LEY 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad Universal al Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana.

1. Las figuras de planeamiento urbanístico, así como los instrumentos que las desarrollen y los proyectos de cualquier tipo que implanten o modifiquen viales públicos destinados al tráfico de peatones, habrán de garantizar la accesibilidad en la utilización de los espacios de uso público y se sujetarán a lo previsto en la presente ley, en la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, y a aquellas otras normas que reglamentariamente las desarrollen, no pudiendo en caso contrario ser objeto del trámite de aprobación requerido por la legislación sectorial aplicable.

2. Las labores de mantenimiento o conservación que se realicen en dichos viales no podrán disminuir las condiciones de accesibilidad preexistentes.

3. Queda prohibida la implantación, por parte de las Administraciones titulares de las vías o de los particulares, de cualquier elemento de mobiliario urbano o, en general, de cualquier obstáculo fijo o móvil que altere negativamente las condiciones de vialidad peatonal antes señaladas.

4. Las normas del presente artículo no serán de aplicación en aquellos supuestos excepcionales que reglamentariamente se determinen, como aquellas zonas en que por sus condiciones técnicas no resultara posible su aplicación.

Las aceras, andenes, viales o cualquier otro elemento lineal o puntual que tenga el carácter de itinerario público destinado al tráfico de personas a pie o en sillas de ruedas, o al tráfico mixto de peatones y vehículos, serán habilitados y mantenidos de manera que permitan el desplazamiento en idénticas condiciones de seguridad, facilidad, comodidad y calidad.

2. Los elementos señalados en el apartado anterior serán diseñados con las dimensiones y las características básicas que reglamentariamente se determinen, y se permitirá, en todo caso, la existencia de una banda de una anchura mínima de 1,50 metros libre de obstáculos que garantice el paso, el cruce y el giro o cambio de dirección de las personas, independientemente de sus características o medio de desplazamiento, excepto en los supuestos en que no resulte posible, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

   Se garantizará la adecuada continuidad en el cruce con el resto de la red viaria por medio de rampas, tratamiento de pavimentos, señalización y el resto de elementos de diseño que se consideren adecuados para garantizar dicha continuidad. Las rampas y los desniveles en dichos itinerarios tendrán una inclinación que permita su utilización por personas de movilidad reducida de modo autónomo y seguro, y dispondrán de una anchura que permita deseablemente el cruce de dos personas, una de ellas en silla de ruedas.

3. Las barandillas, barreras o cualquier otro tipo de elemento de protección utilizados en las aceras, andenes y viales mencionados en este artículo deberán cumplir, en todo caso, las condiciones de seguridad que reglamentariamente se determinen, de modo que no puedan ocasionar ningún tipo de perjuicio a los usuarios de la vía pública, teniendo en cuenta especialmente las condiciones específicas de las personas de corta edad y de las personas con limitaciones visuales.

4. Cuando la ordenación de la superficie de los viales públicos destinados al tráfico peatonal no implique la segregación de los flujos rodados y peatonales, se adoptarán todas las medidas necesarias para que los mismos sean permanentemente transitables para todos sus usuarios en condiciones seguras, cómodas y de plena accesibilidad.

   Ello exigirá necesariamente la correspondiente señalización o disposición idónea de los elementos físicos para asegurar la citada continuidad en el tránsito y desplazamiento.

5. Cuando las condiciones de accesibilidad universal de los recorridos peatonales se vean afectadas por la ejecución de obras, deberán mantener igualmente las condiciones de accesibilidad exigidas en esta ley, al menos en la franja mínima que reglamentariamente se determine.

   En el caso de que ello no fuera materialmente posible, se garantizará la existencia de recorridos alternativos adaptados al contenido de esta ley.

6. No se dispondrán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie destinada a paso de peatones, a excepción de los elementos que puedan colocarse para impedir el paso de vehículos. Dichos elementos deberán ubicarse y señalizarse de forma que no constituyan un obstáculo para los invidentes o para los usuarios de sillas de ruedas.

Los vehículos no podrán obstruir los puntos de cruce entre los itinerarios peatonales y las calzadas viarias destinadas al tráfico rodado, cuando ello impida el cruce de dicha calzada o el acceso a los espacios peatonales a las personas con movilidad reducida, quedando expresamente prohibido el estacionamiento y la parada en dichos puntos.

2. A tales efectos, la administración titular de la vía deberá señalizar dichos puntos con una marca vial consistente en una banda o línea roja paralela e inmediata al límite en el que el itinerario peatonal interfiera con el rodado.

3. La inobservancia de la norma citada dará lugar a la aplicación del procedimiento sancionador previsto en esta Ley, con independencia de lo que resultase de la aplicación de la normativa general en materia de seguridad vial.

Las empresas prestatarias de servicios públicos de transporte de carácter urbano o interurbano deberán atender las necesidades de movilidad de la totalidad de los ciudadanos en todos los vehículos que se integren en el servicio objeto de la autorización o concesión administrativa.

