Capítulo 1. La judicial review en la Marshall Court: III. La contract clause, el caso Fletcher v. Peck (1810) y el control de constitucionalidad de la legislación estatal
| Páginas | 23-266 |
| Autor | Francisco Fernández Segado |
1. Una breve consideración previa
La declaración de la inconstitucionalidad de una ley federal llevada a cabo en el
Marbury case, pese al impacto que la misma tuvo, no volvió a repetirse a lo largo
de la vida de la Marshall Court; hubo que esperar a la Taney Court para que tal
declaración volviera a darse en relación, como decimos, a una ley federal, lo que no
se producirá hasta el caso Scott v. Sandford, más conocido como el Dred Scott case,
decidido definitivamente en marzo de 1857, en una controvertidísima sentencia, que,
dicho sea al margen, no merece otro calificativo que el de infame, escrita por el propio
Chief Justice Roger Brooke Taney, con un total de siete votos favorables frente a dos
dissents. Quiere ello decir, que hubo de transcurrir más de medio siglo hasta que
otra ley federal, la que quedó plasmada en el llamado “Missouri Compromise”, fuera
declarada inconstitucional.
Tal circunstancia no puede conducirnos a creer que la Corte presidida por Marshall
dejara de lado, con posterioridad a Marbury, el ejercicio de la judicial review. Ello
no iba a ser así en absoluto, sino que, bien al contrario, el activismo judicial de la
Marshall Court iba ahor a a fi jar s u pu nto d e mir a en e l con trol de la legi sla ción esta tal,
convirtiendo a una cláusula que, a priori, no parecía estar llamada a desempeñar un
rol tan relevante como el que realmente iba a jugar, la llamada contract clause, en la
base de una sorprendente expansión de la judicial review. En el corto espacio de una
década, Marshall, con su conocida habilidad y su incontrastable lógica, había extraído
la contract clause de sus oscuros orígenes y hecho de ella una de las normas más
vitales de toda la Constitución.
La primacía de la contract clause asu mirá una deud a inm edia ta co n el Chief Justice,
lo que derivará de la enormemente amplia interpretación que John Marshall, y con
él su Tribunal, darán a esta cláusula, de modo muy particular en el trascendental
caso Fletcher v. Peck, resuelto en 1810, en el que la Corte volvería a declarar la
inconstitucionalidad de una ley, pero en esta ocasión no federal, sino estatal.
FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO
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Es por todo ello por lo que este capítulo tiene como referente principal la llamada
“cláusula de los contratos” (contracts clause) y su aplicación por la Marshall Court, de
notable trascendencia en el devenir de la judicial review. Tanta sería la importancia de
esta cláusula, que hemos creído inexcusable detenernos en ella con bastante detalle,
algo que hemos considerado imprescindible para su mejor comprensión y para la
adecuada valoración de la amplísima configuración dada a la misma por John Marshall
y la Corte que durante tantos años presidió.
2. La contract clause y su relevancia constitucional
I. Los incisos finales del párrafo primero de la Sección 10 del Art. I de la
Constitución disponen: “No state shall… pass any… ex post facto law, or law impairing
the obligation of contracts…”. (Ningún Estado… aprobará cualquier ley ex post facto o
que menoscabe las obligaciones que derivan de los contratos). Esta última previsión
enuncia la famosa contract clause o, como también se la identifica, contracts clause
(cláusula de los contratos).
La contract clause, aunque pueda resultar sorprendente, se convirtió en el siglo
XIX, o por lo menos en una buena parte del mismo, en la disposición constitucional de
mayor relevancia, hasta el extremo de que, como escribe Siegel1, la comprensión de esta
cláusula en el siglo XIX es central para el entendimiento de la historia constitucional
americana, y en el marco de la misma, según otros autores, para el propio desarrollo
del federalismo2. No ha de extrañar que así aconteciere, y en tal sentido se pronuncia
gran parte de la doctrina3, por cuanto la cláusula en cuestión pronto iba a devenir el
arma principal con el que la Marshall Court iba a restringir la frecuente interferencia
legislativa estatal sobre los derechos de propiedad, algo de lo que en otro capítulo
ya nos hemos hecho eco, y que ese grandísimo historiador que fue el Profesor de la
“Brown University” (Providence, Rhode Island), Gordon S. Wood, calificaría como “un
nuevo tipo de tiranía”4.
1 Stephen A. SIEGEL, “Understanding the Nineteenth Century Contract Clause: The Role of the
Property-Privilege Distinction and <Takings> Clause Jurisprudence”, en Southern California Law Review
(S. Cal. L. Rev.), Vol. 60, 1986-1987, pp. 1 y ss.; en concreto, pp. 3-4.
2 Sobre esta conexión entre la contract clause y el desarrollo del federalismo americano ha hecho
especial hincapié Boyd, para quien esta cláusula “has proven particularly important in American
constitutional history and in the development of American federalism”. Steven BOYD, “The Contract
Clause and the Evolution of American Federalism, 1789-1815”, en The William and Mary Quarterly (Wm.
& Mary Q.), Third Series, Vol. 44, No. 3 (monográfico sobre “The Constitution of the United States”),
July, 1987, pp. 529 y ss.; en concreto, p. 529.
3 Todos los comentaristas constitucionales durante el primer siglo de la República concurren, como
recuerda Schwartz, en la crucial importancia de la contract clause. Y a título de ejemplo, el propio autor
se hace eco de la opinión de Sir Henry Maine, para quien, “in point of fact there is no more important
provision in the whole Constitution”. Escribiendo en 1885, Maine caracterizaría esta cláusula como
“the basis of the credit of many of the great American Railway Incorporations”. Bernard SCHWARTZ,
“Old Wine in Old Bottles? The Renaissance of the Contract Clause”, en Supreme Court Review (Sup. Ct.
Rev.), Vol. 1979, 1979, pp. 95 y ss.; en concreto, p. 97.
4 “By the 1780´s –escribe Wood– some Americans began to perceive a new political phenomenon
unfolding in American experience that made nonsense of the traditional conception of politics. True,
there were sufficient examples of the people´s licentiousness: western Massachusetts was a valley of
horrors. But anarchy and the breakdown of government that it connoted no longer seemed an accurate
way to describe all of what was happening in the 1780´s. An excess of power in the people was leading
LA JUDICIAL REVIEW EN LA MARSHALL COURT (III). LA CONTRACT CLAUSE
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Un autor de tanta importancia como James Kent, más conocido como el Canciller
Kent (1763-1847), al que ya nos hemos referido en diversas ocasiones, en sus célebres
Commentaries on American Law, obra cuyo primer volumen apareció en Nueva York
en 1827 (el Prólogo del autor lleva la fecha de 23 de noviembre de 1826), y el segundo
en 1828, en su duodécima edición, prologada por Oliver Wendell Holmes, Jr., escribiría
al respecto: “There is no prohibitory clause in the Constitution which has given rise
to more various and able discussions, or more protracted litigation, than that which
denies to any state the right to pass any law impairing the obligatrion of contracts”5.
(No hay una cláusula prohibitoria en la Constitución que haya provocado más variadas
e inteligentes discusiones, o más prolongados litigios, que la que deniega a cualquier
Estado el derecho a aprobar cualquier ley que menoscabe la obligación dimanante
de los contratos).
La relevancia constitucional de esta cláusula y el enorme impacto que su aplicación
jurisprudencial le iba a dar, a nuestro modo de ver, justifican que, antes de centrarnos
en el análisis de la importante sentencia dictada por la Corte en el caso Fletcher v. Peck
(1810), nos hagamos eco de diversos aspectos relacionados con la contract clause,
desde su génesis constitucional hasta los problemas hermenéuticos planteados por
el diseño constitucional de la misma, para terminar exponiendo la evolución de la
jurisprudencia sentada por la Marshall Court al hilo de la cláusula en cuestión.
A) La inicial trascendencia de la “cláusula de los contratos”
I. Aunque nos ocupemos de ello con mayor detalle más adelante, es conveniente
desde este mismo momento ser conscientes de los frecuentes abusos que las
legislaturas estatales iban a cometer sobre los derechos de propiedad en el período
que media entre la Independencia y la aprobación de la Constitución en 1787. Para un
autor tan relevante como Beard, “dos pequeñas cláusulas” constitucionales encarnan
las principales demandas de los propietarios de bienes muebles frente al “agrarismo”
(“agrarianism”): la interdicción de la emisión estatal de papel moneda (recogida en el
mismo párrafo constitucional que la contract clause) y la prohibición de menoscabar
o dañar los compromisos dimanantes de los contratos. En tales cláusulas, Beard no
sólo visualiza la recepción de un principio de profundo significado, sino que, más allá
de ello, considera que “the economic history of the states between the Revolution and
the adoption of the Constitution is compressed in them”6.
Y al margen de todo ello, no puede caber duda de que, para los Framers, la contracts
clause también encerraba una notable importancia. En el conocido caso de Ogden
not simply to licentiousness but to a new kind of tyranny, not by the traditional rulers, but by the
people themselves”. Gordon S. WOOD, The Creation of the American Republic. 1776-1787, Chapel Hill
and London, The University of North Carolina Press, (published for the Omohundro Institute of Early
American History and Culture at Williamsburg, Virginia), second edition, 1998, pp. 403-404.
5 James KENT, Commentaries on American Law, Vol. 1, Boston, Little, Brown, and Company, 1873, p.
414 (de la numeración de las páginas que figura en la parte superior, pues hay otra numeración diferente
en la parte inferior de la página). Manejamos la reimpresión hecha por “Forgotten Books”, sin fecha.
6 Charles A. BEARD, An Economic Interpretation of the Constitution of the United States, New York/
London, The Free Press / Collier Macmillan Limited, first paperback edition, 1965, p. 179.
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