STS 543/2003, 29 de Mayo de 2003

PonenteD. Clemente Auger Liñán
ECLIES:TS:2003:3679
Número de Recurso3082/1997
ProcedimientoCIVIL - RECURSO DE CASACION
Número de Resolución543/2003
Fecha de Resolución29 de Mayo de 2003
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

D. CLEMENTE AUGER LIÑAND. JESUS CORBAL FERNANDEZD. ANTONIO ROMERO LORENZO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Mayo de dos mil tres.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Cáceres, Sección Segunda, como consecuencia de autos, juicio de menor cuantía número 1/1997, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cáceres, sobre reclamación de cantidad, el cual fue interpuesto por Don Germán y Don Pedro Francisco , representados por la Procuradora Doña Gloria del Oro Pulido Sanz, en el que son recurridas Doña Marisol , representada por el Procurador Don Antonio Ramón Rueda López y la entidad LA UNIÓN Y EL FÉNIX ESPAÑOL S.A., representada por el Procurador de los Tribunales Don Francisco Javier Rodríguez Tadey.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cáceres, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de Don Germán y Don Pedro Francisco , contra Doña Marisol y la UNIÓN Y EL FÉNIX EXPAÑOL, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho: "...dictar sentencia por la que se condene solidariamente a ambos demandados al abono de pesetas CATORCE MILLONES TRESCIENTAS NOVENTA Y UNA MIL NOVECIENTAS SETENTA (14.391.970 pesetas), más los intereses de demora, costas y gastos del juicio".

Admitida a trámite la demanda, la Compañía de Seguros LA UNIÓN Y EL FÉNIX EXPAÑOL S.A. (hoy AGF UNIÓN-FÉNIX S.A.), contestó alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimó oportunos y terminó suplicando al Juzgado: "...se llegue a dictar sentencia desestimatoria de tal demanda y con condena en costas a los actores".

Igualmente, por la demandada Doña Marisol , contestó a la demanda alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimó oportunos y terminó suplicando al Juzgado: "...se dicte sentencia por la que se desestimen las pretensiones contenidas en el suplico de la demanda, con absolución de mi representada de los pedimentos de la misma y con imposición de costas a los actores".

Por el Juzgado se dictó sentencia de fecha 29 de Abril de 1997, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Desestimo la demanda formulada por el Procurador Sr. Hernández Lavado en nombre y representación de Don Germán y Don Pedro Francisco , contra Doña Marisol y la UNIÓN Y EL FÉNIX ESPAÑOL S.A. y en su virtud absuelvo a dichos demandados de la pretensión en su contra deducida, sin imposición de costas.

SEGUNDO

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y, sustanciado éste, la Audiencia Provincial de Cáceres, Sección Segunda, dictó sentencia con fecha 22 de Julio de 1997, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Don Germán y Don Pedro Francisco representados por el Procurador Sr. Hernández Lavado contra la sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 3 de los de Cáceres de fecha 29 de Abril de 1997, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la citada resolución, ello sin hacer especial imposición sobre las costas devengadas en esta alzada".

TERCERO

La Procuradora Doña Gloria del Oro Pulido Sanz, en representación de Don Germán y Don Pedro Francisco , formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos:

Motivo primero de casación: Por abuso de ejercicio de la jurisdicción.

Motivo segundo de casación: Por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas esenciales reguladoras de los actos y garantías procesales que producen indefensión en esta parte.

Motivo tercero de casación: Por infracción de las normas de ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver el objeto del debate.

CUARTO

Admitido el recurso de casación formulado y evacuando el traslado conferido, el Procurador Don Francisco Javier Rodríguez Tadey, en representación de la Compañía LA UNIÓN Y EL FÉNIX ESPAÑOL S.A., presentó escrito de impugnación al recurso mencionado y terminaba suplicando a esta Sala: "...dicte resolución por la cual se resuelva el recurso, desestimando los motivos alegados de contrario, con expresa imposición de las costas a la parte recurrente por imperativo legal".

Igualmente, por el Procurador Don Antonio Ramón Rueda López, en representación de Doña Marisol , presentó escrito de impugnación al recurso mencionado y terminaba suplicando a esta Sala: "...tras los trámites procedentes en derecho confirmen la sentencia mencionada con imposición expresa de costas a los recurrentes".

QUINTO

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 22 de Mayo de 2003, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. CLEMENTE AUGER LIÑÁN

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Don Germán y Don Pedro Francisco , formularon demanda en reclamación de cantidad contra la Letrada Doña Marisol y la COMPAÑÍA DE SEGUROS LA UNIÓN Y EL FÉNIX ESPAÑOL S.A., por importe de 7.195.985 pesetas,a favor de cada uno, que redujeron en el escrito de conclusiones a 6.149.061 pesetas, a favor de Don Germán y a la cantidad de 6.631.909 pesetas a favor de Don Pedro Francisco .

La acción ejercitada se funda en la alegación de que la Letrada vinculada a los actores en virtud de contrato de arrendamiento de servicios había incurrido en negligencia en el cumplimiento del mismo. Los demandantes, con la defensa de la Letrada demandada, plantearon demanda de despido y contra la sentencia desestimatoria dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la Letrada anunció a sus clientes la interposición de recurso de casación para unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. La sentencia fue notificada a la Letrada el día 28 de Julio de 1993, y manifiesta a los actores el referido propósito mediante carta, en la que les dice que tratará el asunto con ellos en el mes de septiembre siguiente. El dia 7 de Septiembre de 1993 ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anuncia su propósito de formalizar dicho recurso. Registrado el recurso de casación en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, el día 27 de Octubre de 1993 se dicta auto acordando poner fin al trámite del mismo porque el escrito de preparación se había presentado fuera del plazo que señala el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, por lo que el último plazo concedido era el 9 de Agosto anterior, al tratarse de un proceso por despido.

En Sentencias dictadas en primera instancia y en virtud de recurso de apelación formulado por los actores, se desestimó íntegramente sus pretensiones. Y contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cáceres los actores han formulado recurso de casación.

SEGUNDO

El primer motivo se formula por abuso de ejercicio de la jurisdicción, pues los recurrentes estiman la incompetencia jurisdiccional del Juez de instancia por razón de la materia, excediéndose de su jurisdicción exclusivamente civil y resolviendo materia de la rama social del derecho en contra de disposiciones normativas que cita, entre ellas, el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y doctrina jurisprudencial a la que hace referencia.

El segundo motivo se formula por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas esenciales reguladoras de los actos y garantías procesales que producen indefensión en esta parte, con cita en el cuerpo del motivo del artículo 9.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al estimar que el Juez de lo civil se extralimita y excede de su ámbito jurisdiccional.

Para plantear adecuadamente los temas de jurisdicción en casación es preciso indicar el cauce del número 1º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y señalar el precepto atributivo de competencia que ha sido infringido (Sentencia de 28 de Septiembre de 1993). En estos motivos el abuso que se denuncia, de una forma u otra, parece referirse al defectuoso ejercicio de la jurisdicción, considerando como tal aquél que se concreta en una sentencia no satisfactoria para la parte. El recurso así planteado confundió el "defecto en el ejercicio" con "defectuoso ejercicio" (Sentencia de 4 de Febrero de 1992). La aplicación indebida de una norma del ordenamiento jurídico sustantivo se denuncia por la vía del número 4º y no es valorable como abuso de jurisdicción (Sentencia de 8 de Octubre de 1990).

El caso que nos ocupa consiste en determinar si existe culpa en el Abogado por no entablar una demanda a tiempo (la acción prescribe o caduca,) o por no interponer un recurso dentro del plazo establecido.

Sobre esta segunda hipótesis versan la mayor parte de los casos de la jurisprudencia. Y en ellos se plantea una primera y principal disyuntiva, que es la siguiente: cuando el órgano judicial enjuicia la posible responsabilidad del Abogado, ¿puede o no -o tiene o no- que realizar ese órgano judicial una "operación intelectual" consistente en determinar (con criterios de pura verosimilitud o probabilidad) cuál habría sido el desenlace del asunto si la demanda se hubiese interpuesto o el recurso se hubiese formulado a tiempo?.

Si contestamos afirmativamente a esta pregunta, el juzgador podrá condenar al Abogado a satisfacer a su cliente una indemnización equivalente al interés que se hallaba en juego, o bien reducirla prudencialmente en función de la mayor o menor dosis de probabilidad de éxito (prosperabilidad que suelen decir los Tribunales) que el propio juzgador estime que habría tenido la demanda o el recurso intempestivos.

Si la respuesta es negativa, el Juez deberá establecer una indemnización en favor del cliente basada en una muy subjetiva apreciación de lo que para éste ha supuesto verse privado de la posibilidad de éxito en un juicio no entablado o en un recurso no promovido. Una expresión del razonamiento conducente a la condena, en ese caso, podría ser el consistente en la llamada "pérdida de oportunidad".

Otra posibilidad, en este segundo caso, es la de que el Juez señale en favor del cliente una indemnización (también de discrecional estimación) por el daño moral que al cliente le ha supuesto verse privado de acceso a la Justicia.

En Sentencia dictada por esta Sala el día 20 de Mayo de 1996, el supuesto de hecho era el siguiente: un Procurador se olvidó de comparecer en el recurso de apelación, dando lugar a que quedase desierto. El recurso de casación interpuesto por la parte actora tiene como motivo la obtención de una mayor indemnización. El Tribunal, en primer lugar, recuerda la jurisprudencia de la Sala que sostiene que la estimación de los daños y perjuicios y su valoración corresponde a la soberanía del Tribunal "a quo", salvo que haya que cambiar por error craso o razones de Ley los párametros o supuestos normativos en que aquella se apoya. A reglón seguido, la Sala declara que de las pruebas de la sentencia impugnada no hay razón para estimar incoherencia y que ninguna contradicción existe en examinar por parte de la Sala, como único medio de aproximarse a los concretos daños y perjuicios, la factibilidad o no del recurso que se perdió por culpa del Procurador y que ello no pretende sustituir lo que pudiera haber sido el resultado definitivo, por ser ello tarea imposible, y que al mismo tiempo se valore como indemnizable el daño moral producido por la privación del derecho al recurso que tenía a su favor la parte demandante.

En atención a estos apuntados razonamientos estos motivos tienen que ser desechados.

TERCERO

El tercer motivo se formula por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver el objeto del debate, por inaplicación de los artículos 1101 y 1106 del Código Civil y preceptos no especificados en el Estatuto General de la Abogacía, alegando que el recurso de casación de unificación de doctrina hubiere prosperado por estimar que no se ha tenido en cuenta al resolver el objeto de debate, en lo que se refiere a establecer el respeto hacía una línea jurisprudencial uniforme y acorde a suspuestos de hecho similares, con idénticos contratos laborales idéntico régimen jurídico con las mismas personas y las mismas circuntancias de lugar y tiempo de ocupación laboral y todo ello dentro de la organización de la empresa.

El artículo 1101 del Código Civil contiene la regulación legal de los efectos del incumplimiento de las obligaciones derivadas de contrato, cuyo equivalente en cuanto a las extracontractuales se haya en el artículo 1902. Los daños y perjuicios han de ser probados y derivados del incumplimiento, aunque cabe establecerlos por presunciones, si el enlace es lógico, (Sentencias de 5 de Junio de 1985 y 17 de Septiembre de 1987). No es necesaria la prueba de los daños cuando de los hechos demostrados o reconocidos por las partes en el pleito se deduzcan necesaria y fatalmente la existencia de un daño. La afirmación de que los daños y perjuicios no son consecuencia forzosa del incumplimiento ha de matizarse en el sentido de entender que "no siempre" o de que hay casos en los que sí ocurre (Sentencia de 15 de Junio de 1992).

La Sentencia de 11 de Noviembre de 1997, condena la actuación de un Procurador que fue demandado por no haberse personado en unos recursos de apelación, lo que derivó en que los mismos fueran declarados desiertos, quedando firmes las respectivas sentencias apeladas en primera instancia. La sentencia observa que los daños y perjuicios a cuya indemnización obliga todo incumplimento contractual culpable no son solamente los materiales o económicos, sino también los daños morales que directamente se deriven de aquél y siempre que aparezcan debidamente probados. Esta sentencia expresa que en el presente caso no se produjeron daños materiales o económicos, ya que resulta totalmente imposible saber, sin introducirse en el resbaladizo y absolutamente inadmisible terreno de las conjeturas, cual hubiera sido el tratamiento, estimatorio o desestimatorio, que habrían recibido los frustrados recursos de apelación. En cambio, sí aparece probado el perjuicio o daño moral que sufrieron los demandantes, al verse irremediablmente privados, por la negligente conducta de dicho Procurador, de los derechos que les asistía a que sus demandas fueran estudiadas por el Tribunal de apelación, y, en su caso, por el Tribunal Supremo. De ello se desprende que la sentencia recurrida, al considerar probada la existencia del referido daño moral, no realizó alteración alguna de la "causa petendi", ni, por tanto, incurrió en incongruencia.

