricultura viene decreciendo sostenidamente, sin embargo para Guatemala, Honduras y Nicaragua representa a más de un tercio de la población que tiene un puesto de trabajo. En cambio, la industria tiene un peso similar en el empleo regional aunque con tendencias distintas. Mientras en Costa Rica y El Salvador viene decreciendo, en los otros tres países hay una tendencia en aumentar su peso. Sin embargo, para los países de la región la industria sólo representa la quinta parte del empleo evidenciando la escasa industrializa-

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Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico 2006.

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Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico 2006.

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Page 150ción centroamericana. Sin duda, la actividad económica predominante en el istmo se ubica en el sector servicios, allí se concentra alrededor de la mitad de los empleos. Se debe tener en consideración lo que resaltaba Landsberger en su clásico ensayo sobre la clase obrera latinoamericana y que de algún modo seguiría vigente, la debilidad del sector industrial por generar empleos para una población laboral en constante aumento desde la década de los cincuenta y sesenta, genera una mayor competencia por menos empleos y socava la fuerza económica de la clase obrera, de allí que sea en el sector terciario o servicios donde se concentra el empleo, pero que esto en realidad esconde un desempleo disfrazado de personas que buscan empleo en la industria pero que no pueden encontrarlo (Landsberger 1967: 340). Una manera de corroborar esta hipótesis sería el peso que tiene el subempleo por ingresos que se ubica dentro del sector informal. Ante una situación de falta de empleo en el sector formal y sin gozar de un seguro por desempleo, la población se inserta en sector informal como trabajador independiente en el comercio ambulante o trabajador subordinado en microempresas o pequeñas empresas.

Como se ha señalado anteriormente, un aspecto significativo es resaltar la importancia de la economía rural dentro de las sociedades centroamericanas, que puede ser explicado por la incapacidad de la economía urbana en absorber la migración del campo a la ciudad, a pesar que los salarios en las áreas rurales sean bajos. Touraine sostuvo en los ochenta sobre las sociedades latinoamericanas que: «Parece más racional reconocer que la presencia de una sociedad rural, con muy bajos niveles de ingresos –muchos más bajos aún que los del sector informal urbano–, manifiesta la insuficiente capacidad de absorción de mano de obra de origen rural por la economía urbana. Pero así no se necesita ninguna referencia a una «lógica» central del sistema económico; por el contrario, se manifiesta la idea de una autonomía relativa de dos sectores» (Touraine 1987: 53). Me parece todavía una explicación plausible para la situación del empleo en el istmo centroamericano.

La población urbana centroamericana concentra sus empleos en el sector servicios distribuido especialmente en el comercio y en otros servicios (donde se podría incluir al sector informal). La Manufactura representa una quinta parte del empleo urbano, aunque resulta siendo más significativo en El Salvador, Guatemala y Honduras, esto podría explicarse por la importancia que ha adquirido la maquila en esos países. Sin embargo, confirma el poco peso de la Industria en el empleo centroamericano. Merece destacarse que los servicios financieros resultan siendo

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Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico 2006.

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Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico 2006.

una actividad económica muy importante en la generación de empleo para Costa Rica, hecho que no se produce para el resto de los países de la región. Este tipo de indicadores muestran las diferencias entre Costa Rica y el resto de países del istmo centroamericano.

Hay una distribución más uniforme en la población urbana centroamericana respecto a la categoría profesional, aunque Costa Rica se aleja de esos parámetros respecto al resto de países. Lo que se debe destacar es la importancia del empleo de los trabajadores independientes (es una categoría amplia que incluye profesionales, artesanos o trabajadores autónomos del sector informal), representando poco más del tercio de puestos de trabajo de la región, con la excepción de Costa Rica que es mucho menor. Sin embargo, los asalariados (trabajadores subordinados) son la categoría profesional más importante, siendo Costa Rica quien destaca regionalmente en este rubro con dos tercios de los empleos urbanos.

En términos estadísticos regionales para el sector urbano las normas laborales deberían regular las relaciones de trabajo de dos terceras partes de los empleos en el istmo centroamericano, con independencia si la regulación también se amplia a los trabajadores autónomos. Sin embargo, como se ha mencionado, las violaciones de los derechos humanos laborales es una constante dentro de la región, evidenciando que la desprotección se reproduce tanto en los empleos urbanos y rurales. El rol de los sindicatos podría ser un atenuante a esta situación, posteriormente tendremos ocasión de valorar si dicho rol se viene cumpliendo.

Resulta difícil establecer conclusiones comparativas sobre este Cuadro en razón a que las cifras señaladas pueden resultar contradictorias³. Sin embargo, se pueden destacar dos indicadores: el alto índice de subempleo en la región –probablemente por el significativo porcentaje de trabajadores centroamericanos que laboran en el sector informal– y las bajas tasas de desempleo –explicable por la ausencia de sistemas de Seguridad Social nacionales que protejan a la población en situaciones de desempleo–. Asimismo, los datos sobre Costa Rica y El Salvador revelan

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Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (Web institucional).

un cierto empeoramiento en el empleo adecuado con incrementos hacia el subempleo. Aunque no se puede afirmar que sea una tendencia similar en los restantes países, si se puede postular como hipótesis que el empleo regional viene pasando por un proceso de deterioro, en donde el subempleo crece en detrimento del empleo adecuado. La disminución del subempleo regional –por horas o por ingresos– se convierte en otro desafío para los Estados del istmo.

Para afianzar el análisis sobre el empleo centroamericano nos apoyamos en indicadores publicados por el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante, BID) referidos al 2007.

Las cifras sobre empleo no coinciden con lo mostrado en los anteriores cuadros, corroborando las serias dificultades que existen regionalmente sobre las estadísticas publicadas, especialmente si se las compara entre diversas fuentes. No obstante, resultan reveladores algunos indicadores. En primer lugar, este Cuadro muestra el desmedido empleo en el sector informal, en especial para Guatemala y Nicaragua, aunque no muy atrás se ubica El Salvador y en el caso costarricense también se viene incrementando. Así el empleo en el sector informal resulta siendo el más importante dentro de la región, con lo que se puede afirmar que la gran mayoría de los trabajadores centroamericanos laboran en dicho sector. En segundo lugar, también resulta significativa la presencia del trabajador autónomo en el istmo centroamericano. Supera la mitad del empleo en El Salvador y representa más de un tercio en Honduras y Nicaragua, estando muy cerca Guatemala a ellos. Si comparamos el empleo informal con los trabajadores por cuenta propia o autónoma, se puede postular para el caso salvadoreño que el perfil mayoritario del empleo es un trabajador autónomo o independiente del sector informal, es decir, un trabajador que labora en el comercio ambulatorio o un artesano por cuenta propia. Una situación similar también podría proponerse para Nicaragua. En cambio, para el caso guatemalteco, el trabajador informal podría estar ubicándose en el empleo de microempresas o pequeñas empresas y en el trabajo familiar no remunerado, en tanto los trabajadores por cuenta propia siendo importantes no resultan siendo los mayoritarios. En tercer lugar, las cifras del empleo público son altas para Costa Rica, El Salvador y Nicaragua mostrando que la administración pública y las empresas estatales conservan un significativo peso dentro de la economía regional. Dado el peso del empleo público en estos países, Page 154sería importante estudiar la existencia de sindicatos estatales y su peso en el movimiento sindical nacional.

Se viene señalando la importancia del sector informal dentro de la economía centroamericana, para analizar el tema con mayor profundidad recurrimos a las estadísticas nacionales para esbozar un mejor panorama sobre este importante sector.

Para definir apropiadamente al sector adoptamos el concepto de «sector informal o no estructurado» elaborado por la OIT: «se aplica a aquellas pequeñas actividades generadores de ingresos que se desarrollan fuera del marco normativo oficial y utilizan normalmente poco capital, técnicas rudimentarias y mano de obra escasamente calificada, y proporcionan bajos ingresos y un empleo inestable» (OIT 1999: 5).

Conforme a los datos recientemente publicados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante, PNUD) referidos a Guatemala en el 2006, había 3.8 millones de personas ocupadas en situación de informalidad y 708,227 microempresas, lo que representan el 71,3% de la población ocupada en el país y 93% del total de empresas, respectivamente (PNUD 2008b, Tomo 1: 379). Estas cifras son una referencia inequívoca que la mayor concentración de empleo para Guatemala se ubica en el sector informal, confirmando las cifras del BID. Con el siguiente Cuadro se puede mostrar que las cifras mencionadas tienen un carácter estructural para el país centroamericano.

Por lo menos en los últimos veinte años en Guatemala de cada diez puestos de labores siete de ellos se ubicaron en el sector informal. A su vez, mayoritariamente esos empleos se encuentran en pequeñas o microempresas, sin Seguridad Social ni contrato de trabajo. Esto significa que la gran mayoría de los trabajadores guatemaltecos se encuentran excluidos de la protección establecida por la legislación laboral y, a su vez, les resulta muy difícil constituir organizaciones sindicales o afiliarse a ellas dadas las condiciones en que laboran. En conclusión, estos trabajadores laboran en condiciones de completa desprotección.

De igual modo para Honduras, el PNUD elabora un cuadro estadístico que divide entre actividades no agropecuarias y agropecuarias, ubicando al sector informal dentro del primer rubro englobando a las actividades de «baja productividad, como resultado, principalmente, de las bajas dotaciones de capital humano y físico y, por tanto, de una reducida relación capital/trabajo. La aproximación al sector se realiza a partir de las encuestas de hogares considerando como ocupados en actividades de baja productividad o informales a los trabajadores por cuenta propia (excluidos los profesionales y técnicos); los trabajadores en microempresas (asalaria-

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Fuente: PNUD, INDH 2008.

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Fuente: PNUD, INDH 2006.

dos privados y patronos en empresas de cinco empleados o menos, excluyendo también en ambos casos a los profesionales y técnicos): los trabajadores familiares no remunerados; y el servicio doméstico» (PNUD 2006: 58).

Las cifras hondureñas sobre el sector informal deberían ser superiores a las que se desprenden del Cuadro, en razón que dentro de las actividades agropecuarias del sector tradicional también podría ubicarse un segmento del empleo informal. Sin embargo con estas cifras, un tercio del empleo hondureño está en el sector informal y, dentro de él, el trabajador independiente o por cuenta propia es el más importante. Asimismo, las cifras muestran que la tendencia es creciente para el sector informal dentro del empleo del país, con lo que cada vez más trabajadores se ubicarían bajo este rubro. Si lo comparamos con las cifras decrecientes del empleo de las actividades agropecuarias, se podría postular que los nuevos trabajadores del sector informal provendrían mayoritariamente de la reducción del empleo en actividades tradicionales del campo.

En el caso costarricense, el PNUD toma el mismo criterio que el desarrollado en Honduras para establecer las cifras del empleo informal en el país durante el 2004, señalando que los trabajadores informales representan el 33,2% del empleo nacional, distribuyéndose en un 14,6% para los trabajadores por cuenta propia, el 13,4% para las microempresas, el 1,3% para servicios domésticos, y el 3,9% para los trabajadores familiares no remuneradas (PNUD 2006: 58). Si comparamos estas cifras con las del Cuadro del BID, aparentemente hay una disminución del empleo informal en Costa Rica. Sin embargo, en anteriores Cuadros nos mostraban que el subempleo crecía en detrimento del empleo adecuado, lo que resulta contradictorio con la disminución del empleo informal. En todo caso, lo que se podría afirmar para Costa Rica es que alrededor de un tercio de los trabajadores nacionales laboran en el sector informal, cifra inferior al resto de países del istmo pero aún altas para la economía más desarrollada de la región.

Resulta conveniente subrayar que el fenómeno del empleo informal en LatinoaméricaPage 156está presente desde mediados del siglo XX, especialmente por la incapacidad de la industria en absorber la mano de obra proveniente de la migración rural, situación que se ha venido fortaleciendo a lo largo de décadas constituyendo en un elemento estructural de las economías del continente⁴. Landsberger ya mencionaba que la clase obrera frecuentemente subempleada en el sector terciario o servicios (con excepción de los trabajadores organizados del Estado y los bancos, etc.,) e incluyendo al sector desorganizado de trabajadores de la pequeña industria era en número superior a los trabajadores industriales organizados o sindicalizados (Landsberger 1967: 341). Con cifras de la década de los noventa, la OIT subrayaba la importancia económica del sector informal para Latinoamérica por su invariable aumento. Así el organismo internacional señalaba que más del 80% del nuevo empleo dentro del continente se ubicaba en este sector, inclusive al compararlo con el sector formal, la proporción de nuevo empleo era de casi cinco a uno a favor del sector informal (OIT 1999: 8). Una explicación de este proceso de crecimiento proviene de las distintas actividades económicas que conforman el sector informal en las sociedades latinoamericanas: el comercio, la agricultura, la construcción, la industria manufacturera, el transporte y los servicios. Inclusive, la existencia de un dinámico sector financiero informal conformado por prestamistas y cambistas que cumplen un importante rol dentro de las economías nacionales resulta un ejemplo claro de las dimensiones del sector. Evidentemente las cifras de los noventa han continuado creciendo en la región centroamericana en los últimos años, como nos los muestran los Cuadros estudiados.

Se debe resaltar que existen estrechos vínculos económicos entre los sectores formal e informal que fortalecen a este último: «las empresas del sector formal dependen en buena medida de los trabajadores del sector informal para la prestación de servicios, y los grupos de ingresos bajos y medianos del sector formal compran bienes y servicios en el sector informal. Los productores y comerciantes del sector informal tienen que comprar la mayor parte de sus materiales y mercancías en el sector formal; a menudo trabajan como proveedores o subcontratistas para las empresas del sector formal. Esto crea una dependencia mutua, aunque asimétrica, ya que el trabajo del sector informal se puede reemplazar fácilmente» (OIT 1999: 12).

A su vez en el plano laboral, el sector informal genera una serie de consecuencias sobre el empleo formal, especialmente en los salarios y las condiciones laborales de este sector que se ven afectados hacia la baja (OIT 1999: 1). En general, los trabajadores remunerados del sector informal no gozan de los derechos laborales establecidos legislativamente o por convenios colectivos de rama de actividad, por lo que los costos laborales de este sector son bajísimos y se encuentran desprotegidos ante el empleador⁵.

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Las cifras muestran claramente la importancia del sector informal en Centroamérica, por lo que las políticas públicas sobre el sector tienen que desempeñar un rol de integración al resto de la economía y el mejoramiento de las condiciones laborales para los trabajadores que se ubican allí. A diferencia de los que sostienen que la regulación laboral es la responsable de que estos trabajadores se encuentren excluidos de su protección por los altos costos que suponen para las empresas su cumplimiento, diversos estudios muestran que la aplicación de las normas laborales incrementan los niveles de productividad de las unidades productivas: menos accidentes laborales, aumento de la producción, menos costos laborales por unidad y beneficios más elevados (OIT 1999: 18). Asimismo, para aquellos que propugnan la desaparición del sector informal tendríamos como resultado el incremento exponencial del desempleo y la desestabilización de las sociedades centroamericanas.

Estas políticas públicas que aseguren la aplicación de las normas laborales básicas en el sector informal recibirán el apoyo de las organizaciones sindicales centroamericanas por los beneficios que se alcanzan para la generalidad de los trabajadores. Se pueden plantear dos tipos de justificaciones para la formulación de estas políticas públicas. Por un lado, una justificación ético-jurídica que respalda a los derechos humanos laborales cuando formula que este grupo básico de derechos tienen como titular universal a la persona, con independencia de su condición legal, asegurando el respeto de dignidad humana y satisfaciendo las necesidades básicas en el mundo del trabajo. Por otro lado, una justificación socio-jurídica que parte en reconocer la desigualdad de poder entre el empresario y el trabajador, por lo que la falta de equilibrio permite la explotación del trabajador, situación que resulta inaceptable. De ese modo, la legislación laboral promueve la constitución de organizaciones sindicales con miras a equilibrar la desigualdad existente. A esto debemos agregar lo ya mencionado, los beneficios económicos que se alcanzan por el incremento de la productividad a raíz de la aplicación de la legislación laboral y la desaparición de la explotación laboral como un mecanismo de competencia desleal frente a las empresas respetuosas de las normas legales.

En resumen, el mercado laboral centroamericano seguirá creciendo en la oferta de trabajo por el permanente aumento de la PEA, lo que supone una fuerte presión sobre el empleo. A su vez, ese crecimiento viene acompañado con el constante incremento de la tasa de participación femenina (y también de los jóvenes), por lo que el perfil de trabajador masculino está perdiéndose como parámetro. Si bien las sociedades centroamericanas se ubican en un período de transición por la migración del campo a las ciudades, especialmente a sus capitales, el peso del empleo rural sigue siendo muy importante en sociedades como la guatemalteca o la hondureña. De igual modo, el empleo en la industria no ha alcanzado la importancia de otras sociedades latinoamericanas evidenciando que no han pasado por una etapa de industrialización; más bien es el sector terciario o de servicios quien más concentra el empleo dentro de la región. Otro rasgo en el escenario laboral es la preponderancia del subempleo, con cifras muy altas en El Salvador, y la caída del empleo adecuado, lo que pondría en conexión ambos datos. Asimismo, las cifras de desempleo son bajas, con excepción de Nicaragua, esto podría explicarse por la ausencia de políticas sociales que amengüen dicha situación, por lo que resulta imperioso para la población lograr alguna actividad que le permita sobrevivir económicamente. Se debe tomar en consideración que las cifras altas de subempleo también pueden esconder el desempleo. Finalmente, las altas tasas de subempleo se combinan con el alto índice de empleo en el sector informal, llegando a niveles altísimos como Guatemala o Nicaragua. La gran mayoría de los nuevos puestos de labores provienen de este sector, evidenciando la precariedad del mercado laboral centroamericano.

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Con esta breve descripción del panorama sociolaboral centroamericano podemos contar con mejores elementos para comprender las relaciones laborales en la región. Por supuesto, han quedado fuera otros importantes indicadores, como el salario, pero el objetivo del estudio es centrarnos en los movimientos sindicales centroamericanos.

En la década de los sesenta la mayoría de los países latinoamericanos se embarcaron en el modelo de desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones, que consistió en que el Estado promovía la constitución de empresas industriales nacionales que abasteciesen el mercado interno, elevando paralelamente los aranceles para los productos importados, protegiendo a la naciente industria nacional de la competencia externa. Asimismo, el Estado ocupó los sectores estratégicos de la economía que requerían de un fuerte capital del cual no disponía el capital privado nacional, dando forma a la constitución de grandes empresas estatales en sectores como la banca, las telecomunicaciones, la energía, etc. De igual modo, la administración pública creció desmedidamente para prestar los servicios que requería el modelo de industrialización.

Para poder sufragar el modelo los Estados latinoamericanos se embarcaron en un proceso de fuerte endeudamiento facilitado por la banca internacional, quien otorgaba préstamos ante los abundantes recursos disponibles provenientes de los depósitos de los petrodólares.

En el plano laboral, se producen simultáneamente dos procesos. Por un lado, el crecimiento de los trabajadores subordinados tanto en el sectores privado y público por el propio impacto del modelo de desarrollo impulsado desde el Estado, con el consiguiente incremento de las organizaciones sindicales. Por otro lado, el afianzamiento del intervencionismo estatal en las relaciones laborales como mecanismo de control del conflicto laboral que pudiese socavar la viabilidad del modelo.

El impulso de la industrialización en Latinoamérica supuso la creación de nuevas fábricas con sus empleos que dan forma a una «nueva clase obrera» en la región, con una tradición diferente a la que se encontraba constituida antes de esta fase. Efecto que se reproduce en el istmo centroamericano aunque de manera más atenuada, como se desprendía de los Cuadros del primer acápite. Esto se puede explicar por el peso económico del sector primario exportador (especialmente, agrícola) más interesado en conservar la estructura económica dominante en vez de impulsar una industrialización. No obstante, en países como Costa Rica y Honduras, el crecimiento se produce en el empleo público, dando forma a la conformación de un sindicalismo estatal fuerte⁶.

El intervencionismo estatal latinoamericano ha estado presente desde el inicio de las relaciones laborales, convirtiéndose en uno de sus rasgos distintivos de un modelo que se identifica con el populismo⁷, que tiene por asidero defender al trabajador individual porPage 159medio de una legislación laboral protectora y a la vez controlar el conflicto social en el plano colectivo por medio de interponer el poder estatal sobre la acción sindical. Así, la legislación laboral se convierte en el instrumento predominante del intervencionismo estatal ya sea para la formulación de derechos laborales⁸ y simultáneamente para justificar la restricción de la acción colectiva sindical dentro de las empresas. De este modo, el Estado consolida el control sobre la acción obrera reivindicativa ya sea evitando acciones de ella o copando el poder político de las nacientes organizaciones sindicales (Landsberger 1967: 313-314).

Este tipo de intervencionismo asegura que los sindicatos se viesen sometidos a la acción estatal, debilitándolos de manera estructural, en tanto que su acción sindical se encuentra doblemente condicionada. Por un lado, la regulación estatal dificulta la acción gremial independiente frente al empleador ya sea en las negociaciones colectivas o presionando por medio de las huelgas; y, por otro lado, los objetivos gremiales sólo se alcanzan por resoluciones administrativas o disposiciones normativas emitidas por el Estado. Un buen ejemplo es la fijación de los salarios que no eran establecidos por la negociación colectiva o logrados por la presión de la huelga, sino más bien el propio procedimiento de negociación colectiva conducía a que fuese el Estado quien lo resolviese administrativamente, con lo que el éxito de su fijación dependía de la presión o influencia que podía ejercer el sindicato sobre la autoridad estatal y no sobre el empleador. Así el control estatal sobre los sindicatos se encuentra asegurado: la fijación de los derechos laborales y los salarios están condicionados a la política diseñada por el Estado, sin que el conflicto laboral se extralimitase de ese proceso⁹.

La Sociología del Trabajo latinoamericana denominó a este sindicato sometido al control del Estado: sindicalismo corporativista, pero no bajo el paradigma conceptual fascista: «En América Latina ha sido común designar como sindicalismo corporativista a aquel más subordinado al estado que a las empresas. Se le asocia con los regímenes populistas o desarrollistas, cuando estos lograron institucionalizar una parte del conflicto interclasista. En América Latina no basta (...), con definir al corporativismo como una forma de representación de intereses a través de organizaciones no ciudadanas, ni tampoco, como en su versión final, como intermediación de intereses. De hecho, todo sindicato es una organización intermedia, de tal forma que a esa definición le falta especificidad» (De la Garza 2001: 10)¹⁰.

El éxito del intervencionismo estatal logró que las relaciones laborales pudiesen ser manejadas desde el aparato público, sin que fuese necesario la eliminación o represión sistemática de las organizaciones sindicales, por el contrario los sindicatos corporativistas se convirtieron en un aliado de la gobernabilidad¹¹.

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Este intervencionismo estatal se vio reforzado cuando desde el aparato público se asume un modelo de desarrollo que coloca a la industrialización como el eje principal para el crecimiento económico. El conflicto laboral debe ser atenuado al máximo para que no sea un factor perturbador en el éxito del modelo y los sindicatos con sus liderazgos deben estar más sujetos al control público. Las relaciones laborales se trasladan desde su ámbito natural de los centros de labores hacia el espacio estatal. No son en las salas de reuniones de las empresas donde el empleador y los trabajadores organizados definen las condiciones de trabajo, sino en los despachos de los Ministerios de Trabajo o de los Parlamentos nacionales¹².

Sin embargo, todo eso se trastoca cuando el modelo de desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones colapsa ante la crisis económica de la deuda de los ochenta, siendo sustituido por un modelo de corte neoliberal que reduce drásticamente el rol del Estado en la actividad económica a lo indispensable, dejando que sean los agentes del mercado quienes desenvuelvan sus potencialidades y generen el desarrollo económico. Esto va a suponer una serie de cambios en el mundo del trabajo.

En el plano de la producción se viene asistiendo a transformaciones profundas en la organización del trabajo sostenidas por una revolución tecnológica que eleva los niveles de eficiencia productiva. Si bien resulta discutible hasta que punto estas transformaciones productivas se vienen materializando dentro de las empresas centroamericanas, no se puede menoscabar su impacto en la región. Con independencia si las reformas laborales centroamericanas se adelantan o son consecuencia de estas transformaciones, la regulación laboral no puede estar de espalda a este proceso¹³. Aunque de ello no se puede derivar la justificación de una renuncia estatal a conservar su rol tutelar en las relaciones laborales.

Al interior de los Estados nacionales se inicia una serie de privatizaciones de las empresas que controlan y se reducen la prestación de los servicios proporcionados por la administración pública, con la consabida caída del empleo público.

Esto afecta directamente a los sindicatos estatales del istmo centroamericano. En el caso de Guatemala, los procesos de privatiza-Page 161ción se inician bajo el gobierno de Arzú impulsado por el Banco Mundial dentro del «Programa de Modernización y Fortalecimiento del Estado», reestructurando la administración pública y la privatización de las pocas empresas estatales existentes. Asimismo, la contratación de servidores públicos bajo modalidades contractuales mercantiles y no laborales (Fuentes 2003: 281-282). En el caso de Costa Rica, con la aplicación del programa de ajuste estructural que supuso la reducción de personal de la administración pública, sin que el movimiento sindical pudiese frenar o impedir exitosamente los despidos masivos en el sector público o la renuncia voluntaria de trabajadores del sector (Regidor 2003: 41- 42). En el caso de Honduras, se contrajo el sector público por medio de despidos de trabajadores de la administración y la privatización de las empresas, precarizando el empleo en el país (Armida y otros 2003: 352).

Asimismo, el modelo de desarrollo neoliberal plantea redefiniciones en el rol del Estado sobre las relaciones laborales sin perder su carácter interventor en ellas. Se trata más bien de redefinir la forma de intervención en vez de suprimirla o restringirla. Inclusive, bajo este esquema neoliberal, se considera que el control sobre los sindicatos resulta importante para manejar el conflicto laboral en el nuevo escenario. Se conserva la intervención estatal bajo una nueva visión de las relaciones laborales. Es una transformación del rol tutelar del Estado hacia un rol de vigilancia sobre las relaciones laborales¹⁴.

Si el intervencionismo estatal sobre las relaciones laborales venía diseñado en términos normativos, las nuevas medidas que se adoptan están dirigidas a modificar la regulación laboral. Las primeras medidas de carácter laboral se caracterizan por flexibilizar el marco regulatorio en el plano individual, poniendo el énfasis tanto en nuevas modalidades de contratación laboral o en contrataciones excluidas de la regulación laboral así como en la facilitación del despido. Sin embargo, en el plano colectivo no se producen significativas modificaciones, conservando el Estado su fuerte carácter interventor sobre la vida sindical¹⁵. La sustancial diferencia en el plano colectivo reside en que el Estado sólo intervendrá en los conflictos colectivos en que exista una fuerte presión sindical, en los demás casos la actuación estatal será laxa. Esto va a suponer que los conflictos colectivos de trabajo que se resolvían mayoritariamente en el ámbito estatal, ahora pueden quedar sin solución por la falta de intervención estatal dada la debilidad de las organizaciones sindicales.

Esta redefinición del intervencionismo estatal afecta directamente al sindicalismo, quien bajo este nueva situación pierde su eficacia y sólo los sindicatos que conservan su fortaleza (ya sea por su número de afiliados o por ubicarse en una actividad económica sensible para el país) mantienen su protagonismo ante el Estado. Los demás sindicatos pierden relevancia tanto en las relaciones laboralesPage 162como para sus propios agremiados¹⁶. Como resalta Frías para el sindicalismo centroamericano: «En efecto, como resultado inmediato de los nuevos modelos de desarrollo se produce un debilitamiento progresivo del sindicalismo a lo largo de los años ‘90. Ello queda evidenciado en la disminución del número de sindicatos (...). A su vez, en los casos en que se ha dado una integración del sindicalismo con la institucionalidad estatal a la manera de un régimen corporativista, se acentuó la tendencia que ya venía de décadas anteriores en el sentido de ir perdiendo importancia como aliado estratégico y perdiendo reconocimiento social como factor de poder» (Frías 2003: 42).

Se debe tener presente que desde la visión neoliberal los sindicatos son considerados como un estorbo o una restricción para el libre desenvolvimiento del mercado laboral¹⁷, por lo que en general son excluidos en la toma de decisiones en materia laboral. Un buen ejemplo de ello son los reiterados fracasos de acuerdos o concertaciones sociales en la región, a pesar de la predisposición de participar de las organizaciones sindicales, mientras el Estado o los gremios empresariales socavan esos esfuerzos. Como sostiene Touraine, el pacto social supone que el Estado ha asumido que los actores sociales –empleadores y trabajadores– ocupan una centralidad en la definición de las condiciones de trabajo por lo que se requiere su activa participación¹⁸. Esta visión está muy alejada de la que se viene materializando en el istmo. En El Salvador ha significado que los espacios de tripartismo como el Consejo Superior de Trabajo sea un organismo consultivo que reduce su participación a los problemas laborales pero dejando de lado los aspectos socio-económicos, con una falta de voluntad política de empleadores y de gobierno para insertarse en un proceso de concertación (Osorio 2003: 225)¹⁹. Para Guatemala, la concertación social ha sido instrumentalizado políticamente por los distintos gobiernos, sin que desde el Estado se alcancen acuerdos con las organizaciones sindicales o simplemente condicionan los acuerdos a la aceptación de los empresarios, siempre renuentes a este tipo de procesos (Fuentes 2003: 287-291). Asimismo, en Guatemala los permanentes fracasos en arribar a acuerdos sobre la fijación anual del salario mínimo en la Comisión Nacional de Salarios han entrampado este tipo de espacios tripartitos. El único caso alentador regional se ha producido en Honduras con la suscripción de un pacto social (1997) promo-Page 163vido por el Estado y la constitución del Consejo Económico Social (2002) conformado tripartitamente que tiene como objetivo abordar la temática salarial de manera consensuada y definir estrategias tanto salariales como de empleo (Armida y otros 2003: 355-357)²⁰.