2. No podrá existir discriminación tarifaria alguna en razón de los problemas de movilidad de los usuarios. El desplazamiento en silla de ruedas o elementos análogos de apoyo o auxilio a tales usuarios no implicará, en ningún caso, la aplicación de tarifas distintas, no pudiendo aplicar ninguna contraprestación adicional a la aplicada en general.

En los diferentes medios de transporte público tendrán preferencia para la ocupación de los asientos las personas que tengan dificultades de movilidad, pertenecientes a los colectivos mencionados en el artículo 5 de la presente ley.

2. En cada una de las unidades de transporte se indicará la obligación de los usuarios de atender a la preferencia señalada en el punto anterior mediante el distintivo o ideograma correspondiente. Esta obligación se regulará reglamentariamente, y se indicará el procedimiento para que puedan hacerse efectivas las previsiones de este artículo en todo momento 3. En los vehículos de transporte público urbano e interurbano se deberá reservar para personas con discapacidad como mínimo dos asientos y espacio para dos sillas de ruedas adecuadamente señalizados. Estarán situados próximo a la puerta del conductor; en ese lugar se colocará un timbre de parada de fácil acceso. El autobús no iniciará la marcha hasta que la persona con discapacidad no esté en el asiento reservado, ocupe la plaza reservada a la silla de ruedas y esté debidamente anclado o, en su caso, el conductor se cerciore de que esta haya bajado totalmente del vehículo.

   En estos espacios podrá instalarse asientos abatibles o plegables, pero cuando se encuentren en posición cerrada no habrán de interferir con los requisitos de dimensiones del espacio destinado a las sillas de ruedas.

   En ningún caso los coches de bebés se considerarán sillas de ruedas.

   En caso de necesidad y siempre que ello contribuya a su seguridad, y en la forma en que reglamentariamente se determine, los conductores de los vehículos de transporte de viajeros podrán autorizar, para su evacuación, la utilización por las personas con dificultades de movilidad de las puertas delanteras de acceso al vehículo.

4. En desarrollo de la presente ley podrán establecerse unas características ergonómicas mínimas para un determinado porcentaje de las plazas totales de los servicios de titularidad autonómica, con la finalidad de facilitar su uso para las personas citadas.

Las terminales, estaciones, apeaderos y paradas se proyectarán, construirán y mantendrán de manera que se posibilite su uso de manera cómoda y segura para todos los ciudadanos y, en particular, para aquellos que tengan limitaciones en su capacidad para desplazarse de acuerdo con lo previsto en esta ley y en la normativa que la desarrolle.

En las citadas superficies existirá, al menos, un itinerario accesible y perfectamente señalizado para que las personas con movilidad reducida y limitación sensorial puedan acceder desde el exterior hasta cada uno de los puntos de acceso a las unidades de transporte. Los titulares de las citadas superficies mantendrán dicho itinerario en perfectas condiciones de funcionamiento en todo momento.

Las terminales, estaciones, apeaderos y paradas y elementos comunes ligados a la funcionalidad de la terminal contarán con los elementos necesarios para simultanear la información auditiva y visual. Contarán, asimismo, con puntos específicos para la atención de personas sordas.

En las estaciones de metro y ferrocarriles de la Generalitat, así como en las estaciones de autobuses interurbanos, se dispondrán equipos de megafonía, mediante los cuales pueda informarse a los viajeros de las llegadas o salidas, así como de cualquier otra incidencia o noticia.

2. Los elementos comunes ligados a la funcionalidad de la terminal, así como aquellos otros espacios o instalaciones comerciales, hoteleros o de otro tipo que se emplacen dentro de las terminales, deberán ser igualmente accesibles para el conjunto de todos sus usuarios potenciales.

3. Las terminales, estaciones y paradas a que este artículo se refiere dispondrán de un número de asientos suficiente, que se reservarán preferentemente para atender las necesidades de las personas que por cualquier otra circunstancia física no debieran efectuar la espera de pie. El número de plazas a tal efecto disponibles será, al menos, el 5% del número de usuarios previstos en dichos lugares en la hora de más concurrencia.

4. Los proyectos técnicos referidos a los elementos indicados en el presente artículo contendrán un anexo específico evaluando las necesidades a satisfacer para dotar de un adecuado grado de accesibilidad a las instalaciones y justificando las soluciones adoptadas al respecto.

5. Corresponde a las entidades competentes en la gestión de las estaciones y las terminales que la totalidad de los dispositivos técnicos al servicio de las personas con problemas de movilidad alcancen los mayores niveles posibles de disponibilidad.

Con carácter general, el nivel de la plataforma de las unidades tranviarias o ferroviarias en donde se ubiquen las puertas de acceso para los usuarios será concordante con el de los andenes de acceso.

