El ambito de la segunda instancia

AutorManuel Richard González
  1. Introducción

    El ámbito de la segunda instancia se ha definido tradicionalmente en virtud del sistema de apelación que cada ordenamiento jurídico establece como propio, en el marco de dos modelos clásicos: la apelación plena y la apelación limitada. Ambos sistemas se diferencian, básicamente, por la amplitud respecto a la aportación a la segunda instancia del proceso de nuevos hechos, alegaciones y por la posibilidad de realizar nuevas pruebas en la alzada.

    Relacionado con el modelo de apelación y, por tanto, con el ámbito de la segunda instancia se suele plantear la cuestión relativa al alcance del recurso, pero que, no obstante, se refiere principalmente a la naturaleza de la actividad del Tribunal «ad quem» en orden al conocimiento y resolución de la alzada.

    En cierta forma, ambas cuestiones se relacionan entre sí y dependen una de otra. El sistema de apelación plena determina que el juicio de apelación se constituya en un «novum iudicium». A contrario, en el sistema de apelación limitada se atribuye a la segunda instancia una función controladora del proceso. De modo ilustrativo GUASP señalaba que para la idea de la apelación como renovación del proceso la prueba en segunda instancia debe ser admitida casi sin limitaciones, por lo mismo que se admite en el primer grado; para la idea de la apelación como revisión, la prueba en segunda instancia no es admisible, salvo excepciones[259].

    De igual modo, señala PRIETO CASTRO que en la concesión de oportunidades durante la apelación para completar con hechos y pruebas el material ya recogido en la primera instancia, independientemente de lo que en ella ocurra, es donde se advierte si un sistema procesal considera a la segunda instancia como una continuación de la primera, en la que se discute acerca de las pretensiones que constituyen el objeto de la demanda, o no simplemente una etapa destinada a inspeccionar lo ocurrido en la primera[260].

    Pero, además de tener en consideración la relación existente entre el ámbito de la segunda instancia y el alcance del enjuiciamiento del Tribunal «ad quem», tampoco hay que obviar que el alcance y características de la segunda instancia se determinarán en virtud del sentido general que el ordenamiento jurídico le otorgue. Es decir, si bien la mayor o menor apertura a los hechos y alegaciones en la apelación condicionan cuál sea el alcance del juicio de apelación y, por tanto, cuál sea el alcance del recurso, también es preciso atender a la sistemática y coordinación de los distintos preceptos legales relativos a la segunda instancia que finalmente determinan, como indicaba DE LA PLAZA, aquéllo que puede hacer el tribunal «ad quem» con relación a lo que hizo el tribunal «a quo»[261].

    Por último, hay que tener también en cuenta que el ámbito de la segunda instancia además de estar condicionado por la entrada en la alzada de nuevos hechos o alegaciones, viene también determinado por la pretensión o pretensiones impugnatorias ejercitadas en la segunda instancia del proceso[262].

  2. Los sistemas de apelación[263]

    Un tema tradicional en la doctrina que ha tratado del recurso de apelación es el de los límites de la alzada, con la referencia inevitable a los dos sistemas clásicos de apelación, la plena y la limitada, diferenciados por la aportación de nuevos hechos o alegaciones a la segunda instancia del proceso. En un primer momento se plantearon los dos sistemas de apelación como contrapuestos y sujetos a distintos presupuestos y finalidades, suscitándose enconados debates y adoptándose uno u otro sistema en virtud de los distintos condicionantes históricos y la tradición jurídica de cada país[264].

    No obstante, con el tiempo ha sido inevitable que la evolución de ambas apelaciones, plena y limitada, tienda hacia un «lugar» intermedio común, dados los inconvenientes que presentan los sistemas de apelación puros. Es decir, por una parte en los sistemas de apelación límitada como el de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil se acogen concesiones al denominado «ius novorum» y, al contrario, países con una gran tradición de apelación plena como Alemania modifican su Ley Procesal al objeto de restringir el acceso de hechos y pruebas a la segunda instancia.

    1- La apelacion plena

    El sistema de apelación plena tiene su origen histórico inmediato en el sistema francés establecido en el código Napoleónico y, posteriormente, en la Ley alemana de 1877 [Zivilprozessordnung ZPO] que lo denominó volle Berufung[265].

    Se caracteriza por la amplitud con que acoge el «ius novorum», es decir, la aportación en la segunda instancia del proceso de nuevos hechos, pedimentos o excepciones, y la posibilidad de practicar toda clase de pruebas, modificando de este modo la base fáctica y jurídica de la litis respecto a la primera instancia del proceso[266].

    No son, sin embargo, admisibles nuevas demandas que están proscritas en los sistemas de apelación limitada y plena[267].

