Campañas electorales en México y su financiación desde la delincuencia organizada: fracaso anunciado de la gobernabilidad
| Autor | Israel Ortiz Villar |
| Páginas | 863-897 |
Capítulo veintisiete
Campañas electorales en México
y su financiación desde la delincuencia organizada:
fracaso anunciado de la gobernabilidad
I O V
Profesor de Derecho Penal
Doctor “Cum Laude” en Derecho Penal y Política Criminal por la Universidad de Granada
y Doctor en Derecho por la Universidad Federal de Pernambuco
Sumario: I. Estimaciones preliminares; II. Financiamiento ilícito en campañas electora-
les. 1. La homologación operativa: el financiamiento privado y el del crimen organizado:
1.1. Estratagemas del financiamiento particular. 1.2. Tretas financieras de la
delincuencia organizada. 2. El dinero del crimen, transgresor del principio de equi-
dad. 3. Los esfuerzos institucionales sobre la regulación del financiamiento. III. El so-
metimiento de la gobernabilidad. 1. Clientelismo electoral: pacto de facto hacia la
ingobernabilidad. 2. La subasta del voto ciudadano y los costos para la gobernabilidad.
IV. Reflexiones finales.
I. ESTIMACIONES PRELIMINARES
Traduciríamos casi en un acto de ingenuidad, el no mencionar la palabra
corrupción 1 en un sentido lato y corrupción política en una acepción particular,
cuando se trata de concebir al financiamiento ilegal que operan los partidos po-
1 Para mayor amplitud, en un estudio objetivo respecto del tema, valorando no solo
conceptos o definiciones, sino aspectos axiológicos, véase a GONZÁLEZ LLACA, Edmundo. La
corrupción: patología colectiva. Ciudad de México, 2016, págs. 17 y ss. Ab initio del presente estu-
dio la referimos –a la corrupción–, pues conforme a las reflexiones que nos hemos propuesto
orientar; su comprensión y justa dimensión en sus alcances, se vuelven definitorias para sopor-
tar la importancia que tendrá el ciudadano en la arquitectura de la construcción de la goberna-
bilidad. Así, compartiendo puntos de intersección con el pensamiento del profesor germano
especialista en temas político-electorales y de gobierno, Dieter Noholen, sintéticamente la de-
fine como «aquel elemento antidemocrático que produce hartazgo con la política, desafec-
ción y pensamiento antisistémico». Cfr. NOHOLEN, Dieter. “Instituciones y cultura política”.
Antologías para el estudio y la enseñanza de la ciencia política. Volumen II: Régimen político, sociedad civil
y política internacional. Ciudad de México, 2017, pág. 168.
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líticos 2 o sus candidatos, en el marco de una campaña electoral. Y es que estamos
frente a uno de los grandes cánceres de los sistemas políticos globales, pero sobre
todo, de los latinoamericanos 3 y del mexicano en específico.
En un juicio personal, tenemos que afirmar con vergüenza profesional e
indignación ciudadana, que la corrupción en México, se tornó peligrosamente
un concepto que se ha adoptado con tanta normalidad entre gobernantes y go-
bernados, que hablar de ella, de sus variables, pero sobre todo de sus laserables
efectos que impactan directamente contra el desarrollo nacional, se erigió como
una “cuestión familiar”, que no es tan grave, hasta que se padece, que no incomo-
da, hasta que se es víctima de la misma; que se ignora hasta que los destellos de
correcta y justa aplicación de la ley, hacen que se aprecie su existencia. Un com-
portamiento colectivo –o por lo menos el de la mayoría– que se muestre apático,
“acostumbrándose” a vivir entre ella, lápida cualquier esperanza de tener éxito en
su combate y mucho menos en su erradicación.
A pesar de este obscuro panorama, desde la voluntad política, hablar de evi-
tar todo aquello que corrompe, se ha tornado más una cuestión de propaganda
–que se lleva como gallardete de campaña, o bien de gobierno– que la convicción
de una tarea corresponsable traducida en acciones impecables que coadyuven a
hacer de este terrible fenómeno, una situación que, de actualizarse por cualquier
persona, conlleve a sanciones ejemplares que abonen a su repudio y que adquiera
entre el compuesto social, el carácter de enemigo a vencer, visto esto como un
medio que conduzca a poder aspirar al fortalecimiento de las instituciones del
Estado mexicano y con ello, consolidar el bienestar común que tanto se anhela 4.
2 Estos, etiquetados desde una concepción prístina, pero máxime, a partir de la visión
constitucional mexicana. Sobre el particular, comulgamos con la puntualización en el aspecto
cívico-educativo, con el profesor emérito de la UNAM Ignacio Burgoa Orihuela; quien argu-
menta que «la formación de cualquier partido político auténtico deriva de la politización de un
pueblo y de su educación cívica. Estas cualidades hacen susceptibles a las mayorías populares
para participar consciente y responsablemente en la vida política, participación que de manera
más o menos espontánea y natural, propicia la creación de los partidos políticos. A su vez, la
politización y el civismo tienen como base de sustentación un conjunto de condiciones relati-
vamente homogéneas de carácter social, económico y cultural en que viva y se desenvuelva la
población de un Estado». Cfr. BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano.
Ciudad de México, 1999, pág. 538.
3 Vid. DAMMERT, L.-MARTÍNEZ ÁVILA, A.-MEDINA, P. “Crimen organizado y polí-
tica en América Latina”. Friedrich-Ebert-Stiftung publicaciones. Enero 2020, págs. 4 y ss. En una
analogía consonante, PESCHARD, Jacqueline. “La corrupción en las campañas políticas en
México”. Revista latinoamericana de investigación crítica, año V, número 8, enero-junio 2018, pág.
139.
4 El insigne catedrático alemán de la Universidad de Múnich, doctor honoris causa múl-
tiple Claus Roxin, vaticina que «el Derecho Penal ya no es más, como sí lo era desde hace siglos,
una cosa de tradición nacional. Más bien, en todos los Estados modernos desempeña el mismo
cometido, a saber: el de asegurar a sus ciudadanos una vida en paz y libertad bajo la protección
de los derechos humanos». Cfr. ROXIN, Claus. Dogmática penal y política criminal. Cuestiones fun-
damentales para el nuevo sistema de justicia penal. Ciudad de México, 2015, pág. 260. Este enfoque,
en el contexto de la temática de estudio sobre la cual nos estamos desenvolviendo, podría que-
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Considerando este escenario; las tensiones, preocupaciones y riesgos aumen-
tan cuando nos trasladamos al supuesto en el cual, tanto aquellos que aspiran a
ocupar un cargo de responsabilidad pública –sometido a la preferencia ciuda-
dana por la vía del voto– como sus correligionarios de ideología política, que ya
están instaurados en las esferas del gobierno o bien, los que configuran el orga-
nigrama de un partido político; son los que transgrediendo las reglas dispuestas
por la normatividad electoral sobre el financiamiento público y privado de una
campaña –actualizando todo tipo de conductas fuera de las leyes aplicables– abo-
nan a comprometer la permanencia del Estado constitucional 5; pues los efectos
de los delitos que cobran vida, tienen un impacto avasallador en la cohesión y en
el fortalecimiento del tejido social, esfumando la posibilidad de poder edificar
un país de leyes y de instituciones que emanen de la voluntad popular, a un sitio
de anarquía, preponderantemente resignado a los intereses particulares de unos
cuantos grupos definidos por sus actividades en contra del orden legal.
II. FINANCIAMIENTO ILÍCITO EN CAMPAÑAS ELECTORALES
En el trascurrir de los tiempos, la democracia, es quizá uno de los sistemas
de gobierno con más alta popularidad, debido a lo que naturalmente apareja el
significado de su concepto. Pues de un modo genérico, la mayoría de las personas
dar como un traje a la medida –más cuando en el párrafo supra referido, se habla de sanciones
ejemplares y, por la “rudeza” a la que invita tal adjetivo– para auxiliarnos del Ius Puniendi como
ciencia de la cual se puede hacer uso para dotar de contenido y significado al justo reproche
que debe acaecer a las conductas que violan los postulados democráticos. Sin embargo, siendo
partidarios de las corrientes que proclaman el no expansionismo del Derecho Criminal, no es
la excepción para sugerir que, en la materia electoral, se puede optar por la implementación de
medidas más eficaces y eficientes para resolver los problemas que en ella se gestan. Político cri-
minalmente, pensamos que las respuestas deben de venir del fortalecimiento de la cultura de-
mocrática participativa en la sociedad, del aumento y estandarización de los niveles educativos
de la ciudadanía y de líneas de acción institucional electoral permanentes, progresivas y coordi-
nadas, que descansen en la prevención de comportamientos antidemocráticos. Con relación a
los peligros de dilatar el uso del Derecho Punitivo y las consecuencias negativas para la prolife-
ración de la injustica, véase la coherente y aportadora reflexión del profesor de la Universidad
de Rutgers –quien se ha ocupado en los últimos años de estudiar la intersección entre la filoso-
fía moral y el Derecho Penal sustantivo, centrándose especialmente en las decisiones de crimi-
nalización y los límites morales de la sanción penal– HUSAK, Douglas. Sobrecriminalización. Los
límites del Derecho penal. Madrid, 2008, págs. 59-79.
5 Queremos matizar la palabra “abonan”, pues considerando las afirmaciones basadas
en la experiencia de haber sido presidente del otrora Instituto Federal Electoral (IFE) entre
2003 y 2007; el catedrático de Harvard, Luis Carlos Ugalde, señala que «Hay tres mecanismos
ilegales de fondeo de campañas: desvío de recursos públicos, contribuciones ilegales de par-
ticulares y financiamiento del crimen organizado». Ésta última, será objeto de nuestra aten-
ción de una manera más específica a posteriori. Vid. UGALDE RAMÍREZ, L.- CASAR PÉREZ,
M. Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México. 2ª edición,
Ciudad de México, 2019, págs. 14-16.
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