Bolivia
| Autor | Joan Prats i Catalá |
| Cargo del Autor | Coordinador. Director del Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya |
| Páginas | 665-752 |
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Agosto 2003: crónica de una coyuntura difícil
Joan Prats (Septiembre de 2003)
Nuestra misión en Bolivia terminó a fines de agosto de 2003. Tuvimos oportunidad de contemplar la agonía inconsciente de un modo de gobernabilidad democrática que ya no era capaz de reconocer ni la realidad ni los desafíos del país. Los desgraciados sucesos de febrero del mismo año habían abierto heridas de larga data que sólo podían cerrarse mediante un proceso de acuerdos para los que nadie -incluida la Iglesia Católica- parecía capaz de generar los espacios. Las mentes más lúcidas sabían que sin pacto volvería a correr la sangre y se empeñaban en crear las condiciones de un amplio pacto social tan necesario como aparentemente imposible.
El gobierno parecía creer que disponía de recursos de poder suficientes para asegurar una "gobernabilidad" de mínimos que le permitiría a trancas y a barrancas completar la exportación del gas. Se confiaba en que la incorporación del NFR al Gobierno, el apoyo de la Embajada y sobre todo un renovado pacto con el Ejército serviría para contrapesar el descrédito y la deslegitimación social profunda en que se había instalado la dirigencia política del país. Ésta se empecinaba en la tesis de que la dura crisis que se vivía era de naturaleza económica y social. Se negaba a reconocer lo que para muchos otros resultaba una evidencia, a saber, que se había agotado el modelo de gobernabilidad democrática vigente desde 1985. Bolivia vivía una profunda crisis política, cuya naturaleza trataremos de ir explicitando, sin cuya superación parecía imposible que el gobierno pudiera enfrentar los graves desafíos económicos y sociales. El desprestigio de los políticos replegados en la megacoalición estaba bajo mínimos. Como decía Carlos Toranzo: parece que todos se han parapetado en el Gobierno y la sociedad entera nos hemos quedado afiera. La brecha así instalada entre gobierno y sociedad planteaba dudas serias sobre la capacidad gubernamental para echar a andar cualesquiera políticas.
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Entretanto la tierra, el cielo y hasta el infierno bolivianos aparecían preñados de conflictos de todo tipo sin que encontraran los cauces institucionales para su elaboración positiva y pactada.-~l mapa del conflicto agrario parecía expandirse por casi todo el país deslizándose hacia una violencia criminal que el Gobierno era incapaz de sujetar al no comprometer políticas productivas en el Altiplano y no poner coto a los desmanes latifundistas en el Oriente. La situación social parecía tocar fondo: la CEPAL advertia que más del 20 por ciento de los bolivianos padecen de desnutrición crónica; que los ingresos de los bolivianos habían caído en una sexta parte en los últimos cuatro años y muy especialmente los de los sectores más pobres; que la desigualdad había aumentado llegando a superar la de Brasil; que el 45,s por ciento de los bolivianos estaban por debajo de la mitad del ingreso promedio nacional; que un tercio de los bolivianos tenían un ingreso anual promedio inferior a los 200 dólares anuales; que según datos del INE desde 1998 la población sin energía eléctrica había aumentado en 800.000 personas, que la que no disponía de agua potable había aumentado en más de un millón, que los hogares sin servicio sanitario habían crecido en un 2,4 por ciento; a la vez que se denunciaban situaciones de cuasi-esclavitud en el Chaco.
Obviamente, las poblaciones indígenas originarias, las mujeres y los niños formaban la tríada más afectada por estas crecientes carencias. Organismos inter-nacionales avisaban del incremento de la vulnerabilidad económica del país y del descenso de su competitividad. Los jubilados se movilizaban para la defensa de sus rentas. La inseguridad ciudadana constituía un tema de creciente inquietud. La corrupción era más denunciada pero parecía no disminuir. La Cumbre Social impulsada por la Asamblea de Derechos Humanos tras una importante movilización en todo el territorio nacional planteaba la Asamblea Constituyente, la reversión de las empresas capitalizadas, ¡a distribución equitativa de las &erras, el referéndum para la exportación del gas y para el ingreso en el ALCA así como la reivindicación de la coca para el consumo tradicional y la industrialización.
