STS 150/2023, 3 de Marzo de 2023

1. - La sentencia núm. 26/2020, 3 de noviembre, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, en el procedimiento por Jurado núm. 1/2018, instruido por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Alcázar de San Juan, condenó al acusado Carlos Daniel como autor criminalmente responsable de un delito consumado de homicidio por imprudencia ( art. 142.1 del CP), en concurso ideal del arts. 77.2 del CP, con un delito de lesiones dolosas en grado de tentativa ( arts.147.1, 16 y 62 CP), sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas por el delito de homicidio imprudente de 3 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y la accesoria de acudir y residir en la localidad de Herencia durante el plazo de seis años. Respecto al delito de lesiones en grado de tentativa procede la imposición de la pena inferior en grado en su máxima extensión de 5 meses y 29 días con una cuota diaria de 10 euros, con 89 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

   También condenó al acusado Luis Alberto como autor criminalmente responsable de un delito leve de lesiones del art. 147.2 del CP, a la pena de 2 meses de multa con cuota diaria de 10 euros, con 30 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

   Contra esta resolución ambos acusados interpusieron recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Mediante la sentencia núm. 18/2021, 29 de abril, fue desestimado el recurso promovido por el primero de los acusados, pero fue parcialmente estimado el que hizo valer Luis Alberto, resultando éste condenado como autor criminalmente responsable de un delito leve de maltrato del art. 147.3 del CP, a la pena de 1 mes y 16 días de multa con cuota diaria de 10 euros, con 23 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

   Ambos condenados formalizan ahora recurso de casación. Desarrollan dos motivos respectivamente, si bien el segundo de ellos, en la medida en que participa de una argumentación común, va a ser objeto de tratamiento unificado.

2. - La primera de las impugnaciones que defiende el acusado Carlos Daniel se ampara en los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim.

   2.1.- A juicio de la defensa, la sentencia recurrida habría vulnerado su derecho a la presunción de inocencia reconocido en el art. 24.2 de la CE. No existen pruebas suficientes para considerar al recurrente como autor de un delito consumado de homicidio por imprudencia - art. 142.1 del CP- en concurso ideal con un delito de lesiones dolosas en grado de tentativa - arts. 147.1, 16 y 62 del CP.

   El fallecimiento de Bruno -se aduce- bien pudo producirse de forma natural y no necesariamente por una acción violenta del acusado, tal y como quedó reflejado en el informe emitido por dos catedráticos de la Universidad de Santiago de Compostela que sostuvieron que la causa más probable del fallecimiento podía estar relacionada con un aneurisma. Fue la deficiente labor de los forenses la que impidió constatar esta circunstancia, hasta el punto de que la existencia de otros datos -velocidad de la HSA, ausencia de fractura y de lesiones externas de cierta entidad- refuerzan necesariamente a esta hipótesis.

   La sentencia de instancia -alega la defensa- fundamenta su desenlace en el testimonio de Cesar y Inés. Sin embargo, el análisis de sus respectivas declaraciones permite concluir que Cesar "...falta a la verdad de manera evidente" y que Inés "...no aporta ningún dato".

   No tiene razón la defensa y el motivo no puede prosperar.

   2.2.- Cuando se trata del recurso de casación en procedimientos seguidos conforme a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, la valoración de la prueba efectuada por el jurado y concretada por el Magistrado-Presidente en la sentencia del Tribunal, ya ha sido previamente revisada por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación. En consecuencia, en estos aspectos, ya se ha dado cumplimiento a la exigencia contenida en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto reconoce el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a someter el fallo condenatorio y la pena a un Tribunal superior.

   De otro lado, la sentencia contra la que se interpone el recurso de casación es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia, que no ha presenciado la práctica de la prueba y, por lo tanto, no ha dispuesto de la inmediación que sí ha tenido el Tribunal del jurado.

   Desde esta perspectiva, el control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega vulneración de la presunción de inocencia, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se concreta en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia del Tribunal del Jurado, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos (cfr. SSTS 821/2022, 17 de octubre; 678/2020, 11 de diciembre; 418/2020, 21 de julio; 97/2020, 5 de marzo; 196/2019, 9 de abril; 45/2014, 7 de febrero; 154/2012, 29 de febrero y STS 390/2009, 21 de abril).

   2.3.- La sentencia dictada por el Magistrado-Presidente no incurre en ninguno de los defectos que justificarían su rechazo. Antes al contrario, explica con precisión el juicio inferencial que le ha llevado a concluir la autoría de Carlos Daniel. Así lo razona la sentencia dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia, que respalda la decisión de la instancia: " el Jurado, en las dos cuestiones que aquí interesan, consideró al recurrente autor del delito por el que viene siendo condenado tomando en consideración "la testifical de Cesar que al bajarse del vehículo vio a Carlos Daniel con las pinzas de arranque del vehículo en las manos, así como a través de la ventanilla"; estimando "el golpe que le causó la muerte fue el propinado por el citado Carlos Daniel valiéndose de las pinzas, lo que ha quedado constatado en la sesión de juicio en concreto en la pericial Forense, emitida por los Sres. Médicos Forenses que realizaron la autopsia al cadáver que, de forma clara, apreciaron la existencia de un hematoma de 3x3 correspondiente al citado elemento, pinzas y un contragolpe que derivo en la hemorragia"; rechazando que la causa de la muerte pudiera ser un aneurisma, remitiéndose a la prueba pericial médica de los forenses que practicaron la autopsia del cadáver ".

   La sentencia de instancia, desde luego, valoró la prueba de descargo y descartó la significación exculpatoria de las declaraciones testificales ofrecidas por la defensa "...a la vista de la "incompatibilidad de muchas de ellas con el resultado de las periciales y el testimonio de referencia de los policías locales en relación con las manifestaciones de Luis Alberto sobre los presentes en los hechos". También otorgó un reforzado valor acreditativo de cargo a la declaración de Cesar "... que apreció directa y claramente cómo Carlos Daniel vino a golpear en su espalda con las pinzas de batería que portaba cuando el mismo, viendo como el fallecido se encontraba agachado y desprotegido tras ser agredido, vino a abrazarle para protegerle, todo ello en una secuencia temporal tan inmediata una de otra que únicamente pudo dicho acusado ser la persona que instantes antes vino a golpear a Bruno causándole la muerte "

   También glosó la sentencia de instancia el valor probatorio de las lesiones de Cesar, de etiología compatible con aquellas pinzas, tal y como resulta acreditado en los folios 83 y 84. Y la declaración de "... Inés si pudo apreciar cómo Cesar defendió a Bruno con su cuerpo; Leoncio, avalado por otros testigos, narró cómo fue amenazado por Carlos Daniel y su esposa quienes le manifestaron si no le parecía bastante con lo que le había pasado ya a su amigo y que se fuera de allí si no quería lo mismo; que Carlos Daniel reconoció ser el propietario de las pinzas de batería (instrumento empleado de forma indubitada por la pericial forense practicada) y por la intervención por la Guardia Civil en su poder dos días más tarde, "por lo que el acusado mencionado bien pudo hacer desaparecer los restos de ADN del fallecido de las mismas, evidenciándose por la pericial biológica únicamente los restos de ADN de Carlos Daniel".

   Del mismo modo, el jurado se pronunció sobre la relación de causalidad entre la agresión inferida por el recurrente Carlos Daniel a Bruno, descartando la tesis de la defensa, relacionada con una causa posible del fallecimiento -aneurisma - que nada tendría que ver con los golpes sufridos en la cabeza. Así lo entendió el Magistrado-Presidente y así fue confirmado en apelación por el Tribunal Superior de Justicia: "... la relación de causalidad entre la conducta agresiva perpetrada por Carlos Daniel y el fallecimiento de Bruno, al golpear con las pinzas de recarga de batería en su parietal izquierdo del mismo, resulta de la pericial de los médicos forenses que practicaron la autopsia, que informaron que aquella un traumatismo craneoencefálico con excoriación asociada en región frontal izquierda, tratándose de excoriación de clara morfología rectangular, que vino a originarle una hemorragia subaracnoidea masiva en ambos hemisferios cerebrales, directamente causante de su fallecimiento, no evidenciándose la interferencia causal por la rotura de un aneurisma situado en el Polígono de Willis cerebral"

   A la vista de ese cuadro probatorio y de la coherencia y racionalidad con la que ha sido valorado, la Sala no detecta la vulneración del derecho a la presunción de inocencia que reivindica el recurrente. Resulta obligado, por tanto, desestimar el motivo ( art. 885.1 de la LECrim).

3. - El primero de los motivos formalizados por el otro recurrente, Luis Alberto, sostiene también, con la misma cobertura, que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia.

   A juicio de la defensa, no existen pruebas de que Luis Alberto golpeara en el rostro de la víctima con sus propias manos. Se trata de "...un varón de más de 1.80 de altura, 85 kilos, manos grandes y acostumbradas a un trabajo duro (feriante) (...) y, sin embargo, no le dejó la más mínima marca o lesión. Es de todo punto de vista imposible asumir que si como dicen esos dos testigos le hubiera golpeado de esa manera no queden evidencias físicas en forma de lesión". La declaración de los testigos fue falaz. A Luis Alberto llegaron a fotografiarle las manos con el fin de apreciar vestigios de esos golpes que -se insiste- tampoco dejaron huella en la autopsia practicada a la víctima.

   El motivo está abocado al fracaso.

   3.1.- Como expresa la sentencia que es objeto del presente recurso, "...dos testigos, Cesar y Inés, declaran que vieron cómo el acusado golpeaba hasta en tres ocasiones en la cara a Bruno, a través de la ventanilla del vehículo, que se encontraba bajada. El Jurado les cree; y es prueba de cargo, bastante y hábil para desvirtuar la presunción de inocencia que asiste al recurrente. Pese a las manifestaciones de la recurrente, Inés identifica al "muchacho" como el responsable de los hechos; resulta lógico que, si a la vez y desde la ventanilla contraria acometen a Cesar, éste mire en dirección contraria protegiéndose de la agresión; y que no haya lesiones no es contradictorio con el tenor de los hechos probados, pues el medio no es idóneo para causarlas".

   De hecho, esa falta de heridas visibles en el rostro de la víctima es lo que llevó al Tribunal Superior de Justicia a estimar parcialmente el recurso de apelación promovido por Luis Alberto y a rectificar la calificación jurídica de aplicada en la instancia. No fueron lesiones del art. 147.2 del CP, sino calificables con arreglo al art. 147.3, en el que se tipifica el delito leve de maltrato.

   3.2.- Al margen de esta alegación sobre la hipotética vulneración del derecho a la presunción de inocencia, se hace valer por la defensa la vulneración del principio acusatorio y de seguridad jurídica, en la medida en que el Fiscal no había formulado acusación contra el ahora recurrente. Tras el veredicto, sin embargo, solicitó la condena a la que se adhirieron las acusaciones.

   Como apunta el Fiscal del Tribunal Supremo en su dictamen de impugnación, no es obstáculo alguno el hecho de que el Ministerio Fiscal, que inicialmente no había dirigido acusación contra Luis Alberto, informara sobre la pena a imponerle, conforme con el art. 68 LOTJ, tras conocer el veredicto de culpabilidad, con adhesión de las acusaciones que habían calificado inicialmente la acción como asesinato. No cabe desconocer que este informe no tiene por qué acomodarse a las conclusiones definitivas, pues en este momento ya existe un veredicto de culpabilidad que, respetando los hechos que han sido objeto de debate y enjuiciamiento, puede no ser coincidente con las acusaciones inicialmente formuladas por el Fiscal y las demás partes.

4. - Ambos recurrentes comparten desacuerdo con la sentencia cuestionada en lo que afecta al pronunciamiento sobre costas, que ha incluido las generadas por la acusación particular.

   Se consideran infringidos los arts. 123 del CP y 240 de la LECrim.

   La falta de coincidencia -se razona- entre la propuesta acusatoria y el desenlace del juicio, pone de manifiesto la temeridad con la que habría actuado la acusación particular. Luis Alberto fue acusado de un delito de asesinato y finalmente sentenciado por un delito leve de malos tratos del art. 147.3 del CP. Y Carlos Daniel sufrió una acusación inicial por un delito de asesinato por la concurrencia de alevosía y ha sido sentenciado por un delito de homicidio imprudente en concurso ideal con un delito de lesiones.

   Esa heterogeneidad debe llevar a la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que, en tales casos, excluye la condena en costas.

   El motivo no es acogible.

   4.1.- La doctrina de esta Sala está expresada con vocación de síntesis en la STS 236/2021, 15 de marzo. El concepto de mala fe, por su carácter subjetivo es fácil de definir pero difícil de acreditar, no así el de temeridad. La temeridad y mala fe han de ser notorias y evidentes ( STS 682/2006, 25 de junio y 419/2014 16 abril) y se afirma la procedencia de mantener una interpretación restrictiva de estos términos legales ( STS 842/2009, 7 de julio ), de modo que la regla general será su no imposición ( STS 19.9.2001 , 8.5.2003 y 18.2, 17.5 y 5.7, todas de 2004, entre otras muchas).

   Es necesario que la acusación particular perturbe con su pretensión el normal desarrollo del proceso penal, que sus peticiones sean reflejo de una actuación procesal precipitada, inspirada en el deseo de poner el proceso penal al servicio de fines distintos a aquellos que justifican su existencia.

   Corresponde su prueba a quien solicita la imposición ( STS núm. 419/2014, 16 de abril).

