Autonomía Universitaria

AutorJavier Fuertes (Magistrado)

La autonomía universitaria consiste en el respeto a la libertad académica como la libertad de enseñanza, estudio e investigación; y la protección de estas libertades frente a todos los poderes públicos, de manera que se garantice la libertad de ciencia sea garantizada tanto en su vertiente individual cuanto en la colectiva de la institución (Sentencia del Tribunal Constitucional 55/1989, de 23 de febrero [j 1], F. 2)

Contenido
  • 1 Marco normativo de la Autonomía Universitaria
  • 2 Naturaleza y alcance de la Autonomía Universitaria
  • 3 Contenido esencial de la Autonomía Universitaria
  • 4 Ver también
  • 5 Recursos adicionales
    • 5.1 En doctrina
  • 6 Legislación básica
  • 7 Legislación citada
  • 8 Jurisprudencia citada
Marco normativo de la Autonomía Universitaria

El artículo 27.10 de la Constitución Española (CE) incluye el reconocimiento de la autonomía de las universidades, por su ubicación, entre los derechos fundamentales.

El fundamento de la autonomía universitaria se encuentra en el respeto a la libertad académica, es decir, a la libertad de enseñanza, estudio e investigación como dimensión institucional de la libertad académica que garantiza y completa su dimensión individual, constituida por la libertad de cátedra (véase este extremo en Libertad de cátedra).

Pues bien, la autonomía universitaria, reconocida en el art. 27.10 CE , se configura en la Norma suprema como un derecho fundamental, por su inclusión en la Sección 1ª del Capítulo segundo del Título I , por los términos utilizados en la redacción del precepto, por los antecedentes constituyentes del debate parlamentario que llevaron a esa conceptuación y por su fundamento en la libertad académica, que reconoce y protege el art. 20.1.c) de la Constitución y que la propia LRU proclama. El fundamento último de la autonomía universitaria se halla, en efecto, en el respeto a la libertad académica, es decir, a la libertad de enseñanza, estudio e investigación; y la protección de estas libertades frente a todos los poderes públicos constituye la razón de ser de dicha autonomía, la cual requiere, cualquiera que sea el modelo organizativo que se adopte, que la libertad de ciencia sea garantizada tanto en su vertiente individual cuanto en la colectiva de la institución.

La autonomía universitaria tiene, pues, como justificación -según se declara en la mencionada STC 26/1987 [j 2]- asegurar el respeto a la libertad académica, es decir, a la libertad de enseñanza y de investigación. Más exactamente, la autonomía es la dimensión institucional de la libertad académica que garantiza y completa su dimensión individual, constituida por la libertad de cátedra. Ambas sirven para delimitar ese «espacio de libertad intelectual» sin el cual no es posible «la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura» [ art. 1.2 a) de la LRU ], que constituye la última razón de ser de la Universidad. Esta vinculación entre las dos dimensiones de la libertad académica explica que una y otra aparezcan en la sección de la Constitución consagrada a los derechos fundamentales y libertades públicas, aunque sea en artículos distintos: la libertad de cátedra en el art. 20.1 c) y la autonomía de las Universidades en el artículo 27.10 (Sentencia del Tribunal Constitucional 55/1989, de 23 de febrero [j 3], F. 2).

Configuración que, como indica el propio artículo 27.10 de la Constitución , se produce «en los términos que la ley establezca», lo que significa que el legislador puede regularla (dentro del marco constitucional) en los términos que estime convenientes, respetando en todo caso su contenido esencial.

Ahora bien, la autonomía de la Universidad aparece reconocida en el mencionado precepto constitucional «en los términos que la ley establezca». Ello significa, de una parte, que el legislador puede regularla en la forma que estime más conveniente, si bien siempre dentro del marco de la Constitución y del respeto a su contenido esencial; no puede, así, en virtud de esa amplia remisión contenida en el art. 27.10 CE , rebasar o desconocer la autonomía universitaria introduciendo limitaciones o sometimientos que la conviertan en mera proclamación teórica, sino que ha de respetar «el contenido esencial» que como derecho fundamental preserva el art. 53.1 CE . Pero supone también, por lo que aquí importa, que, una vez delimitado legalmente el ámbito de su autonomía, la Universidad posee, en principio, plena capacidad de decisión en aquellos aspectos que no son objeto de regulación específica en la ley, lo cual no significa -como ha precisado la referida Sentencia- que no existan limitaciones derivadas del ejercicio de otros derechos fundamentales, o de un sistema universitario nacional que exige instancias coordinadoras (Sentencia del Tribunal Constitucional 55/1989, de 23 de febrero [j 4], F. 2).

Configuración que se produce con la Ley de Reforma Universitaria , la cual ha precisado el conjunto de facultades que dotan de contenido al derecho fundamental de autonomía universitaria.

En efecto, atendiendo a la jurisprudencia de este Tribunal -SSTC 26/1987 [j 5], 55/1989 [j 6], 106/1990- [j 7], es patente que si bien la autonomía universitaria se concibe como un derecho de estricta configuración legal, la Universidad -una vez delimitado legalmente el ámbito de su autonomía- posee en principio plena capacidad de decisión en aquellos aspectos que no son objeto de regulación específica en la Ley, y resulta asimismo patente que la concreción de este derecho fundamental se materializó con la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria que, básicamente en su art. 3 , ha precisado el conjunto de facultades que dotan de contenido al derecho fundamental de autonomía universitaria; facultades entre las que se encuentra la potestad de autonormación entendida como la capacidad de la Universidad para dotarse de su propia norma de funcionamiento o, lo que es lo mismo, de un ordenamiento específico y diferenciado, sin perjuicio de las relaciones de coordinación con otros ordenamientos en los que aquél necesariamente ha de integrarse (Sentencia del Tribunal Constitucional 130/1991, de 6 de junio [j 8], F. 3).

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre , de Universidades, dispone, en el artículo 2.1 , que «las Universidades están dotadas de personalidad jurídica y desarrollan sus funciones en régimen de autonomía y de coordinación entre todas ellas».

Y en el apartado segundo de ese mismo artículo 2 establece lo que ha de entenderse por esa autonomía universitaria, al señalar que, en los términos de la presente Ley, la autonomía de las Universidades comprende:

a) La elaboración de sus Estatutos y, en el caso de las Universidades privadas, de sus propias normas de organización y funcionamiento, así como de las demás normas de régimen interno.

b) La elección, designación y remoción de los correspondientes órganos de gobierno y representación.

c) La creación de estructuras específicas que actúen como soporte de la investigación y de la docencia.

d) La elaboración y aprobación de planes de estudio e investigación y de enseñanzas específicas de formación a lo largo de toda la vida.

e) La selección, formación y promoción del personal docente e investigador y de administración y servicios, así como la determinación de las condiciones en que han de desarrollar sus actividades.

f) La admisión, régimen de permanencia y verificación de conocimientos de los estudiantes.

g) La expedición de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y de sus diplomas y títulos propios.

h) La elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la administración de sus bienes.

i) El establecimiento y modificación de sus relaciones de puestos de trabajo.

j) El establecimiento de relaciones con otras entidades para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales.

k) Cualquier otra competencia necesaria para el adecuado cumplimiento de las funciones señaladas en el apartado 2 del artículo 1 .

Naturaleza y alcance de la Autonomía Universitaria

Autonomía universitaria como garantía constitucional de que las Universidades podrán ejercer las funciones que tienes atribuidas sin que se produzcan...

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