STS 520/2003, 22 de Mayo de 2003

Ante el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Barcelona, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de HOGOOVENS ALUMINIUM S.A., contra COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A., sobre reclamación de cantidad.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho: "...dicte sentencia por la que estimando la demanda condene al demandado a:

-. Satisfacer a mi principal la suma de 38.267.914 pesetas por los conceptos expresados en el cuerpo de este escrito.

-. Reconocer el derecho de mi principal a recibir, a partir del día 14 de Marzo de 1995, la cantidad de 17.662.114 pesetas más los intereses de dicha suma al tipo del 20% anual desde la expresada fecha hasta su satisfacción.

Condenando a la Compañía demandada a estar y pasar por estas declaraciones y al pago de las costas del juicio".

Admitida a trámite la demanda, la compañía demandada contestó alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimó oportunos y terminó suplicando al Juzgado: "...dicte sentencia desestimando aquélla en todas sus partes, de la que absuelva por ello a la demandada, con expresa imposición de costas a la actora".

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 8 de Noviembre de 1995, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando en parte la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales Don Jorge Martorell Puig en nombre y representación de HOGOOVENS ALUMINIUM ESPAÑA S.A. debo condenar y condeno a la demandada COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. a pagar a la actora la cantidad de TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTAS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTAS VEINTINUEVE PESETAS, los intereses desde la interposición de la solicitud de diligencias preliminares, sin hacer declaración especial en cuanto a costas".

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y, sustanciado éste, la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección décimocuarta, dictó sentencia con fecha 14 de Julio de 1997, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN, contra la sentencia dictada en fecha 8 de Noviembre de 1995, por el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Barcelona, en los autos de los que el presente rollo dimana, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la misma, con imposición a la apelante de las costas de esta alzada".

La Procuradora Doña María Luisa Montero Correal, en representación de COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A., formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos:

Motivo primero. Al amparo del número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia la infracción del artículo 1124 del Código Civil y jurisprudencia aplicable sobre la denominada excepción "non rite adimpleti contractus", en relación con los artículos 11 de la Ley de Contrato de Seguro y 11 de las condiciones generales de la Póliza que regulan la obligación del asegurado de declarar las circunstancias que agravan el riesgo.

Motivo segundo. Al amparo del número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia la infracción del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Contrato de Seguro que regula los efectos legales de la falta de declaración de las circunstancias que agravan el riesgo.

Motivo tercero. Al amparo del número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia la infracción de los artículos 1 y 69 de la Ley de Contrato de Seguro, reguladores del Seguro de Crédito, por lo que se refiere a la inexistencia de insolvencia definitiva del deudor y la falta de determinación cuantitativa de la perdida final objeto de cobertura.

Motivo cuarto. Al amparo del número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia, con carácter subsidiario, la infracción del artículo 1124 del Código Civil y jurisprudencia aplicable sobre la denominada excepción "non rite adimpleti contractus" aplicable a la facturación por importe de 27.419.968 pesetas realizada por el asegurado con posterioridad al conocimiento del primer impagado, no comunicado preceptivamente al seguro.

Motivo quinto. Con igual carácter subsidiario, al amparo del número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia la infracción de los artículos 1225 y 1218 del Código Civil que determinan y tasan el valor probatorio de la prueba documental, dado que la Audiencia no ha tenido en cuenta el documento 19 de la demanda ni el documento 7 de la contestación, donde consta reconocida por el asegurado una cifra máxima de riesgo de 35.000.000 de pesetas.

Motivo sexto. Con carácter subsidiario respecto del motivo anterior, al amparo del número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia la infracción de la doctrina jurisprudencial de los actos propios, aplicable al caso para la determinación de la responsabilidad máxima del asegurador ascendente a 26.250.000 pesetas según propia declaración y reconocimiento del asegurado, con anterioridad al proceso.

Admitido el recurso de casación formulado y evacuando el traslado conferido, el Procurador Don Enrique Sorribes Torra, en representación de HOGOOVENS ALUMINIUM ESPAÑA S.A., presentó escrito de impugnación al recurso mencionado y terminaba suplicando a esta Sala: "...dicte sentencia por la que declare no haber lugar al recurso y confirme la sentencia recurrida".

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 16 de Mayo de 2003, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. CLEMENTE AUGER LIÑÁN

HOGOOVENS ALUMINIUM ESPAÑA S.A. contrató con la COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A., el día 27 de Junio de 1992, póliza de seguros de créditos comerciales. El primer impago a la asegurada por parte de la empresa SERS S.A. se produjo el día 5 de Junio de 1993 por importe de 18.275.973 pesetas y fue prorrogado por la asegurada hasta el día 5 de Agosto de 1993. El aplazamiento y el impago fueron comunicados a la aseguradora el día 10 de Septiembre de 1993.

