El andamiaje jurídico e institucional de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de México

AutorLuís Eduardo Garzón
CargoConsultor en temas políticos, nacionales e internacionales, como servidor público se ha desempeñado en diversas secretarías de Estado, entre ellas Relaciones Exteriores, Gobernación, y Comercio y Fomento Industrial.
Páginas43-52

Page 44

Introducción

El 6 de abril de 2011 el Diario Oficial de la Federación1 publicó el Decreto que expide la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID) de México. Su promulgación no sólo pone en marcha una nueva norma; formaliza también los procesos de interrelación que México realiza en este rubro desde la década de los setenta. El presente texto expone los razonamientos y causas que dieron origen a esta legislación; la brecha cumplida en el proceso legislativo que la revisó y aprobó; la estructura técnico-administrativa que propicia; así como las tareas pendientes, que abarcan no sólo el ámbito administrativo, sino el legislativo, al quedar varias lagunas en la nueva Ley que deben subsanarse. La primera parte del escrito, por tanto, hace un estudio de la cooperación internacional para el desarrollo mexicana desde la perspectiva jurídica e institucional. Posteriormente, se hace referencia al proceso legislativo de la LCID, para enseguida explicar lo que aquí se denomina el andamiaje jurídico e institucional de la LCID, consistente en sus ámbitos operativos. Finalmente, se mencionan los retos que desde la perspectiva del autor la citada Ley y su instrumentación encaran en el devenir próximo.

La cooperación internacional para el desarrollo en México. Una visión jurídica e institucional

La política exterior mexicana cuenta con un "conjunto de normas fundamentales, interdependientes, emanadas de su vivencia histórica, que expresan los más significativos intereses de la nación, y que han alcanzado preeminencia universal, por los que México rige su conducta en las relaciones internacionales, demandando al mismo tiempo su recíproco respeto y cumplimiento"2.

Page 45

La Constitución mexicana faculta al Presidente de la República a conducir la política exterior, observando dichos principios normativos3, actividad que sucede "no sin críticas que afirmaban que éstos ataban al Ejecutivo a condicionar su acción y que, en muchos casos, establecían normas que se habían aceptado previamente en tratados multilaterales de los que formamos parte, haciéndolos redundantes"4. Lo cierto es que, afirma el jurista mexicano Emilio O. Rabasa, esos principios "permiten definir los códigos de conducta que un Estado habrá de cumplir en su comportamiento exterior. No bastan, pero proporcionan el marco de referencia para determinar, en este contexto, objetivos, estrategias, intereses e instrumentos"5.

Entre dichos principios, el de la cooperación internacional para el desarrollo (CID) tiene un peso específico en la evolución del poder blando con el que la diplomacia mexicana extendió su presencia bilateral y multilateral desde la década de los setenta. La senadora Rosario Green6, quien desde la academia y luego como funcionaria en la Cancillería mexicana y en otras instituciones nacionales e internacionales estudió, diseñó y ejecutó diversas actividades vinculadas al tema, expone su visión sobre el principio y las razones por las que años después presentaría la iniciativa de LCID:

Son bien conocidos los principios que rigen la política exterior mexicana [...] Son fáciles de recordar porque nos exigen lo que estamos dispuestos a otorgar a los demás: respeto a la no intervención, a la libre determinación de los pueblos, a la igualdad soberana de los Estados, a la solución pacifica de las controversias así como el rechazo firme y decidido del uso de la fuerza.

Hay sin embargo uno entre ellos, el de la promoción de la cooperación inter-nacional para el desarrollo, que aunque se cita también a menudo, necesita una Ley secundaria que facilite la puesta en marcha del mandato Constitucional.

Page 46

Esto es así por el hecho de que a nivel nacional son varios y diversos los receptores de cooperación internacional para el desarrollo, como varios y diversos son los otorgantes de ella a terceras naciones. Esta especie de caldero necesita reglas claras. ¿Cómo se recibe la cooperación internacional? ¿Cómo se otorga a terceros? ¿Qué proyectos nacionales se financian con ella? ¿Qué proyectos apoya la que México otorga a otros países? ¿Qué compromisos, cuando la acompañan, son aceptables? ¿Qué condiciones son exigibles? ¿Quién la coordina? ¿Quién informa al respecto7Como la legisladora afirma, cuando se hace referencia a la CID se habla acciones que se traducen en flujos financieros y/o diversas actividades que deben tener un origen y un destino precisos, cuantificables y transparentes, pues los efectos de esta acción influyen radicalmente en el grupo social o comunidad a la cual se dirigen. De ahí el razonamiento social, político y jurídico de quien legisla para dar cuerpo a un principio a través de una norma. La ausencia de mecanismos de coordinación y registro de la cooperación dificultan tener claridad sobre diversas de las interrogantes planteadas y, por tanto, surge la necesidad de saber de qué tamaño es la labor que en el ámbito de la CID realiza México, desde cualquier sector y bajo cualquier forma de intercambio institucional8.

En esa lógica Rosario Green, al ser designada secretaria de Relaciones Exteriores en 1998, uno de sus primeros actos fue la puesta en marcha de una nueva institución dedicada a la CID al amparo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual denominó Instituto Mexicano de Cooperación Inter-nacional (IMEXCI).

Cuatro objetivos formaban la "columna vertebral" de las acciones del Instituto: hacer de la CID un agente de cambio social en México, canalizando ésta a las prioridades de un...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR