La ley de amnistía de 1977: la reivindicación antifranquista y su lectura treinta años después
| Autor | Carme Molinero |
| Cargo del Autor | UAB/CEFID |
| Páginas | 41-55 |
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El más trascendente para la actual democracia española de los diversos acontecimientos que se conmemoraron a lo largo de 2007 fue, sin duda, la celebración de las elecciones del 15 de junio de 1977, que pueden ser consideradas el punto de llegada de la larga lucha contra la dictadura y el punto de partida para el proceso de configuración y consolidación de la democracia que aquellas elecciones, por si solas, no garantizaron1. Para caracterizar el contexto en el cual se aprobó la Ley de Amnistía el primer elemento importante que se debe tener presente es que si bien la movilización social hizo inviable la continuidad del franquismo, la capacidad de resistencia de los sectores que rechazaban la instauración de la democracia y que, al mismo tiempo, controlaban los resortes estratégicos del aparato del Estado -en particular militares- era muy grande.
Los acontecimientos de la primera mitad de 1976 demuestran que, al margen de las posibles intenciones del nuevo jefe de Estado, cuando murió Franco en noviembre de 1975, la cúpula del Estado franquista y buena parte de sus dirigentes se dispusieron a continuar con su programa político como si nada hubiera cambiado más allá de la figura del jefe de Estado. El jefe de gobierno continuaba siendo Carlos Arias Navarro y el proyecto de "reforma" que el gobierno quería impulsar era el de Manuel Fraga, un proyecto en el que primaban nítidamente los elementos de continuidad franquista.
Es imprescindible destacar esta voluntad de continuismo. Con frecuencia se analiza el proceso de transición de la dictadura a la democracia como si después de la agonía de Franco sus herederos hubieran querido romper con su pasado y, usando una metáfora, "franquismo y antifranquismo" se hubieran sentado alrededor Page 42 de una mesa de negociación presidida por el espíritu de fraternidad. Esa imagen está muy alejada de la realidad. La política de consenso -a la cual se le atribuyen tantas bondades por unos como traiciones por otros- empezó después de junio de 1977, cuando los ciudadanos ya habían dicho con su voto que querían el establecimiento de la democracia. Después de treinta años ya estamos acostumbrados a que los resultados electorales tengan múltiples lecturas pero, en aquel momento, la lectura de los resultados electorales era unívoca: global-mente la sociedad española optó claramente por la democracia -pocos votos para los herederos estrictos del franquismo-, aunque también quedó claro que la mayoría no optaba por abrir un proceso de transformación social. En ese sentido, los resultados electorales del PCE -no así del PSUC- fueron peores de los esperados atendiendo a su peso en la lucha contra la dictadura.
Es muy importante precisar el origen de la política de consenso para explicar la transición de la dictadura a la democracia, ya que el "consenso" se ha convertido en un concepto-clave que se ha usado indiscriminadamente. En este sentido, cabe remarcar que una parte destacable de los lugares comunes sobre las "traiciones" de la transición -tan proclamadas por algunos sectores de izquierdas- proceden de considerar que el consenso fue el punto de partida a partir del cual se puso en marcha el desmantelamiento del franquismo cuando, en realidad, fue el punto de llegada tras los resultados electorales de 1977. Efectivamente, la estrategia de Adolfo Suárez durante la segunda mitad de 1976 se podría sintetizar en una práctica política en la cual estaban muy presentes las reivindicaciones del antifranquismo pero, que también se caracterizaba por la negativa a realizar cualquier acto que indicase que estaba dispuesto a negociar. La razón fundamental era que su preocupación central era desactivar los sectores franquistas más inmovilistas que podían poner en peligro la monarquía, como se explicará más adelante. La cerrazón de Suárez a mostrar cualquier disponibilidad para la negociación sólo se mitigó en 1977, cuando los resultados del referéndum de la Ley de Reforma Política incrementaron notablemente su posición de fuerza.
Para echar luz sobre el proceso de Transición es fundamental no confundir la coyuntura de mitad de 1976 con la de un año después. Ahora bien, la política de consenso sí que es definidora de las características de la Transición a partir de junio de 1977, de manera que nos referiremos brevemente a sus causas. Se puede afirmar que la política de consenso se explica por dos elementos fundamentales: primero, por el equilibrio en la correlación de fuerzas explicitada en los resultados electorales, un equilibrio que, aunque no se correspondiera a la concreción partidista en las elecciones, ya era evidente en el pulso anterior entre franquismo y antifranquismo. Segundo, por el contexto internacional e interno en el cual la democracia aparecía como el único sistema que respondía a la voluntad popular y podía dar estabilidad al país, cosa que no garantizaba el continuismo franquista.