La asegurada ha formulado reclamación de cantidad contra la aseguradora por importe de 38.267.914 pesetas, en virtud de los impagados vencidos a cargo de SERS S.A. y para obtener el reconocimiento de su derecho a recibir a partir del día 14 de Marzo de 1995 la cantidad de 17.662.114 pesetas, más los intereses de dicha suma al tipo del 20% anual desde la expresada fecha hasta su satisfacción.

En sentencia dictada en primera instancia se estimó en parte la referida demanda por lo que se condenó a la Compañía de Seguros al pago de 35.324.229 pesetas, con los intereses desde la interposición de solicitud de diligencias preliminares.

Contra esta sentencia formuló recurso de apelación únicamente la demandada y por la Audiencia Provincial de Barcelona se desestimó íntegramente el recurso con confirmación de la sentencia apelada.

Contra esta última sentencia ha formulado recurso de casación la demandada, mediante seis motivos articulados al amparo del artículo 1692, 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El primer motivo denuncia infracción del artículo 1124 del Código Civil y jurisprudencia aplicable sobre la denominada excepción "non rite adimpleti contractus", en relación con los artículos 11 de la Ley de Contrato de Seguro y 11 de las Condiciones Generales de la Póliza que regulan la obligación del asegurado de declarar las circunstancias que agravan el riesgo.

El motivo se esgrime en base a la alegación de que los preceptos citados imponen al asegurado la obligación inexcusable de notificar los impagados del crédito al asegurador, tan pronto como le sea posible, o a lo sumo, antes de transcurridos treinta días desde el conocimiento del impago. Mantiene la recurrente que la sentencia impugnada desconoce esta obligación en cuanto que afirma que el impago no fue circunstancia que agravara el riesgo, en los términos del artículo 11, sino precisamente el riesgo cubierto.

Frente al sistema del deber precontractual de declaración de riesgo previsto en el artículo 10, el artículo 11 al regular el deber del tomador o el asegurado, una vez concluido el contrato, de comunicar al asegurador todas las circunstancias que agraven el riesgo, parece, a primera vista, dejar una cierta discrecionalidad al tomador del seguro y al asegurado para apreciar las circunstancias que si se hubieran conocido por el asegurador, en el momento de la perfección del contrato, no lo habría celebrado o lo habría concluido en condiciones más gravosas. Sin embargo, esa aparente discrecionalidad no existe si se efectúa una interpretación adecuada de este artículo, en cuanto que el deber de declaración del agravamiento del riesgo ha de referirse a aquéllos aspectos que el propio asegurador, que conoce la técnica de la explotación del seguro, considera relevantes a la hora de valorar el riesgo, por lo que habrán de tenerse en cuenta las circunstancias que alteren o hagan perder su sentido a aquéllos hechos a los que se refería el cuestionario elaborado por el asegurador. Porque adviértase que el artículo 11 impone al tomador del seguro y al asegurado el deber de juzgar la conducta que hubiera seguido el asegurador en un momento anterior, que no es otro que el de la conclusión del contrato.

El artículo 11, a la hora de delimitar el deber del tomador del seguro o del asegurado de comunicar la agravación del riesgo, exige además que las circunstancias que agraven el riesgo sean de tal naturaleza que, de haber sido conocidas por el asegurador, lo habrían concluido en condiciones más gravosas. Lo que no nos dice es para quien debían ser más gravosas. Porque si las condiciones hubieran sido más gravosas para el asegurado, está claro que la comunicación del riesgo debe tener un caracter irrelevante. De esto se deduce que las circunstancias que deben comunicarse al asegurador, delimitadas en la forma que anteriormente se ha dicho, han de ser nuevas respecto al momento de la perfección del contrato y, además, relevantes. Si el hecho no incide en la probabilidad de que se produzca el siniestro o en las consecuencias dañosas que se derivan de éste, no existe deber de comunicación.

Al tener en cuenta lo expuesto se deduce que la sentencia recurrida acierta al sostener que el impago de los créditos no es una circunstancia que agrava el riesgo, sino que es el riesgo mismo asegurado como lo expone el artículo 2º de la Póliza: "la garantía del seguro, referida en todo caso a operaciones en firme realizadas durante la vigencia de la póliza, nace a partir de la fecha de la entrega de la mercancía, instalación o prestación de servicios y alcanza al importe de los conceptos incluídos en la factura inicial y notificados a la compañía". Es decir, las comunicaciones de impago no agravan el riesgo cubierto, sino que constituyen el mismo.

