Aspectos organizativos institucionales
| Autor | Maria José Azaustre Fernández |
1. Programas de actuación gubernamental
El proceso de concienciación social y el reconocimiento público del grave problema de los malos tratos habituales en el ámbito familiar, ha provocado que el Gobierno también así lo reconozca y prevea planes de actuación para la erradicación de este tipo de violencia.
El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del 7 de marzo de 1997, el III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres que incluye un área dedicada exclusivamente a la Violencia.
En el mes de septiembre de ese mismo año, la Conferencia Sectorial de la Mujer acordó celebrar una Conferencia Sectorial Extraordinaria sobre Violencia, que ha tenido lugar en el mes de noviembre, donde se tomó el acuerdo de elaborar un Plan de Acción sobre la Violencia contra las Mujeres para finales de marzo o primeros de abril de 1998. Mientras tanto, el Consejo de Ministros aprobó unas medidas urgentes contra los malos tratos a mujeres. Así comenzaba el acuerdo por el que se aprobaba el Plan de Acción contra la Violencia Doméstica.
En abril de 1998 se presentó el Plan de Acción del Gobierno para el período 1998-2000, y en febrero del mismo año se aprobó el II Plan de Actuación del Gobierno Andaluz para avanzar en la erradicación de la violencia contra las Mujeres, como instrumento para coordinar y desarrollar, durante 1998 y 1999, las actuaciones y medidas necesarias para eliminar la violencia contra las mujeres.
En el Plan de Acción del Gobierno han participado, según acuerdo que lo aprueba, bajo la coordinación del Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, los Departamentos Ministeriales de Educación y Cultura, Interior, Justicia y Sanidad y Consumo. Las Comunidades Autónomas, a través de sus Organismos de igualdad, han enviado propuestas que han sido analizadas y debatidas en los grupos de trabajo constituidos por las Comunidades Autónomas de Andalucía, Madrid, Castilla y León, País Vasco, Asturias, Murcia, Cataluña y el Instituto de la Mujer.
El Plan de Acción del Gobierno se presentó en la Conferencia Sectorial de la Mujer con un presupuesto estimado de 8.941 millones de pesetas para su ejecución, cuyo destino es llevar a cabo una serie de medidas articuladas en torno a seis bloques:
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Sensibilización y prevención
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Educación y formación
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Recursos sociales
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Sanidad
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Medidas legislativas
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Medidas judiciales
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Investigación
El II Plan Integral contra la Violencia Doméstica se aprobó en la primavera de 2001, conteniendo cuatro principales áreas de actuación:
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Medidas preventivas
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Medidas legislativas y procedimentales
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Medidas asistenciales y de intervención social
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Investigación
Cada una de estas áreas contemplan diversas acciones a realizar que merecerían ser objeto de estudio aparte, pues aunque constituyen un conjunto de buenos objetivos, a veces resultan un tanto inconcretos, otras veces más bien pretenciosos. No obstante, lo fundamental es que no se queden en meras expectativas.
El Plan de Actuación del Gobierno Andaluz se divide en quince medidas desde campañas de rechazo a la violencia contra las mujeres hasta programas de formación para el empleo, con becas/salario, para mujeres de los Centros de Acogida, frente a las veinte medidas que contempla el borrador del II Plan Andaluz contra la Violencia hacia las Mujeres (2001-2004).
La opinión de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, emitida durante el XII Congreso Estatal de Mujeres Abogadas, en cuanto a los planes de acción presentados es la de que el Plan de Actuación andaluz presenta una línea de actuación clara, reflejando una fuerte convicción, faltándole al Plan de Acción estatal anterior una mayor concreción técnica y jurídica.
Por otra parte, se está estudiando un Protocolo de actuación dentro de la Administración de Justicia, con el objetivo de dar prioridad y tratar el tema de los malos tratos de forma específica y acelerada. Aunque ya, en noviembre de 1998, se ha aprobado el Procedimiento de Coordinación entre las Consejerías de la Presidencia, de Gobernación y Justicia, de Salud y de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, la Delegación del Gobierno en Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, para la atención a las mujeres víctimas de malos tratos y agresiones sexuales.
Este Protocolo de Actuación da cumplimiento a la medida nº 7 del Plan de Actuación del Gobierno Andaluz, que preveía la elaboración de un Procedimiento de Coordinación de los ámbitos judicial, policial, sanitario, social y de los servicios de información a la mujer, implicados en la atención a las mujeres que sufren violencia, también comprende el desarrollo de directrices que facilitarán la intervención profesional.
El Procedimiento de Coordinación está constituido por una serie de pautas de conducta a seguir por las diferentes instancias, instrucciones para la asistencia sanitaria, atención policial y social, y recomendaciones en el ámbito judicial.