En términos globales se puede decir que los resultados electorales habían mostrado un equilibrio muy notable entre la izquierda y la derecha, si bien ésta Page 43 se veía beneficiada por la ley electoral y el control del aparato del Estado. Este "empate" era fundamental para la negociación. Por lo que se refiere a la derecha, cabe recordar que la Unión de Centro Democrático -UCD-, el partido en formación en el que se integró Adolfo Suárez para presentarse a las elecciones2, "sólo" obtuvo el 34% de los votos, un porcentaje muy alejado de sus previsiones, y relativamente cercano al del PSOE si a éste se suman los resultados de otras candidaturas como el Partido Socialista Popular, dirigido por Enrique Tierno Galván, que poco después se integrará en aquel partido. Igualmente, cabe tener presente que aquél porcentaje corresponde a la media española pero si la atención se centra en las zonas más activas políticamente se observa que los resultados fueron bastante inferiores; por ejemplo en Cataluña los "centristas" quedaron en una cuarta posición. Como es bien sabido, en una fase de consolidación de un régimen democrático la influencia de las zonas de fuerte movilización social es mayor.
En cualquier caso y en términos objetivos, más allá de las expectativas de cada fuerza, los resultados fueron decepcionantes para la UCD, los dirigentes de la cual los esperaban mejores, teniendo en cuenta que podían presentarse ante los sectores reformistas como los artífices de la desarticulación, a través de la Ley de Reforma Política, de las fuerzas inmovilistas, tanto de las recalcitrantes -el "bunker"-, como de aquellas más posibilistas y pragmáticas que, capitaneadas por Manuel Fraga al frente de Alianza Popular reclamaban la herencia del franquismo. Al mismo tiempo, los dirigentes de la UCD podían reclamar que ellos habían convocado las primeras elecciones libres en cuarenta años. Sin embargo, a pesar del control del aparato estatal -con todo lo que comporta- no consiguieron garantizar el predominio de las posiciones más conservadoras.
Ahora bien, en sentido contrario, el antifranquismo militante no consiguió un amplio apoyo electoral. El voto sociológicamente de izquierdas fue a parar sobre todo al PSOE, a pesar de que este partido había estado ausente en la lucha contra el franquismo que forzó el final de la dictadura. A ello contribuyeron distintos elementos entre los que no cabe menospreciar el hecho que, en aquel momento, los socialistas desarrollaban un discurso radical que combinaban con unas prácticas políticas bastante moderadas.
Este es el punto de partida para entender la actuación de los viejos/nuevos actores de la Transición. En junio de 1977 los resultados electorales dibujaron un panorama muy abierto gracias a que la correlación de fuerzas en el parlamento posibilitaba a la izquierda y obligaba a la derecha a establecer las bases de un sólido régimen democrático, pero situándose en posiciones moderadas. Paralelamente, en las nacionalidades históricas y en regiones como Andalucía, Page 44 se consolidaban partidos nacionalistas que enfatizaban el peso que en los últimos años del franquismo había alcanzado la reivindicación nacional.
Para las fuerzas que, en diversos grados, se habían opuesto a la dictadura, la labor más urgente del nuevo parlamento era la de acabar con el franquismo que continuaba vivo desde diferentes perspectivas, entre ellas a través de la legislación. En este contexto debe inscribirse la aprobación de la Ley de Amnistía el 15 de octubre de 1977. Esta ley puede ser considerada la culminación exitosa de la larga lucha reivindicativa sostenida por el antifranquismo en torno a la cuestión, una reivindicación que estuvo siempre estrechamente unida a la lucha por la democracia.
Las campañas pro-amnistía empezaron el mismo año 1939 y continuaron durante la posguerra, en el marco de la represión feroz desplegada por el franquismo con el objetivo, por un lado, de eliminar a una parte de los que consideraba sus enemigos y, por otro, de paralizar al resto. Después, la reivindicación de la amnistía continuó siendo fundamental, no solamente para intentar liberar a los presos sino, también, como elemento de denuncia de la falta de libertad en España. De la misma manera, las manifestaciones públicas en torno a la amnistía servían para dar visibilidad a la oposición al régimen. En Europa, los exiliados hicieron de los presos un elemento de denuncia continuada de la dictadura.
La amnistía como medida política fue reclamada por todas las organizaciones, pero me referiré ahora al programa político comunista porque al margen de que el PCE y el PSUC ocupasen un espacio protagonista en la lucha contra el franquismo, estas organizaciones inscribieron la amnistía en el marco de una política más amplia. En este sentido y, como se repetirá durante la transición, la amnistía era imprescindible para una...
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