El caso Micula
| Autor | Edurne Navarro Varona |
| Páginas | 121-124 |
Page 121
La Decisión 2015/1470 de 30 de marzo de 2015 de la Comisión Europea declaró que el pago por parte de Rumania de la indemnización concedida por un Tribunal arbitral en favor de los hermanos Micula y otros inversores constituía una ayuda ilegal prohibida por la normativa europea.
El 2 de octubre de 1998, Rumania promulgó un Decreto de Urgencia (24/1998) con el objeto de incentivar la inversión en las regiones más desfavorecidas de su territorio (el «Decreto»). El Decreto establecía una serie de incentivos para inversores que incluían exenciones al pago de derechos de aduana, exenciones al impuesto sobre el valor añadido de determinados bienes, restituciones de derechos de aduana sobre materias primas y exenciones al pago del impuesto sobre los beneficios obtenidos por las inversiones, todos ellos en principio aplicables hasta 2009.
En febrero de 2000 Rumania inició las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea, fecha en que se trató la cuestión relativa al cumplimiento de las normas de la Unión sobre ayudas de Estado. Al respecto, la Unión Europea, en su Posición Común de 21 de noviembre de 2001, afirmó que existían una serie de programas de ayuda en Rumania que no estaban alineados con el acervo comunitario, entre los que se incluían los incentivos dispuestos en virtud del Decreto. Por ello, el 31 de agosto de 2004, Rumania derogó todos los incentivos establecidos en virtud del Decreto (excepto el incentivo de la exención al pago del impuesto sobre los beneficios obtenidos por los inversores).
Paralelamente, en 2003, Rumania y Suecia celebraron un acuerdo de protección recíproca de inversiones («APRI») mediante el cual se establecieron determinadas medidas de protección para aquellos nacionales de uno de los dos países que realizaran inversiones en el otro. Asimismo, el APRI permitía a los inversores interponer un recurso ante un tribunal de arbitraje internacional en el caso de que sus derechos en virtud del APRI no fueran respetados por el Estado receptor de la inversión.
Tras la derogación de los incentivos a la inversión establecidos en el Decreto, el 28 de julio de 2005 los hermanos Micula, de nacionalidad sueca, solicitaron de conformidad con lo establecido en el APRI, una indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la derogación de los incentivos mencionados. Entendían que Rumania había violado su confianza legítima de que dichos incentivos permanecerían en vigor hasta 2009 y había incumplido su obligación de concederles un trato justo y equitativo como inversores suecos tal y como establece el APRI.
Durante el procedimiento arbitral que tuvo lugar con motivo de la solicitud de los hermanos Micula, la Comisión Europea intervino en calidad de amicus curiae y manifestó que los incentivos del Decreto eran incompatibles con la normativa de la Unión en materia de ayudas de Estado. Asimismo, observó que cualquier laudo que restituyera los privilegios abolidos por Rumania o compensara a los demandantes por la pérdida de dichos privilegios, sería...
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