La Sentencia de 25 de Junio de 1998, estableció la responsabilidad de un Abogado que presentó un recurso de casación fuera del término alegado. Respecto a la cuantificación del daño resarcible, la sentencia explica que resulta totalmente imposible saber cual hubiera podido ser el tratamiento de las distintas acciones frustradas por el Letrado, pues ello pertenece al terreno de las conjeturas, terreno en el que está absolutamente vedado introducirse. La Sala concluye que el perjuicio a indemnizar consiste en privar del derecho de acceso a los recursos o de la tutela judicial efectiva, que es subsumible en la noción de daño moral.

La Sentencia de 3 de Octubre de 1998, manifiesta que un Abogado, en virtud del contrato de arrendamiento de servicios, a lo que se obliga es a prestar sus servicios profesionales con la competencia y prontitud requerida por las circunstancias de cada caso, (artículo 1258 del Código Civil). En esta competencia se incluye el conocimiento de la legislación y jurisprudencia aplicables al caso y su aplicación con criterios de razonabilidad si hubiese interpretaciones no univócas.

La Sentencia de 28 de Enero de 1998, declara que nadie puede prever con absoluta seguridad que la pretensión va a ser obtenida,pero el profesional. con su conducta negligente ha impedido la posibilidad de conseguirlo, con lo que además, ha vulnerado el derecho del perjudicado a obtener la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24. 1 de la Constitución Española, al quedar coartada por la prescripción o caducidad. Como indemnización del daño es correcta la condena a aquella prestación que el Abogado, con su conducta culpable, ha impedido incluso la posibilidad de obtener.

De la anterior jurisprudencia, y atendidos los matices diferenciales que en la misma figuran, forzosamente se ha de concluir que el Tribunal de instancia no la ha tenido en cuenta, cuando debía de hacerlo; y ha basado la desestimación de las pretensiones de los actores en la imposibilidad, lo que es razonable, de estimar que el recurso hubiera prosperado con las consecuencias indemnizatorias descritas por los actores, que son las que hubieran tenido que figurar en la resolución favorable del recurso. Pero hay que insistir en que por el contrario no ha tenido en cuenta la obligada consecuencia de la conducta negligente, que no se discute, de la Abogada de los actores, que ha privado a éstos de la oportunidad del exámen por el Tribunal Supremo del recurso que, precisamente la Abogada creía necesario y estimable. Ello tiene que comprenderse como un daño moral infligido a los demandantes, que esta Sala al asumir la instancia por estimar este motivo de casación, valora libre y razonablemente en dos millones de pesetas (2.000.000 de pesetas) para cada uno de los afectados.

CUARTO

Conforme a lo previsto en los artículos 523, 710 y 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede hacer declaración alguna sobre pago de costas causadas en primera y segunda instancia y en este recurso de casación.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora Doña Gloria del Oro Pulido Sanz, en nombre y representación de Don Germán y Don Pedro Francisco , contra la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres, de fecha 22 de Julio de 1997, y en su virtud:

.- Primero. Se casa la referida sentencia.

.- Segundo. Se estima parcialmente la demanda y en su virtud se condena a Doña Marisol y a la UNIÓN Y EL FÉNIX ESPAÑOL S.A. a que abonen solidariamente a cada uno de los demandantes la cantidad de dos millones de pesetas (2.000.000 de pesetas), con los intereses legales a partir de la presentación de la demanda.

.- Tercero. No se hace pronunciamiento alguno sobre pago de costas causadas en ninguna de las instancias ni en este recurso de casación.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de Sala remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .Clemente Auger Liñán. Jesús Corbal Fernández. Antonio Romero Lorenzo. Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Clemente Auger Liñán, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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