Al menos el 50% de la superficie total de cada composición tranviaria o ferroviaria tendrá el nivel de plataforma señalado en el apartado anterior. En todo caso, al menos el 30% de los asientos se ubicará en dicho nivel, siempre que los trenes o servicios tranviarios no requieran previa reserva.

2. Cada composición ferroviaria o tranviaria dispondrá de un espacio mínimo que permita la ubicación de un número de sillas de ruedas igual al 2% del número total de asientos. Dicho espacio se ubicará en la parte de la plataforma situada al nivel de los andenes. Tanto las dimensiones concretas como los sistemas de anclajes de seguridad y señalización se acomodarán a lo que reglamentariamente se determine.

3. Todos los sistemas de señalización, información y seguridad serán accesibles para las personas con discapacidad sensorial, simultaneando señal acústica y visual.

4. En los espacios de recorrido interno en que deban sortearse torniquetes u otros mecanismos, se dispondrá de un paso alternativo que permita el paso de una persona con movilidad reducida.

5. Al menos una de las puertas de entrada y salida de acceso a los andenes tendrá una anchura que permita el paso de una persona en silla de ruedas.

Los servicios públicos regulares permanentes de uso general de transporte de viajeros, tanto de carácter urbano como interurbano, atenderán las necesidades de movilidad de la totalidad de los usuarios, adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias para posibilitar el desplazamiento en condiciones cómodas y seguras de aquellas personas que tengan carencias de movilidad, posibilitando el acceso a la información y el pleno uso de los servicios que se presten.

2. El proyecto que determine las características de la prestación de tales servicios contendrá necesariamente un apartado específico en el que se detallen las necesidades inherentes a las personas con problemas de movilidad y discapacidad sensorial y las medidas a adoptar en consecuencia, de acuerdo con lo previsto en esta ley y en la normativa que la desarrolle.

   El requisito del apartado anterior será igualmente necesario en la tramitación de las modificaciones de las concesiones actualmente vigentes cuando éstas impliquen la atención de nuevas líneas o tráficos, así como en la de las autorizaciones administrativas previas a la prestación del servicio cuando no resulte necesaria la aprobación de dicho proyecto.

3. Las disposiciones relativas a la atención a las personas con problemas de movilidad y discapacidad sensorial que se incorporen en los pliegos de condiciones o autorizaciones previas a la prestación de los servicios tendrán el carácter de esenciales para el concesionario u operador del servicio.

   Su incumplimiento tendrá los mismos efectos que el resto de condiciones incluidas en dichos pliegos y en los contratos concesionales, pudiendo dar lugar, en su caso, a los efectos previstos en la legislación en materia de transportes, con independencia de la aplicación de las sanciones a que hubiera lugar de acuerdo con lo previsto en la presente ley.

4. Los servicios regulados en este artículo deberán prestarse necesariamente mediante autobuses, que contarán con plataforma parcial o totalmente baja y estarán dotados además de las restantes condiciones técnicas necesarias para facilitar el acceso de forma autónoma de las personas con problemas de movilidad, de acuerdo con lo previsto en esta ley y en la normativa que la desarrolle.

5. Tal tipo de vehículos serán los que obligatoriamente se utilicen en aquellas líneas urbanas o periurbanas, entendiendo como tales las que tengan una longitud no mayor de 50 km y tengan parada en un núcleo de más de 50.000 habitantes.

6. Excepcionalmente, las líneas de más de 50 km o aquellas que no tengan ningún punto de parada en núcleos de más de 50.000 habitantes podrán ser eximidas de la aplicación de lo dispuesto en el punto 4 del presente artículo si las características de las vías a utilizar así lo aconsejan. En todo caso, se asegurará el desplazamiento de las personas con problemas de movilidad mediante la adopción de las medidas técnicas y organizativas adecuadas a cada caso concreto.

Las paradas de los servicios públicos regulados en el artículo anterior se habilitarán de manera que la totalidad de los usuarios puedan acceder y descender desde los vehículos de manera autónoma, cómoda y segura. Concretamente, la altura del andén será aquella que facilite el acceso directo a la plataforma del vehículo, y su longitud y restantes características serán las necesarias para facilitar la maniobra de acostamiento a la parada hasta alcanzar el máximo paralelismo y la mínima holgura posible entre uno y otro. La información de las paradas será plenamente accesible.

2. Las paradas señaladas en el apartado anterior tendrán el carácter de un elemento funcional más de la vía en la que se ubiquen, correspondiendo al titular de dicha vía, autonómico o municipal, su ejecución y mantenimiento de acuerdo con lo establecido en esta ley.

   En la aprobación del proyecto de servicio público de viajeros se dará trámite de audiencia al titular de la vía antes de tal aprobación y, una vez realizado dicho trámite, la administración competente adoptará las medidas que se consideren oportunas antes del comienzo de los servicios.

3. La administración competente en materia de transportes podrá establecer convenios con los titulares de las vías para la implantación, adecuación o mantenimiento de las paradas.

