Control de cambios e inversiones extranjeras. Potestad sancionadora de la administración

AutorDirección del Servicio Jurídico del Estado
Páginas190-202

    Dictamen de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado de fecha 4 de junio de 1998 (ref.: AEH - Tesoro 2/98). Ponente: Luciano J. Mas Villarroel.

Page 190

La Dirección General del Servicio Jurídico del Estado ha examinado la consulta de V.I. sobre la procedencia de incoar y tramitar, al amparo de la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico de Control de Cambios, procedimientos sancionadores por incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 26 del Real Decreto 671/1992, de 2 de julio, sobre Régimen de Inversiones Extranjeras en España y, en relación con dicha consulta, tiene el honor de informar cuanto sigue:

I. Para resolver la cuestión sobre la que se recaba el parecer de este Centro Directivo es necesario determinar, según se desprende del escrito de consulta, si las prescripciones sobre inversiones extranjeras en sectores o actividades sujetos a régimen especial contenidas en el artículo 26 del Real Decreto 671/1992, de 2 de julio, sobre régimen de inversiones extranjeras en España, tienen cobertura en la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico de Control de Cambios (LRJCC) o en la Ley 18/1992, de 1 de julio, por la que se establecen determinadas normas en materia de inversiones extranjeras en España.

La referida cuestión se suscita en razón de que, según expone el órgano consultante, «el considerar que el artículo 26 del Real Decreto 671/1992 es el desarrollo técnico de la Ley 18/1992 supondría que el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 26 del citado Real Decreto no podría ser constitutivo de infracción a los efectos de laPage 191 Ley 40/1979 sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios, sino en todo caso de la Ley 18/1992. Y dado que esta última disposición legal no realiza concreción alguna sobre el sistema sancionador a seguir, podría llegar a concluirse en la aplicación del artículo 6.3 del Código Civil que establece la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a las normas imperativas y prohibitivas, dado que en este caso la Ley 18/1992 no indica nada para el caso de contravención de la norma».

A la vista de este planteamiento, resulta preciso examinar la relación entre la legislación en materia de control de cambios y la legislación sobre inversiones extranjeras en España.

Desde el punto de vista jurídico-formal, la regulación del control de cambios y la de las inversiones extranjeras en España han estado y están recogidas en textos legales diferentes. Así, la normativa vigente sobre control de cambios está constituida, básicamente, por la LRJCC y el Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior, en tanto que la normativa sobre inversiones extranjeras en España está constituida, esencialmente, por la ya citada Ley 18/1992 y por el también mencionado Real Decreto 671/1992, de 2 de julio (conviene advertir que la reiterada Ley 18/1992 derogó el texto articulado de la Ley de Inversiones Extranjeras aprobado por Decreto 3021/1974, de 31 de octubre).

Esta separación jurídico-formal entre la normativa sobre control de cambios y la de inversiones extranjeras en España no responde actualmente, como mas adelante se indicará, a una diferenciación de carácter sustantivo o material, propia de situaciones pretéritas y con justificación, a su vez, en la distinta finalidad de una y otra normativa.

Las normas sobre control de cambios tienen por finalidad regular los requisitos o condiciones de los flujos monetarios entre residentes y no residentes con objeto de evitar las consecuencias perjudiciales que, en otro caso, se producirían en el tipo de cambio, balanza de pagos y nivel de reservas. Mediante el control de cambios se pretende: 1) Que las divisas obtenidas por los residentes en el país supongan una adición efectiva a la renta y riqueza del mismo, por corresponderse con la entrega de bienes o prestación de servicios nacionales que, como tales, integran la renta nacional; y 2) Que las sumas percibidas por los no residentes respondan exclusivamente al pago de bienes y servicios obtenidos a cambio por otros no residentes, pues, en otro caso, se estaría produciendo una merma en el nivel de renta y riqueza del país.

Por su parte, las normas sobre inversiones extranjeras tienen por finalidad posibilitar a las Administraciones nacionales el conocimiento de la adquisición por extranjeros de activos nacionales para permitir, restringir o prohibir, según los casos, la penetración extranjera en determinados sec-Page 192tores económicos considerados especialmente sensibles, por razones de soberanía económica, por las legislaciones nacionales.