Como resultado de estas reformas laborales se ha constituido un nuevo modelo de relaciones laborales en Centroamérica que se ajusta a la tendencia generalizada en el escenario mundial, donde la flexibilización en el empleo plasmada en la pérdida de importancia del trabajo estable se ve sustituida por el empleo parcial, temporal o autoempleo. Es un modelo donde predomina la individualización de la relación entre capital y trabajo, que hacer perder importancia a la relación entre sindicatos y empresas (Herrera 2003: 98). Esas modificaciones se pueden evidenciar en los países de la región con un incremento de la debilidad de las organizaciones sindicales, dependientes de la actuación estatal²¹. Un buen ejemplo lo encontramos en Costa Rica –el país de la región más estable– donde ha supuesto la ruptura de la «matriz socioeconómica clásica» en perjuicio de la protección estatal de los trabajadores y las facilidades de desenvolvimiento de los sindicatos (Regidor 2003: 20).

El nuevo escenario laboral centroamericano del siglo XXI es bien resumido bajo estos términos: «Las relaciones laborales han cambiado. Las transformaciones en el escenario internacional y el predominio de políticas de corte neoliberal han acelerado la puesta en práctica de programas económicos de ajuste y flexibilización. De igual manera, los efectos de la globalización que han producido, tanto la reducción del papel del estado en la economía, como la desregulación jurídica de las relaciones de trabajo, han modificado el microcosmos donde se desarrollan los contactos y acuerdos entre trabajadores y empleadores» (Sepúlveda y Frías 2007: 273-274).

El escenario laboral centroamericano en el plano del intervencionismo estatal sería incompleto si se dejase mencionar tres procesos que se vienen produciendo simultáneamente en el istmo. En primer lugar, el impacto del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA) con su capítulo laboral; en segundo lugar, la formulación del Libro Blanco para la región; y, en tercer lugar, el tema laboral dentro de los procesos de integración regional.

El CAFTA es un tratado internacional que entró en vigencia el 1 de julio de 2006 y tiene por objetivo principal liberalizar el comercio de bienes y servicios entre los países miembros. Dentro del CAFTA se establece un capítulo laboral –el XVI– que en líneas generales establece un doble compromiso: respetar la legislación laboral nacional y promover el cumplimiento de los convenios fundamentales de la OIT, con una eventual sanción pecuniaria por su incumplimiento. El capítulo laboral se ubica en la línea de los otros tratados de libre comercio promovidos por Estados Unidos en los últimos años²².

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En los países centroamericanos, la ratificación del CAFTA recibió el rechazo de las organizaciones sindicales, señalando que su ratificación provocaría la desaparición de empresas nacionales con sus puestos de labores. Asimismo, cuestionaron la política de apertura a las exportaciones agrícolas norteamericanas. Las negociaciones del CAFTA en los países del istmo no contaron ni con la participación de delegaciones de las organizaciones sindicales centroamericanas ni su aprobación fue un proceso en que participó la población por medio de mecanismos democráticos. La única excepción fue Costa Rica donde la población aprobó el tratado por intermedio de un referéndum.

Lo novedoso de la vigencia del CAFTA en el capítulo laboral es que Estados Unidos ha iniciado el procedimiento por incumplimiento de obligaciones contra Guatemala por las graves violaciones de la libertad sindical que se producen en el país. Se trata de la primera experiencia en el uso del procedimiento en materia laboral, por lo que su resultado puede marcar una pauta sobre la eficacia de este mecanismo de control.

El Libro Blanco «La dimensión laboral en Centroamérica y la República Dominicana»²³es la declaración conjunta de los gobiernos de la región (abril de 2005), donde se comprometen a mejorar los derechos de los trabajadores, fortalecer las capacidades y promover una mayor cultura del cumplimiento de las normas del trabajo. Para cumplir estas áreas prioritarias, cada uno de los 6 Estados ha identificado sus retos y recomendaciones sobre los siguientes temas: Legislación laboral y su aplicación; Necesidades presupuestales y de personal de los Ministerios de Trabajo; Fortalecimiento del sistema judicial en materia laboral; Garantías de protección contra la discriminación en el trabajo; Peores formas de trabajo infantil; y Fomento de una cultura de cumplimiento. Asimismo, se ha elaborado un Plan de implementación de las recomendaciones del Libro Blanco que debe ejecutarse entre 2007-2010. El Libro Blanco supone para la región una oportunidad de mejorar sustancialmente el escenario laboral.

El Sistema de Integración Económica de Centroamérica (SICA) es el proceso de integración centroamericano que viene siendo implementado dentro del istmo desde 1991, con el objetivo de alcanzar un mercado común para la región. Dentro del SICA se ha establecido un Comité Consultivo Social donde participan organizaciones sindicales internacionales. Lamentablemente la operatividad del Comité ha resultado limitada, por lo que el tema laboral no ha formado parte de las prioridades en el proceso de integración²⁴.

En resumen, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones que tuvo una relativa adopción en los países centroamericanos supuso el incremento de la participación estatal en la economía nacional y con ello el incremento significativo del empleo público y de los sindicatos estatales. Simultáneamente, se afianzó el tradicional intervencionismo estatal en las relaciones laborales como un mecanismo que asegurase el control de las organizaciones sindicales, dando forma a un sindicalismo corporativista que era aliado en la gobernabilidad de los paí-Page 165ses. El intervencionismo estatal se materializaba especialmente por medio de la legislación laboral que procedimentalizaba las relaciones laborales, por lo que era en el ámbito estatal donde se definían los salarios y las condiciones de trabajo, siendo un espacio marginal las negociaciones colectivas o el ejercicio de la huelga. Con la crisis de la deuda y la adopción de políticas neoliberales por los Estados, se producen una serie de reformas laborales que tienen como objetivos en el plano individual flexibilizar la contratación laboral y facilitar el despido; y en el plano colectivo, conservar el control sobre las organizaciones sindicales e intervenir solo en los conflictos colectivos más álgidos por sus consecuencias económicas o por su impacto social. En este nuevo escenario laboral, los sindicatos centroamericanos vienen debilitándose y, en algunos casos, resultan siendo irrelevantes para las relaciones laborales o para sus propios afiliados. Además se debe resaltar que los Estados centroamericanos han adquirido una serie de compromisos internacionales (el capítulo laboral del CAFTA y el Libro Blanco) que suponen la mejora en el respeto de los derechos laborales, esto supondría la modificación de las políticas públicas como tradicionalmente se han venido implementando.

La clase empresarial centroamericana ni es un bloque uniforme ni siempre actúa coordinadamente, se trata más bien de diferentes grupos ubicados en diversas ramas de la actividad económica, muchas veces con intereses contrapuestos²⁵. Sin embargo, un elemento común sería la actitud antisindical en sus empresas que se explica por la mentalidad patrimonialista hegemónica en los grupos de poder centroamericanos.

En los estudios sociológicos sobre la clase empresarial latinoamericana se le identifica como una oligarquía, definida por una doble combinación de una actividad capitalista con conductas económicas y sociales precapitalistas y con el control del Estado por parte de esta élite dirigente (Touraine 1987: 73-74). Gobernadas muchas veces por una mentalidad patrimonialista, donde las relaciones se estructuran de manera jerarquizada y vertical entre los diversos componentes de la sociedad, dando forma a roles sociales preestablecidos.

Esa mentalidad patrimonialista del empresario centroamericano se refuerza respecto a los trabajadores, porque la subordinación proveniente del contrato laboral es asumida como un sometimiento a las directrices del empleador o sus representantes dentro de la empresa. Se asume la subordinación como la disposición del trabajador a acatar las decisiones de su empleador sin ningún tipo de restricción o cuestionamiento sobre ellas. Cualquier cuestionamiento a este tipo de manejo empresarial de la fuerza laboral representa poner en tela de juicio la dirección empresarial o violentar la libertad de empresa. A ello debemos sumar la capacidad sancionadora del empleador proveniente del contrato laboral para fortalecer la imagen de que el trabajador está sujeto a sus decisiones.

Con esa mentalidad los derechos laborales significan restricciones ilegítimas al poder de dirección del empresario. El trabajador no aparece como un ciudadano –sujeto de derechos– sino como la mano de obra necesariaPage 166para la producción de bienes o servicios. Detrás de ello hay una relación pre-capitalista que confunde la relación asalariada con la servidumbre. Evidentemente, bajo este esquema, la relación laboral no puede ser planteada en términos de igualdad porque su «naturaleza» se desenvuelve sobre una relación de sometimiento. Se tratan de relaciones laborales cargadas de autoritarismo patronal.

Las organizaciones sindicales como defensoras de los intereses de los trabajadores se ubican en las antípodas de ese esquema. La existencia de los sindicatos representaría aceptar que la mano de obra puede cuestionar la decisión del empresario dentro su propia empresa. De allí que el despido antisindical se convierta en una herramienta recurrente para los empresarios gobernados por una mentalidad patrimonialista.

Esta breve explicación del antisindicalismo empresarial no pretende caer en un maniqueísmo de la realidad laboral centroamericana, por supuesto existen grupos empresariales modernos que han asumido la importancia de los sindicatos en el mundo del trabajo, influenciados por sus colegas del primer mundo o por el ingreso de las empresas multinacionales a sus países, pero desafortunadamente son todavía una minoría creciente²⁶.

Lo preocupante en el mundo laboral centroamericano es la violencia antisindical que se sufre en las relaciones laborales, especial- mente en Guatemala, con los asesinatos de dirigentes sindicales y sindicalistas. En el caso salvadoreño, se menciona que la mentalidad empresarial tradicional tiene fuertes resistencias frente al positivo papel que puedan cumplir los trabajadores organizados (Osorio 2003: 230). También en Honduras se presenta la fuerte resistencia empresarial para la constitución de sindicatos en el sector privado (Armida y otros 2003: 341). De igual modo en Nicaragua, los empresarios tienen un sesgo antisindical favoreciendo la dispersión y la falta de unidad sindical socavando la representatividad y legitimidad de los sindicatos (Fajardo 2003: 513).

El antisindicalismo se produce tanto en las empresas tradicionales como en las que recientemente se constituyen en los países. A modo de ejemplo, las maquilas –sector industrial importante para países como Guatemala, El Salvador y Honduras– se han caracterizado por oponerse a la constitución de sindicatos recurriendo a despidos antisindicales o desmantelando la empresa. Situación similar se reproduce en las empresas que se instalan en las zonas francas centroamericanas.

La acción antisindical empresarial más asentada en el istmo centroamericano es la promoción del solidarismo como instrumento de injerencia en la libertad sindical. El solidarismo consiste en la constitución de una asociación civil al interior de las empresas, siendo sus miembros el empleador y sus trabajadores; con la finalidad «de promover la justicia y la paz social, la armonía de las relaciones laborales y el desarrollo integral de sus asociados». En realidad, un significativo número de las asociaciones solidaristas son controladas directamente por el empleador,Page 167tratando de minar a los sindicatos existentes o reemplazarlos asumiendo actividades sindicales.

Los órganos de control de la OIT –el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos– se han pronunciado reiteradamente que no se puede prohibir la constitución de asociaciones solidaristas al interior de las empresas, pero la práctica de estas asociaciones no pueden interferir las actividades y las funciones de los sindicatos, por lo que se debe eliminar cualquier trato desigual a favor de las asociaciones solidaristas. Asimismo, deben adoptarse medidas legislativas que garanticen que dichas asociaciones no asuman actividades sindicales, como el ejercicio de derecho de negociación colectiva (OIT 2006: párrafos 869-879).

No obstante los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT, el solidarismo centroamericano viene representando la más seria amenaza para el sindicalismo de la región²⁷. Su origen se remonta a los años treinta en El Salvador, aunque adquiere la actual difusión desde los años ochenta en Costa Rica y se expande al resto de países.

El caso costarricense puede ser el más paradigmático porque siendo el foco principal del solidarismo en la región, a su vez se desarrolla en el país más estable del istmo. El solidarismo costarricense surge como un instrumento para enfrentar al sindicalismo existente. Durante los ochenta se dicta la Ley 6970 que le dan amparo a este tipo de asociaciones al interior de las empresas, las que se expanden rápidamente dentro del sector industrial y las plantaciones bananeras, permitiendo que puedan alcanzar arreglos directos con el empleador en sustitución de las convenciones colectivas de las negociaciones colectivas²⁸. Esta situación conduce hasta la casi desaparición de sindicatos donde existen asociaciones solidaristas. Es tal el grado de institucionalismo del solidarismo en el país, que se funda la Escuela Social Juan XXIII, destinada a promover el movimiento en el sector privado (Regidor 2003: 32).

El caso salvadoreño resulta siendo muy similar al de Costa Rica, el solidarismo se ha expandido en las diversas actividades económicas del país, especialmente desde los ochenta hasta la actualidad. También el Código de Trabajo de 1994 propicia que las negociaciones colectivas sean desarrolladas por organizaciones a nivel empresarial, lo que le facilita a las asociaciones solidaristas invadir esa competencia de los sindicatos (Osorio 2003: 195).

En cuanto a Guatemala, el solidarismo comienza a tener su auge en los ochenta, gracias al apoyo, dirección y financiamiento del sector empresarial con el objetivo de frenar elPage 168crecimiento o la presencia de los sindicatos en los centros de labores, especialmente en la agroindustria e industria tradicional (Fuentes 2003: 259 y 279). En 1990 se promulga el Acuerdo Gubernativo 937-90 que aprueba los «Estatutos de de la Asociación Unión Solidarista Guatemalteca», reconociéndole la personería jurídica. Las organizaciones sindicales presentan una acción de amparo contra el gobierno por su promulgación, la que conduce a la sentencia del 11 de marzo de 1991 de la Corte de Constitucionalidad. En dicha sentencia el Alto Tribunal considera que la norma estatal no viola ningún derecho fundamental de los trabajadores ni supone una injerencia sobre los sindicatos guatemaltecos. Sin embargo, la Corte no evalúa en su pronunciamiento la serie de pruebas presentadas por los sindicatos sobre el hostigamiento que reciben los trabajadores por rehusarse a renunciar a sus sindicatos y afiliarse a la asociación solidarista, ni tampoco a que estatutariamente los empleadores se reservan la dirección de la asociación como evidencia de su control²⁹.

Finalmente, en Honduras, el solidarismo tiene su apogeo desde los noventa para restar presencia al movimiento sindical, identificándose su existencia en diversas actividades económicas del país (Armida y otros 2003: 353-354). Una evidencia de la invasión de las asociaciones solidaristas dentro de las competencias de los sindicatos hondureños se grafica con las estadísticas de los noventa del Ministerio de Trabajo, donde se señala que el 4% de los contratos colectivos de trabajo han sido suscritos por ellos.

Este sucinto repaso del solidarismo centroamericano ejemplifica una de las modalidades antisindicales ejercidas por el empresariado de la región. Si no se puede evitar que los trabajadores conserven una relación individual con su empleador, resulta preferible constituir una asociación controlada en vez de permitir la existencia de un sindicato en el centro de labores. El solidarismo centroamericano es la sofisticación del antisindicalismo empresarial.

En resumen, existe un tradicional antisindicalismo empresarial centroamericano que se explica por la mentalidad patrimonialista autoritaria que ha caracterizado a este sector, aunque paulatinamente un empresario más moderno se abre paso alejado de esos patrones de comportamiento y más receptivo a la existencia de sindicatos en sus empresas. Los actos antisindicales en la región alcanzan niveles muy graves, como en Guatemala, donde se asesinan a sindicalistas, pero en general los despidos antisindicales o el desmantelamiento de las empresas son los más recurrentes. Al lado de esto, hay que destacar una modalidad regional de injerencia sobre la libertad sindical: el solidarismo. Se trata de asociaciones civiles conformadas por el empleador y sus trabajadores, con el aparente objetivo de armonizar las relaciones laborales. Sin embargo, se han caracterizado por socavar la existencia de loa sindicatos y sustituirlos en sus actividades, como suscribir pactos o convenios colectivos.

Luego de haber descrito el contexto externo donde se desenvuelven los sindicatos –la situación socioeconómica, el intervencionismo estatal y el antisindicalismo empresarial–, en este cuarto punto abordamos el aná-Page 169lisis del sindicalismo centroamericano desde su problemática interna. Considero conveniente subdividir este punto en tres acápites. En el primero, abordar los problemas internos del sindicalismo centroamericano y los factores que les estarían dando forma a estas dificultades. En el segundo, presentar los cambios en el mundo laboral y su impacto sobre los sindicatos. En el tercero, mostrar la praxis sindical regional por medio de una serie de cuadros estadísticos que miden la afiliación sindical, la negociación colectiva y la huelga.

Este recorrido por el escenario laboral centroamericano y sus movimientos sindicales muestran con claridad las grandes dificultades que existen para ejercer la libertad sindical en el istmo.

Un mercado laboral que se vienen modificando con el ingreso de las mujeres y los jóvenes; el crecimiento permanente del sector informal, que salvo en Costa Rica, es más grande que el sector formal de la economía; la caída del empleo adecuado que se traslada al subempleo. Un intervencionismo estatal asfixiante que debilita estructuralmente a los sindicatos y que con relaciones laborales estatizadas se ven distorsionadas por lasPage 194recientes políticas neoliberales, llegando a situaciones de pérdida del carácter tutelar sustituida por un rol de vigilancia estatal. Un tradicional antisindicalismo empresarial que busca socavar la constitución de organizaciones sindicales en los centros de labores, ya sea con despidos antisindicales o con la conformación de asociaciones solidaristas.

Un sindicalismo centroamericano que enfrenta graves problemas endógenos: su dependencia a la acción estatal para alcanzar sus objetivos sindicales, volviéndolo más vulnerables; la fuerte atomización sindical provocado por diferencias ideológicas o rivalidades entre las dirigencias sindicales; la relación clientelista entre dirigentes sindicales y trabajadores afiliados; la ausencia de una democracia interna que no permite la renovación de las dirigencias sindicales, consolidando liderazgos vetustos; y la permanente debilidad económica de los sindicatos. Con muy bajas tasas de afiliación sindical que le restan su representatividad ante la sociedad centroamericana. Con escasas negociaciones colectivas que sólo benefician a un segmento muy pequeño de la población trabajadora. La gran mayoría de los trabajadores centroamericanos están más pendiente de los reajustes estatales del salario mínimo o del cumplimiento de la normativa estatal, que de la acción sindical carente de beneficios para ellos. Con casi inexistente huelgas como medio de presión de los trabajadores a sus empleadores para la mejora de sus salarios y condiciones de trabajo. Queda casi la imagen de un sindicato centroamericano marginal dentro del propio mundo laboral.

A pesar de este sombrío panorama al que se enfrenta el sindicalismo centroamericano, hay pasos positivos que se vienen materializando. Por un lado, los esfuerzos del sindicalismo en abrirse al movimiento popular, derribando las imaginarias paredes que los restringen al campo laboral. Por otro lado, la constitución de un movimiento sindical centroamericano que se vincule regionalmente.

Esta apertura del sindicalismo a los movimientos sociales se produce especialmente en el nivel de las centrales sindicales. En El Salvador, los dirigentes han procurado unirse a otros grupos sociales para incrementar su fuerza, su capacidad movilizadora y sus posibilidades de influencia; implementando iniciativas que conjugue los intereses comunes de los trabajadores y de la población en general o para oponerse a medidas estatales perjudiciales (Osorio 2003: 219). En Honduras, las propias centrales sindicales están compuestas por organizaciones populares y no sólo por los sindicatos, fortaleciendo su estructura organizativa (Armida y otros 2003: 385). En Guatemala y Nicaragua se constituyen «frentes o coordinadoras populares» que aglutinan en un nivel organizativo superior a las centrales sindicales de manera conjunta con otras organizaciones sociales.

La constitución de un sindicalismo regional tiene sus raíces en la Confederación Obrera Centroamericana (COCA) fundada en 1924 que desapareció a los pocos años. Posteriormente, se fundó la Coordinadora Centroamericana de Trabajadores (CONCENTRA) en 1968, siendo una instancia que agrupaba a las diversas tendencias sindicales de la región. Lamentablemente desapareció a fines de 1995, aunque el sindicalismo democristiano le dio continuidad con la Confederación Centroamericana de Trabajadores (CCT). Sin embargo, el esfuerzo más importante y más aglutinador en istmo se ubica en la Plataforma Sindical Común Centroamericana (PSCC) fundada en 2001, al cual se encuentran afiliadas las más importantes centrales sindicales, federaciones y sindicatos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Este espacio sindical regional se viene fortaleciendo en el contexto de integración centroamericano y a los desafíos que impone el CAFTA para la región.

