Sin alternativa a la prisión: el periodo de seguridad y la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad
| Autor | Eva Dominguez Izquierdo |
| Cargo | Universidad de Jaén |
Volumen 26, Diciembre de 2021
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Universidad de Jaén
E-mail: evadomin@ujaen.es
La declaración constitucional contenida en el art. 25.2 aun
interpretada de forma menos limitada a la exclusiva proyección a la ejecución
penitenciaria, sirve para rechazar las penas de prisión de larga duración y para
discutir la pertinencia del denominado “periodo de seguridad” que, introducido
por LO 7/2003, obliga a cumplir, en ciertos casos de forma imperativa, una
parte de la pena de prisión no susceptible de remisión. Este periodo blindado
en el que parte de la pena debe cumplirse irremediablemente en el Centro
penitenciario sin que pueda obtenerse el tercer grado de tratamiento antes
de cumplir la mitad de la pena, supone un elemento extraño al principio de
nuestra LOGP, al fundarse exclusivamente en el dato de la gravedad de la pena
y el cumplimiento de cierto periodo de tiempo, lo que nos retrotrae el sistema
instituto como potestativo y la posibilidad de vuelta al régimen ordinario
de cumplimiento, no logra evitar la disfuncionalidad que supone que sea el
Juez sentenciador quien decida, al margen del tratamiento penitenciario, la
mismo, en el que también interviene activamente la víctima.
Palabras clave: reinserción, periodo de seguridad, pena privativa de libertad,
The constitutional declaration contained in art. 25.2, even
Constitutional Court, if interpreted in a less limited manner than the exclusive
projection of penitentiary execution, serves to reject long-term custodial
sentences and to discuss the relevance of the so-called “security period”
cases in an imperative way, a part of the custodial sentence not susceptible
to remission. This armored period in which part of the sentence must be
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irretrievably served in the penitentiary facility without being able to obtain the
third degree of treatment positions itself as a strange element to the principle
our LOGP as it is based exclusively on the degree of severity of the sentence
progressive system that was believed to have been overcome and brings us
closer to the purposes of general prevention.
institute as optional and the possibility of returning to the ordinary regime,
does not manage to avoid the dysfunctionality that is generated when the
sentencing judge decides, apart from prison treatment, the adequacy of a
victim also actively intervenes.
individualization.
SUMARIO I. II .
2.1. El
sentido político criminal de la gura. 2.2. Modalidad genérica, agravada y excepcional del periodo de seguridad.
2.2.1. Modalidad genérica. 2.2.2. Penas superiores a cinco años. 2.2.3. El periodo de seguridad cuando recae una
nueva condena. 2.2.4. Regreso al Régimen general de cumplimiento: la revocación del periodo de seguridad. 2.3.
Régimen excepcional. III. R3.1. Satisfacción de la
Responsabilidad civil. 3.2. Abandono de los nes y medios terroristas.
Cuando se alude al art. 25.2 CE en relación con la orientación hacia la reeducación y re-
inserción social1 que debe guiar a las penas privativas de libertad2 -aunque también a las
1 El tenor literal del precepto es mucho más amplio comprendiendo otros aspectos relativos a la ejecución de la pena
de prisión: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación
y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere
cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean
expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley Penitenciaria. En
como el acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”.
2 Las penas privativas de libertad son, a tenor de la Reforma operada por LO 1/2015 en el CP y según el art. 35,
la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria
por impago de multa. Esta última puede, según lo establecido en el art. 53 CP, cumplirse mediante localización
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medidas de seguridad, sin que se mencione la índole de estas que pueden ser privativas
positiva3 4. En
este sentido, puede advertirse que nada dice el Texto constitucional acerca de otros fun-
no puede confundirse esta declaración orientada esencialmente al ámbito de ejecución
penitenciaria5
mismo de las sanciones penales, sea cual sea su naturaleza6.
En suma, la ausencia de mención en la redacción del citado art. 25.2 CE a otros
objetivos de la pena de prisión podría suscitar dudas acerca de si la reinserción es la única
-
ral, básicamente en su versión intimidatoria. Pese a las tensiones que puedan plantearse
en relación a la prevalencia de otra de las funciones de la pena7, lo cierto es que se debe
instrumentos. De lo contrario, podría concluirse que la pena deviene innecesaria cuando
el sujeto no requiere ese trabajo de resocialización por estar perfectamente integrado o
porque no es posible llegar al objetivo previsto (bien por ser la pena corta, por tener el
penado una edad muy avanzada o por ser un delincuente por convicción), lo que no sería
admisible atendiendo no solo a la función de protección de bienes jurídicos que el Dere-
cho penal persigue –mirando hacia el futuro- mediante la imposición de la pena, sino, al
hilo de lo anterior, por cuestiones de prevención general.
día de privación de libertad.
3 No es usual encontrar declaraciones de esta índole en Textos constitucionales. Como excepción, cabe mencionar,
la Carta de Italia (art. 27.3) donde se señala que las penas, en general, no pueden ser contrarias a la humanidad
penal debe organizarse “sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la y la educación como medios
para la readaptación social del delincuente”.
4 Art. 1.1º LOGP recoge que las Instituciones penitenciarias “tienen como n primordial la reeducación y la
reinserción social de los sentenciados a penas y medidas de seguridad, así como la retención y custodia de
detenidos, presos y penados”. Fórmula repetida en el art. 2 del Reglamento Penitenciario (RP), donde se asevera
que es el “n primordial”. Del mismo modo, el art. 59 LOGP establece: 1. “El tratamiento penitenciario consiste
en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los
penados.
5 Como evolución del sistema progresivo en la ejecución de las penas que impulsara en España MONTESINOS en
los albores del S. XX conjugando los avances en la resocialización con la buena conducta y el trabajo, determinando
un progreso en grados desde el más severo, pasando por la semilibertad y terminando con la libertad condicional,
1978 y la promulgación de la LO 1/1979 General Penitenciaria, que lo consagra. Vid. art. 1 que lo conecta con el
6 En este sentido, la STC 55/1996, de 28 de marzo (La Ley4318/1996), en un supuesto en el que se alegaba la
individuo en relación a su resocialización, garantizando, al mismo tiempo, los derechos de una sociedad que
tiene derecho a proteger sus intereses más importantes recurriendo a la pena cuando sea necesario lleva a concluir
prevención, la tensión dialéctica no es fácil de resolver sobre todo si se pretende buscar la coherencia de un sistema
y no hacer política populista.
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