Artículo 392

AutorSergio Amadeo Gadea
Páginas603-607

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1. El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

  1. Las mismas penas se impondrán al que, sin haber intervenido en la falsificación, traficare de cualquier modo con un documento de identidad falso. Se impondrá la pena de prisión de seis

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meses a un año y multa de tres a seis meses al que hiciere uso, a sabiendas, de un documento de identidad falso.

Esta disposición es aplicable aun cuando el documento de identidad falso aparezca como perteneciente a otro Estado de la Unión Europea o a un tercer Estado o haya sido falsificado o adquirido en otro Estado de la Unión Europea o en un tercer Estado si es utilizado o se trafica con el en España.

Son requisitos precisos para definir y caracterizar la falsedad documental: 1) El elemento objetivo o material, propio de toda falsedad de mutación u ocultación de la verdad por alguno de los procedimientos o formas enumerados en el art. 390 CP. 2 ) Que la "mutatio veritatis" recaiga sobre elementos esenciales del documento y tenga entidad suficiente para afectar los normales efectos de las relaciones jurídicas, con lo que se excluyen de la consideración de delito los mutamientos de verdad inocuos o intranscendentes para la finalidad del documento. 3) El elemento subjetivo o dolo falsario, consistente en la concurrencia del agente de la conciencia y voluntad de transmutar la realidad (cfr. SSTS de 25 de marzo de 1999,20 de abril de 1997 y 17 de noviembre de 1995. Por todas, SAP SANTA CRUZ DE TENERIFE, sección 2a, núm. 537/2008, de 4 de julio). La jurisprudencia ha estimado que una alteración de la verdad tan aparente y grosera que resulte fácilmente detectable, no tiene capacidad de incidir negativamente en el tráfico jurídico, lo que excluiría el delito ante la ausencia de riesgo alguno para el bien jurídico protegido. Como señala la STS de 5 de junio de 1987, es sabido que las imitaciones de la realidad, de naturaleza informe, burda o grosera, incapaces de inducir a engaño aun al menos perspicaz, avisado y clarividente, no constituyen verdaderas falsificaciones con trascendencia penal, puesto que es preciso que, la superchería o la mendacidad, revistan ciertas apariencias de veracidad, aunque sea posible percibir el infundio cuando sean personas peritas y expertas las que examinan los referidos documentos descubriendo su falacia. También la STS de 11 de febrero de 2000 precisa que la alteración es tan tosca que a simple vista es perceptible, pues tanto en uno como en otro caso las alteraciones carecen de la entidad suficiente para incidir negativamente sobre el tráfico jurídico, y es evidente que si el documento en cuestión no proyecta ningún riesgo, ningún bien jurídico, tampoco puede gozar de la protección del ordenamiento penal (SSTS de 5 de diciembre de 1995, 10 de julio de 1996 y 17 de julio de 1996) (SAP MADRID, sección 7a, núm. 492/2014, de 25 de julio).

El art. 392.1 CP circunscribe la relevancia penal de la falsedad cometida por particular a los tres primeros números del art. 390.1 CP, desechando, por tanto, la llamada falsedad ideológica (faltar a la verdad en la narración de los hechos). De este modo, para el caso de que la posición de sujeto activo de la falsedad la ocupe un particular sólo son punibles el grupo de falsedades contempladas en los tres primeros números del precepto. La despenalización de la llamada falsedad ideológica en relación con este ámbito de sujetos activos, tiene su razón de ser en la ausencia de obligación del particular de decir verdad, circunstancia a la que sí vendría constreñido un funcionario en el ejercicio de su cargo, en tanto estaría en juego la fe pública por referencia a ciertos documentos. El legislador no ha seguido la opción, desarrollada por la doctrina científica, o al menos no estrictamente, de acuerdo con la cual se distingue entre dos tipos de falsedades: la material, en los supuestos en que se altere o simule un documento; y la ideológica, ceñida a los supuestos de mera alteración de la veracidad de la declaración que contiene el documento, sin que conlleve ningún tipo de alteración o simulación adicional. El legislador sin hacer referencia a los anteriores conceptos, discrimina en 4 números las diferentes conductas falsarias. La diferenciación entre falsedad ideológica y falsedad material, tiene su origen en la propia concepción de documento, así como en las funciones que él mismo está llamado a desempeñar en el tráfico jurídico; funciones tradicionalmente fijadas en tres: función de perpetuación, de garantía y probatoria. Teniendo como elemento básico del documento la incorporación de una declaración de pensamiento, el soporte que la contenga, si se quiere discriminar de la mera emisión oral de la declaración de pensamiento, debe permitir su permanencia en el tiempo, función de perpetuidad, la identificación del autor de la misma, función de garantía, así como que pueda desarrollar efectos probatorios en el tráfico jurídico, función probatoria. A la vista de esta clasificación funcional tripartita, se vienen reconduciendo las diferentes modalidades típicas recogidas en el art. 390 CP a la afectación de alguna de las funciones básicas que está llamado a desempeñar el documento. La doctrina científica en un intento de traslado de la clasificación mencionada al tenor de la norma, considera que las dos primeras conductas, esto es, alteración de un documento en alguno de sus elementos de carácter esencial (art. 390.1.1 CP) y su simulación en todo o en parte, de forma que induzca a error sobre su autenticidad, constituyen claros ejemplos de la llamada falsedad material, por cuanto afectarían a la llamada función de perpetuación del documento, en el primer caso, o a la función de garantía, en el segundo. En una posición intermedia se situaría el número tercero, suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que ha intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho, con capacidad para incidir, en principio, como se desarrollará más abajo, tanto en la función probatoria del documento, como en la de garantía. Finalmente, el núm. 4, recogería fielmente la llamada falsedad ideológica, faltando a la verdad en la narración de los hechos, que vulneraría la llamada función probatoria del documento. De este modo, la primera de las conductas, alterar un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial, vendría a afectar básicamente a la función de perpetuación del documento, en tanto supondría la modificación de uno ya existente, impidiendo el mantenimiento en el tiempo de su tenor original. Dicha conducta podría verificarse mediante la supresión de algún pasaje del documento, añadiendo alguna palabra, frase o dato, o bien sustituyendo algún elemento del documento por otro diferente, de modo que el soporte mute su forma originaria. Resulta consustancial a un soporte documental, que el mismo dé cuenta y vincule a la declaración

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de pensamiento que incorpora con el autor del mismo. De este modo, el documento debe dar cuenta de la paternidad de la declaración de voluntad, asegurando la autenticidad de la misma. Por ello el número segundo del art. 390.1 CP, castiga la simulación...

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