El abuso del proceso civil en otros ordenamientos

AutorArturo Muñoz Aranguren
Páginas229-281
CAPÍTULO V
EL ABUSO DEL PROCESO CIVIL EN OTROS
ORDENAMIENTOS
1. INTRODUCCIÓN
La patología del abuso del proceso no es una dolencia que aqueje exclusiva-
mente a la praxis judicial española, sino que, en mayor o menor medida, es un
fenómeno consustancial a todo ordenamiento jurídico. Quizá lo que distingue
al Derecho español de la mayoría de los ordenamientos de nuestro entorno es la
falta de regulación normativa expresa de las consecuencias derivadas del abuso
del derecho a litigar 1. Como ya se ha analizado, no existe en nuestro Derecho
procesal civil una norma que, con carácter general, imponga al litigante abusivo
la obligación de resarcir al perjudicado por los daños procesales derivados del
abuso del proceso. Se trata, por tanto, de una construcción eminentemente juris-
prudencial, que ha buscado su sustento positivo en la interdicción del abuso del
Derecho proclamada por el art. 7.2 CC, así como, en la mayoría de los casos,
en el precepto que regula de forma genérica la responsabilidad extracontractual.
Ello, paradójicamente, nos aleja de la regulación de los países más cercanos, y
nos sitúa en una posición dogmática más parecida a la de los países regidos por
el Common Law, señaladamente a la de Inglaterra y Gales 2.
Por tal razón, prestaremos una atención especial al tratamiento de las conse-
cuencias indemnizatorias civiles derivadas del abuso del proceso en el Derecho
inglés.
1 Con la excepción ya señalada del art. 247.3 LEC.
2 Como es sabido, dentro del Reino Unido, Escocia tiene un sistema judicial propio —y unas
normas procesales y sustantivas (encuadrables en el Civil Law) también distintas— de las del resto de
países que forman Gran Bretaña. En general, cuando nos ref‌iramos al Derecho inglés deberá entenderse
también el aplicable en Gales, pero no así en Irlanda del Norte, que goza también de un sistema judicial
propio.
230 ARTURO MUÑOZ ARANGUREN
Debe hacerse constar además que, en el ámbito de la Unión Europea, la
regulación del proceso civil en cada Estado miembro tiene un carácter marcada-
mente nacional —y de ahí sus importantes diferencias— 3.
Una aproximación superf‌icial al Derecho comparado podría llevarnos a en-
tender que, aplicando el «teorema del jurado» 4 de Condorcet, si una plurali-
dad de Derechos nacionales establecen la misma regla, esta será probablemente
la más correcta y, por tanto, será conveniente incorporarla a un ordenamiento.
Como se ha señalado por Sunstein y Posner, «[w]hen states are deciding on ap-
propriate policies, it is at least reasonable to assume that each is, or most are,
likely to do better than random, which is an adequate basis for analyzing the
question in terms of the Jury Theorem. At least at f‌irst glance, the point applies
to constitutional law no less than to statutory and common law» 5.
Ahora bien, fácilmente se advierte que hay un problema con este argumen-
to: si los Estados «toman prestadas» las reglas de otros ordenamientos jurídicos,
entonces la decisión de promulgarlas no es una «decisión independiente» de
cada uno de ellos y, por tanto, no hay garantía de que se aplique correctamente
el teorema del jurado de Condorcet 6. Por ello, se impone un análisis prudente
(y cualitativo, más que cuantitativo) de las regulaciones extranjeras tendentes a
prevenir y, en su caso, reprimir, el abuso del proceso civil 7.
3 Las iniciativas tendentes a la armonización del Derecho procesal civil en Europa son muy inci-
pientes todavía, sin perjuicio de lo cual es innegable la inf‌luencia que en las legislaciones procesales na-
cionales están teniendo las STJUE, dictadas, sobre todo, resolviendo cuestiones prejudiciales planteadas
en casos en los son parte consumidores. Lo que no es óbice para que el TJUE proclame «la autonomía
procesal de que disponen los Estados miembros». Cfr., entre otras muchas, la Sentencia de 5 de no-
viembre de 2014, caso Sophie Mukarubega c. Saint-Denis (TJCE 2014/431; MP: A. Rosas). En cuanto
a esas iniciativas armonizadoras, puede mencionarse el denominado Grupo Storme, que llegó a formular
un conjunto de reglas comunes para el procedimiento civil europeo. Cfr. Cornelis VAN RHEE, European
Traditions in Civil Procedure, Oxford, Intersentia Antwerpen, 2005, pp. 3-23.
4 El teorema, enunciado en su forma más simple, sostiene que si cada miembro de un grupo,
individualmente considerado, tiene una probabilidad de más de un 50 por 100 de obtener la respuesta
correcta a un problema con dos (o más) posibles respuestas, entonces la probabilidad agregada de que
un veredicto por mayoría acierte se acrecienta a medida que el tamaño del grupo «decisor» aumenta.
5 «The Law of other States», Stanford Law Review, 59, núm. 131, 2006, p.142.
6 De hecho, es frecuente que los Estados incorporen reglas que están ya en vigor en otros Estados
y que recurran al Derecho comparado en mayor medida si carecen de la información o de juristas capa-
citados para diseñar autónomamente este tipo de reglamentaciones. Por tanto, hay un riesgo de que se
produzca, siguiendo el léxico de SUNSTEIN y POSNER, una «cascada de información»; esto es, la posibi-
lidad de que un legislador nacional tome una decisión de forma secuencial, deduciendo la información
necesaria para adoptarla tras haberse limitado a contemplar la actuación de otros Estados, renunciando
a realizar una investigación propia para decidir qué tipo de regla es la adecuada. Cfr., «The Law of other
States», op. cit., pp. 160-164.
7 El uso del «teorema de jurado» de CONDORCET en el ámbito del Derecho comparado ha sido
desarrollado desde hace años por la doctrina norteamericana, especialmente la constitucionalista. Cfr. el
muy citado «The Law of other States», op. cit., pp. 131-180. Más recientemente, vid. Shai DOTHAN, «The
optimal use of Comparive Law», Denver Journal of International Law and Policy, vol. 43, núm. 1, 2014.
En este último caso, se aboga por el uso del denominado «consenso emergente», como forma de evitar
las «cascadas de información». Se trata de un concepto formulado por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. El TEDH utiliza este consenso para decidir si una determinada conducta de un Estado debe
considerarse o no una infracción del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La Corte de Estrasburgo
examina si los Derechos de los Estados miembros se la han «prohibido» a sí mismos. Si la prohibición
está extendida en los distintos Derechos nacionales de forma mayoritaria, el TEDH considera que hay
un «consenso emergente» sobre el carácter infractor de esa conducta del Estado y, por tanto, la considera
contraria al CEDH.
LA LITIGACIÓN ABUSIVA: DELIMITACIÓN, ANÁLISIS Y REMEDIOS 231
A f‌in de no hacer tedioso —e inabarcable— este experimento de contraste,
haremos referencias a las regulaciones que nos parecen más representativas o
más interesantes desde el punto de vista de la litigación abusiva.
2. DERECHO CONTINENTAL
2.1. El Derecho italiano
La ausencia de una conceptuación concreta del abuso del proceso en el or-
denamiento italiano ha sido una constante histórica. El primer Codice de pro-
cedura civile (promulgado en 1865) es deudor de un esquema en el que los
derechos subjetivos pueden ser ejercitados incondicionalmente, sin restricción
alguna. En coherencia con esta caracterización, el procedimiento es concebido
esencialmente como un arma para ejecutar las facultades virtualmente ilimita-
das del titular de derechos sustantivos 8.
El vigente Código Procesal Civil (c.p.c.), que data de 1942 —al igual que el
Código Civil italiano— sigue sin ofrecer una def‌inición concreta de abuso del
proceso, lo que no es extraño en la medida en que este tampoco contiene una
referencia explícita a la f‌igura del abuso del Derecho, si bien una parte de la doc-
trina italiana —con poca fortuna— ha intentado derivar del ambiguo contenido
del art. 833 CC la existencia de un principio general que abone su interdicción
en todo el ordenamiento jurídico 9. De hecho, la jurisprudencia italiana de f‌ina-
les del siglo pasado parecía seguir anclada en el concepto arcaico de los «actos
de emulación» 10, de forma que exigía la concurrencia del animus nocendi para
entender ilegítimo el ejercicio de derechos subjetivos 11.
Aun careciendo de una regulación explícita sobre el abuso del proceso 12,
el c.p.c. sí que contiene determinadas normas aisladas relacionadas con esta
patología (por ejemplo, en los arts. 88, 92 y 96), exigiendo formalmente a las
partes y a sus abogados una actuación en el proceso civil acorde con las reglas
de la lealtad y la probidad. No obstante, las conductas desleales de estos profe-
sionales rara vez son sancionadas en la práctica, de forma que esa interdicción
es casi simbólica 13.
8 Angelo DONDI, «Abuse of Procedural Rigths: Report for Italy and France», en Michele TARUFFO
(ed.), Abuse of Procedural Rights Comparative Standards of Procedural Fairness, The Hague, Kluver,
1999, p. 111.
9 «Abuse of Procedural Rigths: Report for Italy and France», op. cit., p. 113. Este precepto, en
rigor, se ref‌iere tan solo al derecho de propiedad: «Atti d’emulazione. Il proprietario non può fare atti i
quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri».
10 «Abuse of Procedural Rigths: Report for Italy and France», op. cit., p. 114.
11 Vid. Conclusiones del abogado general Giuseppe Tesauro presentadas el 4 de febrero de 1998,
caso C-367/96, Kefalas y otros.
12 Giovanni VERDE, «L’abuso del diritto e l’abuso del processo (dopo la lettura del recente libro
di Tropea)», Rivista di diritto processuale, vol. 70, núms. 4-5, 2015, pp. 1085-1089. Este autor estudia
la posibilidad de acudir al concepto de «interés legítimo» del art. 100 c.p.c. en el contexto del abuso
del proceso: «Art. 100. (Interesse ad agire) Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è
necessario avervi interesse».
13 Michele TARUFFO, Páginas de justicia civil, op. cit., p. 309.

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