Las recomendaciones en el ámbito judicial son las elementales, pero no las suficientes. Son mínimas pautas que realizan una llamada de atención sobre un procedimiento judicial a seguir que en nada dista del que debería seguirse con cualquier tipo de víctima, en orden a la eficacia de las actuaciones. No obstante, aun siendo pobre, huelga decir que en lo relativo a los malos tratos la reiteración, la constante llamada a un cumplimiento riguroso del procedimiento, nunca es insuficiente, porque esta actuación puede ir provocando que los operadores jurídicos se conciencien de un problema y busquen soluciones a partir de los primeros parámetros estipulados.
Las distintas instancias que suscribieron el Procedimiento de Coordinación se comprometieron:
— A actuar de forma inmediata, en cumplimiento de los compromisos que asumen, intercambiando información o prestando colaboración en el momento que sea requerida por cualquiera de las demás instancias.
— A garantizar una formación continua y permanente al personal que interviene en la atención a las mujeres víctimas de violencia.
— A realizar informes semestrales, que se facilitarán al resto de las Instituciones, que reflejen los datos en relación con el número de mujeres atendidas, las actuaciones realizadas y derivaciones efectuadas, a fin de poder realizar una valoración y seguimiento del presente Procedimiento de Coordinación.
— A constituir Comisiones de Seguimiento en el ámbito autonómico, provincial y local.
— A garantizar los Derechos de las Mujeres.
Este compromiso indica un especial interés por un problema que concierne, por fin, a la sociedad.
Sin embargo, los resultados obtenidos divergen de algunos de los buenos propósitos planteados. Así ocurre, por ejemplo, con el programa de formación y sensibilización dirigido a operadores jurídicos, en cuanto el nivel de asistencia es muy bajo, al no ser cursos obligatorios, y además de dudoso alcance. El contenido de estos cursos no revelan un estudio demasiado exhaustivo, pormenorizado o detallado, simplemente deja entrever la existencia de una problemática jurídica y social, complicada incluso a nivel de coordinación, infraestructura y procedimiento, lo cual es obvio para todos los operadores jurídicos implicados al vivirlo esto cotidianamente.
No obstante, algunas Jornadas de formación resultan más productivas que otras, en la medida en que se imparten por expertos en la materia, y no por fiscales, jueces o médicos forenses elegidos entre ellos mismos que únicamente describen el día a día que viven todos los asistentes.
El planteamiento serio de la problemática conlleva establecer unas conclusiones y un programa de actuación eficaz. Entre septiembre y diciembre de 1998 se llevaron a cabo unas Jornadas de Formación para Operadores Jurídicos en Andalucía, siendo fruto de ellas el establecimiento de unas conclusiones generales430, entre las que se pueden señalar:
a) La observancia de una importante «cifra negra» de agresiones intrafamiliares.
b) Carencia de datos fiables estadísticos, proponiéndose para subsanarla medidas, como la implantación de un sistema informático en los juzgados decanos e instalación de un programa de registro en los juzgados de guardia; así como, una modificación de las normas de reparto, para configurar el concepto de la «habitualidad» adecuadamente. Lo que resulta ser muy parecido a la opción de crear juzgados especializados en malos tratos, que más adelante se describirán. También el seguimiento completo de las causas iniciadas por la Fiscalía, e incluso la creación de una fiscalía especial, se ha implantado como opción, aunque ante ella no ha existido una opinión unánime, por considerar algunos, que ésta podría ser contraproducente al objeto de obtener un tratamiento integrado de los delitos y faltas por malos tratos en el sistema judicial.
c) Una actuación e inmediación del juez inmediatas y medidas protectoras eficaces.
d) Entrenamiento y aprendizaje específico de los profesionales que tengan contacto directo con la mujer maltratada.
e) Asistencia letrada en los juicios de falta por malos tratos.
f) Implantación del sistema de juicios rápidos. Medida que en los Juzgados de la provincia sería muy difícil de llevar a cabo por carencias infraestructurales y organizativas.
g) Constitución expresa de los Juzgados de Familia en la Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Demarcación y Planta Judicial, en la que se defina su especialización, su ámbito territorial provincial y se amplie su actuación a competencias penales en los delitos y faltas conexos con el derecho de familia, dotándolos de equipos de apoyo técnico.
h) Creación de los Institutos de Medicina Legal, integrando a otras profesiones, como Psicología, Trabajo Social, etc, para la realización de informes periciales de los que pueda deducirse la habitualidad del maltrato por sus resultados.
Estas entre otras son conclusiones publicadas como punto de partida de nuevas actuaciones judiciales y organizativas en torno a los...
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