Y no se da incumplimiento de las obligaciones a cargo del asegurado, que le impidirian ejercitar la acción del artículo 1124 del Código Civil, para exigir el cumplimiento de la obligación recíproca de la aseguradora, toda vez que la sentencia recurrida también con acierto tiene en cuenta, como no podia ser de otro modo, a los efectos de determinar el momento de comunicación del riesgo ya producido, la prevención contenida en el artículo 13 de la póliza, sobre aviso de insolvencia provisional: "cuando un crédito, total o parcialmente cubierto por el seguro, no sea cancelado a su vencimiento, inicial o prorrogado, el asegurado lo comunicará a la compañía dentro del plazo máximo de ciento veinte días siguientes a tal vencimiento, mediante el correspondiente aviso de insolvencia provisional, siempre que no haya conseguido regularizarlo en este plazo, acompañado de los documentos acreditativos de la deuda". El primer impago se produjo, como se ha expresado, el día 5 de Junio de 1993 y fue prorrogado por la actora hasta el día 5 de Agosto de 1993 y el aplazamiento y el impago fueron comunicados el día 10 de Septiembre de 1993, por tanto, antes de vencer el plazo computado a partir del día 5 de Agosto de 1993, como racionalmente ha interpretado la sentencia recurrida.

Por todo lo expuesto el motivo tiene que ser desechado.

El segundo motivo denuncia infracción del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Contrato de Seguro que regula los efectos legales de la falta de declaración de las circunstancias que agravan el riesgo.

El párrafo primero del artículo 12 parte del supuesto de que "la agravación le ha sido declarada" al asegurador, teniendo éste la facultad de proponer la modificación del contrato; el párrafo segundo del mismo artículo se refiere a la facultad del asegurador de denunciar el contrato a partir del día que tuvo conocimiento de la agravación. Para que se produzca esta consecuencia es preciso que exista mala fe por parte del tomador del seguro o del asegurado, sino que, además, ha de darse un verdadero incumplimiento del deber de comunicación (cuestión ya resuelta en la desestimación del anterior motivo). Porque si se dan las circunstancias indicadas de actuación de mala fe al omitir el deber de declaración de la agravación del riesgo y el asegurador no ha ejercitado alguna de las facultades a las que tiene derecho en los plazos previstos por la Ley, ha de entenderse que ha considerado tales hechos como irrelevantes, quedando el contrato en pleno vigor.

En el caso de autos, al margen de que no se haya producido incumplimiento alguno por parte del asegurado, que ha determinado la desestimación del primer motivo, no puede apreciarse mala fe, si se observa que los vencimientos impagados sucesivos al primero obedecen a pedidos y entregas realizadas antes de que los primeros vencimientos fueren exigibles.

El motivo, tiene que decaer.

El tercer motivo denuncia la infracción de los artículos 1 y 69 de la Ley de Contrato de Seguro, reguladores del seguro de crédito, por lo que se refiere a la inexistencia de insolvencia definitiva del deudor y la falta de determinación cuantitativa de la pérdida objeto de la cobertura.

El motivo no puede ser admitido, pues la alegación de la recurrente sobre falta de acreditamiento de la insolvencia definitiva de la empresa deudora de la asegurada, no ha sido planteada en la contestación a la demanda, que no invoca los artículos 69 y 70 de la Ley de Contrato de Seguro, por lo que constituye una cuestión nueva inaccesible a su tratamiento en casación, sin perjuicio de hallarse en contradición sobre alusiones a esa insolvencia definitiva reconocida precisamente por la aseguradora.

El cuarto motivo denuncia infracción del artículo 1124 del Código Civil y jurisprudencia aplicable sobre la denominada excepción "non rite adimpleti contractus", aplicable a la facturación por importe de 27.419.968 pesetas realizada por el asegurado con posterioridad al conocimiento del primer impagado, no comunicado preceptivamente al seguro, según mantiene la recurrente.

