Una aproximación a las obligaciones de la empresa en materia de protección jurídica de las personas en situaciones de vulnerabilidad

AutorDr. Iván Martín Gómez
Cargo del AutorUniversidad Católica de Ávila
Páginas120-150
Página 120
ISBN: 978-84-1122-405-5
Capítulo 7. Una aproximación a las obligaciones de la
empresa en materia de protección jurídica de las
personas en situaciones de vulnerabilidad
Dr. Iván Martín Gómez
Universidad Católica de Ávila
I. Introducción
A lo largo de este trabajo se pretende plasmar, por un lado, las realidades
encontradas en el mercado laboral actual en relación con los colectivos
más vulnerables de la sociedad, así como de la relación empresario-
trabajador y, por otro, describir y analizar de manera crítica el tratamiento
que el legislador internacional y estatal ha dado a estas realidades, a fin de
esclarecer el marco jurídico con el que nos encontramos sobre esta
materia.
Otro objetivo pretendido reside en proponer al legislador la implementación
de mejoras en el régimen jurídico actual estatal e internacional en materia
de protección de los colectivos más vulnerables. Igualmente, se intenta
incidir en la importancia que tienen las políticas públicas de coordinación
de los servicios sociales y los de empleo, para lograr evitar
discriminaciones de los trabajadores vulnerables en la empresa y mitigar la
precariedad laboral existente en nuestro país.
Tal y como nos indica la doctrina más autorizada (Torrejón, 2017), los
cambios en la demanda de empleo van a favorecer un crecimiento
polarizado del empleo en las economías avanzadas, debido a la mejor
respuesta ofrecida por los servicios que se ubican en los extremos de la
estructura laboral. De igual forma, la realidad laboral muestra que los
trabajadores se decantan más por profesiones en las que hay un mayor
riesgo de ser reemplazadas, lo que provocará cambios en la demanda de
empleo.
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Avances y prospectiva en la protección jurídico-social de las personas en condición de
vulnerabilidad
Torres Fernández, C., Jerez Rivero, W., De la Serna Tuya, J.M. y García Vidal, M. (Eds.)
ISBN: 978-84-1122-405-5
No obstante, la teconología y el comercio no serán los únicos que
provoquen cambios en la estructura laboral. Hemos de ir observando el
comportamiento de los factores que inciden en la formación de la demanda
y si predominan sobre los factores institucionales que conforman la oferta
de trabajo. Para que se logre el equilibrio, el legislador ha de tender a
medidas que desincentiven la creación de empleo de baja calidad por parte
de las empresas, estimulen la creación de empleo de calidad con inversion
en I+D+I, abaratando el coste del trabajo, canalizar la demanda de
servicios no cualificados, etc. Todo ello deberá realizarse con fin de evitar
la generación de nuevos grupos vulnerables.
Ante la desigualdad que está provocando la globalización en los países
desarrollados, evidenciada en numerosos desequilibrios económicos,
sociales y políticos, parece necesario ajustar las necesidades formativas a
los cambios que va a sufrir la estructura ocupacional y que, a través de
profesiones en el sector servicios con un mayor componente de trato
humano, creatividad y habilidades sociales; se antoja fundamental
potenciar estas características en las etapas iniciales del sistema educativo
(Torrejón, 2017).
II. Protección general del trabajador especialmente sensible
Nuestra Constitución ya establece la obligación que tienen los poderes
públicos de garantizar la seguridad e higiene en el trabajo en el artículo
40.2, derechos concebidos que afectan a la dignidad, salud e integridad
física del trabajador como reconoce el artículo 4.2. d) y e) del Estatuto de
los Trabajadores. Encontramos, por tanto, tal y como nos indica la doctrina,
una especial protección sobre la salud laboral como interés jurídico
protegido por estas previsiones en virtud del contrato de trabajo (López,
2010). Con anterioridad a estas disposiciones, la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea de 07 de diciembre del 2000,
establecía la obligación de asegurar el derecho del trabajador a realizar su
trabajo en condiciones adecuadas de salud, seguridad y dignidad. Para
proteger esas condiciones en el ordenamiento jurídico español, la Ley
los reglamentos de desarrollo, ha fijado las medidas que, desde distintos

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