Artículo 490

AutorSergio Amadeo Gadea
Páginas663-667

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1. El que allanare con violencia o intimidación la morada de cualquiera de las personas mencionadas en los artículos anteriores será castigado con la pena de prisión de tres a seis años. Si no hubiere violencia o intimidación la pena será de dos a cuatro años.

  1. Con la pena de prisión de tres a seis años será castigado el que amenazare gravemente a cualquiera de las personas mencionadas en el apartado anterior, y con la pena de prisión de uno a tres años si la amenaza fuera leve.

  2. El que calumniare o injuriare al Rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe heredero de la Corona, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son.

La protección que se otorga a la Constitución en nuestro Código Penal, se encuadra en el Título XXI del Libro II de dicho Código, articulando en su Capítulo II los delitos contra la Corona, como institución constitucional a la que se confiere un tratamiento exclusivo distinto del que protege a las demás Instituciones del Estado y al sistema de división de poderes, obedeciendo tal diferencia a la distinta relevancia que en el sistema constitucionalmente establecido tienen unos y otros. Es por ello, por lo que al tratar la actividad o actos contra el honor de los integrantes de la Corona, se produce una distinción en primer lugar, entre si los actos se realizan contra su persona en el ejercicio de sus funciones (art. 490 CP), o no ejerciendo sus funciones (art. 491 CP), estableciendo un plus de protección, que no solo alcanza a las actividades que los integrantes de la Institución realicen en el ejercicio de sus funciones, sino también a las que no tienen tal condición, considerándose por el Legislador pues, preciso para obtener tan relevante protección, cerrar el círculo de conductas tipificadas penalmente. Esa es la diferencia que aparece entre el contenido de los arts. 490.3 y 491.1 del citado Código, atendiendo a que el miembro de la Corona, este o no en el ejercicio de sus funciones, tipificando ambas. En tal sentido, cabe señalar la relevante STS de 31 de octubre de 2005: "ElTribunal Constitucional nos recuerda, entre otras, en sentencia núm. 39/2005, de 28 de febrero, que si bien la legislación penal otorga una amplia protección a la buena fama y al honor de las personas y a la dignidad de las instituciones mediante la tipificación de los delitos de injuria y calumnia, este Tribunal ha declarado reiteradamente que el reconocimiento constitucional de las libertades de expresión y de información ha modificado profundamente la forma de afrontar el enjuiciamiento de los delitos contra el honor en aquellos supuestos en los que la conducta a considerar haya sido realizada en ejercicio de dichas libertades, pues la dimensión constitucional del conflicto hace insuficiente el criterio subjetivo del animus iniuriandi tradicionalmente utilizado por la jurisprudencia penal para el enjuiciamiento de este tipo de delitos que ahora, con arreglo a la doctrina de este Tribunal, no basta por sí solo para fundar una condena penal por un delito de injurias (SSTC núm. 104/1986, de 17 de julio; núm. 107/1988, de 25 de junio ; núm. 105/1990, de 6 de junio; núm. 320/1994, de 28 de diciembre; núm. 42/1995, de 18 de marzo; núm. 19/1996, de 12 de febrero; núm. 232/1998, de 30 de diciembre y núm. 297/2000). Ello entraña la necesidad de que el enjuiciamiento se traslade a un distinto plano, en el que el Juez penal debe examinar, en aquellos casos en los que se haya alegado el ejercicio legítimo de las libertades del art. 20.1 a) y d) CE, si los hechos no han de encuadrarse, en rigor, dentro de ese alegado ejercicio de los derechos fundamentales protegidos en el citado precepto constitucional, ya que, de llegar a esa conclusión, la acción penal no podría prosperar puesto que las libertades del art. 20.1 a) y d) CE operarían como causas excluyentes de la antijuridicidad de esa conducta (STC núm. 104/1986, reiterada en las SSTC núm. 105/1990, de 6 de junio; núm. 85/1992 , de 8 de junio; núm. 136/1994, de 9 de mayo; núm. 297/1994, de 14 de noviembre; núm. 320/1994, de 28 de diciembre; núm. 42/1995, de 18 de marzo; núm. 19/1996, de 12 de febrero y núm. 232/1998, de 30 de diciembre). Es obvio que los hechos probados no pueden ser a un mismo tiempo valorados como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de un delito (SSTC núm. 2/2001, de 15 de enero y núm. 185/2003, de 27 de octubre). Esta Sala del Tribunal Supremo igualmente se ha pronunciados sobre los límites al derecho a la libertad de expresión y en la sentencia de 26 de abril de 1991, que apreció la existencia de un delito de injurias a SM el Rey, se dice que el derecho a la libertad de expresión no alcanza a justificar intervenciones en el derecho al honor que afectan al núcleo último de la dignidad de las personas, que el ordenamiento jurídico sustrae a toda injerencia de parte de terceros. La singular significación de este ámbito de la personalidad determina que su afectación resulte en todo caso innecesaria, pues siempre será posible verter las opiniones

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más hirientes sin afectar el aspecto del honor que coincide íntegramente con el núcleo intangible de la dignidad de la persona. Consecuentemente, cuando la expresión del menosprecio se extiende a este núcleo último y más estrecho de la persona en cuanto tal, el ejercicio del derecho fundamental de la libertad de expresión resulta claramente contrario al principio de proporcionalidad y, por lo tanto, también innecesario, dado que el ejercicio de este derecho, como todos, está no sólo sometido al límite, más o menos flexible, que expresamente contiene el art. 20 CE , sino también, al respeto de los fundamentos del orden político y de la paz social que establece el art. 10.1 CE . Y en la STS núm. 192/2001, de 14 de febrero, se dice que es doctrina reiterada la de que: el ejercicio de la libertad de expresión -también el derecho a la información- no puede justificar sin más el empleo de expresiones o apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios que exceden del derecho de crítica y son claramente atentatorios para la honorabilidad de aquél cuyo comportamiento o manifestaciones se critican, incluso si se trata de persona con relevancia pública, pues la Constitución no reconoce el derecho al insulto. El elemento subjetivo exigible en los delitos contra el honor, como todos los componentes anímicos que mueven la voluntad de una persona, no puede ser establecido de una manera directa sino que habrá que deducirlo del contenido, ocasión y circunstancias de las expresiones proferidas o acciones ejecutadas. En la STC núm. 39/2005, de 28 de febrero, se dice que el valor especial que la Constitución otorga a las libertades de expresión e información no puede configurarse como absoluto, puesto que, si viene reconocido como garantía de la opinión pública, solamente puede legitimar las intromisiones en otros derechos fundamentales que guarden congruencia con esa...

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