En relación al precepto que se pretende infringido se sabe de forma general e indubitada que la rebeldía exigida del incumplidor ha de tratarse de propio y verdadero incumplimiento, referente a la esencia de lo pactado, sin que baste aducir el incumplimiento de prestaciones accesorias o complementarias que no impidan,por su escasa entidad, que el acreedor obtenga el fin económico del contrato (Sentencia de 4 de Octubre de 1983). El incumplimiento ha de ser de tal entidad que impida el fin normal del contrato, frustrando las legítimas expectativas de la parte (Sentencias de 11 de Octubre de 1982 y 7 de Marzo de 1983). No lo constituye el simple retraso (Sentencias de 23 de Enero y 10 de Junio de 1996). La voluntad rebelde que se ha exigido en el incumplidor puede revelarse por su prolongada inactividad o pasividad frente a la voluntad de cumplimiento de la otra parte (Sentencias de 10 de Marzo de 1983 y 4 de Marzo de 1986).

El fundamento de la oposición a la demanda contenido en la contestación fue articulado por la recurrente a la pretendida notificación de la actora fuera de plazo, por lo que estariamos otra vez, ante una cuestión nueva inaccesible al control casacional.

Y se hace la invocación de la doctrina jurisdiccional al respecto, sin perjuicio de que no se ha producido resolución alguna del contrato por acción ejercitada por la aseguradora, ni incumplimiento de la asegurada, conforme se ha estudiado y resuelto en relación al motivo primero de este recurso.

Por todo lo expuesto, el motivo tiene que ser desestimado.

El quinto motivo denuncia, con carácter subsidiario, la infracción de los artículos 1225 y 1218 del Código Civil que determinan y tasan el valor probatorio de la prueba documental, dado que, según la recurrente, la sentencia impugnada no ha tenido en cuenta el documento 19 de la demanda ni el documento 7 de la contestación, donde consta reconocida por el asegurado una cifra máxima de riesgo de 35.000.000 de pesetas.

El sexto motivo denuncia, con carácter subsidiario respecto al motivo anterior, la infracción de la doctrina jurisprudencial de los actos propios, aplicable al caso para la determinación de la responsabilidad máxima del asegurador ascendente, según la recurrente, a 26.250.000 pesetas, según propia declaración y reconocimiento del asegurado, con anterioridad al proceso.

La interpretación pretendida por la recurrente del penúltimo párrafo del documento aludido, no puede en ningún modo ser atendida, pues en el mismo y en toda la comunicación de la carta y de otros documentos, se está en presencia de discusión entre las partes sobre la obligación de pago de la demandada, que ésta niega en su totalidad, y, el importe de ese pago, sin que en ningún momento la actora deje sin efecto o desconozca la póliza originadora de tal obligación.

Pues bien, en la póliza se establece como indemnización máxima anual veinticinco veces las primas devengadas en cada anualidad, y ésta es por importe de 3.200.000 pesetas con lo que la indemnización máxima alcanza la cifra de 80.000.000 de pesetas; y dentro de ese límite máximo la interpretación racional de la sentencia impugnada de que la póliza cubre el 75% del riesgo, es decir, de los impagados, es la que ha de prevalecer, frente a la interpretación interesada y unilateral de la recurrente.

La regla general según la cual no puede venirse contra los propios actos, negando efecto jurídico a la conducta contraria, se asienta en la buena fe o, dicho de otra manera, en la protección a la confianza que el acto o conducta suscita objetivamente en otra u en otras. El centro de gravedad de la regla no reside en la voluntad de su autor, sino en la confianza generada en terceros, ni se trata de ver una manifestación del valor de una declaración de voluntad negocial manifestada por hechos o actos concluyentes. No es la regla una derivación de la doctrina del negocio jurídico, sino que tiene una sustantividad propia, asentada en el principio de buena fe.

La conducta previa contra la que no se puede ir posteriormente ha de tener ciertos carácteres. La jurisprudencia había ya recogido la necesidad de la relevancia jurídica de la conducta, afirmando que los actos deben ser reveladores de alguna manera del designio de decidir la situación jurídica de su autor, y en cuanto a la significación jurídica del acto anterior es menester que ésta pueda ser valorada objetivamente como índice de una actitud adoptada respecto a la situación jurídica en la cual ha sido realizada.

Es evidente que la alusión de la recurrente a la discusión contenida en el documento que menciona no reune ninguna de las condiciones expuestas para poder pensar en aplicación de la doctrina de los actos propios en contra de la pretensión de la actora.

Los actos propios, para vincular a su autor, han de ser inequívocos y definitivos, en el sentido de crear, establecer y fijar una determinada situación jurídica, causando estado (Sentencias de 30 de Septiembre de 1996 y 31 de Enero de 1995).

Por todo lo expuesto, los motivos decaen.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede la imposición del pago de costas de este recurso a la sociedad recurrente, con pérdida del depósito constituído.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español