STSJ Cataluña 2818/2023, 21 de Julio de 2023

JurisdicciónEspaña
EmisorTribunal Superior de Justicia de Cataluña, sala Contencioso Administrativo
Número de resolución2818/2023
Fecha21 Julio 2023

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

RECURSO ORDINARIO 3.436/2.021 (recurso sección 1.517/2.021)

Partes: Roberto

C/

ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO (TEAR CATALUÑA)

En aplicación de la normativa española y Europea de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable hágase saber que los datos de carácter personal contenidos en el procedimiento tienen la condición de confidenciales, y está prohibida la transmisión o comunicación a terceros por cualquier medio, debiendo ser tratados única y exclusivamente a los efectos propios del proceso en que constan,bajo apercibimiento de responsabilidad civil y penal.

S E N T E N C I A Nº 2818

Ilmos/as. Sres/as.:

PRESIDENTE:

JAVIER AGUAYO MEJIA

MAGISTRADOS:

MARIA ABELLEIRA RODRÍGUEZ

EMILIA GIMENEZ YUSTE

En Barcelona a veintiuno de julio de dos mil veintitrés.

VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo nº 3.436/2.021, interpuesto por Roberto, representada por el Procurador de los Tribunales Ricard Simó Pascual y asistido de la Letrado Mónica Isabel Benitez Madruga, contra la Administración General del Estado, representada por el Sr. Abogado del Estado.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Javier Aguayo Mejia, quien expresa el parecer de la sala.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Por el citado Procurador, actuando en nombre y representación del recurrente, se interpuso recurso contencioso administrativo contra la Resolución del TEAR de Cataluña recaida en el procedimiento NUM000 y acumulado.

SEGUNDO

1.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción.

  1. - Llegado el momento la recurrente presentó escrito de demanda, en la que interesó el dictado de una sentencia estimatoria que anulase la resolución impugnada, e imposición a la contraria de las costas causadas.

3- La demandada presentó escrito de contestación a la demanda, en el que solicitó la desestimación del recurso e imposición de las costas a su contraria.

TERCERO

Continuando el proceso su curso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.

CUARTO

En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Es objeto de este recurso contencioso-administrativo la Resolución de 9 de septiembre de 2.021 del TEAR de Cataluña, que estimó en parte la reclamación económico-administrativa interpuestas por Roberto contra acuerdos de la Inspección Regional Adjunta de la AEAT, Dependencia Regional de Inspección con sede en Tarragona, de liquidación provisional por el concepto de IRPF del ejercicio 2012, y de imposición de sanción.

La resolución del TEAR anula el acuerdo de imposición de sanción, por apreciar que la conducta del obligado tributario pudo venir motivada por una diferencia de criterio razonable de la norma aplicada, y desestima la reclamación en lo relativo al acuerdo de liquidación provisional; es este último extremo lo que de manera más precisa constituye el objeto del presente proceso.

SEGUNDO

Remisión a la Sentencia de 10 de enero de 2.022, sec. 2ª TS3ª (recurso1563/2020 ).

  1. - El recurrente presentó la autoliquidación del IRPF del ejercicio 2012 sin declarar la ganancia patrimonial derivada de la donación a sus hijos de 74.130 participaciones de la entidad Inversions Colet Roselló, SL, por estimar tener derecho a la exención total prevista en el art. 33.3.c) LIRPF.

    Por el contrario, la regularización considera que esa exención efectúa una remisión al art. 20.6 LISD y a su vez ésta al art. 4. Ocho.2 de la LIP, siendo que esta última dispone que la exención solo resulta aplicable en la proporción que corresponda a los activos necesarios para el ejercicio de la actividad. La actividad de la sociedad tiene por objeto la gestión y dirección de empresas participadas y una parte de sus activos son préstamos a dichas empresas que, a juicio de la Inspección, son activos no afectos a la actividad por no ser necesarios para gestionarlas.

    Como consecuencia, determina que el 27,08% de los activos de la sociedad no se hallan afectos a su actividad propia; porcentaje que la Inspección determina se debe aplicar al valor de las participaciones, en consecuencia una ganancia patrimonial sujeta y no exenta de 162.999,29 euros, y, con ello, una deuda tributaria de 53.570,65 euros.

  2. - El recurso y la oposición recurso sostienen distintas interpretaciones de una cuestión estrictamente jurídica, relativa a si el recurrente ostenta o no derecho a la exención total en su impuesto personal, como consecuencia de la donación inter vivos de las participaciones de una empresa familiar a sus hijos, que tiene por objeto la gestión y dirección de empresas participadas, y que parte de su activo viene constituido por préstamos a las sociedades del grupo; no discutiéndose el cumplimiento del resto de requisitos para la obtención de la exención.

    Sobre esta cuestión, la Sentencia de 10 de enero de 2.022, sec. 2ª TS3ª (recurso1563/2020) sienta la siguiente doctrina jurisprudencial:

    1) En los casos en que la donación inter vivos de una empresa familiar venga constituida, en parte de su valor, por activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad tercera o de la cesión de capitales a terceros, puede aplicarse la reducción prevista en el artículo 20.6 de la LISD.

    2) La procedencia de tal reducción de la base imponible establecida en el artículo 20.6 LISD viene condicionada, por la propia remisión que el precepto establece al artículo 4, Ocho de la Ley 19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio, a la acreditación de su afección a la actividad económica.

    3) El hecho de que parte del valor de lo donado, en los términos del artículo 20.6 LISD, venga constituido por la participación de la entidad objeto de la donación de empresa familiar en el capital de otras empresas o por la cesión de capitales no es un obstáculo, per se, para la obtención de la mencionada reducción, siempre que se acredite el requisito de la afección o adscripción a los fines empresariales. En particular, las necesidades de capitalización, solvencia, liquidez o acceso al crédito, entre otros, no se oponen, por sí mismas, a esa idea de afectación.

    4) El artículo 6.3 del Real Decreto 1704/1999, de 5 de noviembre , por el que se determinan los requisitos y condiciones de las actividades empresariales y profesionales y de las participaciones en entidades para la aplicación de las exenciones correspondientes en el Impuesto sobre el Patrimonio, es conforme a la ley que regula este último y a la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, sin que contradiga tampoco el artículo 27.1.c) de la Ley 40/1998, tal como ha sido interpretado más arriba, aun para el caso de que éste fuera aplicable en este asunto.

    .

  3. - La anterior doctrina se sostiene en la siguiente motivación:

    1. Comencemos por decir que la sentencia recurrida -y las dos resoluciones del TEAR y TEAC que, en interpretación de los términos de un tributo cedido a la Comunidad accionante, alcanzan una conclusión jurídica desfavorable a la Administración cesionaria del impuesto-, que otorga la razón al contribuyente, es plenamente conforme a Derecho.

    El criterio sentado en ella es correcto al interpretar -sin que tal decisión sea exponente de una interpretación extensiva de las normas aplicables-, que los artículos 20.6 LISD, que a su vez se remite para la concreción del ámbito objetivo de la reducción al artículo 4. Ocho de la Ley 19/1991 -LIP- que, por su parte, en un segundo o indirecto reenvío exige integrar el concepto de la LIRPF, artículo 27 de la Ley 40/1998, permiten la acreditación, en relación con determinados activos, de la afectación a la actividad empresarial. Esa es la cuestión principal del litigio: si a efectos de determinar el alcance de la reducción prevista en dicho artículo 20.6 LISD, es posible la prueba de la afectación de las inversiones -financieras o no- incorporadas al valor de lo donado o, por el contrario, tal prueba está prohibida por la ley. A nuestro juicio, la respuesta que debe darse a dicho dilema es clara.

    Así, el artículo 6.3 del Real Decreto 1704/1999, de 5 de noviembre, por el que se determinan los requisitos y condiciones de las actividades empresariales y profesionales y de las participaciones en entidades para la aplicación de las exenciones correspondientes en el Impuesto sobre el Patrimonio, establece, a propósito de la valoración de participaciones y acerca de la determinación del importe exento, que "para determinar si un elemento patrimonial se encuentra o no afecto a una actividad económica, se estará a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias, salvo en lo que se refiere a los activos previstos - en el inciso final del párrafo c) del apartado 1 de dicho artículo que, en su caso, podrán estar afectos a la actividad económica".

    De dicha regulación se infiere, sin dificultad interpretativa, que el mencionado precepto reglamentario no incurre en ultra vires, como la Administración autonómica parece sostener, sino que complementa la interpretación sobre el requisito de la afección, por mandato directo y expreso del artículo 4, Ocho, punto tres de la Ley 19/1991. Sobre tal cuestión, nuclear en el desarrollo argumental de nuestra tesis, hablaremos más adelante.

    Por su parte, el artículo 27 LIRPF 40/1998, bajo la rúbrica de "elementos patrimoniales afectos" -norma posterior a la ...

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