La actividad del organo jurisdiccional en segunda instancia

AutorManuel Richard González
  1. Introducción

    El Tribunal de alzada ocupa en la apelación la misma posición que el órgano «a quo» en la primera instancia. Así, debe conocer íntegramente del asunto debatido en primera instancia con respeto a los términos del debate procesal y a la impugnación efectiva de las partes, que con base al principio de rogación someten a la revisión del Tribunal «ad quem» aquellos pronunciamientos de la sentencia de primera instancia que les causan gravamen[1].

    Ahora bien, la delimitación del «quantum» procesal por las partes no incide, en modo alguno, en el contenido cualitativo de la actividad procesal que realiza el Tribunal de segunda instancia en el ámbito de sus funciones. Impugnada la sentencia y devuelta, por tanto, la competencia funcional al órgano superior el Tribunal «ad quem» de forma indefectible procederá de acuerdo con los poderes y facultades que le son propios. En este sentido, podemos estructurar las facultades del Tribunal «ad quem» en dos órdenes de cuestiones:

    1. ) El Tribunal «ad quem» ejercerá de oficio una serie de facultades procesales con independencia de la alegación concreta de los litigantes. Estas facultades se refieren a la revisión de la corrección procesal del desarrollo de la litis respecto a los presupuestos procesales y, en general, a la corrección del procedimiento judicial sustanciado en la primera instancia del proceso[2].

    2. ) También procederá el Tribunal de alzada a desarrollar la actividad procesal relacionada directamente con la revisión de la sentencia impugnada, es decir, la relativa al examen de los hechos y la declaración del derecho, incluida la condena en costas[3], mediante un nuevo enjuiciamiento del asunto. De esta forma la segunda instancia posibilita el control por el Tribunal Superior tanto de la «questio facti» como la «questio iuris», teniéndose por reproducidas con toda amplitud ambas cuestiones tal y como quedaron fijadas en la primera instancia del proceso[4].

  2. Relativa a los poderes "ex officio"

    El Tribunal «ad quem» no está limitado por el principio de congruencia respecto a la concurrencia de determinados presupuestos procesales, nulidad, o cuestiones de fondo afectadas por normas de «ius cogens»[5].

    En estos supuestos, que la doctrina denomina excepcionales, el principio general de configuración de los poderes del Tribunal de alzada, prefijados dentro de los contornos y límites de la justicia rogada, queda excepcionado por razones de interés público. Por tanto, deberá el Tribunal pronunciarse de oficio, sin necesidad de intervención de parte alguna, ya que en definitiva los presupuestos procesales constituyen la base y condición de la entrada en el examen y la decisión sobre el fondo [6].

    Como declara el TC la función revisora que conlleva la apelación supone que no se limiten los poderes del Juez para conocer de la totalidad de la actividad del órgano judicial inferior, incluyendo las decisiones sobre las decisiones sobre la existencia de los requisitos procesales que la ley exige para la viabilidad del recurso de apelación[7].

    1- Respecto a los presupuestos procesales

    Al Tribunal «ad quem» en virtud de sus atribuciones incumbe el control y conocimiento «ex officio» del cumplimiento de las normas de orden público. Así, respecto a los presupuestos procesales con independencia de que fuesen o no alegados tales defectos por las partes en el curso del proceso[8], y sin que se pueda considerar vinculado por las decisiones que haya adoptado el Tribunal inferior cuya resolución es objeto de recurso[9]; cuando se prescinda total y absolutamente de las normas esenciales del procedimiento; o se infringan los principios de audiencia, asistencia y defensa que produzcan indefensión[10].

    No obstante, la facultad de control atribuida a los órganos judiciales respecto a los requisitos de admisibilidad de los recursos y la interpretación de las normas procesales, no ampara ni justifica interpretaciones formalistas o basadas en un rigorismo desproporcionado, o contrario al libre acceso a los recursos[11].

    Son presupuestos procesales apreciables de oficio[12]:

  3. Los referidos a la admisibilidad del recurso[13], incluso respecto de la no procedencia del recurso de apelación[14]. Entre estos presupuestos se hallan:

    - la falta de consignación de rentas o la acreditación de su pago, que el TC declara que constituye un requisito imperativo y de orden público que se debe apreciar de oficio por los Tribunales[15].

    - La fundamentación del recurso de apelación en el juicio verbal y de cognición (art. 733 LEC)[16].

  4. Los relativos al cumplimiento de los requisitos procesales previstos para la primera instancia del proceso. Entre estos, es apreciable de oficio la corrección de la ejecución despachada por el Tribunal de instancia (art. 1440 LEC)[17].

    O los defectos constitutivos de la relación procesal en primera instancia[18].

  5. Los relativos a la falta de Jurisdicción o de competencia objetiva por razón de la materia[19].

  6. Los relativos a las partes, como la constitución irregular de la litis, por no haber sido demandadas todas las personas a quienes pueda afectar la cosa juzgada; o con relación a la existencia de defectos constitutivos en la relación jurídico-procesal[20].

    La apreciación, por el Tribunal «ad quem», de la falta u omisión de algún presupuesto o requisito procesal podrá dar lugar a una declaración de nulidad de las actuaciones. No obstante, es preciso tener en cuenta que la Jurisprudencia se ha pronunciado respecto a la subsanabilidad de algunos requisitos procesales. En este sentido, son subsanables y, por tanto, no tienen verdadera naturaleza de requisito procesal, la habilitación de abogado, ya que la jurisprudencia lo considera un requisito meramente incidental de carácter subsanable[21];la firma de aquél o del Procurador[22];la falta de acreditación de haber consignado cuando lo exige la ley (siempre que la consignación se hubiere realizado), o la insuficencia de la consignación realizada[23];o, finalmente, la falta de reclamación previa en vía administrativa[24].

    2- Respecto a las cuestiones de orden público

    En algunos procesos civiles, sea por el objeto mismo del juicio o incidentalmente, se suscitan cuestiones que se relacionan de una u otra forma con el orden o interés público. Por ejemplo, en procesos que afectan al estado civil y condición de las personas, de incapacitación, alimentos etc. Respecto a estas materias, la doctrina procesal se ha pronunciado, considerando que debe el Tribunal y, por tanto, no comete incongruencia, pronunciarse de oficio sobre aquellas cuestiones que afectan al interés público[25].

    No obstante, no es esta una doctrina pacífica; lo que se pone de manifiesto con decisiones jurisprudenciales de distinto signo.

    Por una parte, algunas sentencias consideran que, con excepción de los presupuestos procesales, es presupuesto necesario para resolver cualquier cuestión, que haya sido sometida al juzgador de alzada. En este sentido, declaran que no és óbice a la «firmeza» o inamovilidad de la resolución no impugnada el carácter de orden público de la materia, ya que en ningún caso se podrá extender el ámbito de conocimiento del Tribunal de segunda instancia a aquellas pretensiones que, por no impugnadas, no han sido sometidas al conocimiento de dicho Tribunal y consecuentemente han devenido firmes[26].

    Sin embargo, otras sentencias mantienen distinto criterio y consideran que los Jueces y Tribunales no estan obligados por el principio de congruencia procesal cuando en detrimento del principio dispositivo deben conocer de oficio de cuestiones afectantes al interés público; por ejemplo en los procesos que afectan al estado civil y condición de las personas[27].

    También se plantea en la jurisprudencia, el problema relativo a los vicios de nulidad, de que puedan adolecer los contratos, y su posible apreciación de oficio por el Tribunal «ad quem». Es decir, si en el supuesto de existir una nulidad inmanente al contrato, no impugnada por el perjudicado, puede la Audiencia conocer de la nulidad radical del negocio jurídico realizado entre las partes[28].

    Respecto a esta cuestión, la doctrina jurisprudencial considera que para que pueda declararse la nulidad de los contratos debe ser solicitada en forma adecuada, es decir, solicitandolo sea en primera instancia o en vía de recurso al Tribunal competente. Ahora bien, el Tribunal «ad quem» puede realizar las oportunas declaraciones cuando los pactos y claúsulas que integran el contrato sean manifiesta y notoriamente contrarios a la moral, ilícitos o usurarios[29].

    O respecto a los actos radicalmente nulos, en referencia a la nulidad de las relaciones contractuales entre los litigantes[30].

    En conclusión, consideramos que dificílmente pueden hallarse, en materias de esta naturaleza, soluciones homogéneas, ya que se tendrán en cuenta la concreta afectación del interés u orden público en cada caso concreto. En definitiva, priman los criterios de justicia material, más allá de un improbable criterio jurisprudencial unánime.

  7. Relativa a los vicios «in procedendo»

    El recurso de apelación es él cauce procesal a través del cuál las partes deben solicitar la nulidad de las resoluciones judiciales, ya se sustancie como cuestión incidental en la segunda instancia del juicio de mayor cuantía y de incidentes, o con la apelación principal en el resto de procedimientos. No obstante, la denuncia y apreciación, en su caso, de los vicios o defectos procesales no es la finalidad esencial de la segunda instancia del proceso, que por definición supone un segundo conocimiento del pleito ya decidido en sentencia definitiva sobre el fondo del asunto[31].

    La regulación del recurso de apelación de la LEC supone la unificación en éste recurso de dos medios de impugnación destinados a combatir los distintos vicios de los que puede adolecer la sentencia de instancia: los errores «in procedendo»[32] e «in iudicando»[33].

    Respecto a los primeros, se entendía que la sentencia afectada de aquél vicio no podía...

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