Ahora bien, esta diferencia entre los fines de las normas sobre control de cambios y los de las normas sobre inversiones extranjeras no permite actualmente establecer una separación rígida entre una y otra materia, en términos tales que no quepa reconocer relación alguna entre ambas, y ello en razón de que, teniendo por objeto el sistema de control de cambios la regulación, desde la perspectiva y con los fines antes indicados, de «los actos, negocios, transacciones y operaciones de tales índoles entre residentes y no residentes que supongan, o de cuyo cumplimiento se deriven o puedan derivarse, cobros o pagos exteriores», como dice el artículo 1 de la LRJCC, no puede desconocerse que las inversiones extranjeras en España, al igual que las inversiones españolas en el extranjero, están incluidas en los movimientos de capitales en que se traducen los referidos actos, negocios y operaciones, constituyendo una rúbrica o capítulo de los mismos (cfr. anexo I de la Directiva 88/361/CEE, del Consejo, de 24 de junio de 1998, para la aplicación del artículo 67 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, en el que se establece la nomenclatura de los movimientos de capitales contemplados en el art. 1 de la Directiva).

La inclusión de las inversiones extranjeras en España y de las inversiones españolas en el extranjero en los movimientos de capitales objeto del régimen de control de cambios tiene por lógica consecuencia que, siendo dicho control un instrumento más al servicio de la ordenación de la economía nacional, el régimen de las referidas inversiones responda a los principios (de liberalización o de restricción) en que, por exigencias de la economía, se inspire el control de cambios. En este sentido, si la progresiva liberalización e internacionalización de la economía española, reforzadas por la incorporación de España a las Comunidades Europeas, ha exigido la liberalización del régimen de control de cambios, esta liberalización ha tenido su obligada repercusión en el régimen de inversiones extranjeras en España y de inversiones españolas en el extranjero.

Así, y por lo que se refiere, en primer lugar, a las inversiones extranjeras en España, en el preámbulo del Real Decreto 671/1992 se dice:

... Posteriormente, una serie de normas de inferior rango profundizaron en la liberalización emprendida por la Ley de Inversiones Extranjeras, adaptación que viene motivada, entre otras razones, por la necesidad de plasmar en las disposiciones normativas la progresiva liberalización de nuestro sistema de movimientos de capital en el exterior en esta materia (...). La actual situación de la economía española y la creciente internacionalización de la actividad económica han hecho posible la plena liberalización de las transacciones y transferencias con el exterior, liberalización que ha quedado plasmada en el Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el Exterior (...). No obstante lo anterior, el Real Decreto Legis-Page 193lativo 1265/1986 se promulgó en un contexto en el que no existía control de cambios en nuestro país. Al mismo tiempo, la adhesión de España a la CEE se produjo con reconocimiento de período transitorio para adaptar las Directivas comunitarias en aplicación del artículo 67 del Tratado de Roma. Además, con posterioridad a tal fecha se publicó la citada Directiva 88/361/CEE, cuyo mandato liberalizador supera el contenido en las precedentes. Todo lo anterior conllevó que el repetido Real Decreto Legislativo incluyese preceptos contrarios al actual marco de libertad (...). En consecuencia, el presente Real Decreto viene a establecer la libertad de movimientos de capital propiciada por la citada Directiva, en base a la facultad que se otorga al Gobierno a tales efectos en el artículo 2.º de la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios ...

Por su parte, el preámbulo del Real Decreto 672/1992, de 2 de julio, sobre inversiones españolas en el exterior, declara:

Como consecuencia de la plena aplicación por España de las disposiciones liberalizadoras contenidas en la Directiva 88/361 del Consejo de la Comunidad Económica Europea, de 24 de junio de 1988, y plasmadas en el Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior, resulta obligado proceder, al amparo del artículo 2 de la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios, a la revisión y adaptación de la vigente normativa de inversiones españolas en el exterior a la nueva situación, lo que constituye el objeto del presente Real Decreto...

Resumiendo cuanto se lleva dicho puede afirmarse, como primera conclusión, que si en el plano económico, y por las razones indicadas, el régimen de las inversiones extranjeras en España ha de responder a los mismos principios en que se inspira el régimen de control de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR