STS 1522/2022, 18 de Noviembre de 2022

JurisdicciónEspaña
Número de resolución1522/2022
Fecha18 Noviembre 2022

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Tercera

Sentencia núm. 1.522/2022

Fecha de sentencia: 18/11/2022

Tipo de procedimiento: R. CASACION

Número del procedimiento: 2918/2021

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 15/11/2022

Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado

Procedencia: T.S.J.GALICIA CON/AD SEC.3

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Martín Contreras

Transcrito por: PJM

Nota:

R. CASACION núm.: 2918/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Martín Contreras

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Tercera

Sentencia núm. 1522/2022

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Eduardo Espín Templado, presidente

D. Eduardo Calvo Rojas

D.ª María Isabel Perelló Doménech

D. José María del Riego Valledor

D. Diego Córdoba Castroverde

En Madrid, a 18 de noviembre de 2022.

Esta Sala ha visto , constituida en su Sección Tercera por los magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2918/2021, interpuesto por Volkswagen Group España Distribución, S.A., representada por el procurador D. José Paz Montero y bajo la dirección letrada de D. José María Macías Castaño y D. Juan Carlos Hernanz Junquero, contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en fecha 26 de enero de 2021 en el recurso de apelación número 7175/2020. Es parte recurrida la Xunta de Galicia, representada por el procurador D. Argimiro Vázquez Guillén y bajo la dirección letrada de la Sra. Letrada de la Xunta de Galicia.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo seguido bajo el número 282/2019 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santiago de Compostela se dictó sentencia de fecha 9 de junio de 2020, por la que se desestimaba el recurso que había interpuesto Volkswagen Group España Distribución, S.A. frente a la resolución citada por el consejero de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia el 23 de abril de 2019. Esta resolución inadmitía, por extemporáneo, el recurso de alzada que la mercantil había interpuesto contra una resolución de la Directora del Instituto Gallego de Consumo y de la Competencia de 29 de marzo de 2017 que le imponía una sanción de multa por la comisión de infracciones a la Ley gallega de protección general de las personas consumidoras y usuarias (expte. 15R001-717-2016).

Recurrida la citada sentencia en apelación por la demandante, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sección Tercera) dictó sentencia de 26 de enero de 2021 en el recurso referenciado en el encabezamiento de esta resolución por la que se desestima el recurso.

SEGUNDO

Notificada la última de las mencionadas sentencias a las partes, la recurrente en apelación presentó escrito preparando recurso de casación contra la misma, teniéndose por preparado dicho recurso por auto de la Sala de apelación de fecha 18 de marzo de 2021, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Tras recibirse las actuaciones y haberse personado las partes que se recogen en el encabezamiento de esta sentencia, se ha dictado auto de 14 de julio de 2021 por el que se admite el recurso de casación, declarando que la cuestión suscitada en el mismo que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar los artículos 14.2 y 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los efectos de determinar cuáles son las consecuencias que se derivan de una notificación efectuada a una persona jurídica en formato papel, y no a través de medios electrónicos.

En la resolución se identifican como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, los artículos 14.2 y 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

CUARTO

A continuación se ha concedido plazo a la parte recurrente para interponer el recurso de casación, quien ha presentado el correspondiente escrito, en el que denuncia la infracción de los artículos 14.2 y 41.1 de la Ley 39/2015, de los artículos 42.2 y 40.3 de la misma norma, y del artículos 4.1 de la Constitución. Finaliza el escrito con el suplico de que se declare haber lugar al recurso de casación y, en consecuencia, case y anule la sentencia recurrida, y estime el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Consejero de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia de 23 de abril de 2019 conforme a lo solicitado en la demanda y, en consecuencia, anule dicha resolución y acuerde retrotraer las actuaciones al momento anterior a la inadmisión del recurso de alzada, todo ello con imposición de las costas de la primera instancia a la parte recurrida.

QUINTO

Seguidamente se ha dado traslado del escrito de interposición del recurso de casación a la parte recurrida, quien ha presentado en el plazo otorgado su escrito de oposición, en el que solicita que continúe la tramitación del recurso de casación hasta que recaiga sentencia en la que, previa fijación de la interpretación de las normas sobre las que se refiere el auto de admisión en los términos contenidos en el mismo escrito, confirme en su integridad la sentencia de adverso recurrida.

SEXTO

No considerándose necesaria la celebración de vista pública dada la índole del asunto, por providencia de fecha 5 de octubre de 2022 se ha señalado para la votación y fallo del recurso el día 15 de noviembre del mismo año, en que han tenido lugar dichos actos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Objeto y planteamiento del recurso de casación.

Volkswagen Group España Distribución S.A interpone recurso contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 26 de febrero de 2021 en la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por la referida entidad contra la sentencia de 9 de junio de 2020, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santiago de Compostela.

La sentencia del Juzgado nº 2 de Santiago de Compostela desestima el recurso contencioso-administrativo que interpuso Volkswagen Group España Distribución S.A. contra la resolución de la Consejería de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia de 23 de abril de 2019 que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Directora del Instituto Gallego de Consumo y de la Competencia de 29 de marzo de 2017 (expediente NUM000) en la que se impone a dicha entidad multa por importe de 33.400 euros por la comisión de una infracción grave prevista en los artículos 82.8, 82.14 y 82. 31 de la Ley gallega 2/2012, de 28 de marzo, de protección general de las personas consumidoras y usuarias.

La sentencia de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 26 de enero de 2021 -ahora recurrida en casación- desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación de Volkswagen Group España Distribución, S.A. contra la sentencia del Juzgado.

El recurso de casación fue admitido por auto de esta Sala de 14 de julio de 2021, que consideró de interés casacional interpretar los artículos 14.2 y 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los efectos de determinar cuáles son las consecuencias que se derivan de una notificación efectuada a una persona jurídica en formato papel, y no a través de medios electrónicos.

SEGUNDO

Sobre los fundamentos de la sentencia recurrida.

La sentencia objeto del recurso de casación funda el fallo desestimatorio de la apelación en las siguientes razones jurídicas:

"

CUARTO

Que, como pone de relieve la Administración apelada, al impugnar el recurso, toda la argumentación del recurrente en torno a la ineficacia e invalidez de la notificación de la resolución sancionadora a consecuencia de una serie de supuestas irregularidades; pero, como considerar la sentencia apelada concurren circunstancias determinantes de la validez de notificación "en papel" a una persona jurídica, toda vez que así fue notificada la propuesta de arbitraje a la misma persona y en el mismo domicilio de la notificación de la resolución sancionadora (folios 15 y ss del E.A), y la empresa formuló alegaciones frente a ella, demostrando la eficacia de tal notificación a persona física en la sede de la empresa, por lo que no se le produce indefensión, sino que llena las garantías (TSXG s. num. 116/2019, de 15 de mayo, JUR 2019/177149), mayormente cuando VGED responde a la propuesta de arbitraje señalando un domicilio físico de notificaciones, sin formular queja alguna hasta el recurso contencioso-administrativo.

QUINTO

Que no constituye vicio o defecto invalidante el que la persona que recibe la notificación sea o no trabajador de la empresa, declarando el T.S. en s. de 28-6-2012, que no tiene que existir una relación laboral ni de dependencia entre la empresa destinataria y el receptor, citando otras de 24-5-2010, para unificación de doctrina (RC 318/2005), por no lesionar el art. 24.1 CE la notificación en el domicilio de la sociedad no constando que la recogiera un empleado; el art. 42.2 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, PAC, permite que en ausencia del destinatario la notificación domiciliaria pueda ser recibida por cualquier persona; y, además, D. Isidro , el receptor, no es ajeno a Wolkswagen, por trabajar para una subcontratista encargada del mantenimiento de las oficinas de VGED, por lo que estaba en el domicilio de tal mercantil; y, sobre la invalidez porque el acuse de recibo no presenta el sello de la empresa requerido por el art. 44 RD 1829/1999, de 3 de diciembre, pero estamos ante una ausencia también presente en la propuesta de arbitraje, con acuse de recibo sin sello de la empresa, habiendo la mercantil reconocido haberla recibido; las circunstancias concurrentes de notificaciones anteriores idénticas, en el domicilio de la empresa, recibidas por D. Isidro , receptor que se identificó como autorizado, tratándose de trabajador de empresa subcontratista que, presta sus tareas, físicamente, en las oficinas de la VGED.

SEXTO

Que la notificación, válida y eficaz, ha de tenerse por practicada el 10-4-2017 (f. 36 reverso del E.A.), por lo que el plazo de interposición de la alzada concluía el 10-5-2007, a tenor del art. 124 Ley 39/15, y el recurso tuvo entrada en el Registro de la Xunta el 30-5-2017 (folio 37 E.A.) por lo que la Resolución que lo inadmite por extemporáneo (folio 121 E.A.) es conforme a derecho, deviniendo la resolución sancionadora, por no haberse recurrido en plazo, en acto definitivo y firme, no susceptible de impugnación jurisdiccional ( art. 28 y 69.c LJCA)." (fundamentos de derecho cuarto a sexto)

TERCERO

Sobre las posiciones de las partes.

Alegaciones de Volkswagen Group España Distribución, S.A.

La representación procesal de Volkswagen Group España Distribución, S.A. en su escrito de interposición del recurso de casación alega la infracción de los arts. 14.2 y 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la medida en que la sentencia dispensa a la Administración de su obligación legal de notificar por medios electrónicos sus actos y resoluciones a determinados sujetos obligados, y, en particular, a las personas jurídicas.

La carga de practicar notificaciones por medios electrónicos a las personas jurídicas sólo queda dispensada, excepcionalmente, en determinados supuestos previstos legalmente ( artículos 41.1 y 41.2 LPAC), que no concurren en este caso ni en la sentencia se insinúa que puedan concurrir, por lo que quedan al margen de su fundamentación.

El incumplimiento por parte de la Administración de su obligación de notificar electrónicamente sus actos y resoluciones a las personas jurídicas carece eventualmente de trascendencia cuando el propio interesado hubiese aceptado expresamente notificaciones por otros medios (y sólo desde entonces) o su práctica por esos otros medios no le hubiese irrogado indefensión material. Sin embargo, no puede (ni debe) quedar eximida la Administración del cumplimiento de sus obligaciones legales en supuestos distintos de aquellos contemplados por la normativa vigente y al margen de los derechos del interesado ni, tampoco, derogarse aquellas obligaciones en supuestos singulares y a voluntad o beneficio de la propia Administración.

La sentencia recurrida termina por asociar indebidamente el necesario cumplimiento de la legalidad vigente por parte la Administración con la previa actuación del interesado en el procedimiento administrativo (en nuestro caso, en el marco del requerimiento del IGC con propuesta de arbitraje de consumo, previo al expediente sancionador), de modo que dispensa a la primera de sus obligaciones legales porque el segundo no se opuso a la práctica de otras notificaciones en papel con anterioridad.

Esas notificaciones anteriores carecen de toda relevancia en orden a condicionar el cumplimiento de la legalidad por parte de la Administración y reprochar al interesado su proceder por, simplemente, "no quejarse" de esa falta de cumplimiento normativo en supuestos en los que las circunstancias del incumplimiento no habían determinado indefensión. Es claro que tales notificaciones no asientan "precedente" alguno, y, por el contrario, si surtieron efecto, sin ser válidas, ese debe, sencillamente, al hecho de que el propio interesado se diese por notificado mediante la realización de actuaciones que supusieran conocimiento del acto notificado o la interposición del correspondiente recurso; surtiendo efectos sólo a partir de ese momento ( artículo 40.3 LPAC).

La sentencia recurrida se opone frontalmente al criterio seguido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su sentencia núm. 395/2019, de 25 de octubre (recurso núm. 66/2019).

La sentencia recurrida interpreta erróneamente los artículos 14.2 y 41.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, dispensando a la Administración de sus obligaciones legales en la forma de notificar por medios electrónicos a las personas jurídicas, adelantando con ello la firmeza de los actos y resoluciones administrativas y su inimpugnabilidad, en la medida en que avala la práctica de notificaciones físicas en papel.

Dichos artículos deben interpretarse en el sentido de que la Administración se encuentra legalmente obligada a notificar sus actos y resoluciones por medios electrónicos a las personas jurídicas, con independencia de cualesquiera otras notificaciones o comunicaciones anteriores y salvo en los supuestos excepcionales previstos por la normativa aplicable. El incumplimiento de esta obligación supone la falta de validez de las notificaciones practicadas por otros medios de forma irregular e impide el transcurso de los plazos de impugnación.

Otras infracciones conexas en las que incurre la sentencia son -según la recurrente- las de los artículos 42.2 y 40.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común y 24 de la Constitución.

Alegaciones de la Junta de Galicia.

Aduce la Administración recurrida que la notificación por medios electrónicos no es exclusiva, sino preferente; y además, si atendemos a la fecha a que se refiere el asunto litigioso, en aquel momento la notificación electrónica no era necesaria debido a la prórroga prevista en la disposición final séptima de la Ley 39/2015 ("La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado". No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley"); extremo sobre el que nada dice la recurrente pese a ser acogido por la sentencia recurrida.

Es decir, la entrada en vigor de la nueva regulación en esos aspectos tuvo lugar el 2 de octubre de 2018, fecha posterior a la notificación de la resolución sancionadora, si bien a través de sucesivas modificaciones la entrada en vigor de este régimen no ha tenido lugar, finalmente, hasta 2 de abril de 2021 ( disposición final 9 de la Ley 10/2021, como anteriormente disposición final 9 del Real Decreto-ley 28/2020, disposición final 6 del Real Decreto-ley 27/2020 y la primera de las modificaciones: artículo 6 del Real Decreto-ley 11/2018).

Por tanto, de inicio, en el presente caso la notificación electrónica no era obligatoria, visto su carácter y, sobre todo, el momento al que va referida, en el que no estaban vigentes aun las disposiciones sobre punto de acceso general electrónico contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo Común.

Ahora bien, para el caso de que se estimase obligatoria tal notificación por medios electrónicos, incluso atendida la fecha en que se practicó, es necesario extremar la cautela en la interpretación y aplicación del nuevo régimen de notificaciones. Y para tratar esta cuestión, lo primero que se debe reseñar es que la notificación es un requisito de eficacia y no de validez. Por tanto huelga toda crítica sobre el medio en definitiva empleado, puesto que lo que no se puede poner en ningún momento en discusión, y la adversa no lo hace, es que la notificación fue recibida por ella, dado que se practicó en su domicilio mediante la entrega de la misma a quien se hallaba allí, demostrando su relación con la empresa, que se identificó como autorizado y que resulta ser la misma persona a quien se han notificado las anteriores resoluciones en papel respecto de las que no mostró óbice alguno la recurrente, cumplimentando todos los trámites en ellas conferidos.

Debe imperar la doctrina relativa al efectivo conocimiento del acto notificado por el interesado: si la notificación en papel es practicada con resultado satisfactorio, no estaremos ante un vicio que cause la nulidad, por no darse indefensión material, sino, a lo sumo, ante una irregularidad no invalidante por empleo de un medio de notificación no prevenido inicialmente. Lo esencial del medio de notificación, realmente, es la constancia de su recepción, así como la constancia de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. Si estos elementos se cumplen, la notificación será válida y se cumplen los requisitos para la eficacia del acto.

Si acudimos al expediente administrativo, la propuesta de arbitraje se notificó de esta forma con éxito, por lo que la notificación en papel se mostró eficaz a efectos de lograr el conocimiento por parte de Volkswagen Group España Distribución de los actos y resoluciones administrativas. La propuesta de arbitraje fue entregada a la misma persona y en el mismo domicilio en el que posteriormente tuvo lugar la notificación de la resolución sancionadora (véanse folios 12, 13 y 34 del expediente relativos a los acuses de recibo de la 11 propuesta de arbitraje y de la resolución sancionadora, respectivamente, para acreditar que fueron recibidos por la misma persona en la sede o domicilio de Volkswagen). Que exista una notificación anterior en papel no es una cuestión baladí puesto que la propia empresa reconoció haber recibido la propuesta de arbitraje y formuló alegaciones frente a ella, demostrando así que esa forma de notificación era eficaz. De ahí que, una vez demostrado que la notificación en papel era un medio hábil para lograr el conocimiento por parte del destinatario del contenido de los actos administrativos objeto de notificación, la Administración autonómica continuase practicando las notificaciones en papel. Es más, entendemos que Volkswagen admitió implícita y explícitamente que se practicasen las notificaciones en papel puesto que no sólo no formuló ningún tipo de queja o reparo respecto de aquella primera notificación en papel, sino que señaló en su respuesta a la propuesta de arbitraje un domicilio físico a efectos de notificaciones. Esto es, admitiendo implícita y explícitamente la validez y eficacia de la misma.

Por todo ello, el pronunciamiento que pretende la parte recurrente debe ser rechazado, siendo ajustado a derecho el contenido en la propia sentencia recurrida: que la notificación practicada por medios físicos -soporte papel- es válida por ser medio preferente, que además lo es por el momento en que esta se produce, habida cuenta de que el punto de acceso electrónico no se hallaba previsto, finalmente, hasta el 2 de abril de 2021 y sobre todo, en lo que atañe a la concreta cuestión casacional fijada en el Auto de admisión, que siendo la notificación requisito de eficacia y no de validez del acto, la práctica de la misma en papel no causará irregularidad invalidante siempre que esta, en definitiva, sea recibida por el interesado.

Partiendo de lo anterior, el recurso contencioso ha sido correctamente desestimado y así debe confirmarse en esta sede. La recurrente ha recibido la notificación en su domicilio por persona que se halla en el mismo y se identifica como autorizada, lo que per se constituye la recepción misma por Volkswagen por la presunción iuris tantum que ha de regir. Además, se ha practicado correctamente y del mismo modo que todas las anteriores, lo que lleva a concluir que ha sido además conocida en el mismo momento que el autorizado la recibe por la recurrente.

CUARTO

Sobre la normativa que estaba vigente en la fecha en la que se practicó la notificación en papel a la que se refiere la controversia.

La representación procesal de la Junta de Galicia aduce que en la fecha en la que se practicó la notificación en papel (10 de abril de 2017) la notificación electrónica no era necesaria, dada la prórroga o moratoria establecida en la disposición final séptima de la Ley 39/2015 ("La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado". No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley"); moratoria que luego fue ampliada por sucesivas modificaciones legislativas (Real Decreto-ley 11/2018 de 31 de agosto; Real Decreto ley 27/2020, de 4 de agosto; Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre; y, finalmente, Ley 10/2021, de 9 de julio), de manera que la entrada en vigor del régimen legal que ahora interesa no tuvo lugar hasta 2 de abril de 2021.

El planteamiento de la Administración autonómica no puede ser acogido en este punto pues, como hemos visto, la prórroga o moratoria de la entrada en vigor prevista en la disposición final séptima de la Ley 39/2015 viene referida a las previsiones legales "[...] relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico", sin que tal moratoria afecte a los preceptos que regulan el modo en que han de practicarse las notificaciones y sus efectos (en particular, artículos 40 al 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).

QUINTO

Sobre las consecuencias de que la notificación a una persona jurídica no se haga por vía electrónica.

Ante todo, tiene razón la representación de la Junta de Galicia cuando señala que la notificación es un requisito de eficacia y no de validez del acto administrativo ( artículo 39, apartados 1 y 2, de la Ley 39/2015).

Por lo demás, es oportuno destacar que en el caso que examinamos la notificación de la resolución sancionadora no se tacha de defectuosa porque su contenido fuera incompleto, ni porque se omitiera en ella alguna indicación de las que la norma señala como necesarias, sino, únicamente, por haberse practicado la notificación en papel y no por medios electrónicos.

En fin, es relevante señalar que en el expediente administrativo hay constancia de que en el mismo procedimiento hubo otras actuaciones administrativas anteriores que se notificaron a la recurrente en la misma vía que la resolución sancionadora a la que se refiere la controversia. En particular, la notificación de la propuesta de arbitraje que la Administración actuante dirigió a la recurrente fue entregada a la misma persona y en el mismo domicilio en el que posteriormente se practicaría la notificación de la resolución sancionadora (folios 12, 13 y 34 del expediente, donde constan los acuses de recibo de la propuesta de arbitraje y de la resolución sancionadora). Y la propia entidad recurrente admite haber recibido aquella notificación de la propuesta de arbitraje, a la que formuló alegaciones, sin que la representación de Volkswagen formulase entonces objeción ni protesta alguna.

Con tales antecedentes, bien puede decirse que la entidad Volkswagen admitió, siquiera de forma implícita, que se practicasen las notificaciones en papel.

Esta Sala no ignora los preceptos de los que resulta la procedencia de la notificación por medios electrónicos cuando se trata de personas jurídicas establecido ( artículos 14.2.a) y 41.1 de la Ley 39/2015). Sin embargo, siendo así que, como ya hemos señalado, en actuaciones anteriores del mismo procedimiento administrativo la entidad Volkswagen había admitido que se practicasen las notificaciones en papel, y no habiendo duda de que la recurrente tuvo pleno conocimiento de la resolución sancionadora notificada por esa vía, no cabe tachar de inválida tal notificación por haberse practicado de ese modo. A tal efecto es obligado tener presente que, según el citado artículo 41.1 de la Ley 39/2015, "[...] Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente."

En definitiva, no cabe afirmar se haya causado indefensión a la recurrente. Por ello entendemos que el hecho de haberse llevado a cabo la notificación en papel constituye una irregularidad que carece de relevancia invalidante ( artículo 48.2 de la Ley 39/2015).

SEXTO

Conclusión y costas.

Sin que proceda la formulación de una doctrina de alcance general, dado que nuestra respuesta queda vinculada a las circunstancias del caso que se examina, las consideraciones expuestas en el apartado anterior llevan a concluir que debemos declarar no haber lugar al presente recurso de casación.

Por lo demás, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93.4, 139.1 y 139.4 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, entendemos que no procede la imposición de las costas de casación a ninguna de las partes. Y en cuanto a las costas del proceso de instancia y del recurso de apelación, deben mantenerse los pronunciamientos que sobre ello hicieron el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santiago de Compostela y la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en sus respectivas sentencias.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido , de acuerdo con la interpretación de las normas establecida en los fundamentos jurídicos quinto y sexto:

  1. Declarar que no ha lugar y, por lo tanto, desestimamos el recurso de casación interpuesto por Volkswagen Group España Distribución, S.A. contra la sentencia de 26 de enero de 2021 dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el recurso de apelación 7175/2020.

  2. Confirmar la sentencia objeto de recurso.

  3. No imponer las costas del recurso de casación.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

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