Una apuesta por la integración

La migración no es un fenómeno nuevo. La historia de la humanidad ha estado siempre acompañada del ir y venir de hombres y mujeres que dejando su lugar de origen se trasladaban a nuevas tierras. Hoy, en el siglo XXI, en la era de la globalización, las migraciones continúan marcando la historia, contribuyendo al enriquecimiento de las distintas sociedades y provocando que en los países receptores de inmigración, muchas veces desbordados por una presión migratoria que dificulta la ordenación de las llegadas, la gestión de los flujos y la integración de los inmigrantes se conviertan en prioridad estratégica de las políticas públicas.

España ha pasado en muy poco tiempo, apenas quince años, a convertirse en destino preferente de los flujos migratorios mundiales y además lo ha hecho a un ritmo inusitado: los últimos datos elevan a 5,7 millones el número de extranjeros empadronados lo que representa el 12 % de la población.

En este escenario el Gobierno de España apostó en el año 2004 por una nueva política de inmigración que incorporaba dos elementos clave que hoy continúan plenamente vigentes; por un lado el deseo de construir una política global e integral en la materia que cuente con el mayor consenso social y político posible; por otro lado el reconocimiento a los beneficios de la inmigración, no solo como factor esencial del desarrollo económico sino también como fuente de riqueza sociocultural en una sociedad cada vez más diversa. A partir de ese momento, con estas premisas claves, la estrategia del Gobierno en materia de inmigración se ha apoyado en el desarrollo equilibrado de cuatro elementos básicos.

En primer lugar, el refuerzo de los instrumentos de lucha contra la inmigración clandestina, combatiendo el crimen organizado y el tráfico de personas desde el origen. En segundo lugar, y partiendo de la certeza de que las migraciones son fundamentalmente económicas, la vinculación de los flujos migratorios a la realidad del mercado laboral. Como tercer elemento y convencidos de que aprovechar los beneficios de la inmigración exige la integración de los inmigrantes en nuestra sociedad, una decidida apuesta por promover las políticas en este ámbito y, finalmente, como cuarto elemento, un compromiso serio con la cooperación al desarrollo de los países de los que procede nuestra inmigración.

Este enfoque global de las políticas de inmigración estuvo acompañado además por un traspaso de las competencias en materia de inmigración desde el Ministerio del Interior al entonces Ministerio de Trabajo yPage 20de inmigración desde el Ministerio del Interior al entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, hoy Ministerio de Trabajo e Inmigración, donde se creó la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y la Dirección General de Integración de los Inmigrantes.

Un cambio que reflejaba la vinculación de la inmigración en nuestro país con las necesidades del mercado y el compromiso con la integración. Un compromiso que además se ha visto reforzado con la reciente reforma de la Ley 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros y de su integración social. Esta reforma, de clara vocación integradora, plasma el equilibrio necesario para una gestión ordenada y garantista de las migraciones, reconoce derechos fundamentales, da protección y garantías a los más vulnerables (como los menores no acompañados o las victimas de trata o explotación laboral), profundiza en la cooperación entre administraciones y refuerza la integración como uno de los ejes centrales de la política de inmigración.

La integración de los inmigrantes no sólo se ha convertido en uno de los pilares básicos de la política de inmigración española y en una prioridad de la agenda política del Gobierno, sino que, además, se empieza a percibir por parte de la ciudadanía como uno de los grandes retos sociales de nuestro tiempo. Y este es un aspecto esencial de cara a que las estrategias puestas en marcha desde los poderes públicos tengan el respaldo, el apoyo y el impacto deseado para alcanzar un objetivo que no es otro que el de la construcción de una sociedad que quiere progresar hacia niveles crecientes de desarrollo económico pero también de cohesión social.

Abordar las políticas españolas de integración exige en primer lugar una referencia a nuestra organización administrativa y a la división competencial establecida por nuestra Constitución y los Estatutos de Autonomía. Un marco jurídico que, por un lado, atribuye a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos competencias en ámbitos que inciden directamente en la integración, tales como la educación, el empleo, la vivienda, los servicios sociales o la salud y, por otro, reserva para el Estado competencias exclusivas en política de inmigración y de control de fronteras.

La dualidad competencial señalada hacía necesario articular un sistema que, respetando las competencias de cada uno, dotase de coherencia interterritorial e intersectorial al conjunto de medidas puestas en marcha por las distintas administraciones. Este sistema, ya consolidado a pesar de su reciente creación, pivota sobre varios elementos que se pueden resumir en tres, a mi juicio esenciales, como son el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2007; la movilización de recursos económicos y de sistemas de distribución y reparto equitativos y el fomento de la participación de los inmigrantes en la toma de decisiones que afectan a su integración.

El Plan Estratégico supone sin duda un nuevo impulso a las políticas de integración de los inmigrantes y al reconocimiento de derechos a los ciudadanos y lo hace fomentando que las estrategias y actuaciones en materia de integración, diseñadas y desarrolladas en los ámbitos autonómicos y locales e implementadas ya sea por las distintas administraciones o por la sociedad civil organizada, se inscriban dentro de un marco más amplio, que permita aunar esfuerzos, crear sinergias y dotar de coherencia al conjunto de medidas.

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Cuando se explica el Plan Estratégico se destaca la concertación que presidió su proceso de elaboración y cómo se articula el respeto a las competencias territoriales, algo especialmente importante en un país descentralizado como el nuestro. También se insiste en el hecho de que es un Plan dirigido al conjunto de la ciudadanía y cómo promueve incorporar la integración de los inmigrantes de manera transversal en todas las políticas públicas. Y por supuesto ponemos en valor su dotación económica, más de 2.000 millones de euros, y sin la cual quedaría en una mera declaración de intenciones.

Pero hoy, tras más de dos años de vigencia del Plan se debe valorar el hecho de que el Plan, con toda seguridad es un modelo determinado de integración. Un modelo que, asumiendo que la diversidad es un elemento positivo y dinamizador para la sociedad, entiende la integración como un proceso bidireccional de adaptación mutua entre autóctonos e inmigrantes, que implica ausencia de discriminación y desarrolla un sentimiento de pertenencia a nuestra sociedad. Es a partir de esta concepción desde la que el Plan establece políticas proactivas, que dan respuestas a problemas concretos y que encuadran, con coherencia, el tratamiento de los múltiples factores que confluyen en las dinámicas de la inmigración y la integración.

El Plan quiere ser un elemento fundamental de la gobernanza del proceso de integración fomentando un desarrollo económico, social, cultural e institucional plural, a través de intervenciones equilibradas entre los poderes públicos y la sociedad civil. Hablar de gobernanza de las políticas de integración implica introducir en la gestión pública al menos tres elementos: apertura, participación y evaluación. Apertura, es decir, que las instituciones trabajen de forma mas abierta, mas transparente y mas comunicativa; participación de los ciudadanos en las distintas fases del proceso de las políticas de integración -desde el diagnóstico y la formulación de estrategias hasta la gestión de planes- y evaluación de resultados; responsabilidad, lo que sin duda exige clarificar el papel de cada uno dentro del proceso de integración y en la formulación y ejecución de políticas.

La filosofía política que subyace en el Plan, y por tanto nuestro modelo de integración, queda perfectamente definido en sus tres principios básicos: igualdad, ciudadanía e interculturalidad.

