Cambio de gobierno, reforma laboral y políticas feministas
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Se abre un nuevo curso político. La formación de un gobierno de coalición entre
el PSOE y UP, basado en un programa de gobierno amplio y bien estructurado,
inaugura una nueva etapa en la regulación laboral que pretende corregir aspec-
tos importantes de la reforma laboral permanente 2010-2013 fruto de la crisis y
de la aplicación de las políticas de austeridad. El programa de gobierno parte
del compromiso de “recuperar los derechos laborales arrebatados por la reforma
laboral del 2012”, lo que se proyecta en dos tiempos. En lo inmediato, mediante
el compromiso de legislar sobre lo que sin duda se trata de los elementos más
vistosamente regresivos de la reforma del 2012 (el despido por enfermedad, la
ultra-actividad de los convenios, la prioridad aplicativa del convenio de empresa
sobre los convenios sectoriales) y la reforma de otros tantos (la subcontratación
y la discriminación salarial en los procesos de externalización, la limitación de
las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, el procedimiento de
descuelgue reducido a la existencia de motivos económicos severos). Más allá de
esta primera intervención de urgencia, el plan de reformas continua mediante la
apertura de un diálogo social que se proyecta sobre espacios muy importantes:
el salario mínimo –con el compromiso de alcanzar, al final de la legislatura, la
cantidad equivalente al 60% del salario medio, como exige la Carta Social Euro-
pea–, las modalidades de contratación –con especial relevancia del principio de
causalidad en los contratos temporales, recuperando el principio de estabilidad,
fomentando el contrato fijo discontinuo, limitando el contrato a tiempo parcial
y previendo los mecanismos inspectores para evitar fraude en la contratación
temporal y en los falsos autónomos–, revisar las causas de despido económico y
el control de los despidos colectivos, o las políticas de empleo con una conver-
gente simplificación del seguro de desempleo. En paralelo a esta reforma laboral
articulada se plantea un trabajo de fondo, el desarrollo del art. 35.2 de la Consti-
tución mediante la redacción de un nuevo Estatuto del Trabajo que establezca
un marco institucional adaptado a las relaciones laborales del siglo XXI.
Esta referencia al diálogo social es muy importante, de manera que parece que
el Acuerdo de Gobierno recupera la concertación con los sujetos económicos y
sociales como un mecanismo importante de legitimación de su programa de
reformas. La rápida convocatoria de los agentes sociales que ha culminado en
la determinación del salario mínimo para el año 2020 de 950 €, es un primer
CAMBIO DE GOBIERNO, REFORMA LABORAL Y
POLÍTICAS FEMINISTAS
EDITORIAL
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