El Ministro de la Presidencia, al presentar la estrategia económica del gobierno, declaraba "hace tres meses no veía la luz al final del túnel, ahora la veo". Pero las políticas del Gobierno topaban con muchas resistencias. El hospital de empresas planteado por el gobierno para salvar algunas capacidades industriales en quiebra era visto por muchos analistas como una maniobra más del "capitalismo de camarilla" vigente en el país desde casi siempre. Las reformas impositivas eran recibidas con total desconfianza en un país donde la cultura de la legalidad tributaria había brillado por su ausencia. El gobierno recibía el dudoso espaldarazo de un Jeffry Sachs, crítico del Fondo Monetario Internacional, pero muy cuestionado a la vez en los medios académicos por las políticas recomendadas en su tiempo a Bolivia y a la ex-Unión Soviética. Entretanto los partidos políticos de la coalición parecían no enterarse de la gravedad de la situación: aprisionados en el juego instalado por los "operadores políticos" vuelto ya ineficiente, sus miem-
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bros más lúcidos se confesaban impotentes para enderezar el rumbo: conflictos graves en la institucionalización del MIR, guerra de cuoteos y prebendas, visión patrimonial del Estado y mercantilista de la economía, confusión de la gobernabilidad con la disposición de mayorías congresales, alta fragmentación interna, incapacidad de dialogar con la oposición en sede parlamentaria, fragmentación de la acción del gobierno.. . y falta de apoyo decidido a la lucha contra la corrupción. Desesperanza en sectores democráticos de las clases medias. Perplejidad en la cooperación internacional que no acababa de entender cómo Bolivia, un discípulo aventajado de sus consejos, caía en picado. El Vicepresidente, en su discurso del 6 de agosto, advertia firme y discretamente que no renunciaría a su mandato irrevocable para luchar contra la corrupción, que las bases de convivencia estaban amenazadas y era necesario crear las-condiciones de un gran pacto nacional y que el eje decisivo de futuro tendría que ser la creación de una cultura de la legalidad.
Pocos parecían advertir en qué forma la globalización estaba determinando un nuevo escenario para los conflictos y sus posibles desenlaces. Por un lado está el dato de la integración creciente y subordinada del capitalismo nacional con el transnacional lo que ha determinado una cierta internacionalización de las "camarillas" política y empresarial. La operación del gas era vista por la oposición como un negociado más que traería al gobierno no sólo la posibilidad de algunos negocios para la élite sino la posibilidad de reorganizar la clientelización social a través de los impuestos cobrados. La falta de plena transparencia daba pábulo a este tipo de comentarios. Por otro lado las actividades "informales" vinculadas al contrabando se estaban haciendo más internacionales que nunca. Quedan ya pocas familias bolivianas que no tengan alguno de sus miembros en Buenos Aires, Estados Unidos o Europa, lo que determina no sólo recepción de ingresos sino también de información y disposición de expectativas vía emigración. La clase media tradicional, a través de vínculos familiares y profesionales y de los contactos con la cooperación al desarrollo no deja de considerar nunca el horizonte de la emigración. El acceso a una prensa más libre y plural determinaba el conocimiento de datos tan relevantes como el encarcelamiento de militares argentinos acusados de graves crímenes contra la humanidad en tiempos de la dictadura, lo que no podía dejar de percibirse sino como aviso a navegantes en medios policiales y militares. La vertiente oscura de la globalización internacionaliza los tráficos ilegales lo que según algunos brinda oportunidades a algunos actores sociales y políticos para obtener rentas que mejoran sus recursos de poder, fortalecen su autonomía y disminuyen su vulnerabilidad.
Todos advertian el grave riesgo en que el país se hallaba. Pero faltaban los espacios de encuentro que ayudaran a limitar los conflictos y a procurarles salidas positivas. Es cierto que en países con tanta desigualdad y contradicciones como Bolivia, la producción de las reformas y políticas que requiere el desarrollo com-
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porta una dosis de conflicto que difícilmente puede ser enteramente contenida por los cauces institucionales. Mientras no se reduzcan sensiblemente las desigualdades y contradicciones la política boliviana no podrá ser plenamente institucional, tendrá una dosis importante de lo que Fernando Calderón ha llamado política en las calles. Por ello, aunque fortalecer el Congreso y dignificar el sistema de partidos es una tarea urgente e irrenunciable, el país necesita con la misma urgencia de espacios sociales institucionales en los que pueda construirse la confianza necesaria para que los conflictos inevitables de las calles resulten en conciertos y aprendizajes positivos para todas las partes.
Se había perdido una gran oportunidad. El Congreso boliviano salido de las elecciones de 2002 era el más representativo de la historia republicana del país. Todos los sectores sociales de un país tan fragmentado étnica y territorialmente y tan desigual podían sentirse debidamente representados. Se trataba de una gran victoria del proceso de democratización iniciado en 1982. Pero fue interpretado como una amenaza al status quo político y se intentó reducir y dividir a la oposición sin considerar prácticamente ninguna de sus propuestas y tratando de deslegitimarla, a lo que contribuyó no poco la bisoñez y las limitaciones de la propia oposición. Ni siquiera fue posible el acuerdo en el nombramiento de los altos cargos que como el Defensor del Pueblo, el Tribunal...
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