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Vincent
AutorMaría Teresa Martínez Martínez
Cargo del AutorProfesora titular de Derecho Mercantil, Universidad Complutense de Madrid
Páginas17-19

Page 17

No es ningún secreto que, en los últimos decenios, la inmensa mayor parte de las monografías jurídicas españolas tiene como origen, bien una tesis doctoral, bien un «segundo ejercicio» de oposiciones a plazas de Profesor Titular o de Cátedras. La normativa académica sobre estas obras escritas, junto con los procesos de evaluación de la investigación a efectos de los «sexenios» de los profesores, son la causa más visible del impresionante aumento de libros impresos sobre materias de Derecho. En conjunto, suponen un enriquecimiento indudable del cúmulo de conocimientos puesto al servicio de la sociedad, de que ésta se sirve, en particular, a través de la práctica profesional y judicial. No hay buenas prácticas sin una buena teoría; como no hay buena teoría que ignore las exigencias y condicionamientos de la práctica.

Esta acumulación de riqueza teórica y su puesta a disposición para el uso de quienes actúan directamente en la aplicación del Derecho es una contribución de primer orden de los universitarios profesores de Derecho. Creo que la sociedad reconoce y aprecia esta contribución. Si los profesores de Derecho tuviéramos en la organización y gobierno de la investigación universitaria el peso proporcional a nuestra contribución, veríamos también expresado este reconocimiento por parte de los agentes oficiales predispuestos por las Administraciones para evaluar nuestros trabajos.

Posiblemente, también los profesores de Derecho deberíamos aprender a situar nuestra producción bajo las etiquetas o en las casillas que otros gremios investigadores más poderosos han impuesto. Por ejemplo, un breve comentario de sentencia o una nota sobre una nueva disposición legal —no digamos ya el análisis extenso de una u otra— constituyen por lo menos una «transferencia de resultados de investigación» que no debería desdeñarse el evaluar la producción de su autor. Es de creer que no habrán de quedar descalificados o minusvalorados por el hecho de que los pongamos gratis a disposición de abogados, notarios, registradores, jueces, administraciones públicas y ciudadanos en general; o de que trabajemos casi siempre sin previo contrato con empresa privada y, por tanto, sin remuneración pecuniaria.

Obviamente, no todo lo que publicamos los profesores es de la mejor calidad. No todo debería ser publicado. En mi opinión —no sé si muy compartida— es necesario y urgente que vayamos poniendo en marcha, en cada una de nuestras áreas, procedimientos fiables de...

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