Aragón

AutorDr. Fernando López Pérez
Páginas53-55
Recopilación mensual n. 120, Febrero 2021
53
Autonómica
Aragón
Publicado en Actualidad Jurídica Ambiental el 7 de febrero de 2022
Ley 8/2021, de 9 de diciembre, de regulación del Impuesto Medioambiental sobre
las Aguas Residuales
Autor: Dr. Fernando López Pérez. Profesor del Centro Universitario de la Defensa,
Zaragoza
Fuente: BOA núm. 259, de 23 de diciembre de 2021
Palabras clave: Aguas. Aguas residuales. Calidad del agua. Fiscalidad ambiental. Quien
contamina paga.
Resumen:
La Ley aprobada tiene por objeto -artículo 1- establecer la regulación del Impuesto
Medioambiental sobre las Aguas Residuales, configurado -artículo 2- como tributo propio
de la Comunidad Autónoma, de naturaleza real y finalidad extrafiscal medioambiental, siendo
exigible en todo el territorio de la comunidad. Además, se destaca su carácter afectado, siendo
que la recaudación del impuesto debe destinarse al desarrollo de programas y planes en
materia de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas.
Tal y como consta en el propio expositivo de la norma, este Impuesto tenía su origen en el
Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de 1995, el cual subordinaba las ayudas a las
comunidades autónomas al establecimiento de un impuesto como medida de
corresponsabilidad financiera para afrontar los objetivos recogidos en la Directiva del
Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. De
este modo, ya en 1997, a través de la ley 9/1997, de 7 de noviembre, de Saneamiento y
Depuración de las Aguas Residuales de la Comunidad Autónoma de Aragón, se creó el
denominado canon de saneamiento, para financiar la construcción, mantenimiento y
explotación de las redes e instalaciones de depuración. Este impuesto, de implantación
paulatina hasta llegar a la ciudad de Zaragoza en 2016 (no sin cierta polémica), cambió su
denominación al de Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) a través de la Ley
2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Ya en 2018, se acordó en las Cortes de Aragón la creación de una Comisión especial de
estudio sobre la aplicación de este tributo, la cual concluyó sobre la necesidad de llevar a
cabo la revisión del impuesto en aspectos tales como “reducir la cuota fija del impuesto,
aplicar mayores criterios de progresividad en la cuota variable para los usos domésticos o
asimilados, establecer nuevas medidas que eliminen los efectos indeseados que la tarificación
progresiva puede provocar en hogares donde convivan un importante número de personas
o la creación de una tarifa social para hogares vulnerables, intentando, en cualquier caso,
aproximar la carga tributaria en Aragón a la media de España”.

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