Administración pública: responsabilidad social
| Autor | Fundación Bequal |
| Páginas | 33-52 |
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La Comisión Europea define la responsabilidad social empresarial (RSE) como un instrumento mediante el que las empresas integran aspectos sociales y ambientales en sus operaciones y en la interacción con sus grupos de interés, de una forma voluntaria, más allá de las exigencias legales. Por lo tanto, la RSE puede entenderse como una contribución empresarial al desarrollo sostenible, con un enfoque de gestión que impulsa la competitividad y la cohesión social.
De la misma forma, la Comisión Europea reconoce que es necesario un enfoque específico para estimular la RSE entre las PYME y que dicho enfoque requiere la cooperación activa de los principales organismos intermediarios y de apoyo a las PYME.
En España, el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (2008) define la responsabilidad social como un conjunto de compromisos de diverso orden económico, social y medioambiental adoptados por las empresas, las organizaciones e instituciones públicas y privadas que constituyen un valor añadido al cumplimiento de sus obligaciones legales, contribuyendo, a la vez, al progreso social y económico en el marco de un desarrollo sostenible.
En este contexto, el papel de la Administración Pública es el de impulsora o dinamizadora en el conjunto de la sociedad y modelo de referencia en sus ámbitos de responsabilidad. En estas actuaciones, la Administración no tiene que actuar desde una situación de poder, sino como catalizadora de la RSE.
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Tal y como establece el informe de la Subcomisión Parlamentaria sobre Responsabilidad Social Empresarial presentado en 2006, de acuerdo con la tipología de los roles del sector público en el fortalecimiento de la RSC que ofrecen Fox, Ward y Howard en un estudio elaborado para el Banco Mundial, serían cuatro las categorías básicas de roles con las que se podrían clasificar las iniciativas en el ámbito de la acción pública en RSE.
En primer lugar, el papel regulador del sector público, mediante el cual se definen los estándares mínimos de la actuación empresarial dentro del marco legal.
Por otra parte, el rol facilitador o de apoyo permite estimular la implicación de actores clave en la RSE, a través de la puesta en marcha de formación en RSE, de comunicación, o de difusión de información. Las Administraciones Públicas pueden establecer políticas que promuevan la de los distintos agentes en este campo.
Importante además es el rol de colaboradora de la Administración en RSE, pues los acuerdos estratégicos pueden agrupar y poner en común las capacidades y los logros complementarios de los sectores públicos y privado, y de la sociedad civil. Las Administraciones Públicas pueden actuar como participantes, como coordinadoras o como facilitadoras.
Por último, el papel del poder público como promotor de la RSE y, en particular, de las iniciativas que la ponen en práctica. Esta promoción puede desarrollarse con diferentes fórmulas que incluirían la difusión pública, el reconocimiento directo de los esfuerzos de organizaciones individuales o consorcios, o el mismo efecto ejemplarizante que tienen las prácticas de gestión del sector público o la incorporación de aspectos sociales en la contratación pública, las denominadas cláusulas sociales, que recoge ya expresamente el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y que permite influir sobre el mercado y el entorno.
Es por este motivo que, sin dejar de lado a las grandes empresas, es ineludible definir medidas que impulsen la incorporación de la responsabilidad social en las PYMES como motor de cambio empresarial y social, adaptando la gestión responsable a las particularidades de las PYMES a través de programas de acompañamiento que compensen la posible falta de recursos.
Como acciones dirigidas a incrementar el número de empresas socialmente responsables y la intensidad de su compromiso, se pueden incluir aquellas destinadas a dar apoyo y asesoramiento a las empresas en el proceso de implantación de la
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responsabilidad social, tanto interna como externamente, y fomento de la RS en las empresas mediante el impulso de un marco común territorial para la compe-titividad responsable y sostenible, poniendo en marcha programas y herramientas de acompañamiento en RS a las empresas e introduciendo en las convocatorias de subvenciones y en los contratos públicos elementos de valoración de la responsabilidad social.
Por ello, la Administración dispone de herramientas para impulsar directamente el proceso de implantación de la cultura de la RSE, no siendo exclusivas de ninguna Administración las políticas de apoyo a la RSE. Es más, en la estructura territorial española son perfectamente compatibles las intervenciones públicas de la Administración General del Estado, de las Administraciones Autonómicas y de las Administraciones Locales. Pueden producirse incluso sinergias de interés, así determinadas políticas de fomento a la RSE tienen un campo específicamente local.
De hecho, son varias las razones por las que la Administración Local impulsa iniciativas de promoción de la responsabilidad social empresarial, entre ellas: la mayor proximidad y conocimiento del territorio, fin de la propia Administración Local, papel catalizador de las voluntades de los actores del territorio, basado en una cultura de corresponsabilidad.
Podemos considerar, por tanto, que la Administración Local es una de las más indicadas para liderar y dinamizar la implementación de los principios de la responsabilidad social, favoreciendo así un modelo de desarrollo territorial estratégico, permanente, innovador y de calidad, siendo fundamental, además, trabajar por una Administración Pública más responsable socialmente, haciendo hincapié en las medidas en materia de RS que la Administración aplicará para promover el comportamiento socialmente responsable dentro de sus propios departamentos, promoviendo actuaciones ejemplares para el resto de organizaciones, empresas y ciudadanía.
Muchos y diversos han sido los caminos que están llevando a las Administraciones Públicas a esta toma de posición y enfoque de gestión de las políticas públicas y la organización interna. La presión de las partes, tanto externas como internas, es un elemento inductor, como también lo es la lógica evolutiva de los propios modelos
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de gestión. Entre estas lógicas internas, nos referimos a los modelos de gestión que se han ido incorporando tanto a nivel de sistemas de gestión integrada como, especialmente, en la mejora de la calidad y la búsqueda de la excelencia.
Hay que decir que modelos como el EFQM ya contemplan la RS de la organización, de manera que actúa como un elemento motivador interno. Igualmente, los compromisos adquiridos en los Planes Estratégicos, las Cartas del Ciudadano o las Agendas 21 han favorecido la incorporación de los conceptos de RSC. Finalmente, algunas prácticas concretas, como las de conciliación de la vida laboral y familiar, por lo que afecta a los propios trabajadores, o las de participación ciudadana, por lo que afecta a los grupos sociales, también han propiciado una lógica que apunta hacia la RS.
Sin embargo, apuntamos que las causas más profundas y las que se vinculan con una orientación más estratégica de la RSA vendrían dadas por la necesidad de abordar nuevos retos complejos que presenta nuestra sociedad y la necesidad de abordar la gestión del cambio a nivel de la propia organización, siendo ambas necesidades fruto del nuevo contexto marcado por la sociedad del conocimiento.
Resulta adecuado comenzar el análisis del concepto de gestión pública desde una perspectiva etimológica del mismo, para lo cual es posible citar a Emilio Albi, José Manuel González Páramo y Guillem López Casasnovas, quienes plantean que lo que la gestión pública implica es «un conjunto de decisiones de coordinación y motivación de las personas, plasmados en procedimientos y mecanismos contractuales para alcanzar los fines de la organización estatal (eficiencia y equidad), dentro de las restricciones del marco jurídico-político». Estos autores distinguen en su análisis el concepto de gestión, entendiendo por tal «un conjunto de reglas y decisiones dirigidas a incentivar y a coordinar acciones», y el concepto de pública debido a que «persigue metas colectivas y se desenvuelve en el marco de unas restricciones jurídico-políticas peculiares» (Albi, 1997).
Desde otra perspectiva, el concepto de gestión pública también se vincula con el enfoque de las políticas públicas, en especial cuando se mencionan temáticas tales como salud, educación o vivienda, las que describen necesidades sociales, requiriéndose una capacidad de gestión pública muy importante para satisfacerlas,
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sobre todo en lo referido a las decisiones que permitan desarrollar políticas públicas pertinentes.
Es importante señalar que las políticas públicas «constituyen hoy en día el principal nexo entre la sociedad civil y el Estado, transformándose en el principal quehacer del Estado contemporáneo y, por ende, su principal producto», por lo que las funciones que tienen las políticas públicas en la actualidad, de acuerdo a Tomassini (2002), serían:
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Converger en una visión estratégica de desarrollo del país.
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