La «igualdad», entendida como equiparación de derechos y obligaciones entre la población inmigrante y autóctona, como ausencia de discriminación por razón de origen racial, étnico, nacionalidad o cualquier otro motivo y como igualdad de oportunidades. La igualdad es condición imprescindible para alcanzar una cohesión social que se pone en riesgo si no se posibilita la movilidad social, si no se combate la discriminación y si no se evita que coexistan, en un mismo territorio, ciudadanos de primera y segunda categoría. La «ciudadanía», que debe hacer posible la participación como elemento básico para generar en la población inmigrada un sentimiento de pertenencia a la nueva sociedad a la que pasan a formar parte. Y la interculturalidad, principio que exige el reconocimiento y el respeto de la diversidad pero busca la comunicación, el diálogo crítico y la interacción de individuos pertenecientes a culturas diversas, sobre la base de unos valores básicos compartidos y del uso común de las lenguas existentes en España. En este punto sería ingenuo obviar que, en ocasiones, las diferencias culturales pueden conducir a conflictos que deben abordarse con el diálogo constructivo, la educación, un discurso público basado en la reflexión y el respeto, y con el apoyo a las expresiones culturales que respeten los valores, los derechos y las normas nacionales y europeas. En definitiva, se trata de gestionar la diversidad dentro de la diversidad.

Junto con estos tres principios el Plan incorpora una serie de premisas básicas, enPage 22las que se inspiran los objetivos y actuaciones a desarrollar en su periodo de vigencia.

Una de estas premisas, es la consideración de la integración como proceso bidireccional, que afecta a todos los ciudadanos y que está presidido por el principio de igualdad y el respeto a los valores comunes de la Constitución y de la Unión Europea. Una premisa que requiere un triple compromiso: que las instituciones se adapten cuantitativa y cualitativamente a la acogida de los inmigrantes, que los españoles reconozcan a los inmigrantes como ciudadanos y valoren sus aportaciones y que las personas inmigrantes, adopten una actitud positiva respecto al conocimiento de las lenguas y las normas sociales y respecto al conocimiento y cumplimiento de las leyes de su nuevo país.

La segunda premisa es que la responsabilidad de este proceso bidireccional debe ser compartida y, por tanto, involucra al conjunto de administraciones públicas, a los agentes sociales y a la sociedad en su conjunto; en definitiva a todos los ciudadanos. De ahí que hablemos de la gobernanza de las políticas de integración a la que ya se ha hecho referencia pero también de la importancia de que el Plan, y las políticas que de él se derivan, no sufran los vaivenes de las distintas legislaturas. Sólo desarrollando políticas públicas que partan y se enmarquen en el consenso se puede conseguir una sociedad inclusiva y evitar la exclusión y la segregación social de los inmigrantes y otras minorías.

La tercera premisa, en estrecha conexión con la anterior, es su carácter de marco para la cooperación a nivel estatal; el Plan se concibe a nivel estatal porque, respetando los ámbitos competenciales, las políticas de integración afectan al conjunto de las actuaciones públicas y de las organizaciones y agentes sociales del Estado español. Este carácter de marco permite que puedan articularse las distintas iniciativas de las administraciones públicas y de la sociedad civil y que las actuaciones ya en marcha, como es el caso de los planes de muchas Comunidades Autónomas o de muchos Ayuntamientos o los programas de las asociaciones, puedan adoptarse y desarrollarse como consecuencia de la dinámica que el Plan pretende generar.

El Plan quiere favorecer la toma en consideración de las posibilidades y problemáticas ligadas a la inmigración en todas las políticas públicas, tanto de la Administración General del Estado como de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos pero también promover los nuevos procesos de cooperación y partenariado entre administraciones y sociedad civil en actuaciones orientadas a favorecer una sociedad más inclusiva.

El enfoque integral o global de la integración y la incorporación transversal de la integración de los inmigrantes en las políticas públicas son también premisas básicas. En definitiva, trabajar por la integración es abordar las distintas facetas que afectan a la vida de cada individuo: los aspectos económicos, laborales, educativos, sanitarios, de vivienda, sociales, los aspectos relacionados con la diversidad cultural y religiosa, y la participación. Y es importante hacerlo en un marco global y coherente, a largo plazo, que tenga en cuenta las necesidades de espacios y grupos particulares. La consideración integrada o global de las necesidades, y por tanto de las respuestas, y el hecho de que cualquier proceso de integración pase por una pluralidad de factores que afectan a todos los ámbitos, exige que las cuestiones de integración se traten, al igual que las de género, de manera transversal.

