La caracterización de la acción afirmativa en la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos

AutorMª del Carmen Barranco Avilés/Montserrat Abad Castelos
Páginas229-239

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1. Introducción

El reconocimiento del principio de igualdad es una de las máximas del constitucionalismo desde sus orígenes. Sin ciudadanos formal-mente iguales, las previsiones de funcionamiento del sistema político se convertirían en una ficción. Pero, paradójicamente, esta idea, que puede servir para sociedades homogéneas, deriva en desigualdad en contextos sociales heterogéneos si no viene acompañada de medidas correctoras de las diferencias materiales.

Dentro de estas, el Estado puede optar por otorgar un tratamiento preferencial a determinados grupos, es decir, llevar a cabo políticas de compensación capaces de crear o recrear una posición de partida igual para todos que permita al común de la sociedad tener las mismas oportunidades1. En eso consiste la acción afirmativa: un paso previo para poder aplicar la misma Ley sin distinciones; de este modo se

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reconoce la existencia de diferencias injustas para, inmediatamente, borrar sus consecuencias a través de un trato preferente que debería conducir a la no diferenciación.

En Estados Unidos, la acción afirmativa se ha empleado como mecanismo para contrarrestar la discriminación sufrida por aquellos colectivos raciales históricamente más perjudicados, favoreciendo su acceso al empleo, la educación o la contratación, en un contexto social distinto al europeo. Pero lejos de ser aceptada pacíficamente, se ve permanentemente cuestionada por suponer una ruptura del principio de igualdad formal y por los perjuicios que su aplicación puede suponer para quienes no pertenezcan a los colectivos beneficiados, especialmente en caso de medidas de discriminación inversa. La Sentencia del Tribunal Supremo recaída en el caso Schuette v. Coalition to Defend Affirmative Action, de 22 de abril de 2014, ejemplifica el estado actual de esta polémica.

2. Las circunstancias y los antecedentes del caso schuette

En el Ordenamiento norteamericano, la acción afirmativa aparece como un complemento inseparable de los sistemas de admisión en la educación superior, materializada eminentemente a través del establecimiento de cuotas para minorías, desde que primero la Sentencia del Tribunal Supremo en el caso Brown v. Board of Education, de 1954, y después el Acta de Derechos Civiles de 1964 eliminaran la segregación racial en el ámbito educativo, entre otros avances.

La Sentencia Schuette trae causa de una modificación en el sistema de admisión de las universidades públicas del Estado de Michigan, pero su verdadero objeto de análisis es más amplio: la adecuación a la Constitución Federal del § 26 del Art. I de la Constitución de ese Estado, introducido como enmienda en noviembre de 2006 tras ser aprobada por el 58% de los electores. Este precepto prohíbe expresamente a las universidades públicas o centros educativos públicos del Estado discriminar, u otorgar un trato preferencial, a ningún individuo o grupo por razones de sexo, color, etnia u origen nacional en lo referente al empleo, educación o contratación públicas. Adicionalmente, se establece que ninguna administración estatal, incluyendo las educativas, podrá actuar en ninguno de los sentidos citados, por las mismas razones, en la medida en que no se trate de programas fe-

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derales2. Aunque se ponga un especial énfasis en el sistema educativo, con esta medida el Estado de Michigan no solo descarta la obligación de estimar favorablemente la pertenencia a una minoría racial en los procesos de admisión de las universidades estatales, como sucedía hasta el momento, sino que está vetando a nivel constitucional el uso de la acción afirmativa como fórmula para corregir desigualdades en todo el sector público.

La Coalición para la Defensa de la Acción Afirmativa, la Integración y los Derechos de los Inmigrantes impugnó esta norma en relación a una posible vulneración del § 1 de la 14.ª Enmienda de la Constitución Federal, que establece la igualdad en la protección de la Ley para todos los ciudadanos. En un primer momento, la Corte de Apelaciones del 6.º Circuito consideró fundada la pretensión de los recurrentes y estimó que la reforma en la Constitución de Michigan violaba los principios establecidos en la Sentencia Washington v. Seattle School Dist. Nº 1, de 1982, entendida como precedente aplicable. Según este Fallo, una norma dictada con el fin de prohibir expresamente un programa de transporte escolar para minorías raciales orientado a potenciar su integración en los centros educativos no era conforme con la cláusula de protección de la igualdad establecida en la Constitución Federal, ya que su promulgación obedeció a motivaciones de tipo racial y su aplicación causaba un perjuicio directo sobre los destinatarios de la medida eliminada.

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La Corte de Apelaciones resolvió en este sentido a pesar de dos precedentes de 2003, específicamente relacionados con la consideración del factor racial como criterio de admisión de la Universidad de Michigan, que podían haber sugerido una solución en otro sentido. En la Sentencia Gratz v. Bollinger el Tribunal Supremo anuló un plan de r
admisión que permitía, explícitamente, considerar positivamente la raza del solicitante por entender que vulneraba el principio de igualdad; en Grutter v. Bollinger se dio el visto bueno a otro sistema en el r
que, a diferencia del anterior, la importancia de la preferencia racial estaba mucho más limitada. Ambos pronunciamientos ya apuntaban la concepción de la acción afirmativa que se ha acabado desarrollando en esta Sentencia que aquí se analiza.

3. La determinación del alcance de la «cláusula de igual protección» en relación a la acción afirmativa

Al abordar el caso Schuette, el Tribunal Supremo enfoca el fondo de la controversia como un problema básicamente político, señalando que la cuestión es saber «si, y de qué manera, los votantes de los Estados pueden decidir prohibir la consideración de las preferencias raciales en las decisiones gubernamentales, especialmente respecto de las admisiones escolares», en la medida en que se trata de una cuestión comprometida y socialmente debatida. La Corte parte de la premisa (que, sin embargo, no expone hasta bien avanzada la argumentación) de que toda acción gubernamental (incluyendo normas) que clasifique a los individuos en función de la raza es, en sí misma, sospechosa e implica el riesgo de perpetuar los estereotipos raciales. Y ello con independencia del sentido con el que se emplee esa diferenciación o la finalidad...

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