Reseñas bibliográficas
Autor | Juan Pablo Prado Lallande; Marta Cirujano; Carlos Illán Sailer |
Páginas | 225-234 |
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La primera Cumbre Mundial del siglo XXI, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tuvo como propósito promover la generación y difusión del financiamiento internacional al desarrollo necesario para lograr los grandes objetivos convenidos en las diversas conferencias internacionales celebradas durante la década de los noventa.
Los objetivos de esta última Conferencia Internacional del año 2002, que tuvo lugar en Monterrey, México, del 18 al 22 de marzo de 2002, pueden resumirse en: la erradicación de la pobreza, el crecimiento económico sostenido y la promoción de un sistema económico mundial basado en la equidad (Naciones Unidas, 2002: 2).
La justificación fundamental para realizar esta Conferencia descansa en el hecho de que la pobreza extrema a escala global, lejos de reducirse, continúa aumentado a un ritmo de 25 millones de personas al año según la ONU (Información Pública ONU, 2000: 4).
Por otro lado, los recursos internacionales de carácter público destinados a reforzar las capacidades nacionales de fomento al desarrollo (Asistencia Oficial al Desarrollo -AOD-), debido en buena medida a la fatiga de los donantes por aportar este tipo de ayuda, se han reducido ostensiblemente al pasar en 1992 de 60,8 miles de millones de dólares a 53,7 miles de millones en el año 2000 (OECD-DAC, 2001: 321).
Contrariamente a esta tendencia, las Inversiones Extranjeras Directas (IED) hacia los países en desarrollo se han multiplicado por seis entre 1996 y 1999 (FMI, 2001: 8). De estas últimas cifras se podría suponer a primera vista que las IED establecidas en dichos países, por su carácter expansionista, cubren las citadas reducciones de AOD promoviendo crecimiento económico y desarrollo equitativos en el Sur.
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Sin embargo, tanto la AOD como las IED se caracterizan por su elevada concentración en los países denominados emergentes, lo cual ocasiona que los 49 Países Menos Adelantados apenas reciban el 22% de la AOD y el 0,6% de las IED mundiales (OECD-DAC, 2000: 1 y FMI, 2000: 174).
En este contexto, como resultado de la Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo llevada a cabo en Monterrey, representantes de más de 160 países aprobaron el denominado Consenso de Monterrey, el cual recoge las consideraciones y los compromisos gubernamentales con relación a las necesidades actuales y retos venideros en este tema.
El Consenso de Monterrey parte de la premisa de que corresponde a los Gobiernos nacionales la responsabilidad inicial y fundamental de generar y difundir los flujos nacionales de desarrollo. Por su parte, el Consenso considera erróneamente a los recursos provenientes del comercio internacional y de las IED como eficaces y suficientes fuentes externas complementarias a estos montos locales.
Resulta importante señalar que dicha postura no señala que estos flujos foráneos, que sí producen el mayor impacto directo sobre el crecimiento económico de los países en desarrollo (Le Grand, 2002: 99), no pueden ser considerados mecanismos eficientes de financiación al desarrollo, puesto que atienden exclusivamente a la lógica de mercado, en la que el carácter distributivo y desarrollista no juega un papel importante. Esta circunstancia es más evidente en las economías más pobres del planeta, caracterizadas por su incapacidad para competir en el contexto internacional con otros receptores de dichos capitales en términos de equidad.
Respecto a la AOD, la Conferencia conminó a los donantes que no lo hayan hecho, a aportar el 0,7% de sus PIB´s en AOD. Como respuesta, Estados Unidos comunicó su disposición para aumentar 5.000 millones de dólares en este concepto durante los próximos tres años presupuestales (es decir, pasar del 0,1% al 0,15% de su PIB).
Asimismo, la Unión Europea, en voz del presidente Aznar, ofreció hacer lo propio con 7.000 millones de dólares adicionales para el año 2006 para alcanzar en ese plazo el 0,39% del PIB comunitario (Consejo Europeo, 2000: 3). A pesar de ello, estos montos resultan aún muy distantes de los 50.000 millones que, según el Informe Zedillo, se requieren para financiar los Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2015, ya que en realidad, en caso de cumplirse, apenas cubrirán la reducción de AOD registrada a partir de 1992.
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Resulta desalentador que esta Cumbre no se refiriera al amplio debate sobre la eficacia, contabilidad y pertinencia actual de la AOD, que cuestiona elementos como su selectividad, condicionalidad política y económica, elevadas tasas de retorno, reducidos montos destinados al sector social, etc, debate que ha llevado a que el propio Banco Mundial señale que en realidad debe contabilizarse como AOD entre el 35% y el 42% de sus montos oficiales actuales (Marthens, 2000: 8).
Esta circunstancia ha propiciado que en Monterrey se pierda la oportunidad de debatir sobre la necesidad de renovar este añejo mecanismo de ayuda financiera por un instrumento más eficaz que coadyuve, mediante modalidades acordes a las necesidades actuales, a la promoción solidaria del desarrollo mundial.
Por ello, el Consenso de Monterrey, al no establecer compromisos relevantes sobre fuentes alternativas de financiación al desarrollo y sobre nuevos instrumentos para su gestión, regulación...
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