Es de resaltar este aspecto, porque la feminización de las migraciones y el aumento del número de mujeres que emprenden proyectos migratorios independientes, desvinculados de procesos de reagrupación familiar son una realidad. En España más del 45% de los inmigrantes son mujeres y este porcentaje se eleva al 53% en el colectivo iberoamericano, unos datos que hacen necesario contemplar las necesidades y requerimientos de las mujeres.

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Por último, en el contexto de este modelo de integración que defendemos, es fundamental la apuesta que se hace por la universalidad de la intervención pública; es decir, por la promoción del acceso normalizado de los inmigrantes a los servicios públicos y privados de carácter general, sin perjuicio de la intervención o la puesta en marcha de servicios específicos en aquellas situaciones que lo requieren. Todo ello teniendo bien presente que la normalización también implica redimensionar y adecuar la oferta de servicios, muchas veces insuficientes, con el fin de dar respuesta a la diversidad de situaciones y de necesidades.

La adecuación cuantitativa y cualitativa de los servicios públicos a las nuevas características de la sociedad que los demanda, la normalización de la convivencia y la cohesión social son, en definitiva, los retos del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración vigente hasta 2010 y de las políticas de integración que se están desarrollando; de ahí que las líneas de intervención en los distintos ámbitos de actuación vayan dirigidas a reforzar los servicios públicos, complementar las áreas de actuación en las que se detectan mayores necesidades -tanto de intervención, como de recursos-, promover la formación de profesionales en interculturalidad, establecer mecanismos de transferencia de conocimientos y buenas prácticas, reforzar el tercer sector, mejorar las percepción pública de la inmigración y sensibilizar al conjunto de la población en la importancia de la defensa de los valores de igualdad, justicia y solidaridad.

Expuesto el cuerpo ideológico de las políticas, es necesario hacer referencia al segundo de los elementos que he considerado fundamental: la movilización de recursos y como éstos se aplican en el marco de las prioridades estratégicas.

Si difícil es la integración cuando no existe un marco ideológico tampoco es fácil si no existen recursos económicos. Y en este punto, si bien para los que trabajamos a favor de la integración los recursos públicos son siempre insuficientes, hemos de reconocer que desde 2005, los presupuestos del Estado han significado una inyección más que notable para la promoción de intervenciones en este ámbito. No hay duda de que los mas de 1.000 millones de euros dedicados a políticas específicas de integración en la legislatura 2004-2008, con un presupuesto anual en 2008 de mas de 309 millones de euros, o los mas de 2.000 millones de euros que prevé el Plan Estratégico hasta 2010, representan un impulso en la materia que poco tiene que ver con los 42 millones de euros anuales de etapas anteriores.

En este punto cabe destacar como recurso esencial para el desarrollo de nuestras políticas el «Fondo de apoyo a la acogida y la integración de los inmigrantes así como para el refuerzo educativo de los mismos», creado en 2005 y que ha experimentado una dotación económica en continuo incremento. Pero este Fondo no es sólo un recurso financiero importante sino que, lo que a mi juicio es mas importante, ha servido para definir y aplicar un modelo de cooperación entre las distintas Administraciones Públicas, reforzando el trabajo que venían haciendo las Comunidades Autónomas y reconociendo y apoyando económicamente también, por vez primera en nuestro país, el trabajo de los Ayuntamientos, la administración mas cercana al ciudadano y por tanto la que tiene la capacidad de identificar y atender las necesidades derivadas de la llegada de personas inmigrantes a sus pueblos y ciudades. Un papel que no sólo se ha visto reconocido desde el punto de vista económico sino también estratégico, involucrándoles en la elaboración del Plan y aprovechando su capacidad de reacción e innovación a través de la promoción de proyectos innovadores y la puesta en funcionamiento de un canal de comunicación e intercambio de información de buenas prácticas.

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Además, el Fondo ha permitido definir un marco programático de actuación en el que se ha priorizado la intervención en el ámbito educativo como sector estratégico y garantía de futuro. Y todo ello con un modelo de gestión que parte de una distribución equitativa de acuerdo a criterios objetivos e incorpora un modelo y una práctica real de seguimiento y evaluación participativa y transparente, que en su conjunto ha sido objeto de la calificación de «buena práctica» por parte de la Comisión Europea.

Pero el Fondo no es el único instrumento financiero y junto a él también puede mencionarse el refuerzo de los recursos destinados a apoyar los programas de acogida e integración de entidades no gubernamentales a través de subvenciones o los destinados a actuaciones promovidas directamente por el Estado, y que se centran básicamente en sensibilización, formación e investigación en la materia.

Los distintos instrumentos financieros nos han permitido poner en marcha múltiples iniciativas en cada uno de los once ámbitos de actuación identificados en el Plan: acogida, educación, empleo, vivienda, servicios sociales, salud, juventud, igualdad de trato, género, participación, sensibilización y codesarrollo.

Aunque entrar en detalle de las actuaciones en cada uno de los ámbitos sobrepasa el objetivo de este artículo sí que me gustaría mencionar algunas actuaciones estratégicas en los ámbitos de educación, empleo, promoción de la igualdad de trato, conocimiento y formación e intervención integral en zonas sensibles. Ambitos que considero esenciales para evitar que el hecho de ser inmigrante o descendiente de inmigrante limite las posibilidades de movilidad social y profesional, embrión de muchos de los conflictos que hemos visto se han producido en países de nuestro entorno con una experiencia migratoria mucho anterior a la nuestra.

Al igual que sucede en otros países de Europa también en España suele haber entre el alumnado inmigrante una mayor tasa de fracaso escolar y de abandono de los estudios al finalizar la etapa obligatoria que entre el alumnado autóctono. Y esta realidad debe abordarse concientes de que hacer efectivo el derecho fundamental a la educación, reconocido por nuestra Constitución, conlleva tener en cuenta las desigualdades de tipo económico, cultural y social que pueden dificultar el acceso a una enseñanza de calidad, eliminando los mecanismos que fomentan estas desigualdades y manteniendo y promocionando en el sistema educativo al alumnado en situación de desventaja.

La Unión Europea ha enfatizado el papel de la educación para hacer factibles el principio de equidad y la participación activa de todos los miembros de la sociedad y, más concretamente en relación con la población inmigrante, ha definido como uno de los principios básicos comunes de las políticas de integración «los esfuerzos en este ámbito para preparar a los inmigrantes, y en especial a sus descendientes, a participar con más éxito y de manera más activa en la sociedad.

Aprovechar las oportunidades de una sociedad diversa exige un sistema educativo inclusivo y por ello en el marco de las políticas de integración estamos impulsando las actuaciones encaminadas a eliminar los obstáculos que impiden el logro de la equidad educativa y a promover una convivencia enriquecedora en una comunidad educativa diversa. Por ello hemos priorizado el trabajo en materia de acogida y refuerzo educativo, de adaptación lingüística, de promoción de la educación de entorno convirtiendo la escuela en espacio de comunicación, convivencia e integración, la formación del profesorado de manera que sus conocimientos y competencias sirvan para dar respuestas a los cambios experimentados en la sociedad y a las necesidades específicas de los alumnos, la educación en valores con una postura firme contra toda forma de racismo, xenofobia y discrimi-Page 25nación, la implicación familiar y la promoción de la formación de adultos.

Convencidos de que el empleo es un elemento clave de integración, esencial para facilitar la participación de los inmigrantes y visibilizar su contribución a la sociedad, en estos años hemos priorizado la mejora del acceso de los inmigrantes a las políticas activas de empleo a través de la formación, de la adecuación de capacidades y necesidades y de la intermediación. Actuaciones que mantienen su prioridad en el en el contexto de crisis económica en el que estamos inmersos. Es evidente que la crisis económica actual está teniendo un especial impacto sobre los trabajadores inmigrantes que ya registraban a lo largo de toda la etapa de crecimiento económico una tasa de paro superior a la de los españoles. Ahora, esa distancia se ha acrecentado, situándose en torno a 11 puntos, resultado del particular deterioro del empleo en aquellos sectores, como por ejemplo la construcción, en los que la ocupación de inmigrantes era mayoritaria. Por tanto es fundamental en estos momentos hacer un esfuerzo para integrar a los inmigrantes en el mercado de trabajo, para luchar contra la discriminación y para hacer efectiva la igualdad de trato.

En materia de igualdad de trato la puesta en marcha del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia en la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración juega sin duda un papel esencial que se consolida día a día. El Observatorio no solo desarrolla acciones directas sino que, lo que es especialmente importante, promueve la incorporación del principio de igualdad de trato en todos los ámbitos.

Las encuestas periódicas del CIS sobre la opinión de los españoles en materia de racismo y xenofobia, promovidas desde el Observatorio, están aportando un diagnóstico de la situación en el país y nos permiten realizar un estudio tanto longitudinal de tendencias en el que los datos más recientes se contrastan con los registrados en fechas precedentes, como explicativo, indagando en las causas de los cambios de tendencias observadas. Se trata por tanto de un instrumento clave para los gestores públicos.

También resultan claves los planes de promoción del principio de igualdad de trato y no discriminación en sectores estratégicos como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los medios de comunicación o el mundo empresarial, la puesta en marcha de un Centro virtual de Recursos Anti-discriminación o la reciente publicación de la Guía para el diseño y la elaboración de Planes Locales de Sensibilización, elaborada en el marco del Programa Europeo Estrategias de Sensibilización para la Ciudadanía e Integración, cuyo objetivo es impulsar una reflexión pública sobre los beneficios de la diversidad y la integración.

En todos los ámbitos de actuación es imposible obviar la necesidad de promover el conocimiento como factor esencial para avanzar y consolidar los logros obtenidos. Desde la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración hemos puesto en marcha numerosas iniciativas que nos permiten investigar, en colaboración con distintas universidades y expertos independientes, aspectos que afectan a la integración de los inmigrantes desde muy distintas perspectivas lo que sin duda da un soporte conceptual y metodológico a nuestra actuación, identifica problemáticas emergentes y nos ayuda a evaluar las políticas en marcha. A título de ejemplo, me parece importante señalar algunas de las investigaciones realizadas que sin duda aportan elementos de interés para avanzar en nuestro trabajo: «Consecuencias de la inmigración en la desectructuración familiar en los países de origen», «Experiencias empresariales realizadas por personas inmigrantes», «Acceso de los inmigrantes a los sistemas sanitarios en diez países pertenecientes a la Unión europea», «Bandas juveniles», «Trata de personas con fines de explotación laboral», «Políticas de integración lingüística en tres países europe-Page 26os», o «Condiciones formativas de los hijos e hijas de inmigrantes procedentes de países iberoamericanos».

En este contexto también quisiera destacar los esfuerzos realizados en materia de formación como el Master en Migración y Relaciones Intercomunitarias y los cursos de Cooperación al Desarrollo y Mediación Intercultural que venimos realizando en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid o los diversos cursos de formación de formadores puestos en marcha en colaboración con distintos Consejos Generales de Colegios profesionales o la Escuela Nacional de Policía de Avila. Unas iniciativas didácticas que permiten no sólo difundir entre los distintos profesionales que están involucrados con los procesos migratorios nuestro modelo de integración sino también poner en práctica la premisa de que la integración es responsabilidad de todos.