   En todo caso, podrá ejecutar subsidiariamente las actuaciones necesarias para tal implantación o adecuación en caso de que se ponga en riesgo la seguridad de las personas en el acceso o descenso de los autobuses, en cuyo caso, una vez concluidas tales obras, serán cedidas al titular de la vía para su mantenimiento futuro.

4. Los restantes usuarios de las vías públicas no podrán obstaculizar el acostamiento, bajada o subida de viajeros en las paradas señalizadas al efecto.

5. Quedan prohibidos tanto los estacionamientos como las paradas o el establecimiento de cualquier tipo de obstáculos que impidan el acceso universal a las unidades de transporte en tales paradas debidamente señalizadas.

6. La adaptación de las paradas reguladas en el presente artículo respetará, en todo caso, los principios establecidos en el artículo 12 de la presente ley respecto de las terminales, estaciones y apeaderos.

Tendrán la consideración de líneas adaptadas aquellas que cumplan las condiciones establecidas en los artículos anteriores.

2. Todas las líneas que se implanten a partir de la entrada en vigor de la normativa que desarrolla esta ley, deberán ser líneas adaptadas. La adaptación de las líneas ya existentes se realizará en los plazos y mediante los procedimientos previstos en el capítulo III de la presente ley.

Los vehículos destinados a la prestación del servicio del taxi tendrán las condiciones adecuadas para que el acceso, viaje y descenso de todos los usuarios se produzca en condiciones de comodidad y seguridad, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine tanto en desarrollo de esta Ley como de la normativa en materia de transporte por carretera.

2. La administración competente promoverá que las áreas de prestación conjunta y las mancomunidades de servicio de taxi dispongan de, al menos, un 5% de vehículos adaptados para el traslado de personas en sillas de ruedas, redondeándose al entero superior más próximo la cifra resultante de la aplicación del porcentaje. En el caso de municipios no adscritos a las áreas o mancomunidades, el número de vehículos adaptados necesarios lo determinará la conselleria competente en materia de transporte, previo informe del Consejo de Participación del Transporte Adaptado de la Comunitat Valenciana. Para conseguir este porcentaje se procederá de forma gradual y porcentual, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.

3. Corresponde a la administración competente en la gestión del servicio del taxi adoptar las medidas necesarias para alcanzar el porcentaje señalado en el punto anterior, así como que los vehículos con las características citadas atiendan efectivamente las demandas de servicio de las personas con movilidad reducida de forma prioritaria.

   Los titulares de las autorizaciones y licencias solicitarán voluntariamente que su taxi sea adaptado, pero si no se cubre dicho porcentaje el órgano administrativo competente exigirá a las nuevas licencias que se concedan que su autotaxi sea accesible o, si procede, a las transmisiones de licencias que se realicen.

4. De la misma forma, las paradas de taxi existentes en la vía pública se proyectarán y mantendrán de modo que se asegure el acceso universal a las diferentes unidades de transporte.

   En este tipo de paradas los ayuntamientos habilitarán la forma en que el acceso y descenso de los usuarios de los vehículos se produzca en condiciones de seguridad y conforme a los principios fijados por esta ley.

5. Los cuadros de tarifas, así como las otras informaciones complementarias, habrán de estar disponibles de forma impresa, en sistema braille, además del lenguaje alfabético, y se procurará igualmente la adaptación, en la medida de lo posible, de nuevas tecnologías que vengan a satisfacer las necesidades de las personas que padezcan discapacidad sensorial.

Las empresas prestatarias de tales servicios, mediante medios propios o de terceros, deberán atender necesariamente las necesidades de desplazamiento de cualquier persona con independencia de su discapacidad.

2. La prestación de los servicios se realizará preferentemente con vehículos propios y, en caso de que ello no fuera posible, mediante los procedimientos de colaboración o contratación con los transportistas que proceda. En todo caso, las empresas con más de 20 vehículos deberán contar con, al menos, un 2% de su flota apta para personas con problemas de movilidad. A los efectos de este cálculo, se entenderá que el número de unidades resultantes de aplicar el referido porcentaje se redondea al número inmediatamente superior.

   Los vehículos dedicados al transporte escolar deberán ser adaptados, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca.

3. El cumplimiento del requisito señalado en el apartado anterior será verificado por la administración de transportes con ocasión del visado de las autorizaciones o, en su caso, del otorgamiento de nuevas autorizaciones.

4. En los puntos que sean origen y destino frecuentes de los servicios regulares de uso especial o discrecional de transporte por carretera, tales como colegios, lugares de ocio, de interés turístico o similar, se habilitarán espacios adecuados para que pueda producirse el acceso y descenso en condiciones de seguridad y comodidad.

5. Corresponderá a los ayuntamientos el cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, bien de manera directa, bien mediante la imposición de dicha obligación o carga a los titulares de las actividades correspondientes, en los términos previstos en la normativa urbanística y de régimen local.

