Acciones terroristas y retórica de paz: los diez puntos del Movimiento Bolivariano para la Nueva Colombia
| Autor | Jaime Contreras |
| Páginas | 323-340 |
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CAPÍTULO 19.
ACCIONES TERRORISTAS Y RETÓRICA DE PAZ: LOS DIEZ PUNTOS DEL MOVIMIENTO BOLIVARIANO PARA LA NUEVA COLOMBIA
Eran dos los asuntos que desembocaban en este tema, de la beligerancia, que los mandos de la guerrilla venían persiguiendo desde el inicio del proceso y que, sin duda, fue una de las razones de la insurgencia para aceptar iniciar el proceso de paz. El primero era el de la territorialidad de la insurgencia, que ya se ha señalado, y el otro, íntimamente vinculado con él, el de los “prisioneros”, así llamados, eufemísticamente, y sobre los cuales Marulanda exigió, desde el principio, que se formalizara en el congreso de la República una Ley de Canje. Para el jefe de la guerrilla el otorgamiento tácito de beligerancia caería como fruta madura, cuando el estado aceptase la calidad de “prisioneros de guerra” de los guerrilleros capturados por las fuerzas armadas o por la policía; por eso se empeñaban en denominar con los mismos términos, es decir, como “prisioneros de guerra” a los soldados que ellos habían secuestrado. Si el gobierno aceptaba tal aspiración, la naturaleza jurídica del conflicto cambiaría y dejaría de ser un asunto interno para convertirse en un “conflicto armado internacional” Pastrana, como era obvio, no podía aceptar tal la idea y, en las dos conversaciones que tuvo con Tiro Fijo consiguió dar largas a sus pretensiones. Sin embargo, este problema fue siempre un tema recurrente que el Alto Comisionado, mucho más flexible en su estrategia de negociación, trató de contemplarlo en un contexto más amplio.
Por todo ello, cuando en un intento más por retomar las conversaciones, el presidente decidió echar marcha atrás en el tema de la Comisión Internacional de Verificación, que dio origen a la congelación de la Mesa, y dijo que la sustituiría por una Comisión de Acompañamiento, el tema de los prisioneros salió, otra vez, a la palestra pública. Resultaba ser, éste, un problema sensible, no solo por la persistencia de las FARC, sino también porque había saltado a la opinión pública de la mano de los familiares de los soldados y policías secuestrados que, con el permiso del gobierno o sin él, se paseaban frecuentemente por el Caguán en busca de Marulanda o el Mono para suplicarles la devolución de los secuestrados, “prisioneros” –corregían de inmediato– los jefes insurgentes. Estos familiares habían formado una asociación
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JAIME CONTRERAS
que tenía fácil acceso a los periódicos y a los canales de televisión, por lo que se había extendido una opinión “pública” favorable, en la sociedad colombiana, a la ley de canje; claro está, sin conocer exactamente las consecuencias políticas que eso conllevaba. Fue muy comentada, por algunos medios, la entrevista que, un grupo de estos familiares, tuvieron con Marulanda y el Mono en la selva del Caquetá. En un momento de la misma los familiares suplicaron por la devolución de los secuestrados y llegaron a ofrecer alguna compensación económica por ello; entonces el Mono, muy en su estilo “se enverracó –escribió un familiar– y me dijo que esto no es cuestión de plata sino de política. Y ahora a ustedes les toca joder la vida al Gobierno con lo del canje”. Y efectivamente los familiares y algunos medios de comunicación lograron organizarse en una especie de asociación de afectados que les permitió tener mayor presencia pública y estructurar sus demandas, para satisfacción de los insurgentes, ante las instancias jurídicas de la Nación y ante el mismo Congreso, hasta el punto de que éste decidió crear, una comisión ad hoc al respecto que, finalmente, decidió elaborar una ley de canje de prisioneros. Para disgusto del ejecutivo, la táctica de la presión de Marulanda, jugando con la manipulación de los familiares, había “triunfado”; y ahora tocaba al gobierno, que comenzaba a dar, en este asunto, señales de división, desplegar toda su fuerza parlamentaria para obstaculizar su aprobación.
Parece, al decir de algunos congresistas, que el trámite de la propuesta de ley no tuvo muchos obstáculos en el camino y a ello contribuyó la acción “pactista” del Alto Comisionado que sostenía la tesis, un tanto inocente, de que la ley posibilitaría un acercamiento definitivo de la guerrilla a la Mesa. Fueron los militares, en cabeza del general Tapias, los que desplegaron toda su fuerza e influencia para impedirla y, por influencia directa del ministro del Interior la propuesta de ley de canje que, permitía el truque de soldados y policías secuestrados por guerrilleros, fue abortada. Para “calmar” a la guerrilla, el equipo del gobierno habló de poner en marcha un intercambio humanitario de retenidos, pero esto no palió la decepción que se sintieron los jefes subversivos del Caguán, los cuales, profundamente irritados, respondieron como solían: incrementando las acciones armadas en torno a diversos municipios cercanos a la zona de distensión con el objetivo de reclamar la superioridad de su presencia sobre toda la zona, como era de esperar; ello provocó algunos enfrentamientos armados con las fuerzas de contraguerrilla del ejército que causaron la muerte de casi un centenar de subversivos mientras que, de lado de las fuerzas del ejército, las bajas fueron sensiblemente inferiores; una vez más se demostraba que, en el enfrentamiento con las fuerzas militares, la respuesta armada de la insurgencia, era muy inadecuada; algo, en este punto, debía ser reformado.
Pero, además de estos fracasos armados, en las FARC se vivía una fuerte frustración sentida por la malograda ley de canje que alejaba el tema de reconocimiento del estatuto beligerancia. Sin embargo, en este problema, la guerrilla contaba con la ayuda inestimable del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Como ya se indicó, en marzo de 1999, ante los periodistas, éste había declarado que el estatuto de beligerancia le asistía de pleno derecho a las FARC, y ello se había producido, indicaba, por propia decisión del mismo gobierno colombiano que les “había concedido” un territorio específico, sobre el cual el poder guerrillero era, de hecho, el poder de su propio estado. Se trataba de una interpretación muy “sui generis”, la que hacía el mandatario
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FARC-EP: INSURGENCIA, TERRORISMO Y NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA
venezolano, pero no cabía duda que su discurso salto a los medios de comunicación, que era, en verdad, lo que perseguía el líder bolivariano.
Con esos mismos argumentos, reclamaba Marulanda el reconocimiento de beligerancia; se trataría de conseguir una decisión favorable en el ámbito internacional basado en el principio de “autoridad” sobre un territorio. En declaraciones a la revista Semana, el 18 de enero de 1999, Tiro Fijo explicaba, a todos los colombianos, que su organización era la autoridad efectiva en una parte del territorio nacional. Marulanda indicaba al periodista que comprobara, con sus propios ojos, cómo en el Caguán, y en zonas aledañas como Cartagena de Chariá, en San José de Guaviare y en Vistahermosa, en el Meta, “la autoridad en todos estos territorios es la guerrilla”. En estas zonas hay autoridades, como los alcaldes, que fueron elegidos por las leyes del gobierno, pero su autoridad ha decaído plenamente y “no pueden trabajar mientras no hablen con la guerrilla de cómo debe ser su gobierno”; tal es la realidad, decía el líder de las FARC; “somos un gobierno dentro del gobierno. Por eso estamos buscando el reconocimiento como fuerza beligerante” ¿Qué significado tiene eso?, preguntaba, el periodista, y Tiro Fijo aclaraba: “que podremos tener relaciones con gobiernos y aceptar ciertas intervenciones de organismos internacionales”388, a los cuales explicaremos nuestra realidad estatal. Tal vez, entonces, el reportero que le entrevistaba entendió la razón de aquella pancarta que le llamó tanto la atención, cuando llegó al aeropuerto de San Vicente: “Bienvenidos a la república independiente del Caguán”. En el mismo sentido, aunque en un estilo mucho más bronco, y sin importarle nada el apoyo de ninguna garantía jurídica, el Mono Jojoy contestaba rotundo al periodista que le preguntaba por el reconocimiento internacional de la beligerancia a la guerrilla, al Mono no le importaba para nada la ley; él había sido testigo, el día de la inauguración de la mesa, y había comprobado cómo, más de medio mundo, colombiano y de otras partes, habían llegado hasta San Vicente, y…eso ¿no era reconocimiento? Ya nos la reconocerán por ley: “ah, exclama, eso sería la verraquera si nos la reconocen. Ya nos la están reconociendo con venir a la instalación de la Mesa. Son formas. Lo que pasa es que no está en la ley. Pero el hecho de que el presidente (Marulanda) hable con el presidente Pastrana… es un hecho de reconocimiento de beligerancia”389.
Sin duda que, cuando Marulanda hablaba, trataba de forzar las disposiciones del derecho internacional público en su propio favor; y partía del hecho incontrovertible del control, que la organización, tenía de la zona del despeje. Desde aquí, esencialmente, se ha de partir, cuando se pretende obtener el estatuto tan deseado. También está, desde luego, la “retención”, que no secuestro, dice Marulanda, de soldados y policías, a los que tratamos con garantías de seguridad, salud y sostenimiento, aunque las opiniones radiofónicas del Mono lo desmientan. Todo el mundo sabe, además, que tenemos relaciones con diferentes gobiernos de América Latina, desde que creamos, en 1983, el Comité Internacional de las FARC que presiden Raúl Reyes y Olga Marín; y es ampliamente conocido que una delegación de las FARC sale ahora para Europa, donde será recibida por parlamentos, organizaciones civiles y académicas y algunas Universidades, como la de Alcalá, en España, donde se celebró una discusión académica llevada, al alimón por Raúl Reyes y el Dr. Fabio Valencia, en representación del gobierno colombiano; todo esto demuestra, pues, que nos reconocen como fuerza
388Revista Semana. Edición n. 871. 11-18, Enero 1999.
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