Aproximación a la reforma de la fiscalidad medioambiental
| Autor | Miguel Bastida Peydro y Diego Montoya Esteban |
| Cargo | Abogados del Área de Fiscal y Laboral de Uría Menéndez (Madrid) |
| Páginas | 134-139 |
Page 134
La fiscalidad ambiental, definida por la OCDE como el conjunto de tributos cuya base fiscal posee una relevancia medioambiental significativa, encuentra su fundamento constitucional en el deber de los poderes públicos de proteger el medio ambiente y desincentivar aquellas actuaciones que contribuyan a su deterioro. La tributación medioambiental es un instrumento que coadyuva al resto de medidas de política medioambiental y energética, y que no solo debería permitir cumplir con el principio de «quien contamina paga», sino que debería incentivar la realización de conductas que reduzcan la contaminación, o desincentivar actividades contaminantes, apartándose de figuras que obedecen exclusivamente a una finalidad recaudatoria.
Tradicionalmente, la introducción de este tipo de tributación en España se ha limitado al ámbito autonómico, que, en uso de sus competencias, ha establecido números impuestos medioambientales, en la práctica con definiciones dispares de sus hechos imponibles y sin que, como regla general, se pueda detectar la existencia de una estimación del daño medioambiental que se pretende corregir con el correspondiente tributo.
Por el contrario, en el ámbito estatal, y a diferencia de otros países Eu ropeos, España no ha acometido una reforma fiscal verde de carácter global, si bien desde 2013 se introducen determinados tributos estatales con una declarada finalidad ambiental. En este caso, se trata de medidas fragmentarias que pueden armonizar la dispersión que existe en este ámbito y que se limitan exclusivamente a aspectos relacionados con el sector energético.
A continuación resumimos los aspectos más significativos del estado actual de la tributación estatal medioambiental en España, así como la incidencia que puede tener en ella la próxima reforma del sistema tributario que afectará a algunas de las figuras impositivas más relevantes. A tal efecto, nos guiaremos por los proyectos de leyes presentados el 1 de agosto de 2014 (publicados en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del día 6 de agosto de 2014) y por el Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español («Informe Lagares»). Por último, haremos una referencia a la incidencia que tendrá en este panorama la futura Directiva, que actualmente se encuentra en fase de discusión, que modifique la Directiva vigente que regula el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad.
En el actual sistema tributario español coexisten diversas figuras impositivas que pretenden incidir de manera directa o indirecta en conductas que pueden afectar al medioambiente. Sin embargo, algunas de estas figuras adolecen de falta de vinculación con los efectos medioambientales par ticu lares y carecen de un marcado carácter finalista. Por el contrario, en ellas se puede observar una finali-
Page 135
dad recaudatoria para financiar el déficit público que prevalece sobre cualquier otro objetivo.
Como hemos comentado, este tipo de tributación en España se ha centrado principalmente en el ámbito autonómico. Sin perjuicio de que su análisis no es objeto de este texto, sí es importante insistir en que estos impuestos generalmente carecen de una finalidad medioambiental, lo que, unido a una heterogénea aplicación por las Comunidades Autónomas, crea distorsiones entre los operadores económicos y perjudica la unidad de mercado.
En el ámbito estatal, la intervención del regulador se ha centrado en la creación de tributos estatales que impactan casi exclusivamente en el sector de la energía y que se unen a las cargas fiscales ya existentes de carácter estatal (Impuesto sobre la Electricidad) y de carácter autonómico y local (canon eólico, canon urbanístico, impuestos sobre la producción y transporte de energía).
La actividad legisladora en esta materia se ha revitalizado considerablemente en estos últimos años a través de la aprobación de dos leyes que han tenido una gran repercusión mediática. Se trata de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, y de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. A continuación, resumimos los aspectos novedosos más significativos contenidos en ambas disposiciones.
Esta Ley 15/2012 introduce nuevas medidas impositivas cuya recaudación se destinará a cubrir deter-minados costes del sistema eléctrico ante la reconocida insuficiencia de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba