Capítulo XVI. Un estudio crítico sobre las importaciones b2c en la Ciudad Autónoma de Melilla
| Páginas | 485-512 |
| Autor | Yasmin Hamida Ruiz |
CAPÍTULO XVI.
UN ESTUDIO CRÍTICO SOBRE LAS
IMPORTACIONES B2C EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA
UN ESTUDIO CRÍTICO SOBRE LAS IMPORTACIONES B2C...
Y H R
Graduada en Administración y Dirección de Empresas y Derecho
Universidad de Granada1
SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN; II. LA DIGITALIZACIÓN DEL COMERCIO EN-
MELILLA Y SUS DESAFÍOS NORMATIVOS; III. TRIBUTACIÓN INDIRECTA DEL
COMERCIO ELECTRÓNICO EN MELILLA: EL IPSI; 1. La aplicación del principio
de capacidad económica en el IPSI; 2. Compatibilidad del IPSI con la normativa co-
munitaria; IV. DEFICIENCIAS EN EL DECRETO NÚM. 1344: LA PRESUNCIÓN DE
REPRESENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE V. CONCLUSIÓN. BIBLIOGRAFÍA.
I. INTRODUCCIÓN
Discernir entre la realidad física y la virtual todavía es posible, aunque
no sepamos hasta cuándo. No obstante, es innegable la confinidad entre
una y otra, de modo que numerosos actos rutinarios pueden llevarse a cabo
a través de medios digitales. Esta nueva realidad ha dado lugar a una nece-
sidad inminente de regulación del entorno virtual en cuanto a sus distintas
vertientes, siendo objeto de análisis en este estudio la económico-tributaria.
La transformación digital de la economía debe ir acompañada necesaria-
mente de la transformación de las relaciones jurídicas que se producen en
ella, de forma que permita que los intercambios económicos realizados en el
marco virtual se lleven a cabo de manera ágil, justa y beneficiosa para todas
las partes involucradas. En este sentido, la transformación jurídica debe ser
transversal, no se debe aspirar a una reforma que se enfoque únicamente
en fortalecer la protección de los ingresos públicos pero que adolezca de
mecanismos de gestión y recaudación justos y coherentes para con nuestro
sistema tributario. Aunque la recaudación es importante para atender al
gasto público, también lo es la confianza del ciudadano en sus instituciones.
1 Miembro del proyecto MELAVANT: Estrategias coordinadas como eje de desarrollo,
transformación y avance de Melilla. (MEL-23- UGR24).
Yasmin Hamida Ruiz
486
La Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre la Producción, los
Servicios y la Importación de la Ciudad Autónoma de Melilla, modificada
recientemente a través del Decreto N.º 1344, introduce nuevas formas de
gestión y recaudación de estas relaciones influenciadas por la normativa
estatal y europea de regulación del Impuesto sobre el Valor Añadido. Esta
nueva regulación hace necesario analizar las importaciones realizadas
por particulares, desprovistas de carácter comercial, cuyo valor sea igual o
inferior a 150€. Las reformas efectuadas permiten a las empresas postales
requerir a los contribuyentes costes asimilados a la importación, que en
numerosas ocasiones pueden resultar coactivos, injustos y desproporciona-
dos, llegando a igualar o superar el coste real del producto. Se impone así
un obstáculo al comercio electrónico que cobra aún más importancia en
la Ciudad Autónoma de Melilla, dadas sus características geográficas que
la mantienen en una dependencia constante de mercancía procedente del
exterior.
En cuanto a la normativa nacional, resulta necesaria la evaluación de la
estructura impositiva introducida por el Decreto N.º 1344 con respecto al
principio de capacidad económica, entendida como la proporción a la que
cada sujeto debe quedar obligado a sostener los gastos públicos
2, dado
que presenta distintos tipos impositivos en manifestaciones homogéneas
de capacidad económica derivadas de la adquisición de bienes mediante
su importación a la Ciudad Autónoma de Melilla.
Posteriormente, se analizará la compatibilidad de esta estructura im-
positiva con la normativa europea siguiendo lo establecido en el Protocolo
Número 2 del Acta de adhesión de 1985 para el comercio entre el territorio
aduanero de la Comunidad y Ceuta y Melilla.
Por último, se busca analizar la conformidad legal de la representación
automática del consumidor melillense en los envíos de escaso valor, así
como la procedencia y proporcionalidad de los gastos que se asimilan a la
importación por parte de las empresas de transporte. En estos casos, el con-
sumidor se ve representado sin su consentimiento explícito, lo que resulta
en la obligación de abonar, además del IPSI, una tarifa por un despacho
aduanero no autorizado previamente. Este nuevo contexto debe ser con-
trastado con la normativa nacional y europea, que establece los principios
2 RODRÍGUEZ BEREIJO, A., “El principio de capacidad económica en una encrucijada
(La problemática interpretación jurisprudencial del art. 31.1 de la Constitución en el im-
puesto sobre plusvalías inmobiliarias)”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, vol.
25, N.º 1, 2021, pp. 87-116. Disponible online en: https://doi.org/10.18042/cepc/aijc.25.04
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