Capítulo 10. Valoración de la verificación de datos en el universo de los procedimientos de comprobación e investigación tributarios
| Páginas | 229-246 |
| Autor | Julia María Díaz Calvarro |
Valoración de la vericación de datos en el universo de los
procedimientos de comprobación e investigación tributarios
J M D C
Profesora Ayudante Doctora. Universidad Carlos III de Madrid
Sumario: 1. Introducción. 2. La delimitación del procedimiento de verificación de da-
tos y otros problemas pendientes. 3. Las consecuencias de la sobreutilización
indebida del procedimiento de verificación de datos: nulidad o anulabilidad.
4. Digitalización, inteligencia artificial y procedimiento de verificación de da-
tos. 5. Valoración del procedimiento de verificación de datos y propuestas de
mejora.
1. INTRODUCCIÓN
Los procedimientos de gestión tributaria tienen su razón de ser en dotar
de eficacia y agilidad a la actuación administrativa y garantizar el principio de
seguridad jurídica al estar reguladas todas las fases de cada uno de los procedi-
mientos; que deben respetar, en todo caso, los derechos y las garantías de los
obligados tributarios.
El procedimiento de verificación de datos, según la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se circunscribe a la comprobación formal no
inquisitiva de las obligaciones tributarias que se realizan mediante autoliqui-
dación. Su análisis y valoración es imposible o ciertamente incompleto si no
se pone en relación o incluso en contraposición con su «primo hermano», el
procedimiento de comprobación limitada, que goza de carácter inquisitivo,
calificándose como una suerte de «mini inspección».
En un primer momento, el procedimiento de verificación de datos fue
utilizado de forma preferente a otros procedimientos de gestión tributaria.
Capítulo 10
230 Julia María Díaz Calvarro
La razón se puede buscar en que no tiene efecto preclusivo y abre la puerta a
sucesivos controles o revisiones o a la iniciación posterior de un procedimien-
to de comprobación limitada; pero, con el tiempo, ha ido disminuyendo su
importancia cuantitativa, tal y como se analizará en estas páginas.
Se puede definir como un instrumento para que la AEAT y el resto de
Administraciones Tributarias resuelvan comprobaciones sencillas con todas
las garantías para el obligado tributario, respetando la senda del principio de
buena administración, principio de actualidad y piedra angular de un nuevo
modelo de actuación administrativa que sitúa al ciudadano en el centro de
la ecuación. Según la Sentencia del Tribunal Supremo 741/2020, de 11 de
junio, dicho principio:
Impone a la Administración una conducta lo suficientemente diligente
como para evitar las posibles disfunciones derivadas de su actuación, sin que
baste para dar cobertura a sus deberes la mera observancia estricta de pro-
cedimientos y trámites sino que, más allá, reclama la plena efectividad de ga-
rantías y derechos reconocidos legal y constitucionalmente al contribuyente
y ordenar a los responsables de gestionar el sistema impositivo, a la propia
Administración Tributaria, observar el deber de cuidado y la debida diligen-
cia […].
Sin embargo, la anterior premisa no se hace realidad por, entre otros mo-
tivos, una regulación que tiene deficiencias y un cierto solapamiento con el
procedimiento de comprobación limitada, de lo que se deriva inseguridad
jurídica, una alta conflictividad y una mejorable técnica legislativa. Tampoco
ayuda a su encaje el cambio del modelo de gestión mediante declaración al
actual modelo de autoliquidación y una nueva actuación administrativa que
pone al obligado tributario y a sus derechos y garantías en el centro. Sin em-
bargo, sus imperfecciones y su adecuación o inadecuación no esconden su
valor dentro de su ámbito de aplicabilidad.
Por esta razón, el análisis de este trabajo se va a centrar, en primer lugar,
en la definición de los límites de la comprobación o el control formal; en se-
gundo lugar, las zonas grises o de cohabitación con el procedimiento de com-
probación limitada, ya que algunos de los supuestos que se prevén para uno y
otro procedimiento de gestión son, aparentemente iguales, pero no las conse-
cuencias para los obligados tributarios, generando en consecuencia, inseguri-
dad jurídica; en tercer lugar, los propios supuestos tasados del procedimiento
de verificación de datos recogidos en el artículo 131 LGT, alguno de los cuales
gozan de cierta indeterminación y otros se cuestionan como presupuestos de
un control formal, subrayándose en el supuesto regulado en el artículo 131 c)
LGT, «cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa que resulte
patente de la propia declaración o autoliquidación presentada», dada la limi-
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