Para finalizar este apartado me gustaría hacer referencia a una iniciativa novedosa en el tiempo pero que recoge las claves de la filosofía que preside nuestra acción: el enfoque integral, la cooperación interinstitucional e intersectorial y la participación. Me refiero al Proyecto Piloto iniciado este año en cuatro localidades andaluzas (Roquetas, Almería, Granada y Algeciras) para la actuación integral en barrios sensibles con presencia significativa de población inmigrante. Un proyecto que, dirigido al conjunto de vecinos y aglutinando todos los recursos públicos y privados de los barrios seleccionados, pretende conocer los factores que dificultan la integración y la convivencia y adquirir una experiencia de prácticas de integración que pueda ser transferible a otros entornos.

Por último, el tercero de los aspectos esenciales que caracteriza las políticas públicas de integración es el impulso que se está dando a la participación; una participación que tiene su lado más formal en el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, un órgano de consulta, información y asesoramiento, en el que están representados de manera equilibrada y tripartita las Administraciones, las asociaciones de inmigrantes y las asociaciones de apoyo (incluyendo dentro de éstas sindicatos y organizaciones empresariales).

El Real Decreto 3/2006 de regularización, competencias y funcionamiento del Foro supuso la reactivación de un Foro en decadencia, redefinió algunas funciones y recuperó otras como es la capacidad de informar con carácter previo y preceptivo las disposiciones normativas de la Administración General del Estado y los planes y programas de ámbito estatal que afecten a la integración social de los inmigrantes; promover o elaborar estudios o iniciativas y cooperar con órganos análogos de ámbito internacional, autonómico o local. Desde junio de 2006 hasta el momento actual, en el que el Foro está renovando sus vocalías, este órgano ha realizado un número importante de dictámenes y resoluciones dentro de las que cabe hacer mención especial al informe que cada año emite sobre la integración social de los inmigrantes y refugiados y que se ha convertido en un referente para otros foros locales y autonómicos así como para numerosas asociaciones que trabajan en este ámbito.

Hablar de participación exige también mencionar la cooperación entre las administraciones y la sociedad civil organizada; una cooperación que se recoge dentro de los diez objetivos generales del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración y que ha sido esencial en todo el proceso de construcción de las políticas de integración en este período.

En el contexto de la política global de inmigración desarrollada desde el año 2004 las organizaciones no gubernamentales han participado en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas de integración como se puso de manifiesto con su implicación desde unPage 27primer momento en la misma elaboración del Plan, en la participación en las convocatorias de subvenciones o en el papel activo que juegan en todos los espacios de análisis y debate que organizamos con otras administraciones públicas y el mundo académico. Su presencia garantiza el aterrizaje de las políticas públicas a la realidad de la vida cotidiana y sus propuestas son como alarmas que te indican donde se están produciendo desajustes y desigualdades o conflictos de convivencia en los procesos de integración.

Trabajar con la sociedad civil exige esfuerzo, dedicación, mucho diálogo y, por supuesto, tener recursos para tejer una red operativa que dé respuesta a las diferentes etapas migratorias. Desde el año 2004 hemos construido con la sociedad civil esta red operativa que nos permite dar una respuesta ágil y profesional a las necesidades que se presentan a lo largo del proceso migratorio.

La atención a pie de playa a las personas que arriesgan sus vidas para llegar a nuestras costas en cayucos y pateras; la acogida humanitaria de los más vulnerables, la acogida integral para los recién llegados con programas de asesoramiento jurídico; enseñanza de las lenguas; programas introductores a la sociedad de acogida (costumbres y normas de convivencia y leyes); programas de mediación en el ámbito sanitario y de servicios sociales; programas de apoyo en el ámbito educativo, programas de orientación, intermediación y acompañamiento en el empleo; programas de empoderamiento de las mujeres inmigrantes; programas de retorno; programas de fomento de la participación de los inmigrantes en asociaciones propias y en el tejido asociativo general; programas de lucha contra la discriminación; programas culturales y de mejora de la imagen pública de la inmigración, son parte de las muchas acciones (recogidas en los más de 500 programas subvencionados en los últimos cinco años) que cada año promueve la Administración en cooperación con las organizaciones no gubernamentales.

En este marco de cooperación entre las Administraciones Públicas y la sociedad civil cabe destacar también el esfuerzo que se está haciendo para consolidar el movimiento asociativo inmigrante, una estrategia que sin duda puede canalizar las inquietudes del colectivo, acercar a los inmigrantes a las prácticas de la vida cotidiana y desarrollar un trabajo de sensibilización doble con el inmigrante en el barrio o la ciudad donde trabajan. Con este objetivo en estos años se ha puesto a disposición de las asociaciones de inmigrantes programas de apoyo a su estructura; de formulación de proyectos y de gestión de subvenciones. Muy especialmente se han apoyado los proyectos de fortalecimiento de redes y creación de federaciones que se han incluido en todos los procesos de diálogo y participación.

Hoy podríamos decir que hay un número importante de asociaciones y federaciones que han experimentado una etapa de crecimiento y consolidación, que dan servicio a personas de distintas nacionalidades y que trabajan codo con codo con las organizaciones de apoyo y los sindicatos; las universidades y las administraciones.

Para finalizar una última reflexión. La integración es una andadura larga y no exenta de dificultades; dificultades que tienen que ver con ese proceso de adaptación mutua, con la existencia de actitudes discriminatorias mas o menos veladas, con la falta de movilidad social, con los riesgos de exclusión o el desarraigo.

El futuro y la cohesión social pasa por la igualdad de oportunidades para las próximas generaciones ya que como indicaba Consuelo Rumí, Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, en una reciente intervención: «En el año 2008, nacieron en España 123.939 niños y niñas cuyo padre o madre, o ambos, son extranjeros. Esta cifra representa el 23´9 %Page 28del total de los nacidos en España en ese año y expresa por si sola el desafío que tenemos por delante. La incorporación plena a los mecanismos de movilidad e integración social de estos niños que constituyen las llamadas «segundas generaciones» resultará crucial para evitar el fracaso colectivo en el que se han visto inmersas muchas sociedades de nuestro entorno. De cómo sepamos abordar esta cuestión dependerá que se consume su sentido de pertenencia a esta sociedad, reforzando la cohesión social, o que, por el contrario, se abra el portón de su exclusión y la consiguiente fractura social que provocaría. En las segundas generaciones se pondrá a prueba, la capacidad para acoger e integrar de nuestro país. Y podremos lograrlo, si los próximos años conocen un consenso nacional para que la integración se convierta en un objetivo político y social de primer orden que comprometa a todos».

En estos años en España se han sentado las bases de una política a largo plazo que promueve los procesos de integración, hemos invertido recursos económicos, voluntad de cooperación, imaginación, el trabajo de muchos profesionales, – pero poco avanzaremos en la construcción de una sociedad inclusiva y cohesionada, si cada uno de nosotros no nos involucramos en un proceso del que todos formamos parte, si no hay una implicación firme de los actores que generan opinión, si desde los poderes públicos no se gestionan las migraciones con criterios de gobernabilidad y si desde los países de origen y destino no trabajamos por el diálogo interregional, el fortalecimiento de la cooperación y la protección de los derechos humanos.

La crisis económica ha puesto de manifiesto algo que ya sabíamos, la vulnerabilidad de los inmigrantes y la necesidad de reforzar la promoción de la integración. Como todas las crisis, nos ofrece la oportunidad de revisar nuestros objetivos y los medios para alcanzarlos pero también el camino que queremos construir.