Otras terminales y estaciones En las terminales y estaciones de los transportes marítimo y aéreo, sometidas a las competencias de la Generalitat, se garantizará el acceso universal al interior de las unidades de transporte, mediante el establecimiento de un itinerario accesible y debidamente señalizado con paneles de información adaptados que aseguren a las personas con movilidad reducida que el acceso y descenso a las diferentes unidades de transporte se realice conforme a los principios establecidos en esta ley.

A tales efectos, los órganos competentes deberán asegurar la eliminación de cuantos obstáculos pudieran perjudicar dicho acceso universal, promoviendo el establecimiento de cuantas medidas fueran necesarias para lograr dicho objetivo.

Con carácter general, se garantizará que los accesos mantengan las condiciones de accesibilidad establecidas en la presente ley.

El presente artículo se aplicará a los estacionamientos de uso público, tanto si están ubicados en edificaciones sobre o bajo rasante, como en superficies habilitadas al efecto. Será de aplicación, igualmente, en la ordenación de los estacionamientos ubicados en la red viaria.

En cuanto a los estacionamientos de uso privado, deberán respetar las normas de accesibilidad en cuanto sean compatibles con su naturaleza.

2. Los estacionamientos dispondrán del porcentaje de plazas con dimensiones adecuadas para personas con problemas de movilidad que reglamentariamente se determine, y nunca inferior al 2%. Dichas plazas se ubicarán junto a los accesos habilitados y se señalizarán de manera específica y diferenciada respecto al resto de plazas.

3. Los itinerarios establecidos que enlacen las plazas señaladas en el apartado anterior con la vía pública serán accesibles, con las características y dimensiones que al respecto señale la normativa de edificación en el supuesto de que se trate de estacionamientos en edificios. Tratándose de estacionamientos en superficie, deberán cumplirse las condiciones que para los itinerarios de superficie señala el artículo 8 de la presente ley.

4. Podrán acceder a las plazas a que se refiere el apartado 2 los vehículos dotados de la correspondiente autorización expedida por la administración competente, cuando sean conducidos o transporten al titular de tal autorización. Serán igualmente válidas las autorizaciones expedidas por los órganos correspondientes de otras comunidades autónomas y de países de la Unión Europea, así como de otros países en aquellos casos en los que los convenios que al efecto se establezcan así lo prevean.

   Reglamentariamente se determinará el procedimiento para la obtención de las citadas autorizaciones, así como los supuestos de adaptación de las otorgadas por los ayuntamientos respectivos. En tanto dicho reglamento no sea aprobado, las autorizaciones seguirán expidiéndose de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de La Generalitat Valenciana, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. En todo caso, las autorizaciones vigentes a la entrada en vigor de esta ley conservarán la plena validez.

5. Estas plazas reservadas para personas con problemas de movilidad deberán ser ocupadas por vehículos con la acreditación correspondiente.

Todos los municipios con una población superior a los 20.000 habitantes o que tengan más de 10.000 viviendas elaborarán, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la normativa de desarrollo de esta ley, un plan de adaptación de itinerarios urbanos a las personas con problemas de movilidad, evaluando, de acuerdo con los criterios establecidos en la presente ley, el nivel de adaptación de la totalidad de aceras y otros elementos destinados a los peatones del municipio. Asimismo, elaborarán un programa de actuación para la adaptación de los itinerarios peatonales, que incluirá una primera fase, a concluir en el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la disposición reglamentaria que desarrolle esta ley, que dé acceso a los servicios y equipamientos, terminales de transportes y otros elementos esenciales de la estructura urbana, y una segunda y última fase a concluir en un plazo de ocho años desde la entrada en vigor de la disposición reglamentaria antes referida.

2. El plan de adaptación se elaborará y aprobará de acuerdo con lo previsto en la normativa de régimen local, siendo sometido, en todo caso, a informe previo del Consejo de Participación indicado en el artículo 32 de la presente Ley.

3. Antes del 31 de diciembre de cada año, cada municipio elaborará un documento que refleje el grado de cumplimiento de los objetivos del plan, documento que será sometido a información pública y trasladado al órgano de participación para su conocimiento.

4. Los planes de adaptación previstos en este artículo se podrán financiar con los mecanismos o sistemas de financiación previstos tanto en la normativa del régimen local o urbanística, como con los recargos, tasas y sanciones específicas que en, su caso, se impongan sobre los establecimientos públicos.

5. Los municipios de menos de 20.000 habitantes que no alcancen las 10.000 viviendas adaptarán su red peatonal a las necesidades de las personas con problemas de movilidad en los plazos más breves posibles, de acuerdo con la normativa vigente, y, en todo caso, en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor del reglamento de desarrollo de esta ley, con las excepciones que puedan preverse en esta disposición reglamentaria.

La administración competente en materia de transportes elaborará, en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de la normativa que desarrolla esta ley, un estudio sobre el grado de adaptación a lo previsto en esta ley de cada una de las autorizaciones o concesiones de servicios de transporte público regular por carretera, identificando las necesidades de reforma o adquisición de material móvil que de ello se deriven.

2. Los concesionarios de los servicios, titulares de autorizaciones y los ayuntamientos afectados por el estudio mencionado en el apartado anterior, así como las organizaciones representativas de personas con problemas de movilidad, emitirán informe en el plazo de un mes sobre dicho estudio, y posteriormente será elevado al Consejo de Participación para que, igualmente, informe el citado estudio.

3. Tras la aprobación del estudio, la administración competente en materia de transporte propondrá a la empresa concesionaria o titular de la autorización la suscripción del correspondiente contrato-programa, en el que se fijarán los plazos de adaptación de la autorización o concesión y las ayudas necesarias para el mantenimiento del equilibrio económicofinanciero de la concesión, en los términos previstos en la legislación sobre contratación administrativa. En todo caso, dichos contratos-programa contemplarán que en el plazo de dos años el 75% de los servicios se adapte a lo previsto en esta ley, y en el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la misma la totalidad de los servicios.

4. El contenido del contrato-programa tendrá, a todos los efectos, el carácter de una modificación de la concesión o autorización, quedando por lo tanto obligado el concesionario o el titular de la autorización a su suscripción y al cumplimiento de sus cláusulas en las mismas condiciones que el resto del contenido del contrato concesional, de acuerdo con lo previsto en la legislación de ordenación de los transportes terrestres y demás aplicable al título concesional.

5. Los contratos-programa podrán contener cualquier otra medida destinada a la modernización de los servicios regulares de transporte por carretera.

   Dichos contratos se tramitarán previa aprobación por el órgano competente en materia de transporte y la correspondiente información pública de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.

   Su suscripción corresponde al conseller competente en materia de transporte, teniendo los mismos efectos que los contratos concesionales a los que se incorpora.

6. Las compensaciones señaladas en el contrato-programa consistirán en una aportación de la administración para participar en los costes de adquisición del material móvil adscrito a la concesión.

7. En los servicios prestados de forma directa o indirecta por las administraciones locales será de aplicación lo indicado en los apartados anteriores, con independencia, en su caso, de que el contenido formal y jurídico del documento que se señala en el apartado 3 se entienda aplicado a la relación existente entre la administración y el prestatario de los servicios. En todo caso, los plazos serán los mismos que los señalados en el citado apartado.

La adecuación de las paradas utilizadas por los servicios públicos de viajeros en autobús se realizará de manera coordinada con la prestación del servicio público, en la medida en que técnica y temporalmente sea posible.

2. En cualquier caso, en el plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de la normativa que desarrolla esta ley, todas las líneas de transporte público en autobús deberán tener la consideración de líneas adaptadas, en los términos señalados en el artículo 16 de esta ley.

La prestación de los servicios de taxi se adecuará a lo previsto en esta ley en el plazo máximo de cuatro años, a contar desde la entrada en vigor del reglamento que desarrolle la presente ley en esta materia.

2. Con tal finalidad, la administración competente en la gestión del servicio convocará los procedimientos concurrenciales que procedan para otorgar las ayudas necesarias que permitan la prestación de los servicios a personas con problemas de movilidad sin que se alteren las condiciones económicas de la explotación de los que asuman tales servicios.

En todo caso, los porcentajes de flotas adaptadas señalados en los artículos precedentes de esta ley se deberán cumplir íntegramente en relación con el incremento de la flota total de cada una de ellas respecto a la existente en el momento de entrada en vigor de la presente ley.

Los estacionamientos existentes se adecuarán a las condiciones de accesibilidad establecidas en el artículo 21 de la presente ley, en el plazo que reglamentariamente se determine.

Las sanciones que podrán imponerse en función de la calificación de la infracción serán las siguientes:

1. Infracciones leves: multa de 300 a 6.000 euros. Se exceptúan las infracciones cometidas por las personas físicas que actúen en calidad de particulares, en las que el importe mínimo de la sanción será de 100 euros.

2. Infracciones graves: multa de 6.001 euros a 60.000 euros.

3. Infracciones muy graves: multa de 60.001 euros a 300.000 euros.

2. De acuerdo con el principio de proporcionalidad en la materia, para graduar el importe de las multas se tendrá en cuenta, dentro de cada tipo de faltas, la gravedad de la infracción, la naturaleza de los perjuicios causados, el coste económico derivado de las obras de accesibilidad necesarias, el perjuicio directa o indirectamente causado, la reiteración del o la responsable y el grado de culpa de cada uno de los infractores o infractoras.

