El carácter cuasijurisdiccional del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura. Una aproximación desde la jurisprudencia comunitaria

AutorJacinto Jesús Marabel Matos
CargoDoctor en Derecho. Comisión Jurídica de Extremadura
Páginas183-200
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Anuario de la Facultad de Derecho de la UEx, Nº 33 (2017). ISSN 0213-988X
El carácter cuasijurisdiccional del Tribunal Administrativo
de Recursos Contractuales de Extremadura. Una
aproximación desde la jurisprudencia comunitaria
Jacinto J. Marabel Matos
Doctor en Derecho. Comisión Jurídica de Extremadura
RESUMEN. La Unión Europea otorga una importancia crucial a las políticas en
materia de contratación pública, un ámbito en constante evolución y transformación
cuyo impacto económico llega a alcanzar la quinta parte del PIB del conjunto de los
Estados miembros. Por esta razón, durante muchos años, tanto la normativa como la
jurisprudencia comunitaria han obligado al Reino de España a articular una serie de
medidas tendentes a garantizar los procedimientos de recurso en materia de
adjudicación de contratos públicos. Una de estas medidas fue la creación de órganos
independientes con competencia en la resolución de este tipo de conflictos que, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, finalmente recayó en el Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura que ahora se estudia.
Palabras clave: Contratos del sector público, recurso especial, Tribunal Administrativo
de Recursos Contractuales, Comunidad Autónoma de Extremadura.
ABSTRACT. The European Union gives a crucial policies in the field of public
procurement, an area in constant evolution and transformation whose economic impact
can reach a fifth of the GDP of all the Member States. For this reason, for many years,
both the regulations and the community case-law have forced the Kingdom of Spain to
articulate a series of measures to ensure the review procedures in the field of public
procurement. One of these measures was the creation of independent bodies with
competence in the resolution of such conflicts that, in the area of the Comunidad
Autonoma of Extremadura, finally fell to the Public Procurement Review
Administrative Court of Extremadura is now studying.
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Anuario de la Facultad de Derecho de la UEx, Nº 33 (2017). ISSN 0213-988X
Key Words: Public-sector contracts, special review, Public Procurement Review
Administrative Court, Comunidad Autonoma de Extremadura.
SUMARIO: I. Introducción. II. Antecedentes. III. Naturaleza, composición y funciones
del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura.
I. Introducción.
A nadie escapa que la normativa en materia de contratación pública está sometida
a una constante evolución y transformación. Tampoco que, en la actualidad, su
regulación obedece en gran medida a las directrices que promueven la contratación
pública en el ámbito comunitario. La importancia y el carácter privilegiado que se
otorga desde Bruselas a las políticas que inciden en esta materia radica, entre otros
extremos, en el impacto económico que supone el flujo comercial dentro espacio
Schengen y que, según algunos estudios, llega a suponer en torno al 19% del PIB del
conjunto de los Estados miembros1. Quizás en este contexto quepa entender, aunque no
justificar, que el vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
haya sufrido más de una docena de modificaciones hasta la fecha2.
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1 PFLUEGER TEJERO, Eduardo. “Aspectos más destacados de las nuevas Directivas sobre adjudicación
de contratos de concesión y sobre contratación pública. Directiva 2014/23/UE y Directiva 2014/24/UE,
del Parlamento Europeo y del Consejo”. Revista de la Función Consultiva, nº 21. Consejo Jurídico
Consultivo de la Comunidad Valenciana, 2014; págs. 132-133.
2 Sin contar con que, al poco de su publicación, ya hubo que corregir algunos errores advertidos en el
texto a través del BOE de 3 de febrero de 2012, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013 añadió un nuevo apartado a la Disposición Adicional
Vigesimoctava. Con posterioridad, conocería sucesivas modificaciones a través del Real Decreto-ley
4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la
creación de empleo; Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas;
Ley 10/2013, de 24 de julio, por la que se incorporaron al ordenamiento jurídico español las Directivas
2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia,
y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la
entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de
26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios; Ley 11/2013, de 26
de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo;
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Emprendedores; Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la
unidad de mercado; Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica; Real Decreto-
ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas
económicas; Ley 2/2015, de 30 de marzo, desindexación de la economía española; Ley 25/2015, de 28 de
julio, de segunda oportunidad; Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la
normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo

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