    De este modo, es indudable que la segunda instancia en el sistema de apelación plena se constituye en un «novum iudicium», ya que la aportación a la alzada de nuevos «elementos» fácticos o jurídicos determinan que el Tribunal «ad quem» se encuentre con una causa renovada, que debe enjuiciar mediante una nueva valoración del fondo del asunto con base en el pronunciamiento impugnado, y en todos aquellos nuevos hechos y pruebas aportados por las partes[268].

    El sistema de apelación plena, en ciertos momentos, encontró un fuerte apoyo de la doctrina que consideraba que es el modelo de apelación que más se aproxima al concepto de justicia material. En este sentido, parece lógico que no habiendo finalizado el proceso se permita a las partes defenderse alegando todos aquellos hechos o pedimentos que no realizaron en primera instancia y que, en su caso, se pueda realizar la prueba que se solicite[269].

    No obstante, en un sistema puro de apelación plena se corre el riesgo que las partes conviertan la primera instancia en un trámite formal e inutil, pudiendo producirse disfunciones en la administración de justicia[270].

    Obsérvese, que teniendo plena posibilidad de alegar y probar en la alzada, sería harto frecuente que, por ejemplo, el litigante conocedor de un hecho determinante en la resolución del pleito omitiera su presentación en la primera instancia, a pesar que pueda ser condenado, sabiendo que puede aportarlo en la alzada y vencer a su contrincante[271].

    En este sentido, señala ALVAREZ ABUNDANCIA que se produciría una degradación procesal de la primera instancia en la que no «cristalizaría» ningún resultado definitivo, ya que la propia sentencia no sería, sino, una sentencia provisional. Además, si hoy la carga de trabajo de los Tribunales de apelación es notable, con un sistema de apelación plena la situación, consideramos que todavía se agravaría más[272].

    Por otra parte, es innegable la necesidad lógica que el Juez superior conozca de la misma causa sustanciada en primera instancia y no de otra, que, en definitiva, puede ser totalmente distinta de la planteada en la primera fase del proceso.

    La regulación del juicio de apelación podrá prever más o menos oportunidades a las partes para formular nuevas alegaciones o pedimentos, o para completar con hechos y pruebas el objeto de la litis establecido en primera instancia, pero siempre deberá tener como horizonte el pleito anterior, antecedente primero, mediato e imprescindible de la segunda instancia, sin el cual, y siendo diferente el objeto procesal, no tiene sentido denominar segunda instancia al nuevo proceso[273].

    Por estas razones, de una forma u otra, en los países que adoptaron el sistema de apelación plena se han producido diversas reformas tendentes a limitar la amplitud del «ius novorum», lo que ha aproximado ambos sistemas[274].

    Ejemplificador es el supuesto Italiano, donde se han producido una serie de reformas de la Ley procesal que han modificado la amplitud del juicio de apelación, en tendencia hacia un sistema u otro[275].

    No hay que olvidar que precisamente en Italia los estudiosos del derecho procesal han dedicado una atención especial al estudio de los sistemas de apelación, conformándose dos escuelas o tendencias en favor de uno u otro sistema que, en definitiva, han influido de diversa forma, según el momento y las circunstancias políticas, en el ánimo del legislador a fin de establecer un sistema u otro[276].

    2- La apelacion limitada

    El sistema de apelación limitada deriva del Derecho común como una de las posturas que se adoptaron en la glosa con relación al ambito de la apelación. Se concreta en el Código austriaco de 1895 (bescharänkte Berufung) y, aún antes, en nuestra LEC de 1855, y después en la actual de 1881[277].

    La nota característica de este sistema es la limitación de la aportación de nuevos hechos a la segunda instancia del proceso. Por tanto, se rechaza como norma el «ius novorum» y se restringe la apertura del pleito a prueba en la alzada, a salvo de las excepciones que se prevean[278].

    Con relación al alcance del recurso en este sistema de apelación, como quiera que el objeto procesal no es susceptible de modificación en lo esencial, la doctrina entendió que el Tribunal de segunda instancia se encuentra frente a la demanda en la misma posición que se hallaba el juez de primer grado en el momento de fallar. Por esta razón, el procedimiento de apelación puede considerarse como la prosecución del procedimiento del primer grado reanudado en la condición en que se encontrara antes del cierre de la discusión y, en su virtud, el Tribunal «ad quem» debe limitarse a revisar el proceso de primera instancia mediante la realización de un segundo proceso complementario del primero que tiene por objeto la revisión de lo actuado en la instancia, se trataría de una «revisio prioris instantiae» [279].

    Se defiende este sistema arguyendo que, salvando el principio de doble instancia, se garantiza la igualdad de las partes en el proceso, se respeta el principio de preclusión inspirador del proceso como...

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