3. Las infracciones cometidas por las personas físicas o jurídicas que actúen en régimen de concesión o autorización, en el ámbito competencial de la administración autonómica, contraviniendo lo dispuesto en dicha concesión o autorización, pueden dar lugar, atendiendo a la gravedad de la infracción, además de a la sanción pecuniaria, a la revocación de dicha concesión o autorización. En el mismo caso, si el incumplimiento se produce contraviniendo lo dispuesto en un contrato suscrito con la administración, dicho incumplimiento puede dar lugar por la administración competente a la rescisión de dicho contrato, en los términos establecidos por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

4. La imposición de sanción pecuniaria y su correspondiente pago no eximirá a los responsables de la infracción de su deber de dar cumplimiento al mandato o prohibición establecidos en la norma infringida, así como de indemnizar por los daños y perjuicios eventualmente causados.

Son circunstancias que agravan la responsabilidad de los responsables de una infracción:

1. La reincidencia. Existe reincidencia cuando se comete una infracción del mismo tipo que la que motivó una sanción anterior en el plazo de cuatro años siguientes a la notificación de ésta; en tal supuesto, se requerirá que la resolución sancionadora haya adquirido firmeza.

2. Obstrucción o resistencia a la actuación de las autoridades o funcionarios públicos encargados del cumplimiento de la legalidad.

3. Alterar los supuestos de hecho que presuntamente legitiman la actuación, o falsificar los documentos en que se acredita el fundamento legal de la actuación.

4. No haber procedido a la suspensión de las obras tras la inspección y pertinente advertencia del agente de la autoridad.

5. Haber realizado la infracción obteniendo beneficio económico derivado de la misma.

   2. Son circunstancias cuya concurrencia atenúa la responsabilidad de los responsables de una infracción:

1. Acreditar la falta de intencionalidad en la gravedad del daño.

2. Proceder a la reparación o adoptar medidas que disminuyan el daño causado antes de la iniciación de las actuaciones sancionadoras.

3. Proceder a la suspensión de las obras tras la inspección y pertinente advertencia del agente de la autoridad.

4. Haber realizado la infracción sin beneficio económico alguno que de la misma se derive.

5. La reparación de las deficiencias o daños objeto de sanción antes de recibir la notificación de la resolución sancionadora o en el plazo fijado por la misma, de conformidad con lo que en la resolución se establezca.

La resolución sancionadora impondrá, además de la multa, la obligación de realizar las obras necesarias para la adaptación del medio o servicio del transporte, acceso o construcción o edificación a lo previsto en esta ley, estableciendo el plazo máximo para su realización, teniendo en cuenta para la fijación del mismo el tiempo estrictamente necesario para obtener las licencias y autorizaciones correspondientes, y para realizar las obras.

2. Con independencia de las sanciones impuestas, la autoridad sancionadora podrá proponer a la administración competente la supresión, cancelación, o suspensión total o parcial, de ayudas oficiales tales como créditos, subvenciones, beneficios fiscales y otros de derecho público que tuviese reconocidos.

3. Las multas que se impongan por los diferentes conceptos que configuran una infracción autónoma tendrán entre sí carácter independiente.

4. Las sanciones a que se refiere el presente capítulo son plenamente compatibles con las multas coercitivas impuestas por la autoridad administrativa en el caso de incumplimiento de las normas aplicables, tal y como establece el artículo 99.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Dichas multas procederán cuando se incumplan los requerimientos efectuados por la administración competente recogidos en el artículo 47 de la presente ley.

La imposición de la multa corresponderá a la administración que haya formulado el requerimiento.

La imposición de multas coercitivas exigirá que en el requerimiento se indique el plazo de que se dispone para el cumplimiento de la obligación y la cuantía de la multa que puede ser impuesta. En todo caso, el plazo deberá ser suficiente para cumplir la obligación y la multa no podrá exceder de 600 euros.

En el caso de que una vez impuesta la multa coercitiva se mantenga el incumplimiento que la ha motivado, podrá reiterarse las veces que sean necesarias hasta el cumplimiento de la obligación, sin que, en ningún caso, el plazo fijado en los nuevos requerimientos pueda ser inferior al fijado en el primero.

Las multas coercitivas son independientes y compatibles con las que se puedan imponer en concepto de sanción.

Son sujetos responsables las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que incurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracción en la presente ley, y, en particular, las siguientes:

1. Las personas físicas que realicen cualquiera de las acciones u omisiones tipificadas como infracción en la presente ley.

2. Las personas jurídicas, prestatarias de servicios públicos de transporte, que realicen cualquiera de las acciones u omisiones tipificadas como infracción en la presente ley.

3. Las personas jurídicas que realizaren actuaciones sin la licencia o autorización municipal correspondiente o contraviniendo el tenor de la misma.

4. En la aprobación de los proyectos a que se refiere el artículo 36.2 de la presente ley, serán responsables tanto la persona física o jurídica encargada de la aprobación de dicho proyecto, cuando dicha aprobación contravenga los principios establecidos por la presente ley, como la persona o entidad que ejecute dicho proyecto contraviniendo lo dispuesto en la presente ley.

