STS 1141/2005, 29 de Septiembre de 2005

PonenteFRANCISCO MONTERDE FERRER
ECLIES:TS:2005:5744
Número de Recurso1587/2004
ProcedimientoPENAL - APELACION PROCEDIMIENTO ABREVIADO
Número de Resolución1141/2005
Fecha de Resolución29 de Septiembre de 2005
EmisorTribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal

JOAQUIN DELGADO GARCIAJOSE RAMON SORIANO SORIANOMIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCAFRANCISCO MONTERDE FERRERDIEGO ANTONIO RAMOS GANCEDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Septiembre de dos mil cinco.

En el recurso de casación por infracción de ley, de preceptos constitucionales y quebrantamiento de forma, interpuesto por Dª Beatriz, acusación particular, contra sentencia dictada en fecha 21 de abril de 2004 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante, que absolvió al acusado D. Jesús María, como autor de delito de ABUSO SEXUAL, los Excmos. Sres. Magistrados componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y fallo, bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Francisco Monterde Ferrer, siendo partes en el presente procedimiento la recurrente, acusación particular, Dª Beatriz, representada por la Procuradora Dª Teresa de Jesús Castro Rodríguez, el recurrido D. Jesús María, representado por la Procuradora Dª María Soledad Muelas García y el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES

  1. - El Juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante incoó Sumario con el nº 8/2002, contra D. Jesús María, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Alicante, cuya Sección Tercera con fecha 21 de abril de 2004, dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:

    "UNICO.- Que el día 15 de septiembre de dos mil, Beatriz denunció en el Servicio de Atención a la Mujer de la Comisaría de policía de Alicante que el procesado, Jesús María, mayor de edad y sin antecedentes penales, podía haber cometido en fechas no concretadas pero comprendidas entre marzo y septiembre de dos mil, abusos sexuales en la persona de la hija de ambos Marta, consistentes en la introducción de dedos en la vagina de la menor, nacida el 24 de abril de 1997. No se ha acreditado que el procesado cometiera los hechos denunciados por Beatriz".

  2. - La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

    "Que debemos absolver y ABSOLVEMOS al procesado en esta causa Jesús María del delito continuado de abusos sexuales del que viene siendo acusado, declarando de oficio las costas procesales causadas.

    Dedúzcase testimonio de las presentes actuaciones para su remisión al Juzgado de Instrucción que por turno de reparto corresponda, a fin de que investigue la posible comisión de un delito de falso testimonio de Pedro Francisco".

  3. - Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de ley, de precepto constitucional y quebrantamiento de forma, por la acusación particular, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

  4. - El recurso interpuesto por la representación de la acusadora particular Dª Beatriz, se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:

    Primero, por infracción de ley, al amparo del art. 849.2 de la LECr., por error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran autos que demuestran la equivocación del juzgador, dado que en el fundamento de derecho cuarto la sentencia hace constar que ha actuado dado el resentimiento y animosidad que tiene con el acusado.

    Segundo, por infracción de ley, a amparo del art. 849.2 de la LECr., por error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran autos que demuestran la equivocación del juzgador, en atención al la inidoneidad del informe psicosocial de la psicóloga Dña. Nieves para determinar la existencia o no de abusos sexuales, lo que sí hizo la perito Dña. Laura; la contradicción de la perito Sra. Nieves en su informe escrito y su informe oral con respecto a la hoy recurrente; la omisión de valoración de los extremos del dictamen de la misma perito respecto al perfil psicológico del denunciado; los dictámenes de la psicóloga Dña. Erica y Dña. Ángela, descartando trastornos de personalidad en la paciente y admitiendo tan sólo un trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo.

    Tercero, por infracción de ley, al amparo del art. 849.2 de la LECr., por error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran autos que demuestran la equivocación del juzgador, consistente en la declaración de Dña. María Inés directora de la escuela infantil de la niña.

    Cuarto, por infracción de ley, al amparo del art. 849.2 de la LECr., por error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran autos que demuestran la equivocación del juzgador, consistentes en el vídeo de la grabación parcial de la entrevista semiestructurada para recibir el testimonio de la niña.

    Quinto, por infracción de ley, al amparo del art. 849.2 de la LECr., por error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran autos que demuestran la equivocación del juzgador, pues no se ha tenido en cuenta la declaración de las peritos Dña. Rosa y Dña. Laura.

    Sexto, por infracción de ley, al amparo del art. 849.2 de la LECr., por error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran autos que demuestran la equivocación del juzgador, como las declaraciones de testigos Dña. Montserrat y D. Bartolomé, con relación a los enrojecimientos de la menor.

    Séptimo, por infracción de ley, a amparo del art. 849.2 de la LECr., por error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran autos que demuestran la equivocación del juzgador, como la declaración de la médico Dña. Mercedes.

    Octavo, por infracción de ley, a amparo del art. 849.2 de la LECr., por error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran autos que demuestran la equivocación del juzgador, como las declaraciones contradictorias de los testigos de la defensa sobre la ropa que llevaba la niña cuando presentó enrojecimientos, o las declaraciones de Dña. Rocío sobre la hora en que apareció el acusado con la menor.

    Noveno, por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851.3 LECr., por no resolverse en la sentencia todos los puntos objeto de la acusación y defensa, no teniendo en cuenta el hecho de la declaración de Dña. María Inés de que cada vez que pasaba la niña el fin de semana con el padre se mostraba retraída, lloraba y comprobaron que tenía las partes íntimas enrojecidas, y un comportamiento extraño o infantil del padre; y no tenerse en cuenta el tratamiento por el médico pediatra de la niña por el enrojecimiento, y las manifestaciones de los peritos sobre la credibilidad y no manipulación de la niña, así como que la ausencia de síntomas en la niña de los abusos radica en los esfuerzos de la familia para que no vuelva a recordar esos hechos.

    Décimo, por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851.2 LECr., por expresarse tan sólo que los hechos alegados por la acusación no se han probado, sin hacer expresa relación de los que se han probado, debiendo haberse hecho constar aquellos que a lo largo del texto de la sentencia no son excluidos ni descartados, como que la niña compartía cama con su progenitor, que el padre había sido apercibido por la madre de los enrojecimientos que presentaba la niña después de las visitas, el cambio de comportamiento en la guardería de la niña, la constatación médica de la vulvitis inespecífica, la hora de llegada del padre con la niña el día del reconocimiento médico, la credibilidad de la niña, según los peritos y la carencia de vestigios en la niña por los cuidados proporcionados por la madre y sus allegados.

    Undécimo, por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, al amparo de los arts. 852 LECr. y 5.4 LOPJ, pues no se ha tenido en cuenta para nada las declaraciones de personas próximas a la menor, ni a los informes periciales que avalan la credibilidad de la versión que dicen haber escuchado de labios de la menor.

    Duodécimo, por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851.1 LECr., por no expresarse en la sentencia clara y terminantemente cuales eran los hechos que se consideraban probados, existiendo dos quebrantamientos, uno por incongruencia omisiva, al no valorar aspectos de la prueba presentada, testifical y pericial, y otro por predeterminación del fallo con determinadas fases.

  5. - Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, impugnó los motivos del recurso, interesando su inadmisón, y subsidiariamente su desestimación; por su parte, la representación del acusado igualmente impugnó los motivos de la recurrente, interesando su desestimación; la sala admitió los recursos a trámite y quedaron conclusos los autos para deliberación y fallo cuando por turno correspondiera.

  6. - Hecho el correspondiente señalamiento, se celebró la deliberación y fallo del presente recurso el día 28 de septiembre del año 2005.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Examinadas las actuaciones resulta que la víctima de la presunta agresión sexual fue una niña (nacida el 4-4-97) que, en el periodo de ejecución de los hechos imputados, vendría a tener tres años de edad, y en la fecha de la celebración del juicio unos cinco años, habiendo presentado la madre de aquélla denuncia por abusos sexuales contra su ex pareja y padre biológico de la menor, quien ha sido absuelto en la sentencia de instancia.

SEGUNDO

Los motivos primero a octavo se formulan todos por infracción de ley, al amparo del art. 849.2 de la LECr., por error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran autos que demuestran la equivocación del juzgador, indicando al efecto el recurrente:

  1. Que en el fundamento de derecho cuarto la sentencia hace constar que ha actuado dado el resentimiento y animosidad que tiene con el acusado, cuando si hubiera querido perjudicarle podría haberse negado a las visitas del padre a la niña.

  2. La inidoneidad del informe psicosocial de la psicóloga Dña. Nieves para determinar la existencia o no de abusos sexuales, lo que sí hizo la perito Dña. Laura; la contradicción de la perito Sra. Nieves en su informe escrito y su informe oral con respecto a la hoy recurrente; la omisión de valoración de los extremos del dictamen de la misma perito respecto al perfil psicológico del denunciado; los dictámenes de la psicóloga Dña. Erica y Dña. Ángela, descartando trastornos de personalidad en la paciente y admitiendo tan sólo un trastorno adaptativo con estado de animo depresivo.

  3. La declaración de Dña. María Inés directora de la Escuela infantil de la niña.

  4. El vídeo de la grabación parcial de la entrevista semiestructurada para recibir el testimonio de la niña.

  5. La declaración de las peritos Dña. Rosa y Dña. Laura que no se ha tenido en cuenta.

  6. Las declaraciones de testigos Dña. Montserrat y D. Bartolomé, con relación a los enrojecimientos de la menor.

  7. La declaración de la médico Dña. Mercedes.

  8. Las declaraciones contradictorias de los testigos de la defensa sobre la ropa que llevaba la niña cuando presentó enrojecimientos, o las declaraciones de Dña. Rocío sobre la hora en que apareció el acusado con la menor.

Conforme recuerda la STS de 28-10-2004, nº 1268/2004, "doctrina reiterada de esta sala condiciona la apreciación del error de hecho invocado al cumplimiento de los siguientes requisitos:

  1. ) equivocación evidente del juzgador al establecer dentro del relato fáctico algo que no ha ocurrido;

  2. ) que el error se desprenda de un escrito con virtualidad documental a efectos casacionales que obre en los autos y haya sido aducido por el recurrente;

  3. ) que tal equivocación documentalmente demostrada no aparezca desvirtuada por otra u otras pruebas".

Y asimismo es doctrina de esta sala (Cfr. STS de 28-10-2004, nº 1234/2004) que las declaraciones de testigos y acusados carecen de naturaleza documental, a estos efectos casacionales, en cuanto se trata de pruebas personales que no pierden dicho carácter por el hecho de aparecer documentadas en las actuaciones, cuya valoración corresponde al juzgador de instancia.

E igualmente hemos venido sosteniendo (ad exemplum, SSTS de 7-11-1992 y de 15-10-2004, nº 1179/2004) que para que los informes periciales -pruebas indudablemente personales- pueden ser considerados "documentos" a efectos casacionales (v. art. 849.2º LECr.) han de concurrir las siguientes circunstancias:

  1. existencia de un único dictamen pericial o de varios plenamente coincidentes sobre un determinado extremo de hecho;

  2. inexistencia de otros elementos de prueba respecto de dicho extremo;

y, c) incorporación del dictamen al relato fáctico de la sentencia de forma incompleta o fragmentaria -silenciando extremos del mismo jurídicamente relevantes- o aceptación de conclusiones discordantes de las mantenidas por el perito o peritos en sus informes sin una explicación razonable que pudiera justificarlo.

Así las cosas, no concurren los presupuestos que se han dejado antes expresados para apreciar error en la valoración de la prueba sustentados en documentos idóneos, ni los que se designan indebidamente como documentos evidencien error alguno del tribunal sentenciador. Se invocan por el recurrente de modo genérico los documentos, pretendiéndose una nueva y diferente valoración de la prueba, cuando lo realmente acontecido es que las pruebas de cargo, que con pretensiones documentales se señalan, coexistieron con otras de descargo que las contradijeron eficazmente.

La sala contó en el presente caso con muchos y variados informes de signo contrario y no coincidente entre ellos, motivando ampliamente la razón de acoger unas conclusiones y no otras, y sobre los hechos objeto del proceso incidieron numerosas pruebas que la sala tuvo en consideración. Merece señalarse, en primer lugar, que en los fundamentos décimo a décimo segundo de la sentencia de instancia se recogen los informes, manifestaciones y conclusiones de las psicóloga Dña. Rosa, psiquiatra Dña. Esperanza y psicóloga Dña. Nieves, señalando que no detectaron indicios de la existencia de abusos. Y en el fundamento octavo se hace referencia a la declaración de la pediatra Sra. Mercedes.

En segundo lugar, las testificales invocadas como documentales, no son más que pruebas personales documentadas, carentes de idoneidad a los efectos casacionales, como tampoco la tienen el acta del juicio oral.

En tercer lugar, los documentos señalados -cuando llegan a señalarse- carecen de la exigida literosuficiencia, en cuanto que no demuestran el pretendido error por sí mismos sin necesidad de la adición de nuevas pruebas ni mucho menos, tener que recurrir para deducirlo a conjeturas o complejas argumentaciones.

En cuarto lugar, no tiene fundamento estimable alguno la queja por no haberse tenido en cuenta la grabación en vídeo -que, no sería sino otra prueba personal documentada-, realizada en el centro Espill, de la exploración de la menor, pues la sentencia razona, en sus fundamentos segundo y noveno, su carácter fragmentario, equivalente a un 10% de su duración total, explicitando en el fundamento décimo, por otra parte, su valoración en relación con las declaraciones de las psicólogas Dña. Rosa y Dña. Laura.

Las prevenciones de la sala de instancia, respecto de esta pretendida prueba, son bien entendibles y compartibles, aún teniendo en cuenta que la declaración del menor suele ser desaconsejada bajo pena de agravar las secuelas derivadas de su condición de víctima, y poder resultar ello de los principios básicos recogidos en la Exposición de Motivos de la LO 1/96, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, y en el art. 3 de la Convención de derechos del Niño de Naciones Unidas, ratificada por España el 30-11-90.

Y es que no puede olvidarse la doctrina del TC (Cfr. Sª nº 146/03, de 14 de julio) según la que "el testimonio de referencia puede ser uno de los actos de prueba en los que fundar una decisión condenatoria, pero, como se ha declarado reiteradamente, se trata de un medio que puede despertar importantes recelos o reservas para su aceptación sin más como medio apto para desvirtuar la presunción de inocencia. Partiendo de esta base hemos dicho que la validez probatoria del testigo de referencia se halla condicionada por la plenitud del derecho de defensa, de modo que, en la medida en que el recurso al testigo de referencia impidiese el examen contradictorio del testigo directo, resultaría constitucionalmente inadmisible, pues en muchos casos supone eludir el oportuno debate sobre la realidad misma de los hechos, además de conllevar una limitación obvia de las garantías de inmediación y contradicción en la práctica de la prueba.

El recurso al testigo de referencia ha de quedar limitado, por lo tanto, a aquellas situaciones excepcionales de imposibilidad real y efectiva de obtener la declaración del testigo directo y principal (SSTC 79/1994, de 14 de marzo; 68/2002, de 21 de marzo; 155/2002, de 22 de julio; y 219/2002, de 25 de noviembre)".

Al respecto debemos también recordar que en un supuesto en que el menor víctima de agresión sexual, contando unos 7 años de edad, había declarado en el sumario y el Ministerio Fiscal había solicitado que se ratificara en la Vista, la STS nº 53/96, de 30 de enero, rec. 564/95, precisó que no se discute la validez de los testigos de referencia, pero su inclusión entre el material probatorio hay que realizarla con cautela y siempre a expensas de que su testimonio pueda y deba ser contrastado con el testigo directo cuando su presencia, es perfectamente factible.

Y la STS nº 429/02, de 8 de marzo, con relación a un supuesto en que la víctima tenía 3 años y medio, así como la STS nº 1229/02, de 1 de julio, en que las dos víctimas tenían 6 y 4 años, expusieron que "el hecho de que a una persona se la declare culpable de un delito sobre la base de las declaraciones inculpatorias de testigos de referencia y no presenciales da lugar a una de las situaciones más delicadas que pueden ser imaginadas en el proceso penal".

Y, también, en la sentencia nº 429/2002 claramente se hacía hincapié en que , "la excepcional admisibilidad de que, en supuestos como el presente, los testimonios de referencia puedan sustituir a los directos debe ser entendida como resultado del difícil equilibrio que los tribunales deben procurar entre la necesaria protección de los derechos del menor, la efectividad de los derechos fundamentales del acusado en el proceso penal y el interés público en que no queden impunes determinados hechos especialmente reprobables. En la persecución de aquel equilibrio los tribunales deben ser muy rigurosos, no sólo en la apreciación de las circunstancias que justifican la sustitución de unos testimonios por otros, sino también en la crítica de los referenciales y en la expresión de las razones por las que, en su caso, los han considerado dignos de crédito".

Y ello teniendo en cuenta todas las cautelas que para tan delicado testimonio establece, tanto la LECr. (arts. 410, 417.3º, 707), como la LO 19/94, de 23 de diciembre, de Protección a Testigos y Peritos en causas criminales, o la Ley 35/95, de 11 de diciembre, de Ayuda y Asistencia a la Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual, que prescribe (art. 15.3) que en todas las fases del procedimiento de investigación el interrogatorio de la víctima deberá hacerse con respeto a su situación personal, a sus derechos y a su dignidad; y que (art. 15.5) el Ministerio Fiscal cuidará de proteger a la víctima de toda publicidad no deseada que revele datos sobre su vida privada o su dignidad, pudiendo solicitar la celebración del proceso penal a puerta cerrada, de conformidad con lo previsto por la legislación procesal.

Consideraciones todas que avalan la cautela de la sala de instancia observada en la valoración de la grabación de la exploración, mediante "entrevista semiestructurada", de la menor víctima presunta de los hechos enjuiciados en el caso que nos ocupa.

Por todo lo cual, los motivos deben ser desestimados.

TERCERO

El motivo noveno se formula, por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851.3 LECr. por no resolverse en la sentencia todos los puntos objeto de la acusación y defensa, no teniendo en cuenta el hecho de la declaración de Dña. María Inés de que cada vez que pasaba la niña el fin de semana con el padre se mostraba retraída, lloraba y comprobaron que tenía las partes íntimas enrojecidas, y un comportamiento extraño o infantil del padre; y no tenerse en cuenta el tratamiento por el médico pediatra de la niña por el enrojecimiento, y las manifestaciones de los peritos sobre la credibilidad y no manipulación de la niña, así como que la ausencia de síntomas en la niña de los abusos radica en los esfuerzos de la familia para que no vuelva a recordar esos hechos.

Sobre esta cuestión, las sentencias de esta misma Sala de lo Penal del TS de 29-2-88, 12-4-94, 21-10-94, 28-3-95, 18-3-96, 10-12-96, 30-1-97, 17-6-97, 31-3-98, 20-4-98, 23-4-99, 6-6-00, 27-5-04 y 18-6-04, ó 25-2-05, nº 245/2005, y las del TC 20/1982, 14/1984, 177/1985, 142/1987, 82/1992, 4/1994, 169/1994 y 91/1995, entre otras muchas de ambos tribunales, han señalado que es preciso que la omisión padecida venga referida a temas de carácter jurídico suscitados por las partes oportunamente en sus escritos de conclusiones definitivas y no a meras cuestiones fácticas, lo que a su vez debe matizarse en dos sentidos:

  1. que la omisión se refiera a pedimentos, peticiones o pretensiones jurídicas y no a cada una de las distintas alegaciones individuales o razonamientos concretos en que aquéllos se sustenten, porque sobre cada uno de éstos no se exige una contestación judicial explícita y pormenorizada siendo suficiente una respuesta global genérica (según los términos de la sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de abril de 1996);

  2. que dicha vulneración no es apreciable cuando el silencio judicial pueda razonablemente interpretarse como una desestimación implícita o tácita, constitucionalmente admitida (SSTC núms. 169/1994; 91/1995; y 143/1995), lo que sucede cuando la resolución dictada en la instancia sea incompatible con la cuestión propuesta por la parte, es decir, cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos fundamentadores de la respuesta tácita (STC 263/1993; y SSTS de 9 de junio y 1 de julio de 1997).

Se exige, además, que, aun existiendo el defecto, éste no pueda ser subsanado por la casación a través de la resolución de otros planteamientos de fondo aducidos en el recurso.

La parte recurrente confunde las alegaciones fácticas de parte con las pretensiones en sí mismas consideradas.

Pues bien, sobre la pretensión de la acusación particular concertada en su escrito de conclusiones, elevadas en la vista a definitivas, sí que se ha pronunciado la sala de instancia, aunque no las haya acogido y haya absuelto al acusado.

La parte recurrente lo que viene a hacer es resaltar la divergencia existente entre los hechos consignados por la sala como probados, y aquéllas declaraciones de cargo que resultaría de la particular valoración que de la prueba practicada realiza la misma parte. Se olvida así que al Tribunal sentenciador corresponde, en exclusiva, como resultado de la facultad de valoración de la prueba que le atribuye el art. 741 de la LECr., la determinación de qué hechos se estiman probados.

Consecuentemente, el motivo ha de ser desestimado.

CUARTO

El motivo propuesto como décimo, lo es, también, por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851.2 LECr. por expresarse tan sólo que los hechos alegados por la acusación no se han probado, sin hacer expresa relación de los que se han probado, debiendo haberse hecho constar aquellos que a lo largo del texto de la sentencia no son excluidos ni descartados, como que la niña compartía cama con su progenitor, que el padre había sido apercibido por la madre de los enrojecimientos que presentaba la niña después de las visitas, el cambio de comportamiento en la guardería de la niña, la constatación médica de la vulvitis inespecífica, la hora de llegada del padre con la niña el día del reconocimiento médico, la credibilidad de la niña, según los peritos y la carencia de vestigios en la niña por los cuidados proporcionados por la madre y sus allegados.

Es evidente que no se está en el caso previsto en la ley adjetiva. El Tribunal a quo sí que relaciona lo que ha considerado resultado de la prueba practicada. No recoge, en cambio, con todo acierto, cuestiones periféricas que han sido tenidas en cuenta para la valoración de los hechos objeto de la acusación, pero que habiéndose optado por la absolución, es decir por la inexistencia del delito imputado, carecen de sentido en la resolución.

El motivo ha de desestimarse.

QUINTO

El undécimo motivo, se formula por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, al amparo de los arts. 852 LECr. y 5.4 LOPJ, pues no se ha tenido en cuenta para nada las declaraciones de personas próximas a la menor, ni los informes periciales que avalan la credibilidad de la versión que dicen haber escuchado de labios de la menor.

Como ha repetido el Tribunal Constitucional y recuerda su sentencia de 4-4-2005, nº 79/2005, el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE comporta, como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes; todo ello sin perjuicio de que, al ser el derecho que consagra el art. 24.1 CE un derecho prestacional de configuración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del ordenamiento procesal (por todas, STC 172/2002, de 30 de septiembre).

Y esta sala ha declarado (Cfr. de 25-2-2005, nº 246/2005) que el derecho a la tutela judicial efectiva, como se sabe muy bien, comprende, entre otros, el derecho a recibir una respuesta suficientemente fundada a todas las cuestiones de relevancia, en este caso, jurídico-penal, que se susciten, pero no supone el éxito de las pretensiones o razones de quien promueve la acción de la justicia, ni la obtención de un pronunciamiento acorde con las pretensiones de la parte, sino el logro de resoluciones razonadas que resuelvan motivadamente las cuestiones sometidas a su consideración.

En nuestro caso la recurrente solamente viene a defender, una vez más, su versión de los hechos, distinta de la aceptada por el Tribunal como resultado del análisis probatorio que le correspondía efectuar.

El motivo ha de ser desestimado.

SEXTO

El duodécimo motivo se articula de nuevo por quebrantamiento de forma, esta vez al amparo del art. 851.1 LECr., por entender que no se expresan en la sentencia clara y terminantemente cuales son los hechos que se consideran probados, existiendo dos quebrantamientos, uno por incongruencia omisiva, al no valorar aspectos de la prueba presentada, testifical y pericial, y otro por predeterminación del fallo con determinadas fases.

La verdad es que el motivo tal como se ha formulado es de difícil inteligencia. Tratando de desentrañar su sentido parece que, en primer lugar denuncia una incongruencia omisiva, sin embargo el factum refleja perfectamente los hechos que la sala de instancia consideró probados.

En segundo lugar, parece hacerse referencia a la falta de valoración de la prueba en el sentido pretendido por el recurrente. Es más que evidente que tal pretensión es totalmente ajena al motivo casacional invocado que solamente trata de corregir el vicio in iudicando consecuencia del incumplimiento de la regla del nº 2 del art. 142 de la LECr., que ordena hacer declaración expresa y terminante de los hechos que se estimen probados.

En tercer lugar, se menciona la predeterminación del fallo, pero ni siquiera se citan las expresiones que se reputan incorrectas, es decir, los conceptos que por su carácter jurídico determinarían tal predeterminación.

En consecuencia, el motivo ha de ser desestimado.

SÉPTIMO

Desestimando el recurso interpuesto por la representación procesal de Dª Beatriz procede hacerle imposición de las costas de su recurso, de acuerdo con las previsiones del art. 901 de la LECr.

III.

FALLO

Debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación por infracción de Ley, de precepto constitucional y por quebrantamiento de forma, interpuesto por la representación de Dª Beatriz, contra la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante, de fecha 21 de abril de 2004, en causa seguida por delito de abuso sexual. Y condenamos a dicha recurrente al pago de las costas ocasionadas.

Póngase esta resolución, en conocimiento de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante, a la que se remitirán cuantos antecedentes elevó en su día a esta sala

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Joaquín Delgado García D. José Ramón Soriano Soriano D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca D. Francisco Monterde Ferrer D. Diego Ramos Gancedo

PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Francisco Monterde Ferrer , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.

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    ...(RTC 1999, 7), FJ 2 B); 97/1999, de 31 de mayo (RTC 1999, 97), FJ 6; y 209/2001, de 22 de octubre (RTC 2001, 209), FJ 4. [79] SSTS 1141/2005, de 29 de septiembre (RJ 2005, 7409); 1308/2005, de 30 de octubre (RJ 2005, 7520); 332/2006, de 14 de marzo (RJ 2006, 1636); 640/2006, de 9 de junio (......

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