Se aprueba el nuevo Proyecto de Ley de Empleo que impulsa el trabajo autónomo y la formación de los trabajadores ocupados
| Autor | vLex |
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Empleo, que forma parte de la reforma estructural del mercado de trabajo y fue presentado el pasado mes de diciembre.
La norma da cumplimiento al componente 23 de la Modernización de las Políticas Activas de Empleo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Para mejorar la empleabilidad, se incorpora el rigor científico al tratamiento de los datos relacionados con el empleo. Se crean tres tasas: de intermediación, de empleabilidad y de cobertura.
Los servicios públicos de empleo tendrán que asesorar a los demandantes respecto a todas las medidas de protección, aunque no sean estatales, que les puedan favorecer en su vida laboral. En este sentido, la norma homologa el concepto de empleabilidad a los estándares de la Unión Europea.
La norma también plantea que los trabajadores tienen derecho a que se les preste una cartera común de servicios con independencia del lugar en el que residan. Cada persona tendrá un perfil digital individualizado, un itinerario personalizado y recibirá tutorización a lo largo de su vida laboral. Esta orientación incorpora por primera vez a los emprendedores y a los autónomos.
La futura ley dotará a las políticas activas de empleo de una dimensión local, al establecer fórmulas de colaboración con las administraciones locales que tengan recursos materiales y humanos para dispensarlas. La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales formulará recomendaciones para atender las necesidades específicas en cada territorio.
La atención a 1.600.000 de trabajadores con discapacidad será prioritaria, así como a otros colectivos con dificultades de inserción, permanencia y consolidación en el mercado de trabajo, como las personas LGTBI, los mayores de 45 años, las personas gitanas o de otra minoría étnica y las mujeres víctimas de violencia de género.
Respecto a la financiación de la norma, pasa a ser plurianual porque las políticas de empleo públicas no se interrumpen el 31 de diciembre, sino que hay proyectos que se extienden más allá del periodo fiscal. Por tanto, las comunidades autónomas tendrán la posibilidad de justificar y ejecutar programas hasta el 31 de marzo.
Agencia estatal de empleo
El actual organismo autónomo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se transformará en seis meses en la Agencia Española de Empleo, una entidad de carácter público digitalizada, modernizada y que tendrá carácter multidisciplinar.
La oficina contará con la unidad de análisis de datos, que planteará políticas públicas encaminadas a mejorar la empleabilidad, y con la unidad centralizada de datos que utilizará el ‘big data’ y la inteligencia artificial para extraer información estadística. Además, dispondrá de especialistas con nuevos perfiles laborales.
Impulso del Trabajo Autónomo
El Gobierno también ha aprobado la primera Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo (ENDITA) 2022-2027, una iniciativa que engloba las líneas políticas de actuación en la materia que se van a desarrollar en los próximos cinco años.
Se trabajará en la definición del concepto de trabajador, se abordará la representatividad de las asociaciones del sector, se equilibrará la protección social de las personas autónomas con la de las asalariadas y se estudiará la tributación de los autónomos para que esté vinculada a los ingresos reales. Además, la norma contempla asimismo la prevención de riesgos laborales, la conciliación y la economía de los cuidados.
Formación para trabajadores ocupados
El Ejecutivo ha autorizado la convocatoria de subvenciones públicas para programas de formación de ámbito estatal dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados y a cubrir las necesidades de los sectores más innovadores.
Se dotará a las compañías de 300 millones de euros para que realicen la formación que estimen imprescindible para llevar adelante los procesos de innovación tecnológica, digital y de sostenibilidad.
Fuente: La Moncloa