2. Responsabilidad solidaria. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.

3. Cuando una infracción sea imputada a una persona jurídica, podrán ser considerados también como responsables las personas que formen parte de sus órganos rectores o de dirección, así como los técnicos responsables de la planificación, proyección, construcción o adecuación de las infraestructuras y viales destinadas al transporte, siempre que la conducta de los mismos haya contribuido, por acción u omisión imprudente, a la comisión de la infracción de que se trate.

4. En las actuaciones amparadas en una licencia o actuación municipal cuyo contenido sea constitutivo de una infracción grave o muy grave, serán igualmente sancionados con multa el facultativo que hubiera informado favorablemente el proyecto y los miembros de la corporación, siempre que la conducta de los mismos por acción u omisión imprudente hubiera contribuido a la comisión de la infracción, votando a favor del otorgamiento de la licencia o autorización, sin el informe técnico previo, o cuando éste o el informe previo del funcionario competente fuesen desfavorables por razón de aquella infracción.

Principios generales Las infracciones a la presente ley serán sancionadas según los trámites y con las garantías procedimentales dispuestas en los artículos 134 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, así como en las normas de la Generalitat dictadas en la materia.

En cualquier momento del procedimiento sancionador los órganos competentes pueden remitir las actuaciones realizadas al Ministerio Fiscal si estimaren que los hechos realizados también pudieran ser constitutivos de un ilícito penal. En este caso, así como cuando la administración competente tuviera conocimiento de la tramitación de un proceso penal sobre los mismos hechos, solicitará del órgano judicial comunicación sobre las actuaciones adoptadas.

Si a la vista de lo actuado se estimara identidad de sujetos, hechos y fundamentos entre la infracción administrativa y la presunta infracción penal, el órgano competente para resolver el procedimiento administrativo deberá acordar su suspensión hasta que recaiga resolución judicial firme.

2. En todo caso, los hechos declarados probados por dicha resolución judicial vincularán a la administración respecto de los procedimientos sancionadores que se sustancien.

1. El alcalde o la alcaldesa: en las infracciones que sean cometidas en las vías y servicios de carácter urbano.

2. La Generalitat, a través de la conselleria competente en materia de infraestructuras y transporte, en las infracciones cometidas en las vías y servicios de carácter interurbano, concretamente:

1. El o la titular de la Dirección General correspondiente de la Conselleria competente por razón de la materia, hasta 60.000 euros, con independencia del número de habitantes del municipio.

2. El o la titular de la conselleria competente por razón de la materia, cuando la sanción supere dicha cifra.

En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

Cuando tenga conocimiento de las conductas susceptibles de poder ser constitutivas de una infracción, el órgano competente que ostente la potestad sancionadora requerirá al supuesto responsable para que, en el plazo que se determine reglamentariamente, informe sobre la misma, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, sin perjuicio de que si se considerara que los hechos son constitutivos de una infracción se incoe el oportuno procedimiento sancionador.

2. El procedimiento se iniciará siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. Puede actuar en calidad de denunciante cualquier persona, física o jurídica, conocedora de los hechos que sean objeto de infracción.

3. No obstante, si la administración autonómica competente tuviera conocimiento de la comisión de una presunta infracción, cuyo conocimiento corresponda al ayuntamiento, advertirá al ayuntamiento respectivo, requiriéndole para que inicie el oportuno procedimiento, si aún no se hubiera efectuado. Transcurrido un plazo de dos meses sin que haya atendido tal requerimiento, el órgano requiriente incoará el procedimiento, correspondiéndole la instrucción, resolución y exacción de la multa que, en su caso, proceda.

4. Cuando la imposición de la sanción corresponda a la comunidad autónoma se procederá en la forma prevista en el artículo 10.2 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Una vez iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolver, mediante acuerdo motivado, podrá adoptar en cualquier momento del procedimiento las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la resolución que pudiera recaer, a fin de evitar la persistencia de los efectos de la infracción y la vulneración del principio de accesibilidad universal a los servicios públicos de transporte.

2. Tales medidas provisionales podrán consistir en la suspensión temporal de actividades, prestación de fianzas, ejecuciones subsidiarias o multas coercitivas.

3. Las mismas se ajustarán al principio de proporcionalidad y al grado o intensidad de vulneración de los principios generales establecidos en esta ley, así como al efectivo funcionamiento de los servicios públicos durante la tramitación del procedimiento sancionador.

Las infracciones por faltas muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los tres años y las leves al año.

Estos plazos comenzarán a computarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del correspondiente procedimiento sancionador, reanudándose el plazo prescrito si el expediente administrativo estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

En las infracciones consistentes en una actuación continuada, la fecha inicial del cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto realizado.

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los dos años, las impuestas por faltas graves a los dieciocho meses y las impuestas por faltas leves a los seis meses, contados a partir del día siguiente a que la resolución fuera firme.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a computarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado por más de un mes por causa no imputable al infractor.