Acciones de reintegración de la masa activa

AutorJavier Antón Guijarro
Cargo del AutorMagistrado

La reintegración de la masa activa se regula en el Capítulo IV del Título IV del Libro I del Texto Refundido ( arts. 226 a 238 ). De esta manera se contempla inicialmente una Sección Primera dedicada a las acciones rescisorias especiales que, por oposición a las acciones rescisorias del Código Civil , no son otras que las acciones de reintegración concursales. En esta sección se mejora la sistemática anterior, especialmente al excluir la regulación de los acuerdos de refinanciación que se recogían en el art. 71 bis LC como actos no rescindibles y que ahora se traslada al Título II ( arts. 596 a 630 ) del Libro Segundo sobre el derecho preconcursal que es su lugar natural.

Y una sección segunda dedicada a las demás acciones de reintegración que supone la compatibilidad de esta acción de reintegración con las que acciones que procedan conforme al derecho general.

Contenido
  • 1 Acción de reintegración
  • 2 Prueba del perjuicio patrimonial y las presunciones legales
  • 3 Actos no rescindibles
  • 4 Legitimación activa y pasiva
  • 5 Efectos de la sentencia de reintegración
  • 6 Otras acciones de impugnación
  • 7 Ver también
  • 8 Recursos adicionales
    • 8.1 En dosieres legislativos
    • 8.2 En webinars
  • 9 Legislación básica
  • 10 Legislación citada
  • 11 Jurisprudencia citada
Acción de reintegración

El art. 226 bajo la rúbrica de “Acciones rescisorias de los actos del deudor” recoge los requisitos de la acción de reintegración concursal, sin introducir ninguna modificación con relación al texto original del apartado 1 del art. 71 L.C. , siguiendo configurada como una acción encaminada a acrecer la masa activa del concurso mediante la declaración de ineficacia de los actos realizados por el deudor en los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso, bastando para ello con que en la realización de dicho acto concurra el dato puramente objetivo de haber causado un perjuicio para la masa activa, y sin exigir ningún tipo de ánimo fraudulento en sus intervinientes.

Prueba del perjuicio patrimonial y las presunciones legales

Las presunciones absolutas o iuris et de iure que se regulaban en el apartado 2 del art. 71 L.C. pasan ahora al art. 227 Texto Refundido . Se trata de supuestos que en todo caso serán objeto de reintegración por considerar que concurre en ellos el perjuicio patrimonial sin necesidad de prueba sobre este extremo.

En el nuevo art. 227 se continúa contemplando esta presunción con relación a los actos de disposición a título gratuito, con la excepción de las liberalidades de uso, redacción que no se ha modificado. La novedad viene dada con relación a los pagos u otros actos de extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración de concurso.

El art. 71-2 L.C. contenía una excepción para esta regla de presunción absoluta de perjuicio si tales obligaciones contaban con garantía real, en cuyo caso se aplicaba la presunción relativa de perjuicio, que admite prueba en contrario, por remisión expresa al supuesto contemplado en el ordinal 3º del art. 71-3 LC .

Ahora el nuevo art. 227 se limita a decir “excepto si contasen con garantía real”, eliminando aquella remisión. Sin embargo y toda vez que el nuevo art. 228 Texto Refundido sigue conservando en su nº 3 aquella presunción relativa, la cuestión no se ve alterada por lo que a estos supuestos de extinción anticipada de estas obligaciones con garantía real les seguirá siendo de aplicación la presunción iuris tantum de perjuicio.

El art. 228 regula los tres supuestos de presunción relativa o iuris tantum de perjuicio patrimonial, lo que supone hacer recaer sobre la parte demandada la carga de destruir tal presunción mediante la prueba de que en tales casos no ha existido perjuicio. El contemplado en el ordinal 1º referido a los actos de disposición a título oneroso a favor de alguna persona especialmente relacionada con el concursado no ha sufrido variación alguna. En cambio sí se han modificado los ordinales 2º y 3º. Por lo que respecta al ordinal 2º, mientras que el art. 71-3 L.C. hablaba de “la constitución de garantías reales” se pasa ahora a decir “los actos de constitución de garantías reales” con lo que se aclara que lo que resulta susceptible de rescisión es el acto jurídico del otorgamiento de la escritura pública de la hipoteca o la garantía real de que se trate, al margen de su inscripción en el Registro, solucionando así el problema creado en aquellos casos en que el otorgamiento es anterior al concurso pero su inscripción registral es posterior (supuesto contemplado por la STS 7 noviembre 2017) [j 1].

En cuanto al ordinal 3º referido a “Los pagos u otros actos de extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso si contasen con garantía real” la modificación solo mejora la anterior redacción, sin relevancia alguna.

Fuera de los casos amparados por una presunción relativa se aplicará la regla general sobre la carga de la prueba tal y como se regula en el art. 229 Texto Refundido que reproduce la misma redacción del art. 71-4 LC al hacer recaer la carga de probar el perjuicio patrimonial sobre quien ejercite la acción rescisoria.

Actos no rescindibles

El art. 230 Texto Refundido recoge los actos inmunes frente a la reintegración concursal, al igual que lo hacía el art. 71-5 LC . Estos actos gozan de una especial protección y por tanto solo podrán ser atacados mediante el ejercicio de las restantes acciones impugnatorias previstas en el art. 238 Texto Refundido .

El supuesto 1º referido a los actos ordinarios de la actividad del deudor realizados en condiciones normales no ha sufrido variación. Seguidamente se desdobla lo que en el ordinal 3º del art. 71-5 L.C. era un solo apartado, y ahora el nuevo art. 230 contempla en el ordinal 2º “los actos de constitución de garantías de cualquier clase a favor de créditos públicos”, y en el ordinal 3º “los actos de constitución de garantías a favor del Fondo de Garantía Salarial”. Se elimina además la remisión para ambos casos a los acuerdos o convenios de recuperación previstos en su normativa específica.

Esta modificación permite entender que estas garantías constituidas a favor de los créditos públicos o a favor del FOGASA quedan exceptuadas de la reintegración concursal al margen de los términos en que se hayan otorgado, es decir aún cuando no se hubieran ajustado a los términos previstos en la normativa sectorial prevista para los créditos tributarios y de la Seguridad Social ( arts. 65 y 82 LGT , art. 48 RGR , art. 20 LGSS , y art. 31-1 RGSS) y para el FOGASA ( Disposición adicional 21ª -2 LGSS y art. 83-1 RGRSS ).

El supuesto 4º se mantiene inalterado y viene referido a “Los actos...

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