El movimiento sindical centroamericano está en la encrucijada de superar simultáneamente sus problemas estructurales internos y presionar para que las restricciones impues-Page 195tas por los Estados desaparezcan, con lo que se pueda materializar la libertad sindical en el istmo. Si no logra superar estos retos, tendremos un sindicalismo centroamericano que seguirá languideciendo con el transcurso de los años.

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[1] Un estudio histórico del movimiento sindical centroamericano se encuentra en Las organizaciones sindicales centroamericanas como actores del sistema de relaciones laborales de Juan M. Sepúlveda (Coordinador). San José, Oficina Internacional del Trabajo, 2003.

[2] La PEA es el grupo poblacional constituido por personas que, estando en edad de trabajar (10 años y más), efectivamente forman parte de la fuerza de trabajo al mantenerse en una ocupación (ocupados) o están buscando una ocupación de manera activa (en el caso de los desempleados).

[3] A modo de ejemplo, en Guatemala se habría producido un profundo cambio en el empleo durante el corto período entre 2004-2006, donde el subempleo y el desempleo habrían decrecido notablemente, a pesar que es uno de los dos países de la región que tiene un alto índice de empleo en el sector informal (71,3%.en el 2006).

[4] «A finales del decenio de 1970 y durante el de 1980, en la mayoría de los países en desarrollo y en muchos países industrializados, el crecimiento económico –si existía– no era suficiente para absorber el crecimiento demográfico, y la creación de empleos tenía un ritmo demasiado lento para evitar la explosión del desempleo o del subempleo. Aun para los que tenían la suerte de haber encontrado un empleo fijo, los ingresos reales disminuían, las condiciones de trabajo se deterioraban y la seguridad en el empleo se desvanecía. Para todos los demás, la única opción posible era tratarse de buscarse el sustento en el sector informal. Es innegable la importante contribución que este sector ha aportado a la supervivencia económica de miles de millones de trabajadores» (OIT 1999: 13-14).

[5] «Los trabajadores remunerados en las microempresas a menudo tienen que afrontar condiciones de trabajo duras e inseguras y generalmente no se benefician de muchas de las prestaciones que perciben los trabajadores en el sector formal, tales como las pensiones de vejez, el seguro de enfermedad e invalidez, los límites en la jornada normal de trabajo y el pago de horas extraordinarias, las vacaciones remuneradas y la protección de la maternidad. Su influencia en las relaciones laborales es limitada o nula, normalmente no están sindicados y sus salarios y condiciones de empleo las determina unilateralmente el propietario de la microempresa. Pueden estar contratados de forma permanente u ocasional. En el último caso, su seguridad de empleo es limitada» (OIT 1999: 11).

[6] En el caso de Costa Rica, durante el decenio de los 50 se inicia el proceso de surgimiento y consolidación del sindicalismo estatal, proceso que se explica por el crecimiento cualitativo y cuantitativo que el Estado experimenta en el marco del modelo de sustitución de importaciones. En este marco, que determina el desarrollo del aparato estatal más fuerte, proveedor de servicios sociales y del marco legal del nuevo giro capitalista, se produce el doble fenómeno de crecimiento sindical en el sector público y de su estancamiento y declive en el sector privado y agrícola (De la Cruz 1997: 17). En el caso de Honduras, «un nuevo movimiento de modernización estatal y de la economía durante la década del 60 e inicios de la década del 70, crea las condiciones para potenciar el desarrollo de poderosos sindicatos en el sector estatal» (Armida y otros 2003: 347).

[7] Lucena explica bien las causas del intervencionismo estatal latinoamericano: «A partir de los procesos de industrialización en América Latina se ha caracterizado una fuerte intervencionismo estatal en la esfera económica y, por supuesto, en lo laboral. Esto ha estado influido por dos importantes factores: por un lado, la herencia colonial ibérica, con su espíritu burocrático y el legalismo: por otro, a partir de los años veinte, por la modernización política populista, que transfirió el poder de las élites oligárquicas rurales a las burguesías urbanas, las cuales apelaron a alianza con los emergentes movimientos laborales. Estos condicionantes trajeron consigo políticas proteccionistas para el desarrollo económico. Bajo este amparo el Estado asumió el papel de protector del trabajador individual, dando lugar a una voluminosa legislación laboral» (Lucena 2000: 431).

[8] La legislación laboral centroamericana se codifica muy tempranamente: en Costa Rica se promulga el Código en 1943; el primer Código de Trabajo en El Salvador es de 1963; en Guatemala se promulga en 1947; en Honduras se promulga la Ley de Sindicatos en 1959; y en Nicaragua el Código de Trabajo de 1944.

[9] «La intervención del Estado en las condiciones de trabajo no solamente disminuye la capacidad de negociación directa, sino que también la formación de conflictos y reivindicaciones fuera del control sindical» (Touraine 1987: 220).

[10] Al lado de este sindicalismo corporativista también se constituyen otros tipos de sindicalismo, un ejemplo de ello es el sindicalismo clasista que se analiza con mayor detenimiento en la última parte del estudio.

[11] «La especificidad corporativa no es simplemente intermediar intereses sino participar en forma más o menos subordinada en la gobernalidad, de manera institucional o informal. La participación de las organizaciones obreras, a veces junto a las empresariales, como corresponsables de la buena marcha del estado y de la economía, implicó mecanismos de gobernalidad extra o complementarios a lo parlamentario, extraconstitucionales o contemplados por la normativa jurídica. La función de gobernalidad corporativo tuvo dos implicancias prácticas: su participación como diseñador o bien aval de las políticas económicas, laborales y sociales de los estados interventores de la economía y garantes de la paz laboral, o el evitar que el conflicto interclasista transpusiera límites de gobernalidad» (De la Garza 2001: 10-11).

[12] «El Estado fue el que desempeñó el papel principal en la articulación de las presiones que venían de cada lado de la mesa de negociación. Esto se explicaba porque el Estado era también el agente central del proceso de industrialización y, como tal, estaba interesado en mantener a esos dos actores en la misma sintonía política. Así, la alianza populista estaba administrada por el Estado a través de arreglos legales específicos. Era el lugar en el cual se unificaba la acción social» (Zapata 2000: 375).

[13] «El neoliberalismo da lugar a que los procesos productivos se organicen de maneras nuevas, lo que tiene implicaciones en la gestión de la fuerza de trabajo y en las relaciones laborales. En el ámbito normativo laboral se produce un debate que pone en entredicho instituciones que por muchos años orientaron la relación entre las partes sociales; se asiste a un proceso de desregulación de las relaciones de trabajo. Es importante recoger los argumentos centrales que animan este debate, ya sean los correspondientes a quienes pugnan por una mayor subordinación de las normas a las fluctuaciones de lo económico, destacando que el exceso de protección dificulta el empleo, o los que admiten que éste ha sido el motivo principal del derecho laboral latinoamericano, pero que este modelo sufre un desgaste enorme frente a las nuevas realidades económicas internacionales y a la crisis creciente del empleo en nuestra región» (Lucena 2000: 432-433).

[14] Para Roquebert es un rol de organizador de las relaciones laborales: «Las reformas de las relaciones laborales en la región fueron el producto de los cambios en el modelo del sistema de relaciones laborales y en las prácticas impulsadas por los diversos tipos de privatizaciones y políticas de atracción de inversiones. Las reformas laborales, en todo caso, lograron modificar la naturaleza de la función «tuteladora» de la norma laboral, al proponer un equilibrio entre partes desiguales y heterogéneas. El Estado en ese escenario, mantiene su papel como ente «organizador» de las relaciones laborales, mediado ahora por un proceso de acuerdo entre las partes, con base en factores laborales, sindicales, sociales, educativos, culturales y contractuales, que poseen tanto los trabajadores como los empresarios organizados» (Roquebert 2005: 14-15).

[15] Es importante resaltar que la flexibilización laboral en América Latina tiene diversos matices entre los países y que si bien en la mayoría de ellos se implementaron reformas de carácter laboral, muchas de ellas no tuvieron un contenido desregulador. Un valioso estudio sobre la materia se encuentra en La Reforma Laboral en América Latina. Un análisis comparado de María Luz Vega (Editora). Lima, Oficina Internacional del Trabajo, 2001.

[16] «Es evidente que un sindicalismo excluyente, de fines limitados y sin una fuerte apuesta por la democracia en el proceso de toma de decisiones (...), enfrenta numerosas restricciones en su actuación, con la consiguiente pérdida de eficacia, en las actuales condiciones económicas. Su función como proveedor de servicios técnicos a sus agremiados y los recursos de poder que moviliza para el cumplimiento de sus metas resultan inadecuados cuando las presiones competitivas llevan a estrategias empresariales sustentadas en el abatimiento de costos y las amenazas de relocalización son más creíbles que nunca, como resultado de la globalización y los acuerdos comerciales regionales. Esto se debe, según Robinson, a dos factores: el escaso apoyo del público en general a organizaciones que defienden un interés económico particular, y el bajo compromiso de sus miembros, impiden que este tipo de sindicatos asuman los costos de los enfrentamientos prolongados con los empresarios o el gobierno» (Bensusán 2000: 414). Véase también (Lucena 2000: 440).

[17] «En el modelo neoliberal se plantea una situación central en la polémica actual, como que el sindicalismo no tiene lugar en dicho proyecto, incluso se considera algo del pasado, que estorba. El mercado determinará los derechos de los trabajadores según las condiciones de desarrollo de cada país (Lucena 2000: 423).

[18] «La simple formulación de una negociación entre gobierno, empresarios y sindicatos significa que el Estado ha definido no como instrumento de integración sociopolítica y por vías de consecuencia como agente de control de los actores socioeconómicos, sino al contrario como propiamente estatal, definiendo las consecuencias de equilibrio y reactivación de la economía nacional y reconociendo la necesidad de una negociación entre actores que, sin ser directa e independiente del Estado, tiende a definirse en términos menos políticos, menos globales. El tema del pacto social aparece aún más importante si se compara con otras interpretaciones de la evolución del sindicalismo» (Touraine 1987: 221).

[19] Véase también Sepúlveda y Frías 2007: 128.

[20] Actualmente, existe un esfuerzo de la cooperación internacional española y holandesa por la constitución de un Consejo Económico y Social en Guatemala.

[21] «Los sistemas de relaciones laborales en la región tienen rasgos comunes. Los mismos se caracterizan porque son heterogéneos, sensitivos, conflictivos y poco dinámicos. Es decir, son sistemas altamente complejos y al mismo tiempo, cuentan en su seno con actores institucionales, sociales y económicos claramente beligerantes. Estas características de los sistemas de relaciones laborales centroamericanos se encuentran asociadas entre otras, al modelo de Estado y la estructura económica de la región. Tal configuración y composición estructural, dinámica y operacional tiene además como corolario la cultura política laboral y empresarial autoritaria implantada en el Istmo Centroamericano desde finales del siglo XVIII. No obstante, en ambos casos la precarización y flexibilización de las relaciones laborales ha colocado en jaque tales concepciones de ejercicio del poder de dirección» (Roquebert 2005: 13).

[22] El antecedente del tema laboral dentro de la política de comercio internacional norteamericana se ubica en su Sistema de Preferencias Arancelarias. Luego, con la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que incluye un tratado específico sobre el tema laboral (ACLAN) se ha continuado incluyendo un capítulo sobre esta materia, aunque con sustanciales diferencias, especialmente la inclusión de la discriminación laboral en los más recientes TLCs.

[23] Se puede acceder al Libro Blanco en versión electrónica: www.oit.or.cr/verif/libro_blanco.pdf

[24] Como bien resalta Herrera para los procesos de integración y los tratados de libre comercio en el hemisferio: «Parece que se creyera que basta el incremento del comercio y de los mayores flujos de capital para suponer que por ese sólo hecho, se va a producir una mejora en el desarrollo humano social y sostenible. La creciente inequidad y los gravísimos desajustes macroeconómicos que han atravesado todas las economías de la región, están poniendo de presente lo insuficiente de esta visión» (Herrera 2003: 91).

[25] Touraine divide la estructura industrial latinoamericana en cuatro tipo de organizaciones, lo que puede señalar las diferencias de intereses: a) La o las industrias dominantes que pueden representar más de la mitad de las exportaciones del país, como el cobre en Chile, el estaño en Bolivia o el petróleo en Venezuela o en Ecuador; b) La gran industria moderna, a menudo de capital público o extranjero; c) La industria tradicional dominada por el capital privado nacional; d) El sector informal formado por las muy pequeñas empresas de baja productividad (Touraine 1987: 68).

[26] Un buen ejemplo lo encontramos en El Salvador: «En la propuesta de política laboral, es relevante el señalamiento de los empresarios, relativo a: «... estimular los procesos de capacitación y actualización laboral y establecer relaciones obrero-patronales armoniosas, en la búsqueda de un objetivo común: el progreso sistemático de la empresa mediante el aumento de la productividad para mantenerse en el mercado y ganar nuevos espacios comerciales, con lo que aseguran los empleos y se facilitan mejores niveles de calidad de vida como individuo, familias y país» (Encuentro Nacional de la Empresa Privada III-2002). En el mismo documento, como objetivos centrales de la política antes esbozada, los empresarios organizados en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) se han planteado la modernización del mercado laboral salvadoreño en consistencia con el mundo globalizado, disminuir las barreras de entrada particularmente para jóvenes, capacitar masivamente a la fuerza laboral del país con nuevas destrezas» (Sepúlveda y Frías 2007: 95-96).

[27] «Una de estas amenazas, muy presente por lo general en el área, es el papel jugado por el solidarismo en la destrucción e inhibición del movimiento sindical, incluso en sectores donde éste ya contaba con una importa tradición, como es el caso de las zonas bananeras y plantaciones agrícolas, etc. Pero el principal factor, a nuestro juicio, radica en el desconocimiento –por parte del empresariado tradicional– del enorme potencial del sindicalismo, independiente y organizado, para colaborar en el desarrollo de una empresa moderna y competitiva, basada en la participación, el aporte mutuo y la justicia social» (Sepúlveda y Frías 2007: 247).

[28] «Como efecto de la actitud antisindical de los patronos costarricenses, para evitar que los sindicatos les obligaran a suscribir convenciones colectivas, emplearon un método para evadir la obligación, suscribiendo «arreglos directos», que en realidad no son formas de negociar, sino de conciliar en época de conflicto. Para este efecto constituían «Consejos o Comités Permanentes de Trabajadores», que es una institución que reconoce el Código de Trabajo, en su artículo 504, y que corresponde a la facultad de resolución de diferencias que pueden tener los trabajadores y su patrono o patronos. Estos «comités» los constituían (e incluso lo siguen haciendo) a través de Asociaciones Solidaristas, y suscriben «arreglos directos» que son reproducciones textuales o similares del articulado del Código de Trabajo, sin superar los beneficios allí contenidos. De manera que una vez suscrito un arreglo directo, se inhibía al sindicato y éste no podría suscribir convenciones colectivas durante el plazo de vigencia del mismo» (Regidor 2003: 44).

[29] En mi opinión, el equilibrio entre el derecho de asociación y la libertad sindical viene señalada por los órganos de control de la OIT. No se puede prohibir la constitución de las asociaciones solidaristas al interior de las empresas, pero éstas no pueden asumir ningún tipo de competencia o potestad que le corresponda a los sindicatos, ni tampoco pueden recibir ningún trato de favor de los empresarios que suponga una discriminación contra los sindicatos. Lamentablemente, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca no incluyó estos argumentos en su sentencia para establecer pautas jurídicas sobre el límite de las actividades de las asociaciones solidaristas en el país.

[30] «Los conflictos laborales, las actitudes obreras y los acontecimientos políticos se consideran dentro del contexto del marco de referencia legal e institucional que apareció en los años veinte y treinta, que contribuyó al control de las demandas económicas de la clase obrera y finalmente a la subordinación del movimiento obrero al Estado. El proyecto político industrializador es interpretado como resultado de una alianza política entre empresario, obreros y Estado, típica del régimen populista en países como Argentina, Brasil y México. Ese intercambio entre el reconocimiento de los sindicatos, de los derechos obreros, de la seguridad social, de la vivienda, de la estabilidad en el empleo, por una parte, y de limitaciones salariales, autoritarismo empresarial en el taller y control del derecho a huelga, por otra, aparecen como el arreglo típico entre el movimiento obrero y el Estado, en esas situaciones nacionales» (Zapata 2000: 372-373).

[31] «El corporativismo fue correlativo con el estado social, aunque no todo estado social implicó corporativismo. En esta medida, el corporativismo nació del intento de conciliar crecimiento económico con paz social, específicamente paz laboral, bajo la dirección del estado. En consecuencia las relaciones laborales se estatizaron, la vigilancia, institucionalidad y coerción estatales se pusieron en función de la gobernabilidad laboral, y las relaciones entre el estado, los sindicatos y los obreros se aceitaron con sistemas macro, meso y micro de intercambios. En países subdesarrollados, los sistemas de intercambios, en muchos aspectos, tuvieron caracteres patrimoniales» (De la Garza 2001: 11).

[32] «El sindicalismo clasista fue un sindicalismo de lucha de clases, muy influenciado por el marxismo leninismo (...). En todo caso, este sindicalismo tuvo en común al concebirse y actuar como una fuerza política para definir políticas estatales, más que un sindicalismo influyente o muy preocupado por las relaciones laborales al nivel de la empresa. En esta medida, su enemigo, o en períodos muy cortos su amigo principal, más que el empresariado, fue el estado» (De La Garza 2001: 10).

[33] Para Costa Rica véase (Regidor 2003: 39); en Guatemala (Sepúlveda y Frías 2007: 62); en Nicaragua (Fajardo 2003: 421-422).

[34] «El cambio (...) significó el rompimiento de un acuerdo político en el que tanto los empresarios como los trabajadores, ya fuera por su vinculación productiva o institucional, se presuponían como interlocutores obligados para la construcción del nuevo modelo al que aspiraban los Estados Nacionales. Teniendo en cuenta que, para el caso de Costa Rica, este acuerdo político se expresó en muchos sentidos como dependencia del movimiento sindical respecto de los partidos políticos y las estructuras formales del poder dentro del Estado, y que posteriormente ese mismo Estado identifica a los sindicatos como un obstáculo para impulsar las nuevas políticas de cuño neoliberal, pasando por lo tanto a cerrar espacios de negociación al movimiento, podremos comprender el estado de postración experimentado por muchas organizaciones y Centrales sindicales, durante los últimos años, que evidenciaron las limitaciones históricas acumuladas y su incapacidad para responder de manera autónoma y eficaz al contexto de crisis» (Regidor 2003: 21).

[35] Osorio elabora un Cuadro sobre la representatividad de las Confederaciones, Centrales y Federaciones en el 2000 para El Salvador que es muy ilustrativo sobre la atomización sindical en el país (Osorio 2003: 198).

[36] En Nicaragua, las cúpulas sindicales compiten entre sí por aumentar sus afiliados, por lo que promueven la constitución de nuevos sindicatos donde ya existen otros. «Algunas de estas organizaciones responden a intereses de grupo que buscan mantener un protagonismo y parecen no necesariamente representar a los intereses de la clase trabajadora» (Fajardo 2003: 513). En Guatemala, «la unidad ya no es un problema ideológico en el movimiento sindical, es particularmente ahora, la base del protagonismo sindical, que potencia sus reivindicaciones y demandas, así como su atracción frente a los distintos sectores de trabajadores» (Sepúlveda y Frías 2007: 72).

[37] «La tendencia generalizada a aceptar una sensible disminución de los resultados favorables a los trabajadores, con la consiguiente incertidumbre acerca de la eficacia de los sindicatos en la representación de los intereses obreros en tiempos de restructuración y globalización, las movilizaciones «extraoficiales» y la creciente heterogeneidad en las condiciones laborales (con la consiguiente dificultad para conciliar internamente intereses dispares) han aumentado las contradicciones entre las dirigencias y las bases, así como actualizado viejos interrogantes acerca de las formas de constitución y el uso del poder sindical» (Bensusán 2000: 393).

[38] «Ante las evidencias empíricas acerca de las dificultades existentes para gestar o mantener la democracia en el seno de las organizaciones, y a pesar de que se admite simbólicamente la idea de las dirigencias son mandatarias de las bases y de que éstas son el sindicato, la respuesta más socorrida ha sido recortar el concepto de democracia sindical a su mínima expresión y ofrecer argumentos que justifiquen las limitaciones observadas, tales como el sacrificio de la democracia en aras de la eficacia o el desinterés y la incapacidad de los sindicalizados para participar en la toma de decisiones técnicas y políticas. La consecuencia del pesimismo dominante en torno a las posibilidades de la democracia en las grandes organizaciones sindicales fue el descuido, durante un largo tiempo, del problema de la legitimidad de los procedimientos de constitución y uso del poder sindical, e incluso la justificación de todo tipo de recortes al control de la base sobre la dirigencia» (Bensusán 2000: 395).

[39] «La separación entre dirigentes y miembros, en cuanto a su estilo de vida (trabajo administrativo, viajes, relaciones con las cúpulas políticas, gubernamentales y empresariales, etc.), nivel de ingresos y estatus, se hace mayor en los niveles superiores de la jerarquía sindical, creando incentivos para aquéllos hagan todo lo posible por reducir la democracia y con ello la incertidumbre en la permanencia en los cargos sindicales. Asimismo se crea una mayor afinidad y «conciencia de sus intereses comunes» entre los miembros de la directiva que contribuyen a la retención del poder en sus manos. En caso de derrota, el dirigente sindical no puede conservar su estatus y difícilmente se adaptaría a volver al trabajo desde el cual saltó a la burocracia sindical, lo que supondría no sólo disminuir su nivel de vida sino una «humillación y un fracaso». Todo ello contribuye a la formación en los sindicatos de «oligarquías dictatoriales»» (Bensusán 2000: 403).

[40] En Honduras se reclama que los dirigentes sindicales de las organizaciones de grado superior monopolizan las oportunidades de capacitación en el extranjero en beneficio de sus allegados, perjudicando a los sindicatos de base (Armida y otros 2003: 387).

[41] En El Salvador se resalta que los sindicatos enfrentan el fuerte limitante de no haberse adaptado a las nuevas circunstancias por sus estilos de dirección y de liderazgo (Sepúlveda y Frías 2007: 104).

[42] En Nicaragua se ha producido que un significativo número de los nuevos sindicatos provienen de dirigentes sindicales desplazados, quienes al no ver satisfechas sus expectativas en las estructuras sindicales a las que pertenecían, formaron nuevas organizaciones (Fajardo 2003: 429).

[43] Para el caso nicaragüense, «en cuanto al financiamiento, éste, en menor o mayor grado es insuficiente en todas las organizaciones estudiadas. Se puede concluir que en la mayoría de los casos, los presupuestos de las organizaciones sindicales son extremadamente pobres o reducidos y no alcanzan a financiar las actividades y servicios que ellas deberían ofrecer a sus constituyentes a un determinado nivel de cobertura y alcance. Hay que encomiar la labor de muchas dirigencias sindicales, sus miembros sacrifican el bienestar personal para que sus organizaciones sigan atendiendo las múltiples demandas de sus afiliados. Sin embargo, ello no es suficiente para reemplazar los recursos monetarios faltantes para el buen desempeño de las organizaciones. Mientras subsistan débiles mecanismos de recaudación de aportes y de captación de nuevos ingresos, los gremios sindicales –que básicamente deberían de vivir del aporte de sus asociados, por lo menos en un alto porcentaje– no podrán actuar en forma eficaz u eficiente en la atención de las necesidades de sus asociados» (Fajardo 2003: 519).

[44] En Guatemala, durante los ochenta, las tendencias del sindicalismo internacional provocaron mayores divisionismos dentro de las organizaciones nacionales debido a la fuerte influencia de la Guerra Fría (Fuentes 2003: 261). También la atomización sindical nicaragüense puede explicarse por la influencia de las organinizaciones sindicales internacionales (Fajardo 2003: 462-471).

[45] Ese fue el caso de la AFL-CIO y el IADSL sobre un sector del sindicalismo salvadoreño (Sepúlveda y Frías 2007: 100).

[46] La solidaridad internacional con los trabajadores de Coca Cola en Guatemala permitió que los sindicalistas despedidos retornasen a sus puestos de trabajo y que se impidiese la disolución del sindicato (Fuentes 2003: 280). En Honduras la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) jugó un papel protagónico en la constitución de los primeros sindicatos independientes en la década de los cincuenta, lo que consolidó el movimiento sindical (Armida y otros 2003: 346).

[47] «Esto es especialmente importante si consideramos que la estructura productiva del país ha cambiado de manera significativa en los últimos 20 años, habiendo perdido dinámica aquellos sectores en que tradicionalmente encontramos sindicatos constituidos (sector público y campesinado), sin que haya existido un desarrollo análogo en el sector privado de la economía (industria, construcción y comercio) ni en los sectores más dinámicos del nuevo modelo exportador. Esto nos revela, que el sindicato ha encontrado serias dificultades para superar su propia herencia histórica, marcada por el desarrollo sindical en el Sector Público dentro del modelo de sustitución de importaciones con alta participación del estado; en otras palabras, no ha logrado desempeñarse adecuadamente en la transición de un modelo de desarrollo al otro, lo cual se revela en otros factores, en una notoria caída de la tasa general de sindicación de la Población Económicamente Activa a nivel nacional» (Regidor 2003: 121).

[48] El Salvador se negaba a ratificar el Convenio N. º 87 de la OIT apoyándose en el argumento reseñado. Recientemente ratificó el Convenio por las presiones internacionales recibidas para la suscripción del CAFTA. Sin embargo, el tribunal constitucional salvadoreño se pronunció en contra de la constitucionalidad de la norma internacional, señalando su conflicto por el tema de la libertad sindical a favor de los trabajadores del Estado. Lo que obligó a iniciar un proceso de reforma constitucional para superar las restricciones constitucionales al ejercicio de la libertad sindical de los trabajadores estatales.

[49] «Las asociaciones de trabajadores del sector informal, cuando existen, no desean necesariamente colaborar con los sindicatos tradicionales. Los esfuerzos por establecer una colaboración y participación más estrecha con los sindicatos resultan más difíciles por el hecho de que los métodos de organización tradicionales a nivel de taller son generalmente inapropiados para el sector informal, donde los trabajadores están dispersos y es difícil identificar a los empleadores» (OIT 1999: 64).

[50] «En Guatemala en el año 2002, los productos del vestuario representaron el 26,2% de las exportaciones totales de los productos no tradicionales y el 28% hacia agosto del 2003, en concepto de ingresos de divisas, con una variación del 2,2% ocupando el primer lugar. Según este estudio, Guatemala representa el mayor número de empleo y empresas, mucho mayor que Nicaragua, pero, a diferencia de Guatemala, Nicaragua y Honduras tienen mayor número de trabajadoras de la maquila organizadas sindicalmente» (Del Valle 2004:11).

[51] «Los sindicatos se enfrentan a dos tipos de problemas a la hora de organizar a los trabajadoras de las zonas.El primero de ellos tiene que ver con la falta de acceso a las ZFI. Las zonas son territorios aduaneros especiales y por esa razón a menudo están vallados y vigilados. Ello hace que sea incluso más difícil para los afiliadores acceder a los trabajadores en sus puestos de trabajo. El segundo tipo de problema tiene que ver conla respuesta de los propios trabajadores a las propuestas de los afiliadores» (OIT 1999: 66).

[52] En una encuesta realizada por la OIT y la CIOSL se identificaron las razones que impiden a las mujeres afiliarse a los sindicatos: «la falta de comprensión sobre la manera en que los sindicatos puedan ayudarlas; el temor a represalias por parte de los empleadores; la incompatibilidad con las responsabilidades familiares; la dominación masculina de la cultura/actividad sindical; la falta de confianza para afiliarse a los sindicatos; las normas y limitaciones religiosas y culturales; la falta de sensibilidad de los sindicatos hacia las necesidades especiales de las trabajadoras; el predominio de las mujeres en trabajos atípicos y, por lo tanto, la dificultad de llegar a ellas; las objeciones de sus maridos o las familias; los problemas relacionados con las tasas de afiliación; la imagen negativa de los sindicatos reflejada por los medios de comunicación y los requisitos de las legislaciones» (OIT 1999: 70).

[53] En una reciente investigación se subrayó que el movimiento sindical guatemalteco carece de una estrategia específica para la incorporación de la problemática de la mujer trabajadora (Del Valle 2004: 41).

[54] Los sindicatos gremiales son los conformados por los trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. Los sindicatos de empresa son los conformados por los trabajadores de varias profesiones, oficios o especialidades que laboran en la misma empresa. Los sindicatos de industria son los conformados por los trabajadores de varias profesiones, oficios o especialidades que laboran en empresas de una misma industria o rama de actividad. Los sindicatos mixtos son los conformados por los trabajadores que se ocupen en actividades diversas o inconexas, y sólo pueden constituirse si en una determinada empresa el número de trabajadores de un mismo gremio no alcance el mínimo legal de 12 trabajadores (artículo 342 del CT).

[55] «El número mínimo de 30 trabajadores para la constitución de sindicatos sería admisible en los casos de sindicatos de industria, pero dicho número mínimo debería reducirse en el caso de los sindicatos de empresa, para no obstaculizar la creación de estas organizaciones, sobre todo cuando en el país tienen una importantísima proporción de pequeñas empresas y la estructura sindical se basa en el sindicato de empresa» (OIT 2006: párrafo 285).

[56] Los sindicatos de trabajadores independientes son los conformados por los trabajadores por cuenta propia y que no empleen a ningún trabajador asalariado.

[57] Aunque estas cifras sobre el número de sindicatos a nivel nacional parecerían exageradas si las comparamos con las publicadas por el PNUD que para ese mismo 1998 señala que existían 473 sindicatos activos.