M. Sarasíbar Iriarte. El Derecho Forestal ante el cambio climático: las funciones ambientales de los bosques. Aranzadi, Pamplona, 2007, 301 págs.

AutorM.ª Remedios Zamora Roselló
CargoÁrea de Derecho Administrativo. Universidad de Málaga
Páginas303-305

Page 303

El desafío social, político y administrativo que supone el cambio climático, depende de las medidas que se adopten para la protección de los recursos ambientales; los bosques, en su doble función ambiental, como fuente de vida y sumidero de los gases de efecto invernadero, están llamados a convertirse en protagonistas de las actuaciones futuras. Este libro se ocupa de la función ambiental de los bosques y desarrolla a lo largo de un apartado introductorio y seis capítulos, que se completan con un apartado final dedicado a las conclusiones, el Derecho forestal ante los interrogantes que plantea el cambio climático.

Evolución histórica de la política forestal y marco jurídico vigente

es el título del capítulo I de esta obra. La autora distingue varias etapas en la evolución histórica de la política forestal española. Hasta el siglo XVI, la política era principal-mente de tipo penal, determinada por los abusos que se cometían y por la ausencia de claridad en la delimitación de los usos permitidos; la actividad administrativa de tipo penal fue menos intensa durante el reinado de los Reyes Católicos, pero siguió determinanda por la necesidad de favorecer a la ganadería.

En los siglos XVI y XVII, las disposiciones sobre los bosques estuvieron determinadas por el aprovechamiento de la madera para la construcción de buques, y por la aparición de una tímida política protectora con tintes conservacionistas. Durante el siglo XVIII, y primer tercio del XIX, el aumento de la población y de la demanda de madera, unido a la inexistencia de una auténtica conciencia forestal, al proceso de desamortización y a la propia inestabilidad política, dieron lugar a una política forestal deficitaria, y a la continua destrucción de bosques.

Las Ordenanzas generales de Montes elaboradas por Javier de Burgos en el año 1833, representan el inicio de una nueva etapa, caracterizada por la creación de una organización administrativa propia sobre montes, y por la creación de normas para la gestión racional de los montes. El gobierno de Mendizábal, con la redacción de la Ley de 1837, que nacionalizó y expuso a pública subasta los bosques, dehesas y pastos de las comunidades religiosas, y con la creación del Cuerpo de Ingnieros de Montes, supuso un período determinante para la evolución posterior de esta materia.

Las leyes que se sucedieron en la segunda mitad del siglo XIX, establecieron los principios de la repoblación forestal y crearon las divisiones hidrológico-forestales, y el Patrimonio Forestal del Estado. Este primer apartado concluye con el estudio de la Ley de Montes de 1957, una norma que ha marcado la política forestal española durante un amplio período de tiempo, y cuya finalidad principal era la regulación del bosque como medio de producción, si bien presentaba algunas tímidas referencias ambientales.

La participación de la Unión Europea en los foros internacionales sobre política forestal, ha estado determinada...

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