   No es determinante al efecto que la acusación no oficial haya mantenido posiciones en el proceso diversas, incluso contrapuestas, a la de la acusación oficial ( STS 91/2006 de 30 de enero).

   Como factores reveladores de aquella temeridad o mala fe suele indicarse más que la objetiva falta de fundamento o inconsistencia de la acusación, la consciencia de ello por parte de quien, no obstante, acusa. Lo que no empece que sea la evidencia de esa falta de consistencia la que autorice a inferir aquella consciencia. Así se impone la condena cuando se estime que existen "razones para suponer que no le asistía el derecho" o cuando las circunstancias permiten considerar que "no podía dejar de tener conocimiento de la injusticia y sinrazón de su acción". Desde luego se considera temeridad cuando se ejerce la acción penal, mediante querella, a sabiendas de que el querellado no ha cometido el delito que se le imputa ( STS 508/2014, 9 junio).

   Recientemente hemos indicado como determinante que el acusador tuviera conocimiento de datos que demostrarían la inexistencia de delito y los oculta o no los aporta, dotando así de una apariencia de consistencia a la acusación que sostiene ( STS 144/2016, 22 de febrero).

   Cabe que aparezca a lo largo de tramitación aunque no en momento inicial ( SSTS de 18 de febrero y 17 de mayo de 2004).

   El Tribunal a quo ha de expresar las razones por las que aprecia la concurrencia de un comportamiento procesal irreflexivo y, por tanto, merecedor de la sanción económica implícita en la condena en costas ( STS 508/2014, 9 junio y 720/2015, 16 noviembre).

   4.2.- En el presente caso, sin embargo, la Sala no detecta ni la temeridad ni la mala fe que justificaría la exclusión de las costas de la acusación particular. Se trata de la investigación y enjuiciamiento de un delito contra la vida de un familiar que muere tras recibir reiterados golpes en la cabeza propinados por Carlos Daniel y que tuvieron una secuencia inicial en las bofetadas propinadas por Luis Alberto.

   La calificación inicial del Ministerio Fiscal contra Carlos Daniel lo era por un delito de homicidio doloso por el que solicitaba la pena de 12 años de prisión. Las acusaciones particulares consideraron a ambos recurrentes como autores de un delito de asesinato.

   El desenlace del juicio no es sino el resultado de una valoración probatoria verificada por el Jurado como órgano decisorio que ha estimado que el propósito que animaba la agresión de Carlos Daniel no fue el de matar intencionadamente. Que con anterioridad a ese veredicto tanto el Fiscal, como las acusaciones consideraran que el tipo subjetivo abarcaba la muerte dolosa, no era, desde luego, una extravagancia jurídica que tenga ahora que ser rectificada.

   Lo explica el FJ 6.3 de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, que rechazó en apelación la misma queja que ahora se hace valer: "...en relación con Carlos Daniel no apreciamos la heterogeneidad denunciada. Desde luego que no la hay en relación con las conclusiones del Ministerio Fiscal; pero tampoco en relación con la condena (concurso ideal de un homicidio imprudente con un delito doloso de lesiones intentado), por cuanto que de la conclusión alternativa de la acción particular se aparta finalmente por la intencionalidad de la acción perpetrada, considerando además las conclusiones que las defensas denominaban alternativas (ff.334 y 387 del testimonio), posteriormente elevadas a definitivas. Y tampoco puede calificarse de superflua en relación con Luis Alberto pues, al no dirigirse contra él el Ministerio Fiscal, no habría podido resultar condenado por la acción. Por ello y aun no acogiéndose plenamente las tesis de la acusación particular, su actuación contribuyó a una mejor aclaración del caso y ha sido parcialmente acogida, también en la determinación de la cuantía de la indemnización acordada en la sentencia del tribunal del jurado. En el caso actual dicha heterogeneidad o desproporción no concurre, por lo que su imposición es correcta".

   A la vista de lo expuesto, procede la desestimación del motivo por su falta de fundamento ( art. 885.1 de la LECrim).

5. - La desestimación del recurso conlleva la condena en costas, en los términos establecidos en el art. 901 de la LECrim.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación, interpuesto por las respectivas representaciones legales de D. Carlos Daniel y D. Luis Alberto c ontra la sentencia núm. 18/2021, 29 de abril, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha al resolver el recurso de apelación promovido contra la dictada con el núm. 26/2020, 3 de noviembre, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real

Condenamos al recurrente al pago de las costas causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso, e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

D. Manuel Marchena Gómez, presidente D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre D. Pablo Llarena Conde

D.ª Susana Polo García D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina